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República Democrática del Congo: Se reavivan las violaciones y el reclutamiento de niños y niñas soldados

Mon, 29 Sep 2008 07:26:43 +0100

Por cada dos niños o niñas liberados, cinco son secuestrados y obligados a servir en como soldados. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, 29 de septiembre, sobre el prolongado conflicto de la provincia de Kivu Septentrional, en el este de la República Democrática del Congo.

Muchos de los niños y niñas reclutados ya se habían reunido con sus familias tras haber sido liberados de los grupos armados que los habían secuestrado anteriormente y los habían obligado a combatir como soldados.

Según Amnistía Internacional, de los ex niños y niñas soldados que se habían reunido con sus familias en Kivu Septentrional por medio de un programa de desmovilización nacional, aproximadamente la mitad han sido reclutados de nuevo desde entonces por grupos armados.

“Es precisamente su experiencia anterior en los grupos armados lo que los convierte en reclutas valiosos y los pone en especial peligro”, ha manifestado Andrew Philip, experto de Amnistía Internacional sobre la República Democrática del Congo, que ha estado reuniendo testimonios directos en la región. “Cuanto más saben, más peligro corren de ser reclutados de nuevo. En este caso, la experiencia puede ser mortal.”

El informe desvela también el alcance de los constantes abusos físicos y sexuales contra mujeres y menores en el conflicto, pese a las promesas tanto del gobierno como de los grupos armados de poner fin a esas atrocidades.

Los niños y niñas soldados que tratan de escapar son asesinados o torturados, en ocasiones delante de otros niños y niñas, para desalentar nuevos intentos de fuga.

Un ex niño soldado contó a Amnistía Internacional cómo a dos muchachos los mataron a golpes delante de él y de otros niños y niñas reclutas “como lección para todos, para que no tratáramos de escapar”.

“[A los muchachos] los sacaron de un pozo en el suelo y nos los enseñaron durante una sesión de adiestramiento. [Un comandante del grupo armado] ordenó que los golpearan. Dos soldados y un capitán los empujaron y los arrojaron al barro. Cuando se cansaron de darles patadas [...] los golpearon con palos. El castigo duró 90 minutos, hasta que murieron.”

Otros menores, capturados por el ejército de la República Democrática del Congo como sospechosos de combatir en grupos armados, denunciaron que, mientras estuvieron bajo custodia del ejército, los maltrataron y torturaron.

Pero los menores no son los únicos que se enfrentan a abusos extremos en el este de la República Democrática del Congo.

“La situación de los derechos humanos en Kivu Septentrional es atroz”, ha manifestado Andrew Philip. “Los grupos armados y las fuerzas gubernamentales siguen violando a mujeres y niñas. Entre las víctimas –a algunas de las cuales las violan grupos enteros de hombres– hay incluso bebés y ancianas. Lo peor de todo es que las violaciones a menudo se cometen en público y delante de familiares, incluso menores.”

Una superviviente de violación, de 16 años de edad, describió cómo había sido secuestrada por dos soldados y mantenida cautiva en un campo del ejército en Kivu Septentrional durante varios días antes de ser liberada. En el campo, un oficial la violó todas las noches. “A los demás oficiales y soldados del campo no parecía importarles, y tampoco parecían dispuestos a asumir la responsabilidad”, dijo a Amnistía Internacional. Ahora sufre la visión de escenas retrospectivas, y también persistentes jaquecas.

En su informe, Amnistía Internacional formula recomendaciones exhaustivas a los grupos armados, al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional para detener los abusos contra los derechos humanos. Las recomendaciones incluyen una petición a los grupos armados para que liberen de inmediato a todos los niños y niñas asociados con sus fuerzas, y también una petición para que se tomen medidas para poner fin al horror de la violencia sexual.

Nota para periodistas:
* En un “Acuerdo de compromiso” firmado el 23 de enero de 2008, los grupos armados que actúan en la provincia de Kivu Septentrional, en la República Democrática del Congo, acordaron poner fin a los homicidios, violaciones y torturas de civiles, y al reclutamiento de niños y niñas soldados.
* Más de 100.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de la reanudación de los combates en Kivu Septentrional desde el 28 de agosto de 2008, y se han sumado al más de un millón de personas que se tuvieron que desplazar a causa de la oleada anterior de violencia en la región.

Para concertar una entrevista con Andrew Philip, experto de Amnistía Internacional sobre la República Democrática del Congo, pónganse en contacto con: Eliane Drakopoulos, tel.: +44 207 413 5564, móvil: +44 7778 472 109.

Grupos armados y fuerzas gubernamentales siguen cometiendo abusos contra mujeres, niños y niñas en Kivu Septentrional

Mon, 29 Sep 2008 16:58:43 +0100

Grupos armados todavía siguen reclutando niños y niñas soldados para que luchen en el conflicto que está teniendo lugar en la provincia de Kivu Septentrional, situada al este de la República Democrática del Congo.

A los niños y niñas soldados que tratan de escapar los matan o torturan, en ocasiones delante de otros, como medida disuasoria para evitar nuevas fugas. Los niños y niñas que el ejército de la República Democrática del Congo captura bajo sospecha de combatir para grupos armados corren peligro de ser objeto de malos tratos y tortura mientras están bajo custodia del ejército.

Según el nuevo informe de Amnistía Internacional, North Kivu: No end to the war against women and children, en el conflicto, asimismo, se sigue abusando física y sexualmente de mujeres, niños y niñas.

El informe se basa en las indagaciones y declaraciones de testigos presenciales recogidos durante los meses de febrero y marzo de 2008 por Amnistía Internacional durante una visita de investigación a Kivu Septentrional. En él se afirma que miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad del gobierno siguen violando y abusando sexualmente de mujeres y niñas y, en menor proporción, de hombres y de niños. Entre las víctimas se cuentan mujeres ancianas e infantes; muchas de esas personas han sido sometidos a violaciones en grupo o violadas en más de una ocasión.

Estos abusos se producen pese a que el gobierno y los grupos armados se comprometieron, en el "Acta de Compromiso" del 23 de enero de 2008, a poner fin de inmediato a estas atrocidades.

Según el informe de Amnistía Internacional, es posible que más de la mitad de los ex niños y niñas soldados que, gracias a un programa nacional de desmovilización, habían regresado a Kivu Septentrional junto a sus familias, hayan vuelto a ser reclutados por grupos armados desde entonces.

Apaleados hasta la muerte
Un ex niño soldado relató a Amnistía Internacional cómo, delante de él y de otros niños y niñas reclutas, se había apaleado a dos jóvenes hasta provocarles la muerte, "como advertencia de lo que nos pasaría si tratábamos de huir".

"Durante una sesión de entrenamiento, sacaron a [los muchachos] de un hoyo excavado en el suelo y nos los entregaron. A continuación, [un alto mando del grupo armado] nos ordenó que los golpeáramos. Dos soldados y un capitán los tiraron al barro y cuando se cansaron de darles patadas…los golpearon con palos de madera. El castigo duró hora y media, hasta que murieron."

Se han cometido violaciones en público y en presencia de familiares, entre ellos, niños y niñas. Algunas mujeres han sido secuestradas y se las ha mantenido retenidas en condición de esclavas sexuales. En mucho casos, parece que en la violación y en los abusos sexuales subyace una motivación étnica y/o la intención de aterrorizar y desmoralizar a las comunidades sospechosas de apoyar a grupos enemigos.

Una joven de 16 años, sobreviviente de violación, describió cómo dos jóvenes oficiales la secuestraron y, antes de ponerla en libertad, la mantuvieron cautiva durante varios días en un campamento del ejército en Kivu Septentrional. Durante el tiempo que la mantuvieron retenida en el campamento, uno de los oficiales la violó todas las noches.

"Al resto de los oficiales y de los soldados que se encontraban presentes en el campamento no pareció importarles, ni que estuvieran dispuestos a ejercer alguna autoridad", declaró a Amnistía Internacional. Ahora, le vienen repentinamente a la memoria imágenes de la traumática experiencia sufrida y padece persistentes dolores de cabeza.

En su informe, Amnistía Internacional formula amplias recomendaciones a los grupos armados, al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional para detener los abusos de derechos humanos. Entre las recomendaciones se incluye un llamamiento a los grupos armados para que pongan en libertad de inmediato a todos los niños y niñas vinculados a sus fuerzas, así como medidas para poner fin al horror de la violencia sexual.

Información complementaria sobre el conflicto
A pesar del acuerdo de paz firmado en enero de 2008, el conflicto armado ha persistido en Kivu Septentrional. En los combates participan el ejército regular congolés (FARDC) y el grupo armado del CNDP bajo las órdenes del general desertor Laurent Nkuna, junto con varias milicias mayi-mayi locales y el grupo armado ruandés FDLR. Es la población civil la que se lleva la peor parte de la violencia.

Desde el 28 de agosto de 2008, la reanudación de los combates en Kivu Septentrional ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, que vienen a sumarse a las más de un millón de personas desplazadas por anteriores conflictos violentos acontecidos en la región.

Suspensión de ejecuciones por lapidación, un paso acogido con satisfacción si se lleva a cabo

Fri, 15 Aug 2008 14:38:04 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el anuncio realizado la semana pasada por el portavoz de la magistratura iraní de que se ha suspendido la ejecución por lapidación y que se ha conmutado la condena a varias mujeres, cuyos nombres se desconocen, que se enfrentaban a esta pena.

"La lapidación es una práctica horrible, diseñada para aumentar el sufrimiento de las personas condenadas a muerte y no tiene cabida en el mundo moderno –declaró Amnistía Internacional–. Esperamos que las autoridades iraníes garanticen que no se volverá a usar esta pena espantosa."

La mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación han sido mujeres. En virtud de la legislación iraní y ante los tribunales iraníes, las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Además, puesto que el analfabetismo es superior entre las mujeres, es más probable que firmen confesiones relativas a delitos que no cometieron y que se las someta a juicios injustos.

"La suspensión de las lapidaciones es un paso que, si bien se debería haber producido mucho antes, se acoge con satisfacción y supone un homenaje a los valerosos esfuerzos de las personas que defienden los derechos humanos en Irán –manifestó Drewery Dyke, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional–. No obstante, se incumplió una suspensión anterior de las ejecuciones por lapidación, por lo que estaremos observando vigilantes para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar".

En 2002, el presidente de la Magistratura anunció que se había acabado con el uso de la lapidación como método de ejecución. Sin embargo, según informes, en Mashad, en 2006, se lapidó hasta la muerte a un hombre y a una mujer. El 5 de julio de 2007 se llevó a cabo una nueva ejecución por lapidación: Ja'far Kiani fue ejecutado en la provincia de Qazvin tras haber sido condenado por adulterio.

"Realmente está en manos del Parlamento [que actualmente está considerando la propuesta de un nuevo código penal] reformar la legislación y garantizar que no se vuelva a permitir nunca más la celebración de ejecuciones por lapidación", añadió Drewery Dyke.

La anunciada suspensión de las lapidaciones se produce a raíz de una acción concertada por los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Irán, quienes, desde octubre de 2006, han puesto en marcha la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre". Se cree que sus esfuerzos, junto con la publicidad local e internacional que han generado y el apoyo de Amnistía Internacional y de otras organizaciones han ayudado a evitar que al menos cinco personas fueran lapidadas.

Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio relativo a la suspensión de las lapidaciones, la organización continúa exhortando a las autoridades iraníes para que pongan fin a otras penas crueles e inhumanas, como el flagelamiento y la amputación de los miembros prescrita en algunas disposiciones –si bien es cierto que rara vez se ponen en práctica–, y para que adopten otras medidas que conlleven una reducción del uso de la pena de muerte.

El Código Penal iraní existente estipula que la pena aplicable por el delito de adulterio cometido por personas casadas es la ejecución por lapidación. Dispone, incluso, que las piedras deben ser suficientemente grandes como para que causen dolor, pero no tanto como para que maten a la víctima inmediatamente.

Las personas que defienden los derechos humanos en Irán continúan enfrentándose a detenciones, acoso e intimidación por parte de las autoridades. En marzo de 2007, mientras protestaban por la celebración en Teherán del juicio a cinco activistas en favor de los derechos de las mujeres, se detuvo a 33 mujeres, entre ellas, algunas participantes en la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre".

Un gran paso adelante en las investigaciones de Paraguay sobre la esclavitud sexual de las niñas

Wed, 13 Aug 2008 15:18:07 +0100

Las investigaciones sobre niñas sometidas a esclavitud sexual en Paraguay durante la dictadura de Stroessner han avanzado enormemente gracias al testimonio de una mujer.

Esto a su vez ha animado a otras mujeres a salir a la luz y testificar sobre sus experiencias de esclavitud sexual, lo cual ha dado mayor peso a la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia.

Julia Ozorio Gamecho fue la primera mujer que se presentó para hablar ante la Comisión sobre la esclavitud sexual a la que fue sometida por el ejército durante la dictadura.

La comisión está investigando miles de violaciones de derechos humanos que sucedieron mientras Stroessner estuvo en el poder, de 1954 a 1989.

Estas violaciones incluyen la violencia sexual contra mujeres. Se cree que niñas de tan sólo siete años fueron arrebatadas de sus hogares y “preparadas” para servir a militares de alta graduación.

El testimonio de Julia Ozorio ayudó a la Comisión a confirmar los detalles de un lugar al que llevaban a las niñas después de habérselas quitado a sus familias. Allí las preparaban a la fuerza para servir como esclavas sexuales a militares de alta graduación.

Yudith Rolón, miembro de la Comisión, declaró: “Valoramos y admiramos su valentía de contar los hechos que le sucedieron y habrán dejado traumas irreparables en su persona hasta hoy, por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida”.

“Corrobora toda la investigación de estos hechos que ya había indagado la comisión de Verdad y Justicia. Habíamos escuchado muchos casos, pero nadie quiso dar un testimonio como lo está haciendo ella.”

Hasta ahora había sido casi imposible recoger estos testimonios debido al temor a las represalias. Se cree que algunos de los oficiales a los que sirvieron las mujeres como esclavas siguen vinculados al ejército.

Un ex oficial del ejército que ayudó a Ozorio a sobrevivir mientras estaba detenida también salió a la luz para dar su versión del caso ante la Comisión de Verdad y Justicia el martes 12 de agosto.

El caso de Ozorio se incluirá en el informe final de la Comisión, que se presentará al gobierno y a la sociedad civil el 28 de agosto. Su testimonio será uno de los más de 2.000 que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Stroessner.

El informe abarcará también el periodo de la transición de Paraguay a la democracia, hasta la promulgación de la ley que creó la Comisión, el 6 de octubre de 2003.

Ozorio fue arrebatada de su hogar en la ciudad de Nueva Italia, en el departamento Central de Paraguay, cuando tenía 13 años.

Se la llevó un coronel (vicecomandante del Regimiento Escolta Presidencial) y otros dos soldados. Durante los dos años siguientes permaneció cautiva y sometida a esclavitud sexual por el coronel.

Según Ozorio, a las niñas que lloraban mucho o que ya no les servían –por ejemplo, cuando llegaban a los 15 o 16 años y ya no las consideraban deseables– a veces las mataban.

El secuestrador de Ozorio la puso en libertad porque había cumplido los 15 años y ya no le interesaba. Según dice, salvó la vida porque a su secuestrador le recordaba a su hija muerta. Ozorio se fue a Argentina por seguridad y desde entonces ha vivido en Buenos Aires.

Treinta y siete años después, regresó a Paraguay para presentar su libro, Una rosa y mil soldados, la historia de lo que le ocurrió durante los dos años que estuvo sometida a esclavitud sexual.

En el libro, Ozorio escribe sobre la noche que fue secuestrada: “Me dijo estas palabras: ‘Por acá ya pasaron muchas niñas. Algunas salieron con vida, otras no corrieron con la misma suerte’ […]. Se puso a mirarme largo rato hasta que me dijo: ‘Eres una niña muy bonita - Te pido que no me obligues a matarte’[…]”.

“La primera noche fue horrible.No hay palabras humanas que puedan expresar mi dolor de esa noche […]. Mi cuerpo estaba lleno de moretones y cubierto de mordidas. Una profunda herida sangraba en mi seno.”

Tras prestar testimonio ante la Comisión, Julia Ozorio denunció haber recibido dos llamadas telefónicas anónimas amenazándola, a consecuencia de lo cual la Comisión le ha ofrecido protección.

Además de contar su dolorosa historia y de sensibilizar a la opinión pública sobre lo que experimentaron ella y muchas otras muchachas de corta edad, Ozorio espera ahora crear una fundación para proteger a las niñas víctimas de violencia sexual.

El general Stroessner llegó al poder tras derrocar al presidente civil Federico Chávez en 1954.

Durante su gobierno, miles de personas fueron víctimas de graves abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, “desapariciones” y exilio forzado.

Algunos de estos abusos se perpetraron en el marco de la Operación Cóndor, un plan coordinado por los gobiernos militares del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) para eliminar a sus “oponentes” durante las décadas de 1970 y 1980.

Stroessner murió el 16 de agosto de 2006 en Brasilia, donde vivía en el exilio desde 1989. Tenía 93 años.

México: Las autoridades no se toman en serio la seguridad de las mujeres

Tue, 05 Aug 2008 09:15:58 +0100

Miles de mujeres mexicanas que sobreviven a la violencia en sus hogares corren peligro de sufrir nuevos abusos a manos de un sistema de justicia que, a menudo, no se toma en serio su seguridad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, 1 de agosto.

El informe de Amnistía Internacional explora los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres mexicanas cuando tratan de denunciar casos de violencia doméstica, obstáculos que incluyen la negativa de los funcionarios a aceptar las denuncias, lo deficiente de las investigaciones y el escaso cumplimiento de las medidas de protección. El informe se publica 18 meses después de que México aprobara una ley para combatir la violencia contra las mujeres.

“Hace más de un año, México dio el paso delante de aprobar una nueva ley para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero una ley no impide que las mujeres sufran palizas, violación y abusos a menos que se aplique rigurosamente tanto en el ámbito federal como en el estatal”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en México –como en muchas otras partes del mundo– es endémica. Según un estudio nacional realizado en 2006, una de cada cuatro mujeres ha sufrido abusos a manos de su pareja, y el 82 por ciento de las mujeres opta por no denunciarlo.

Las mujeres que encuentran el valor para denunciar los abusos suelen ser tratadas con indiferencia, y tienen que demostrar que son víctimas de violencia. En muchos casos, los funcionarios llegan a pedirles que entreguen ellas mismas las citaciones a su agresor.

El 31 de agosto de 2005, el ex esposo de Marcela irrumpió en la casa de ella, en el estado de Sonora, y la apuñaló. La dejó paralítica durante cuatro meses. A lo largo de los años, Marcela había presentado ante el Ministerio Público más de 10 denuncias por los abusos que sufría, pero todas las veces le aconsejaban que resolviera el problema directamente con su pareja. En una ocasión le dijeron: “Cuando vienes con un morotón, levantaremos la denuncia”. Tras el apuñalamiento, el ex esposo de Marcela fue procesado por intento de asesinato y condenado a 10 años de prisión, pero ha apelado contra la duración de la condena. Marcela teme que, cuando quede en libertad, la encuentre y la mate.

“Lo que las mujeres de México necesitan es que sus denuncias se tomen en serio, y poder acceder a la justicia y a mecanismos de protección efectivos, como los de los refugios”, ha manifestado Kerrie Howard.

En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado legislación similar, pero todavía no han tomado medidas concretas para garantizar que la ley cuenta con financiación y medidas de cumplimiento adecuadas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y estatales de México que:
- se comprometan públicamente a dar prioridad a la aplicación de la legislación de 2007 para proteger a las mujeres frente a la violencia, e inviertan los fondos necesarios para ponerla en práctica;
- investiguen y hagan públicas las conclusiones de por qué siguen siendo tan bajos los índices de denuncia, enjuiciamiento y condena de la violencia contra las mujeres, y tomen medidas concretas para abordar los obstáculos identificados por esas investigaciones.

Podrán encontrar una copia del informe La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia: Violencia familiar en México, a partir del viernes 1 de agosto de 2008, a las 16:00 GMT, en: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/021/2008/en

FIN/
Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.

México: La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia . Estudios de caso

Tue, 05 Aug 2008 09:41:36 +0100

Marcela
El 31 de agosto de 2005, el ex esposo de Marcela Blumenkron Romero irrumpió en la casa de ella, en Hermosillo, estado de Sonora, y la apuñaló. La dejó paralítica durante cuatro meses y le causó una grave lesión neurológica, de duración prolongada, y reducción de la movilidad.
En numerosas ocasiones durante esos años, Marcela había llamado al número de emergencia de la policía para denunciar amenazas y acoso de su ex marido, y había presentado más de 10 denuncias ante el Ministerio Público. Se le denegó la protección en todas las ocasiones. A pesar de llevar 13 años divorciada, los agentes del Ministerio Público le aconsejaban que resolviese el problema directamente con su ex esposo.
Tras el apuñalamiento, el ex esposo fue arrestado y procesado por intento de asesinato. No se presentaron cargos contra él por los años de amenazas y acoso sexual. Fue condenado a 10 años de prisión y a pagar daños y perjuicios a Marcela, pero fue declarado insolvente. Marcela no recibió indemnización alguna, y tiene que mantener a sus tres hijos con una exigua pensión económica mensual.
Marcela teme por su seguridad cuando su ex esposo quede en libertad, pues cree que la matará.
Teresa
En octubre de 2006, Teresa presentó una denuncia contra su hermano por agresión física ante el Ministerio Público de la comunidad de Alpuyeca, estado de Morelos.
El funcionario correspondiente recibió a Teresa mientras mantenía una conversación telefónica por otro asunto y concluyó diciéndole que sería mejor si ella y su hermano se reconciliaran. Teresa recibió una citación, que debía entregar a su hermano, en la que se lo convocaba a una reunión de conciliación. El hermano asistió a la reunión y llegó a un acuerdo verbal con Teresa. A ella se le dijo: “No lo denuncies. Es tu hermano. Va a causar problemas”. El acuerdo consistió en que el hermano abonaría los gastos de la atención médica privada que había recibido Teresa por sus lesiones y el precio de un nuevo par de gafas para sustituir el par que él le había roto.
No se elaboró ningún informe médico oficial de las heridas de Teresa, ni se registró el caso, pese a que el hermano ya la había agredido anteriormente.
Mericia
Mericia Hernández López, joven profesora y madre de un bebé de seis meses, desapareció de su casa, situada a las afueras de la ciudad de Oaxaca, el 21 de agosto de 2005. Su hermana, Adela Hernández, preocupada por su desaparición, visitó el hogar que Mericia Hernández compartía con su esposo. Él afirmó que ella se había ido para realizar una labor docente, pero dijo que no sabía dónde estaba ni cuándo regresaría. Adela Hernández trató de presentar una denuncia ante el Ministerio Público local, pero le respondieron que no se preocupara, pues su hermana volvería pronto. Ante la insistencia de Adela Hernández, se abrió por fin una investigación ocho días después de la desaparición de Mericia.
Adela Hernández describió a Amnistía Internacional que fue ella quien tuvo que hablar con los vecinos para recabar información y pruebas. Algunas personas, según los informes, habían presenciado incidentes de violencia contra Mericia Hernández, pero se mostraban reticentes a declarar por temor a represalias. Ni la policía ni el Ministerio Público entrevistaron a estos testigos. Siete meses después de la desaparición, peritos forenses del Ministerio Público examinaron el domicilio de Mericia Hernández, pero no encontraron ninguna prueba. Agentes del Ministerio Público dijeron a Adela Hernández que ya no podían hacer nada más.
En el momento de redactar estas líneas, el paradero de Mericia Hernández sigue siendo una incógnita. Su familia continúa luchando para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre su desaparición.

Las deficiencias del sistema de justicia acaban con las esperanzas de las mujeres de México

Thu, 31 Jul 2008 11:38:19 +0100

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, miles de mujeres mexicanas sometidas a violencia en sus hogares corren el riesgo de seguir sufriendo abusos por culpa de un sistema de justicia que pocas veces se toma en serio su seguridad.

La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Violencia familiar en México señala que una de cada cuatro mujeres en el país ha sufrido abusos a manos de su pareja.

Susana, de 24 años y madre de dos hijos, residente en el estado de Sonora, soportó 10 años de violencia física y psicológica. Su esposo la tuvo recluida en casa durante largos periodos y sufrió fractura de los huesos de la mano, de la nariz y dislocamiento de clavícula.

Susana presentó numerosas denuncias ante la oficina local del Ministerio Público, pero cada vez que lo hacía le decían que no era un delito y que no podían hacer nada. Cuando por fin se abrió un proceso judicial y se presentaron cargos contra su esposo, éste fue detenido, pero al día siguiente lo pusieron en libertad bajo fianza. Susana y su familia permanecieron ocultos hasta que los enviaron a un refugio para mujeres.

Denunciar los abusos
Al presentar una denuncia por violencia en el entorno familiar, las mujeres se enfrentan a una serie de impedimentos, como son:

la negativa de los funcionarios a dar curso a la denuncia,
la deficiencia de las investigaciones,
la insuficiente aplicación de medidas de protección.

A las mujeres que tienen la valentía de denunciar los abusos se las trata a menudo con indiferencia y se ven obligadas a probar que han sido sometidas a violencia. En muchos casos, los funcionarios incluso les piden que sean ellas mismas quienes entreguen la citación judicial a su agresor.

Ley para poner fin a la violencia contra las mujeres
Hace 18 meses, México promulgó una ley federal para luchar contra la violencia de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado una legislación similar. Sin embargo, pese a que se trata de avances positivos, las mujeres en situación de riesgo no percibirán cambio alguno en su vida a menos que las medidas previstas en la ley reciban una dotación económica suficiente y se apliquen adecuadamente.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estatales y federales de México:

que se comprometan públicamente a aplicar las nuevas leyes que garantizan a las mujeres el derecho a la seguridad y la justicia, y que aseguren una dotación económica suficiente para poner las leyes en práctica con eficacia;
que garanticen a las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito familiar un acceso efectivo a la justicia y medidas de protección ejecutadas en el momento oportuno.

Datos y cifras - México: La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia

Fri, 01 Aug 2008 12:07:33 +0100

Violencia contra las mujeres
Casi una de cada cuatro mujeres de México ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja. (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006)
El 82 por ciento de las mujeres víctimas de violencia no lo denunciaron a las autoridades. (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006)
En todo México hay 60 refugios. De ellos, 36 están gestionados por organizaciones de la sociedad civil, y el resto por autoridades estatales o municipales.
Investigaciones y condenas
En Chiapas, el 90 por ciento de las denuncias de violencia contra las mujeres se derivan a procesos de conciliación, porque los funcionarios concluyen que las lesiones de la víctima no son lo suficientemente graves o que ésta no está decidida a seguir adelante con el procesamiento. (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia)
En 2005, en Ciudad Juárez, los investigadores del gobierno federal identificaron a 177 funcionarios locales como posibles causantes de actos de negligencia en las investigaciones penales sobre el asesinato de casi 300 mujeres a lo largo de un periodo de 10 años. Prácticamente ninguno de los implicados ha sido obligado a rendir cuentas.
En San Salvador Atenco se acusó a agentes de policía de torturar y agredir sexualmente al menos a 26 mujeres detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006. Si bien se iniciaron investigaciones federales y estatales, hasta la fecha sólo seis agentes han sido acusados, todos ellos de delitos menores.
Legislación
En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado legislación similar, pero todavía no han tomado medidas concretas para garantizar que la ley cuenta con financiación y medidas de cumplimiento adecuadas.

Violación en Burundi: ¡Exijamos justicia ya!

Thu, 24 Jul 2008 14:18:31 +0100

Kaneza (nombre ficticio), de 13 años de edad y procedente de la provincial de Bujumbura Rural, fue violada en septiembre de 2007 por un hombre de 22 años. Kaneza no informó a nadie de lo ocurrido, hasta que descubrió que estaba embarazada. Entonces, se lo contó a la mujer de su tío, quien inmediatamente denunció la violación a la policía.

El presunto violador fue detenido e interrogado, y confesó la violación. La familia de Kaneza pensó que esto sería suficiente para enjuiciarlo, pero pocos días después quedó en libertad.

Según informes de activistas locales de derechos humanos, el padre del violador se había puesto en contacto con el fiscal de Bujumbura Rural y le había propuesto un acuerdo extrajudicial.

Cuando los familiares se dirigieron al fiscal de Bujumbura Rural, éste los obligó a aceptar un acuerdo amistoso y a suspender las acciones legales. La familia de Kaneza presentó una queja ante las autoridades judiciales de Bujumbura, capital de Burundi, tras lo cual se ordenó al fiscal que volviera a detener al presunto violador. Sin embargo, en lugar de cumplir la orden, el fiscal detuvo a Kaneza durante varias horas y la amenazó.

Hace poco Kaneza dio a luz. El hombre que presuntamente la violó, sigue en libertad.

La violación es un delito frecuente en todo Burundi, pero en muchos casos, como en el de Kaneza, no se hace justicia. A menudo, las mujeres ni se atreven siquiera a denunciarlo por temor al rechazo de sus familiares y comunidades.

El sistema de justicia es deficiente. Con frecuencia, ni la policía ni la magistratura investigan las denuncias de violación o de otras agresiones sexuales, ni enjuician a las personas acusadas de cometer dichos delitos.

En ocasiones, se obliga a las víctimas a retirar la denuncia y a negociar acuerdos extrajudiciales con el perpetrador o con su familia. En otros casos, se obliga a la víctima a casarse con el agresor.

Escribe al fiscal de Burundi para exigir una investigación adecuada sobre la presunta violación de una niña de 13 años.

Venezuela debe aplicar la nueva ley sobre violencia contra las mujeres

Thu, 17 Jul 2008 14:02:04 +0100

En un nuevo informe publicado 16 de julio, Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a demostrar su voluntad política y proporcionar los recursos necesarios para garantizar que la nueva ley sobre violencia contra las mujeres no existe sólo sobre el papel.

"La ley venezolana promulgada en 2007 para proteger a las mujeres constituye un ejemplo para el resto de la región, pero no servirá de nada a menos que se aplique plenamente", manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

"Para aplicar la ley se necesitan más refugios, tribunales especiales y formación para las personas que se ocupan de estos delitos."

El informe de Amnistía Internacional, titulado "Existe la ley, toca aplicarla". Erradicar la violencia doméstica en Venezuela, analiza la violencia doméstica contra las mujeres en Venezuela.

En este país, miles de mujeres son víctimas de palizas, insultos y violación en el hogar. Sólo en 2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) para denunciar malos tratos. Sin embargo, las organizaciones locales calculan que sólo una de cada nueve mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

Muchas de las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional en Venezuela afirmaron que, debido a la falta de independencia económica y de información, a la escasez de refugios (sólo dos en un país de más de 27 millones de habitantes) y a la precaria dotación de la policía y las instancias judiciales, les resulta difícil sentirse seguras.

"En Venezuela, miles de mujeres viven en un estado constante de temor a la violencia de sus parejas y de miedo por sus vidas y por la seguridad de sus hijos e hijas. Al no facilitárseles un mecanismo que garantice su seguridad, muchas mujeres consideran que no tienen más opción que permanecer junto a su agresor o quedarse sin hogar y ser incapaces de proporcionar sustento para sí mismas y para sus hijos e hijas", explicó Guadalupe Marengo.

En marzo de 2007, el gobierno promulgó una ley que define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y reafirma la responsabilidad del Estado y de sus representantes de erradicarla. Esta ley sustituye a otra promulgada en 1999 que, aunque positiva, no se aplicó plenamente.

La ley de 2007 prevé medidas para impedir la violencia contra las mujeres, proteger a las mujeres en peligro y castigar a los autores de los abusos. Asimismo, establece que las autoridades deben poner en práctica un programa de amplio alcance destinado a sensibilizar a la opinión pública y a cuestionar las actitudes que toleran u ocultan esta lacra que se denuncia en escasas ocasiones.

"El gobierno de Venezuela debe estar a la altura del reto que plantea la ley de 2007."