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Sudán/Corte Penal Internacional: Un paso importante

Tue, 15 Jul 2008 12:50:32 +0100

Amnistía Internacional ha manifestado que el anuncio que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha hecho hoy, 14 de julio de 2008, es un paso importante para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en Sudán. Es la respuesta de la organización al anuncio del fiscal de la Corte de solicitar una orden de detención contra Al Bashir, presidente de Sudán.
Amnistía Internacional ha hecho reiterados llamamientos en favor de que se rindan cuentas por los delitos de derecho internacional que han cometido todas las partes enfrentadas en el conflicto de Darfur.
La organización ha pedido garantías al gobierno de Sudán de que su reacción no tiene consecuencias adversas para el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID). El gobierno debe garantizar que la población civil de Darfur sigue recibiendo protección de UNAMID así como ayuda humanitaria de emergencia.

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Mauritania: Arrestos ilegales y expulsión colectiva de migrantes por la presión de la Unión Europea

Tue, 01 Jul 2008 12:46:18 +0100

Según las conclusiones de un informe publicado por Amnistía Internacional hoy, 1 de julio de 2008, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente -no siempre a sus países de origen- y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes irregulares que intentan llegar a Europa.

"Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es el resultado de la intensa presión que la Unión Europea (UE), en particular España, ejerce sobre Mauritania en su intento de hacer participar a diversos países africanos en sus esfuerzos por combatir la migración irregular a Europa", ha manifestado Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir de Mauritania hacia las Islas Canarias (España) con intención de entrar en Europa. Miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas han recluido a muchos de ellos en un centro de detención de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, conocido informalmente como "Guantanamito" por los habitantes del lugar y los migrantes.

El centro de detención de Nouadhibou es una vieja escuela, cuyas antiguas clases se han llenado de literas para acoger hasta 300 personas al mes, pero sin control judicial alguno. Los migrantes soportan condiciones de hacinamiento y, a veces, malos tratos.

Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Malí, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las dejó en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medio de transporte.

En su informe, titulado Mauritania: "Nadie quiere tener nada que ver con nosotros". Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa, Amnistía Internacional expresa también preocupación por el hecho de que, en nombre de la lucha contra la migración irregular, las autoridades mauritanas hayan arrestado a ciudadanos de países de África Occidental que vivían en Mauritania y no parecía que tuvieran intención de marcharse del país. Algunas de estas personas han sido arrestadas en la calle o en sus casas, y a muchas, las fuerzas de seguridad mauritanas les han robado además sus posesiones.

Amnistía Internacional pide a las autoridades mauritanas que garanticen que sus fuerzas de seguridad respetan el derecho internacional.
Asimismo, la organización pide a la UE y a sus Estados miembros, especialmente a España, que asuman la responsabilidad de garantizar que las personas migrantes son tratadas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

"Los Estados de la UE se están sirviendo de países como Mauritania para gestionar los flujos de migrantes que intentan entrar en Europa desde sus territorios. Los han convertido, de hecho, en los 'policías de Europa'", ha manifestado Salvatore Saguès.

Información complementaria
El extenso informe Mauritania: "Nadie quiere tener nada que ver con nosotros". Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa (AFR 38/001/2008), publicado hoy, es el resultado de una visita de investigación que delegados de Amnistía Internacional realizaron a Mauritania en marzo de 2008, cuando entrevistaron a personas recluidas en el centro de detención de Nouadhibou, migrantes que habían sido acusados de intentar llegar a Europa a través de las Islas Canarias. Los delegados se reunieron también con altos cargos del gobierno mauritano y con representantes diplomáticos de España y Mauritania.

Mauritania, que ha mostrado siempre una actitud acogedora hacia gran número de ciudadanos de los países vecinos, firmó en 2003 un acuerdo con España que le obliga a readmitir en su territorio no sólo a ciudadanos mauritanos, sino también a los de terceros países si se verifica o se sospecha que intentaban viajar a España desde la costa mauritana. Asimismo, Mauritania ha accedido a la presencia en su suelo de un avión y un helicóptero, desplegados en el contexto de una operación emprendida por la UE con objeto de controlar sus fronteras exteriores.

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Guatemala: Congreso debe rechazar la pena de muerte

Mon, 28 Apr 2008 08:32:05 +0100

La Comisión de Gobernación del Congreso debe rechazar la pena de muerte, dijo hoy Amnistía
Internacional en una carta enviada a ese órgano. La organización envió la carta mientras la Comisión
analiza un decreto que podría reactivar la pena capital en el país.

"La pena de muerte no contribuirá a resolver la crisis de seguridad pública que afecta a miles de
personas en Guatemala porque esta pena no aborda temas claves como la calidad de las investigaciones
criminales y la apropiada persecución penal," dijo Susan Lee, Directora del Programa para las Americas
de Amnistía Internacional.

Si el Congreso insiste en aprobar el Decreto, éste se convertirá en ley, dejando sin efecto la suspensión
de la pena capital y abriendo las puertas a nuevas ejecuciones en Guatemala. Por otra parte, el decreto
omite establecer claros criterios para conceder indultos e introduce la figura del “silencio administrativo
negativo” a través del cual si el Presidente no emitiese decisión sobre un indulto en un lapso de 30 días,
se entenderá tácitamente denegada la solicitud y se procederá a la ejecución.

“La única forma de disuadir el crimen es mediante la implementación de un sistema de justicia serio,
eficaz y capaz de enfrentar la impunidad ante delitos, sea quienes fueren los responsables," dijo Susan
Lee.

"La pena de muerte es un castigo intrínsecamente cruel, inhumano y degradante tanto para el ejecutado
como para la sociedad que la impone."

¿Qué legado dejarán las Olimpiadas de Pekín para los derechos humanos?

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó lo siguiente: “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. Siete años después, el historial de China en materia de derechos humanos muestra pocos signos de mejora, según un informe publicado por Amnistía Internacional.

Se esperaba que los Juegos sirvieran de catalizador para llevar a cabo reformas, pero gran parte de la intensa represión de que están siendo objeto actualmente los activistas y periodistas se está produciendo no a pesar de las Olimpiadas, sino debido a ellas en realidad, según el informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico.

Los cambios positivos, como una reforma del sistema de pena de muerte y mayor libertad de información para los periodistas extranjeros, se han visto ensombrecidos por la paralización de la reforma del sistema de detención sin juicio, la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la censura en Internet.

En el informe se pone también de relieve la reciente represión ejercida por las autoridades chinas contra manifestantes en el Tíbet, que ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos desde el 10 de marzo de 2008. Las autoridades chinas han recurrido, según informes, a medidas como uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluso con medios letales; detenciones arbitrarias, e intimidación.

En respuesta a los disturbios se ha detenido a centenares de personas, que están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad chinas, especialmente las acusadas de actividades “separatistas”.

El bloqueo casi total impuesto a los medios de comunicación en el Tíbet y las zonas circundantes no sólo hace que resulte difícil confirmar los informes que se reciben, sino que constituye también un incumplimiento de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación” durante los preparativos de las Olimpiadas.

En China también se encuentran recluidos muchos activistas, que han sido llevados a juicio por motivos políticos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Un creciente número de personas están sometidas a arresto domiciliario. Se imputan delitos muy generales y de definición poco precisa, como “separatismo”, “subversión” y “robo de secretos de Estado” para procesar a personas que desarrollan actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos.

El 25 de marzo, el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin fue condenado a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de “incitar a la subversión” por haber encabezado una campaña de peticiones con el lema “No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos”. Al principio se le negó el acceso a abogados por considerarse que su caso parecía guardar relación con “secretos de Estado”. Según informes, también fue torturado bajo custodia de la policía, pero se le negó la oportunidad de denunciarlo ante el tribunal.

El activista del derecho a la vivienda Ye Guozhu cumple una pena de cuatro años de cárcel por haber solicitado permiso para celebrar una manifestación contra los desalojos forzosos en Pekín. En diciembre de 2004 fue declarado culpable de “buscar pelea y causar disturbios” por su oposición a la confiscación y demolición de edificios para hacer sitio a nuevos proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de este año.

En mayo de 2006, Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo” para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de las Olimpiadas. Este sistema se aplica a quienes cometen delitos menores, pero no están considerados jurídicamente delincuentes. A estas personas, se las obliga a trabajar muchas horas, y pueden estar privadas de libertad hasta cuatro años.

El sistema es muy criticado en China. Su reforma, anunciada hace mucho tiempo, pero ahora detenida, representaría una importante mejora en materia de derechos humanos.

Wang Ling, activista del derecho a la vivienda de Pekín, fue condenada, según informes, a 15 meses de “reeducación por el trabajo” en octubre de 2007 por firmar peticiones y hacer pancartas para protestar por la demolición de su propiedad con objeto de hacer sitio a construcciones olímpicas. Se cree que se encuentra recluida en el centro de “reeducación por el trabajo” de Daxing, en Pekín.

A pesar de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación”, hecha en julio de 2001, las autoridades continúan valiéndose del cargo de “incitación a la subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado para procesar y encarcelar a escritores y periodistas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Hay también una fuerte censura en Internet. Ahora, unas imágenes que representan a agentes de policía advierten a muchos de los 210 millones de usuarios de Internet que hay en China de que no visiten “sitios web ilegales”. Esta policía virtual parece fomentar la autocensura, recordando a los usuarios que las autoridades vigilan atentamente la actividad en la web. Asimismo, se cree que China tiene el sistema de filtro y censura de Internet más amplio, con mejor tecnología y de mayor alcance del mundo.

También se controla el envío de mensajes de texto. En diciembre de 2007, las autoridades municipales de Pekín emitieron un aviso para advertir que quienes utilizaran esta forma de comunicación para “poner en peligro la seguridad pública” o “propagar rumores” serían investigados.

China es líder mundial en lo que al uso de la pena de muerte ser refiere, a pesar de declaraciones oficiales según las cuales el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular hizo posible una considerable reducción del número de ejecuciones en 2007. De todos modos, para confirmar este tipo de afirmaciones es esencial publicar estadísticas nacionales completas y otra información detallada sobre la pena de muerte en China. La disminución de las ejecuciones pudo deberse en parte al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

En el informe de Amnistía Internacional se insta a las autoridades chinas a que proporcionen de inmediato acceso al Tíbet y las zonas circundantes a investigadores de la ONU y observadores independientes; pongan fin a la detención arbitraria, intimidación y hostigamiento de activistas; dejen de utilizar la detención administrativa con fines punitivos; permitan informar completa y libremente a todos los periodistas en toda China; dejen en libertad a todos los presos de conciencia, y reduzcan el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte, con miras a su abolición.

Activistas excarcelados en Etiopía

Mon, 31 Mar 2008 12:19:51 +0100

En Etiopía han salido de la cárcel dos activistas de derechos humanos recluidos desde noviembre de 2005. Daniel Bekele y Netsanet Demissie quedaron en libertad el viernes 28 de marzo tras ser indultados por el presidente.

Ambos firmaron una carta “reconociendo los errores” cometidos en relación con las elecciones de 2005. No está claro todavía si el indulto es incondicional.

Daniel Bekele es director de política de la oficina de Ayuda en Acción en Etiopía. Netsanet Demissie es fundador y director de la Organización por la Justicia Social en Etiopía. Ambos son destacados abogados de derechos humanos.

A diferencia de otros coacusados, los dos decidieron defenderse en un juicio que duró más de dos años. En diciembre de 2007, por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior Federal de Etiopía los declaró culpables de haber provocado y preparado “ultrajes a la Constitución de Etiopía” y los condenó a 30 meses de cárcel.

Según Amnistía Internacional, la acusación no presentó pruebas de que Daniel Bekele o Netsanet Demissie incitaran a la violencia y los jueces los condenaron en función de las declaraciones de dos testigos cuya credibilidad era dudosa y que fue muy cuestionada por la defensa. El gobierno etíope no permitió que representantes de Amnistía Internacional asistieran al juicio en julio de 2007.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la excarcelación de los dos presos de conciencia, pero señaló que debían ser indemnizados por el tiempo que habían pasado en prisión.

“Estos dos hombres no cometieron ningún acto por el que debiesen ser indultados”, ha afirmado Erwin van der Borght, director del Programa de África de Amnistía Internacional.

“Eran presos de conciencia a quienes se recluyó y condenó exclusivamente por sus actividades pacíficas como defensores de los derechos humanos. Se les deben indultar las penas de forma incondicional e indemnizarlos por el tiempo que estuvieron encarcelados injustamente”.

Ha llegado la hora de poner en libertad a Aung San Suu Kyi

Tue, 25 Mar 2008 15:59:06 +0000

Se tiene conocimiento de que en Myanmar (antigua Birmania) hay más de 1.850 presos y presas políticos y de conciencia. La más conocida es Daw Aung San Suu Kyi.

Cofundadora del principal partido de oposición, la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi es también una de las figuras políticas y de las activistas de derechos humanos más conocidas del país.

Desde 1989, Aung San Suu Kyi ha sido víctima de detenciones no oficiales y arrestos domiciliarios, y se ha restringido su libertad de circulación, medidas todas ellas encaminadas a impedir que se convierta en la máxima dirigente del país. Desde julio de 2003 se encuentra bajo arresto domiciliario.

Aung San Suu Kyi es miembro también de la organización internacional The Elders, pero, al estar sometida a un estricto arresto domiciliario, no puede participar en las actividades organizadas por este grupo para celebrar y promover el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su continuada ausencia constituye un elocuente recordatorio de la implacable represión existente en Myanmar y de lo que hay que hacer para hacer realidad los derechos humanos.

Para más información sobre Daw Aung San Suu Kyi, véase:
Dieciocho años de persecución en Myanmar

Tensión en el Tíbet: registros de la policía casa por casa

Tue, 18 Mar 2008 19:42:21 +0000

La policía china está registrando domicilios de residentes en Lhasa en busca de personas que participaron en las protestas registradas recientemente en la ciudad.

Aunque al parecer las calles de la capital tibetana están tranquilas y vacías, siguen recibiéndose informes de disturbios en las provincias chinas limítrofes, donde la población tibetana es numerosa. Según informes del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, centenares de tibetanos se han echado a la calle en la comarca de Kardze, provincia de Sichuan, donde al parecer la situación es extremadamente tensa. También se han recibido informes de manifestaciones en la provincia de Gansu.

Algunas personas han informado de que la atmósfera que reina en Lhasa es de “terror”, con policías y soldados efectuando registros casa por casa y llevándose a personas detenidas. Existe una enorme preocupación por el bienestar de las personas detenidas.

El gobierno puso como plazo la medianoche del lunes 17 de marzo para que las personas que habían participado en las protestas se entregasen, amenazando con “castigar severamente” a los que no lo hiciesen. Algunos testigos han informado de que se está sacando por la fuerza a personas de sus casas y se están llevando a tibetanos que tienen imágenes del Dalai Lama en sus hogares.

Fuentes oficiales chinas afirman que los alborotadores tibetanos han matado a 13 “civiles inocentes”. Fuentes tibetanas en el exilio afirman que 99 tibetanos han muerto a manos de las fuerzas de la policía armada.

Las autoridades chinas han impuesto un bloqueo casi total sobre la información procedente del Tíbet y regiones limítrofes. También han cortado las conexiones de internet y de telefonía móvil dentro de la Región Autónoma. Cuando en los canales de noticias extranjeros que emiten en China aparecen noticias sobre el Tíbet, se censuran: la pantalla se oscurece hasta quedar en negro.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que eviten el uso de fuerza excesiva en las operaciones de restablecimiento del orden.

Catherine Baber, directora en funciones del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, ha señalado: “Las autoridades chinas también deben dar cuenta de todas las personas detenidas, garantizando que no son sometidas a tortura ni otros malos tratos, tienen acceso a abogados y asistencia médica, comparecen sin demora ante un tribunal independiente y tienen la oportunidad de impugnar su detención”.

"China debe permitir el acceso pleno y sin restricciones al Tíbet y a otras regiones tibetanas de periodistas y otros observadores independientes, además de permitir que la ONU lleve a cabo una investigación independiente sobre los incidentes de la semana pasada.”

Excarcelación anticipada de un periodista bielorruso

Wed, 27 Feb 2008 11:05:08 +0000

Alyaksandr Zdzvizhkou, ex director adjunto de un periódico bielorruso, ha quedado en libertad antes de lo esperado. El 22 de febrero de 2008, el Tribunal Supremo de Bielorrusia conmutó la pena de tres años de prisión a la que había sido condenado, por una pena de tres meses.

Esta decisión provocó su liberación inmediata de la prisión de alta seguridad donde se encontraba recluido. Amnistía Internacional celebra su liberación, pero ha pedido que su sentencia condenatoria sea anulada.

Alyaksandr Zdzvizhkou, ex director adjunto del periódico Zhoda (Hoy), había sido condenado el 18 de enero de 2008 por un tribunal de la ciudad de Minsk, que lo declaró culpable de “incitar a la discordia o a la enemistad racial, nacional o religiosa”, en virtud del artículo 130.1 del Código Penal de Bielorrusia.

Lo condenaron por haber publicado en 2006 las viñetas del profeta Mahoma, en un artículo en el que se informaba de las protestas que suscitó la publicación original de los dibujos en Dinamarca en septiembre de 2005. Amnistía Internacional consideró a Alyaksandr Zdzvizhkou un preso de conciencia, encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Activistas kenianos amenazados de muerte

Thu, 31 Jan 2008 17:15:41 +0000

Amnistía Internacional ha pedido que se proteja a varios activistas de derechos humanos kenianos que han recibido amenazas de muerte en las últimas dos semanas.

Todos los activistas menos uno son de la etnia kikuyu y, al parecer, las amenazas provienen de miembros de la misma etnia e incluyen acusaciones de ser "traidores" a su etnia.

Los nueve activistas, algunos de los cuales son miembros destacados de organizaciones locales de derechos humanos, han recibido varias amenazas anónimas en mensajes SMS, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico. Todos ellos han tomado precauciones de seguridad, como trasladar su domicilio y no hacer ninguna declaración pública.

Todos ellos han denunciado lo que consideran irregularidades producidas en las recientes elecciones de Kenia. También han criticado abiertamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía y bandas armadas –incluidas bandas kikuyus– en todo el país.

Cuatro de los activistas han sido nombrados en un panfleto anónimo difundido entre la comunidad kikuyu. El panfleto contiene una lista con los nombres de más de 25 personas, a las que califica de "traidores [que] viven entre nosotros en paz " y amenaza veladamente con matarlos.

Amnistía Internacional pide al gobierno keniano que garantice la seguridad y la protección de todos los activistas de derechos humanos en Kenia. Debe investigar la amenazas y llevar ante la justicia a los responsables.

Un joven activista bielorruso queda en libertad

Fri, 25 Jan 2008 17:12:34 +0000

Zmitser Dashkevich, joven activista bielorruso, ha sido puesto en libertad en la prisión de Sklou en Bielorrusia. Zmitser fue objeto de una acción global de Amnistía Internacional el año pasado en la que se pedía su liberación.

En una entrevista realizada poco después de quedar en libertad, Zmitser señaló que consideraba que su excarcelación anticipada se había debido a la presión internacional.

Los amigos de Zmitser se enteraron de su liberación cuando éste les llamó por teléfono el miércoles desde la oficina de correos de Sklou. A continuación se marchó a su casa solo en tren. Sus padres empezaron a sospechar que cabía la posibilidad de que le pusieran en libertad anticipadamente cuando las autoridades penitenciarias rechazaron el último paquete con comida que le habían enviado.

Zmitser Dashkevich, dirigente del Frente Joven, había sido condenado a 18 meses de prisión en noviembre de 2006 por "organizar o participar en las actividades de una organización no inscrita". Iba a salir de prisión el 15 de marzo.

Amnistía Internacional le consideraba preso de conciencia. Fue objeto de una acción global durante la cual miembros, grupos juveniles y simpatizantes de Amnistía Internacional enviaron más de 10.000 grullas de papel a las autoridades.

Miembros jóvenes de Amnistía Internacional crearon una grulla gigante durante la RCI celebrada en México y se la enviaron al Ministerio del Interior en Bielorrusia, pero no se permitió la entrada del paquete en la frontera. La pajarita se envió entonces a la ONG de derechos humanos local Vyasna, que logró hacerla llegar al Ministerio.