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Suspensión de ejecuciones por lapidación, un paso acogido con satisfacción si se lleva a cabo

Fri, 15 Aug 2008 14:38:04 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el anuncio realizado la semana pasada por el portavoz de la magistratura iraní de que se ha suspendido la ejecución por lapidación y que se ha conmutado la condena a varias mujeres, cuyos nombres se desconocen, que se enfrentaban a esta pena.

"La lapidación es una práctica horrible, diseñada para aumentar el sufrimiento de las personas condenadas a muerte y no tiene cabida en el mundo moderno –declaró Amnistía Internacional–. Esperamos que las autoridades iraníes garanticen que no se volverá a usar esta pena espantosa."

La mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación han sido mujeres. En virtud de la legislación iraní y ante los tribunales iraníes, las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Además, puesto que el analfabetismo es superior entre las mujeres, es más probable que firmen confesiones relativas a delitos que no cometieron y que se las someta a juicios injustos.

"La suspensión de las lapidaciones es un paso que, si bien se debería haber producido mucho antes, se acoge con satisfacción y supone un homenaje a los valerosos esfuerzos de las personas que defienden los derechos humanos en Irán –manifestó Drewery Dyke, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional–. No obstante, se incumplió una suspensión anterior de las ejecuciones por lapidación, por lo que estaremos observando vigilantes para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar".

En 2002, el presidente de la Magistratura anunció que se había acabado con el uso de la lapidación como método de ejecución. Sin embargo, según informes, en Mashad, en 2006, se lapidó hasta la muerte a un hombre y a una mujer. El 5 de julio de 2007 se llevó a cabo una nueva ejecución por lapidación: Ja'far Kiani fue ejecutado en la provincia de Qazvin tras haber sido condenado por adulterio.

"Realmente está en manos del Parlamento [que actualmente está considerando la propuesta de un nuevo código penal] reformar la legislación y garantizar que no se vuelva a permitir nunca más la celebración de ejecuciones por lapidación", añadió Drewery Dyke.

La anunciada suspensión de las lapidaciones se produce a raíz de una acción concertada por los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Irán, quienes, desde octubre de 2006, han puesto en marcha la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre". Se cree que sus esfuerzos, junto con la publicidad local e internacional que han generado y el apoyo de Amnistía Internacional y de otras organizaciones han ayudado a evitar que al menos cinco personas fueran lapidadas.

Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio relativo a la suspensión de las lapidaciones, la organización continúa exhortando a las autoridades iraníes para que pongan fin a otras penas crueles e inhumanas, como el flagelamiento y la amputación de los miembros prescrita en algunas disposiciones –si bien es cierto que rara vez se ponen en práctica–, y para que adopten otras medidas que conlleven una reducción del uso de la pena de muerte.

El Código Penal iraní existente estipula que la pena aplicable por el delito de adulterio cometido por personas casadas es la ejecución por lapidación. Dispone, incluso, que las piedras deben ser suficientemente grandes como para que causen dolor, pero no tanto como para que maten a la víctima inmediatamente.

Las personas que defienden los derechos humanos en Irán continúan enfrentándose a detenciones, acoso e intimidación por parte de las autoridades. En marzo de 2007, mientras protestaban por la celebración en Teherán del juicio a cinco activistas en favor de los derechos de las mujeres, se detuvo a 33 mujeres, entre ellas, algunas participantes en la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre".

Un gran paso adelante en las investigaciones de Paraguay sobre la esclavitud sexual de las niñas

Wed, 13 Aug 2008 15:18:07 +0100

Las investigaciones sobre niñas sometidas a esclavitud sexual en Paraguay durante la dictadura de Stroessner han avanzado enormemente gracias al testimonio de una mujer.

Esto a su vez ha animado a otras mujeres a salir a la luz y testificar sobre sus experiencias de esclavitud sexual, lo cual ha dado mayor peso a la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia.

Julia Ozorio Gamecho fue la primera mujer que se presentó para hablar ante la Comisión sobre la esclavitud sexual a la que fue sometida por el ejército durante la dictadura.

La comisión está investigando miles de violaciones de derechos humanos que sucedieron mientras Stroessner estuvo en el poder, de 1954 a 1989.

Estas violaciones incluyen la violencia sexual contra mujeres. Se cree que niñas de tan sólo siete años fueron arrebatadas de sus hogares y “preparadas” para servir a militares de alta graduación.

El testimonio de Julia Ozorio ayudó a la Comisión a confirmar los detalles de un lugar al que llevaban a las niñas después de habérselas quitado a sus familias. Allí las preparaban a la fuerza para servir como esclavas sexuales a militares de alta graduación.

Yudith Rolón, miembro de la Comisión, declaró: “Valoramos y admiramos su valentía de contar los hechos que le sucedieron y habrán dejado traumas irreparables en su persona hasta hoy, por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida”.

“Corrobora toda la investigación de estos hechos que ya había indagado la comisión de Verdad y Justicia. Habíamos escuchado muchos casos, pero nadie quiso dar un testimonio como lo está haciendo ella.”

Hasta ahora había sido casi imposible recoger estos testimonios debido al temor a las represalias. Se cree que algunos de los oficiales a los que sirvieron las mujeres como esclavas siguen vinculados al ejército.

Un ex oficial del ejército que ayudó a Ozorio a sobrevivir mientras estaba detenida también salió a la luz para dar su versión del caso ante la Comisión de Verdad y Justicia el martes 12 de agosto.

El caso de Ozorio se incluirá en el informe final de la Comisión, que se presentará al gobierno y a la sociedad civil el 28 de agosto. Su testimonio será uno de los más de 2.000 que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Stroessner.

El informe abarcará también el periodo de la transición de Paraguay a la democracia, hasta la promulgación de la ley que creó la Comisión, el 6 de octubre de 2003.

Ozorio fue arrebatada de su hogar en la ciudad de Nueva Italia, en el departamento Central de Paraguay, cuando tenía 13 años.

Se la llevó un coronel (vicecomandante del Regimiento Escolta Presidencial) y otros dos soldados. Durante los dos años siguientes permaneció cautiva y sometida a esclavitud sexual por el coronel.

Según Ozorio, a las niñas que lloraban mucho o que ya no les servían –por ejemplo, cuando llegaban a los 15 o 16 años y ya no las consideraban deseables– a veces las mataban.

El secuestrador de Ozorio la puso en libertad porque había cumplido los 15 años y ya no le interesaba. Según dice, salvó la vida porque a su secuestrador le recordaba a su hija muerta. Ozorio se fue a Argentina por seguridad y desde entonces ha vivido en Buenos Aires.

Treinta y siete años después, regresó a Paraguay para presentar su libro, Una rosa y mil soldados, la historia de lo que le ocurrió durante los dos años que estuvo sometida a esclavitud sexual.

En el libro, Ozorio escribe sobre la noche que fue secuestrada: “Me dijo estas palabras: ‘Por acá ya pasaron muchas niñas. Algunas salieron con vida, otras no corrieron con la misma suerte’ […]. Se puso a mirarme largo rato hasta que me dijo: ‘Eres una niña muy bonita - Te pido que no me obligues a matarte’[…]”.

“La primera noche fue horrible.No hay palabras humanas que puedan expresar mi dolor de esa noche […]. Mi cuerpo estaba lleno de moretones y cubierto de mordidas. Una profunda herida sangraba en mi seno.”

Tras prestar testimonio ante la Comisión, Julia Ozorio denunció haber recibido dos llamadas telefónicas anónimas amenazándola, a consecuencia de lo cual la Comisión le ha ofrecido protección.

Además de contar su dolorosa historia y de sensibilizar a la opinión pública sobre lo que experimentaron ella y muchas otras muchachas de corta edad, Ozorio espera ahora crear una fundación para proteger a las niñas víctimas de violencia sexual.

El general Stroessner llegó al poder tras derrocar al presidente civil Federico Chávez en 1954.

Durante su gobierno, miles de personas fueron víctimas de graves abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, “desapariciones” y exilio forzado.

Algunos de estos abusos se perpetraron en el marco de la Operación Cóndor, un plan coordinado por los gobiernos militares del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) para eliminar a sus “oponentes” durante las décadas de 1970 y 1980.

Stroessner murió el 16 de agosto de 2006 en Brasilia, donde vivía en el exilio desde 1989. Tenía 93 años.

Las deficiencias del sistema de justicia acaban con las esperanzas de las mujeres de México

Thu, 31 Jul 2008 11:38:19 +0100

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, miles de mujeres mexicanas sometidas a violencia en sus hogares corren el riesgo de seguir sufriendo abusos por culpa de un sistema de justicia que pocas veces se toma en serio su seguridad.

La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Violencia familiar en México señala que una de cada cuatro mujeres en el país ha sufrido abusos a manos de su pareja.

Susana, de 24 años y madre de dos hijos, residente en el estado de Sonora, soportó 10 años de violencia física y psicológica. Su esposo la tuvo recluida en casa durante largos periodos y sufrió fractura de los huesos de la mano, de la nariz y dislocamiento de clavícula.

Susana presentó numerosas denuncias ante la oficina local del Ministerio Público, pero cada vez que lo hacía le decían que no era un delito y que no podían hacer nada. Cuando por fin se abrió un proceso judicial y se presentaron cargos contra su esposo, éste fue detenido, pero al día siguiente lo pusieron en libertad bajo fianza. Susana y su familia permanecieron ocultos hasta que los enviaron a un refugio para mujeres.

Denunciar los abusos
Al presentar una denuncia por violencia en el entorno familiar, las mujeres se enfrentan a una serie de impedimentos, como son:

la negativa de los funcionarios a dar curso a la denuncia,
la deficiencia de las investigaciones,
la insuficiente aplicación de medidas de protección.

A las mujeres que tienen la valentía de denunciar los abusos se las trata a menudo con indiferencia y se ven obligadas a probar que han sido sometidas a violencia. En muchos casos, los funcionarios incluso les piden que sean ellas mismas quienes entreguen la citación judicial a su agresor.

Ley para poner fin a la violencia contra las mujeres
Hace 18 meses, México promulgó una ley federal para luchar contra la violencia de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado una legislación similar. Sin embargo, pese a que se trata de avances positivos, las mujeres en situación de riesgo no percibirán cambio alguno en su vida a menos que las medidas previstas en la ley reciban una dotación económica suficiente y se apliquen adecuadamente.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estatales y federales de México:

que se comprometan públicamente a aplicar las nuevas leyes que garantizan a las mujeres el derecho a la seguridad y la justicia, y que aseguren una dotación económica suficiente para poner las leyes en práctica con eficacia;
que garanticen a las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito familiar un acceso efectivo a la justicia y medidas de protección ejecutadas en el momento oportuno.

Se intensifica la desenfrenada discriminación contra los iraníes kurdos

Thu, 31 Jul 2008 14:40:34 +0100

El gobierno iraní no está cumpliendo con su obligación de impedir la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos kurdos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

La organización teme de que la represión de los iraníes kurdos, especialmente los defensores y defensoras de los derechos humanos, se esté intensificando, según el informe Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority.

En el informe se afirma también que las mujeres kurdas se enfrentan a una doble dificultad para que sus derechos sean reconocidos: como miembros de una minoría étnica marginada y como mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal.

En Irán viven aproximadamente 12 millones de kurdos, lo que supone el 15 por ciento de la población. Las expresiones de la cultura kurda, como la indumentaria y la música, suelen respetarse y el idioma kurdo se emplea en algunos programas y publicaciones.

Sin embargo, la minoría kurda sigue sufriendo una discriminación muy arraigada. En Irán se reprimen los derechos sociales, políticos y culturales de los kurdos, además de sus aspiraciones económicas.

Los progenitores no pueden inscribir en el registro a sus recién nacidos con determinados nombres kurdos, y se reprime a las minorías religiosas integradas principal o parcialmente por personas de origen kurdo con medidas concebidas para estigmatizarlas y aislarlas.

Discriminadas en su acceso al empleo y a una vivienda adecuada, el abandono económico de las regiones kurdas se ha saldado con una arraigada pobreza que ha marginado aún más a la población kurda.

El colectivo de defensores kurdos de los derechos humanos, entre ellos activistas comunitarios y periodistas, se enfrenta a detenciones arbitrarias, malos tratos y procesamientos si protestan contra el incumplimiento del gobierno de las normas internacionales de derechos humanos.

Si además vinculan su trabajo en defensa de los derechos humanos con su identidad kurda se arriesgan a sufrir violaciones adicionales de sus derechos. Algunos, incluidas las activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres, acaban convirtiéndose en presos de conciencia. A otros se los somete a tortura, a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o se les impone la pena de muerte.

Farzad Kamangar, Ali Heydariyan y Farhad Vakili, todos de etnia kurda, fueron condenados a muerte en febrero de 2008 tras ser declarados culpables de “moharebeh” (enemistad contra Dios), después de un proceso lleno de irregularidades que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.

El de “moharebeh” es un cargo que se presenta contra las personas acusadas de alzarse en armas contra el Estado, al parecer en relación con su presunta pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que comete atentados en Turquía. Ali Heydariyan y Farhad Vakili también fueron condenados a 10 años de cárcel, al parecer por falsificación de documentos. Según las leyes iraníes, deben cumplir sus penas de prisión antes de ser ejecutados.

En mayo de este año, Mohammad Sadiq Kabudvand fue condenado a 11 años de cárcel por la Sala número 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al parecer, la condena incluye 10 años de cárcel por “actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (HROK)” y un año por “propaganda contra el sistema”.

La sentencia se dictó tras un juicio a puerta cerrada. Amnistía Internacional considera que Mohammad Sadiq Kabudvand es preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación durante su actividad como presidente de la HROK y su labor como periodista. Estos derechos están expresamente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La Constitución iraní garantiza la igualdad de todos los iraníes ante la ley. Pero, como muestra nuestro informe, ésta no es la realidad de los kurdos en Irán.”

“El gobierno iraní no ha tomado medidas suficientes para eliminar la discriminación ni poner fin al ciclo de violencia contra las mujeres y castigar a los responsables.”

Aunque las mujeres y las niñas son el eje de la actividad económica en las zonas kurdas, se utilizan estrictos códigos sociales para negar sus derechos humanos.

Debido a estos códigos, puede resultar muy difícil para los agentes oficiales investigar las desigualdades en la educación de las niñas, los matrimonios forzados y a edades tempranas y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas kurdas, así como las graves consecuencias de algunos de estos abusos, como los “homicidios por motivos de honor” y el suicidio.

“Las mujeres kurdas son víctimas de violencia diariamente y se enfrentan a la discriminación de agentes oficiales, grupos o particulares, incluidos sus familiares, ha manifestado Malcolm Smart.

Violación en Burundi: ¡Exijamos justicia ya!

Thu, 24 Jul 2008 14:18:31 +0100

Kaneza (nombre ficticio), de 13 años de edad y procedente de la provincial de Bujumbura Rural, fue violada en septiembre de 2007 por un hombre de 22 años. Kaneza no informó a nadie de lo ocurrido, hasta que descubrió que estaba embarazada. Entonces, se lo contó a la mujer de su tío, quien inmediatamente denunció la violación a la policía.

El presunto violador fue detenido e interrogado, y confesó la violación. La familia de Kaneza pensó que esto sería suficiente para enjuiciarlo, pero pocos días después quedó en libertad.

Según informes de activistas locales de derechos humanos, el padre del violador se había puesto en contacto con el fiscal de Bujumbura Rural y le había propuesto un acuerdo extrajudicial.

Cuando los familiares se dirigieron al fiscal de Bujumbura Rural, éste los obligó a aceptar un acuerdo amistoso y a suspender las acciones legales. La familia de Kaneza presentó una queja ante las autoridades judiciales de Bujumbura, capital de Burundi, tras lo cual se ordenó al fiscal que volviera a detener al presunto violador. Sin embargo, en lugar de cumplir la orden, el fiscal detuvo a Kaneza durante varias horas y la amenazó.

Hace poco Kaneza dio a luz. El hombre que presuntamente la violó, sigue en libertad.

La violación es un delito frecuente en todo Burundi, pero en muchos casos, como en el de Kaneza, no se hace justicia. A menudo, las mujeres ni se atreven siquiera a denunciarlo por temor al rechazo de sus familiares y comunidades.

El sistema de justicia es deficiente. Con frecuencia, ni la policía ni la magistratura investigan las denuncias de violación o de otras agresiones sexuales, ni enjuician a las personas acusadas de cometer dichos delitos.

En ocasiones, se obliga a las víctimas a retirar la denuncia y a negociar acuerdos extrajudiciales con el perpetrador o con su familia. En otros casos, se obliga a la víctima a casarse con el agresor.

Escribe al fiscal de Burundi para exigir una investigación adecuada sobre la presunta violación de una niña de 13 años.

Venezuela debe aplicar la nueva ley sobre violencia contra las mujeres

Thu, 17 Jul 2008 14:02:04 +0100

En un nuevo informe publicado 16 de julio, Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a demostrar su voluntad política y proporcionar los recursos necesarios para garantizar que la nueva ley sobre violencia contra las mujeres no existe sólo sobre el papel.

"La ley venezolana promulgada en 2007 para proteger a las mujeres constituye un ejemplo para el resto de la región, pero no servirá de nada a menos que se aplique plenamente", manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

"Para aplicar la ley se necesitan más refugios, tribunales especiales y formación para las personas que se ocupan de estos delitos."

El informe de Amnistía Internacional, titulado "Existe la ley, toca aplicarla". Erradicar la violencia doméstica en Venezuela, analiza la violencia doméstica contra las mujeres en Venezuela.

En este país, miles de mujeres son víctimas de palizas, insultos y violación en el hogar. Sólo en 2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) para denunciar malos tratos. Sin embargo, las organizaciones locales calculan que sólo una de cada nueve mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

Muchas de las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional en Venezuela afirmaron que, debido a la falta de independencia económica y de información, a la escasez de refugios (sólo dos en un país de más de 27 millones de habitantes) y a la precaria dotación de la policía y las instancias judiciales, les resulta difícil sentirse seguras.

"En Venezuela, miles de mujeres viven en un estado constante de temor a la violencia de sus parejas y de miedo por sus vidas y por la seguridad de sus hijos e hijas. Al no facilitárseles un mecanismo que garantice su seguridad, muchas mujeres consideran que no tienen más opción que permanecer junto a su agresor o quedarse sin hogar y ser incapaces de proporcionar sustento para sí mismas y para sus hijos e hijas", explicó Guadalupe Marengo.

En marzo de 2007, el gobierno promulgó una ley que define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y reafirma la responsabilidad del Estado y de sus representantes de erradicarla. Esta ley sustituye a otra promulgada en 1999 que, aunque positiva, no se aplicó plenamente.

La ley de 2007 prevé medidas para impedir la violencia contra las mujeres, proteger a las mujeres en peligro y castigar a los autores de los abusos. Asimismo, establece que las autoridades deben poner en práctica un programa de amplio alcance destinado a sensibilizar a la opinión pública y a cuestionar las actitudes que toleran u ocultan esta lacra que se denuncia en escasas ocasiones.

"El gobierno de Venezuela debe estar a la altura del reto que plantea la ley de 2007."

Mujeres de solaz: 62 años en espera de justicia

Mon, 21 Jul 2008 17:11:46 +0100

El gobierno japonés cree que, cuando mueran todas las mujeres de solaz, el problema quedará enterrado y olvidado. Pero no será así. En tanto la próxima generación siga conociéndolo, no caerá en el olvido. Gil Won-Ok (abajo a la derecha), ex “mujer de solaz” de Corea del Sur

Durante la década de 1930, antes y después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés obligó a miles de mujeres conocidas como “mujeres de solaz” a servir como esclavas para las fuerzas armadas. En el marco de lo que acabó denominándose un sistema de “esclavitud sexual militar”, las mujeres eran secuestradas, golpeadas, violadas y obligadas a proporcionar servicios sexuales al ejército japonés.

El gobierno japonés no ha revelado nunca del todo el alcance del sistema de esclavitud sexual, pero se cree que fueron sometidas a esclavitud nada menos que 200.000 mujeres. El gobierno japonés sigue negándose a reconocer de forma oficial su responsabilidad por estos crímenes.

El sistema de “mujeres de solaz”, es decir, el sistema de prostitución militar forzosa, comportó una serie de abusos, por ejemplo actos de violencia sexual, como violaciones múltiples y abortos forzados, en lo que se ha descrito como “uno de los mayores casos de trata de seres humanos registrados en el siglo XX”.

Muchas de estas mujeres siguen sufriendo las consecuencias de estos abusos y han tenido el valor de contar sus experiencias y de movilizarse para que se haga justicia. Las presiones sobre Japón son cada vez mayores, ya que una serie de gobiernos de todo el mundo han aprobado resoluciones en las que se pide que se haga justicia a las “mujeres de solaz”.

En Estados Unidos, los Países Bajos, Canadá y el Parlamento Europeo se han aprobado resoluciones con el fin de que el gobierno japonés:

acepte su plena responsabilidad por los abusos cometidos contra las “mujeres de solaz”
se disculpe de forma oficial por los delitos perpetrados contra estas mujeres
facilite una reparación satisfactoria y efectiva

En la actualidad, el gobierno de Filipinas está considerando la posibilidad de aprobar una resolución que, dado el elevado número de mujeres filipinas sometidas a esclavitud por el Ejército Imperial Japonés, tendría un significado especial.

Únete a las ex “mujeres de solaz” en su lucha por conseguir justicia. Muestra tu apoyo para que Filipinas sea el próximo país que aprueba una resolución en la que se pida justicia para las “mujeres de solaz”. Envía un mensaje de correo electrónico a Antonio V. Cuenco, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, para pedirle que respalde una resolución en favor de que se haga justicia a las “mujeres de solaz”.

Irán: Activistas de los derechos de las mujeres detenidas en manifestaciones pacíficas de solidaridad

Mon, 16 Jun 2008 19:10:38 +0100

El jueves, nueve mujeres que intentaban participar en un pequeño seminario pacífico para celebrar un día de solidaridad con las mujeres iraníes fueron detenidas en Teherán. Las mujeres —Aida Saadat, Nahid Mirhaj, Nafiseh Azad, Nasrin Sotoodeh, Jelve Javaheri, Jila Baniyagoub, Sarah Loghmani, Farideh Ghaeb y Aliyeh Matlabzadeh—, que fueron trasladadas a un centro de detención, quedaron en libertad esa misma noche.

El seminario, organizado por la Campaña por la Igualdad con el fin de conmemorar el aniversario del día de la solidaridad de las mujeres iraníes, se iba a celebrar en la galería de arte Rahe Abrisham, pero las fuerzas de seguridad impidieron que comenzara tras obligar al propietario de la galería a cerrar las puertas. Las nueve mujeres fueron detenidas en el exterior de la galería de arte.

La Campaña por la Igualdad es una red que trabaja para poner fin a la discriminación que sufren las mujeres en la legislación. La campaña informa a las mujeres sobre sus derechos y pretende recoger un millón de firmas entre la población iraní para pedir el fin de las leyes discriminatorias.

Las activistas de los derechos de las mujeres en Irán consideran el 22 de Jordad (el 12 de junio) como su día nacional de solidaridad contra las leyes que discriminan a las mujeres. Hace tres años, en ese mismo día, activistas de los derechos de las mujeres organizaron una manifestación delante de la Universidad de Teherán que alcanzó un número de asistentes sin precedentes. Una manifestación pacífica similar que se organizó el año siguiente fue dispersada violentamente y finalizó con 70 detenciones. Las activistas se han comprometido a continuar realizando actividades en esta fecha hasta que las autoridades atiendan sus peticiones.

Las mujeres iraníes sufren una discriminación generalizada por ley. Se las excluye de áreas clave de participación política y no gozan de los mismos derechos que los hombres en lo que respecta al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia.

Las autoridades iraníes deben:

Poner fin al hostigamiento que sufren las activistas de los derechos de las mujeres y permitir que continúen con sus actividades pacíficas, incluida la libre celebración de su día de solidaridad en el futuro.
Tomar medidas concretas para que las leyes que rigen la vida de las mujeres sean conformes a las normas de derechos humanos

Las autoridades rusas, responsables de la desaparición forzada de mujeres chechenas

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

En una sentencia pronunciada el 29 de mayo de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado que las autoridades rusas son responsables de la desaparición forzada de dos jóvenes mujeres chechenas, Aminat Dugaeva y Kurbika Zinabdieva, ocurrida en mayo de 2003.

“La sentencia del Tribunal es un paso adelante en la lucha por obtener justicia para Aminat, Kurbika y sus familiares. Seguiremos haciendo campaña en su favor y exhortamos a las autoridades rusas a garantizar que se investigará exhaustivamente la desaparición forzada de estas dos mujeres y que los responsables serán puestos a disposición judicial”, ha manifestado Nicola Duckworth, de Amnistía Internacional.

Estas mujeres, integrantes de la misma familia, fueron secuestradas la noche del 16 de mayo de 2003 en el domicilio de Kurbika, en Ulus-Kert, Chechenia, por un grupo de 20 hombres vestidos de uniforme azul y pasamontañas.

Aminat tenía apenas 15 años. Kurbika, que padecía un tumor cerebral y epilepsia, necesitaba cuidados constantes. Sus familiares no han vuelto a saber de ellas.

En su sentencia del 29 de mayo, Gekhayeva and others v. Russia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio su respaldo de forma categórica a las alegaciones de la familia de que los secuestradores eran en realidad soldados rusos. El Tribunal también criticó a las autoridades rusas por no haber proporcionado documentación relativa a la investigación oficial sobre el caso.

El Tribunal Europeo resolvió que la investigación oficial, iniciada en 2003, había sido incompleta e inadecuada. La investigación estuvo suspendida desde junio de 2004 hasta agosto de 2006 y hasta la fecha no ha conseguido identificar a los responsables de la desaparición forzada de estas mujeres.

Por consiguiente, el Tribunal falló que las autoridades rusas habían cometido una violación grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concluyendo que:
•    se había producido una violación del derecho a la vida, dado que debía presumirse que las mujeres habían muerto tras su detención no reconocida a manos de soldados rusos y dado que las autoridades no habían justificado el uso de fuerza letal por sus agentes;
•    la detención no reconocida de Aminat y Kurbika había violado su derecho a la libertad y a la seguridad;
•    la forma en que las autoridades rusas habían tratado las quejas presentadas por los familiares de las víctimas constituía trato inhumano, dados el estrés y la angustia que habían sufrido.

El Tribunal también concluyó que las autoridades rusas no habían llevado a cabo una investigación criminal efectiva. Entre las graves deficiencias determinadas por el Tribunal figuraba la negativa inicial de las autoridades a abrir una investigación criminal y la suspensión de la investigación durante más de dos años.

Diversidad en voces

Mon, 02 Jun 2008 15:52:17 +0100

El 27 de mayo, Amnistía Internacional presentó su Informe 2008 a los medios de comunicación en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres y contó con la presencia como invitados especiales de varios activistas de derechos humanos de todo el mundo. Hemos ahondado en el perfil de tres de ellos.

Majida Razvi, la primera mujer que ha ocupado un cargo de jueza en el Tribunal Superior de Pakistán, está ya jubilada. Actualmente es defensora de los derechos humanos y una de las siete personas que integran el consejo de administración del hogar refugio para mujeres Panah Shelter Home de Karachi.

Esta institución proporciona un remanso de paz y refugio temporal a mujeres que han sufrido violencia doméstica o agresión sexual, o que corren peligro de ser víctimas de homicidios por motivos de honor.

Majida Razvi afirma que se siente feliz de apoyar la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “en 2001 creamos los hogares de acogida, y fue Amnistía Internacional quien donó los fondos con los que empezar el proyecto. Además, otras organizaciones vinculadas a Amnistía Internacional nos han ayudado en Karachi. Por eso pienso que Amnistía Internacional ha sido de gran ayuda y espero que siga siéndolo en el futuro”.

Desde que comenzó el proyecto Panah, Majida Razvi declara que el mayor cambio que ha percibido es la conciencia general que se ha despertado en torno a la violencia contra las mujeres. “No sólo damos refugio a estas mujeres, sino que además intentamos concienciarlas mediante la organización de talleres y otras actividades similares."

"También hay una mayor sensibilización hacia esta cuestión en la opinión pública. Asimismo, hemos logrado cambiar la actitud de la policía y la judicatura, para que muestren más comprensión y cortesía ante las mujeres víctimas de abusos. Tenemos que provocar un cambio revolucionario en la opinión pública, así como en la forma de pensar de los hombres y también de las mujeres que se rigen por los dictados de sus esposos y de los mulás de la zona."

Alois Mbawara, joven zimbabuense residente en Brighton, lleva exiliado en Reino Unido desde 2002. Es uno de los miembros fundadores de Free Zim Youth, organización que trata de influir en instituciones y otros organismos para que endurezcan su postura frente a Harare.

"Somos jóvenes zimbabuenses en el exilio que huimos de la represión y la violencia política de Zimbabue", dice Mbawara. "Como ciudadanos y ciudadanas zimbabuenses sentimos la necesidad de exponer las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Mugabe. Así fue como se nos ocurrió la idea de fundar esta organización cívica para captar apoyos en la Unión Africana, con el fin de que adopte una postura frente a lo que está ocurriendo en Zimbabue.”

Mbawara explica por qué aceptó participar en la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional: "Es una buena manera de darse a conocer. En concreto, nos brinda la oportunidad de manifestar en un foro multilateral qué es lo que está sucediendo en Zimbabue. Es una ocasión histórica para expresar nuestros puntos de vista sobre el entorno político del país".

Añade que el trabajo de Amnistía Internacional ha sido útil para “documentar la vida cotidiana de las personas de a pie en Zimbabue. He de destacar que, debido a la falta de prensa y otros medios de comunicación libres, incluso quienes trabajan en organizaciones de derechos humanos carecen de acceso a la información sobre la violencia política desatada en el país, por lo que no están en situación de sacarla a la luz. Por eso el papel de Amnistía Internacional es crucial".

Mbawara afirma que, desde que Free Zim Youth comenzó su andadura, las actividades de defensa de los derechos humanos, la captación de apoyos y las manifestaciones han surtido efecto. "Habrá quien tache nuestra actitud de poco diplomática, pero hemos tenido que dirigirnos a líderes sudafricanos que venían a Reino Unido para decirles: ‘escuchen, ustedes tienen que hacer algo al respecto’”, declara en referencia a la protesta de este grupo durante la conferencia que dictó la ministra sudafricana de Asuntos Exteriores Nkosazana Dhlamini Zuma en 2006 en la Escuela de Economía de Londres.

"Hemos recibido respuestas positivas a nuestras acciones. Desde entonces, el gobierno de Sudáfrica ha emitido una declaración crítica en la que asegura que adoptará una postura firme ante lo que está ocurriendo en Zimbabue."

Murat Kurnaz, ciudadano turco nacido en Alemania y liberado de Guantánamo el 24 de agosto de 2006, pasó cuatro años y ocho meses recluido sin cargos ni juicio, pese a los escasos indicios existentes para vincularlo a actividades "terroristas". Tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como los alemanes han reconocido en secreto este extremo, a pesar de lo cual fueron necesarios varios años para que quedara en libertad.

Kurnaz ha denunciado que fue sometido a tortura y malos tratos bajo custodia estadounidense. Su libro, Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantánamo, (Cinco años de mi vida: un hombre inocente en Guantánamo), fue presentado en un acto de Amnistía Internacional celebrado en Belfast el 8 de mayo. John Le Carré lo ha calificado como "el relato más compasivo, sincero y digno de la desgracia de Guantánamo que se pueda leer nunca". Patti Smith compuso en 2006 una canción sobre Kurnaz titulada "Without Chains" (Sin cadenas) y también ha escrito el prólogo del libro.

Kurnaz declara que decidió asistir a la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “me gusta aprovechar todas las oportunidades que se me brindan para hablar, no por mí, porque yo ya soy libre, sino que intento ayudar a quienes todavía están en centros de tortura y prisiones, y hago campaña contra las personas que respaldan la tortura y construyen esos centros."

Sobre Amnistía Internacional, Kurnaz afirma lo siguiente: "Amnistía Internacional intenta mostrar a la opinión pública lo que está sucediendo. Corresponde a las personas, una vez que conocen la verdad, el tratar de cambiar las cosas."

Aunque es optimista, Kurnaz admite que los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. "Puesto que han salido a la luz hechos ocurridos en el pasado, tal vez no vuelvan a tener lugar en el futuro. Creo que, aunque muy lentamente, las cosas van a cambiar. Hace unos días, me convertía en el primer ex detenido de Guantánamo que declaraba ante el Congreso de Estados Unidos. Era la primera vez que hablaban allí sobre Guantánamo. Espero que este paso sea el comienzo de grandes cambios de cara al futuro."