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Activista de Myanmar en peligro de tortura

Tue, 16 Sep 2008 14:06:33 +0100

Nilar Thein, que vivía en la clandestinidad desde hace más de un año tras liderar varias de las primeras protestas antigubernamentales de agosto de 2007, fue detenida el miércoles 10 de septiembre y trasladada al centro de detención de Aung Tha Pyay de Yangón (Rangún, la mayor ciudad de Myanmar) para someterla a interrogatorio. Continúa en peligro de ser torturada o víctima de otros malos tratos.

Nilar Thein fue detenida cuando acudía a visitar a la madre de Ant Bwe Kyaw, otro activista detenido, en un suburbio del nordeste de Yangón. Ant Bwe Kyaw y el esposo de Kyaw Min Yu, Nilar Thein (conocido también como Ko Jimmy) fueron dos de los 13 dirigentes activistas antigubernamentales del Grupo de Estudiantes de la Generación de 1988 detenidos el 22 de agosto de 2007.

Un total de 35 activistas del Grupo de Estudiantes de la Generación de 1988 fue juzgado en dependencias de la prisión de Insein el 9 de septiembre por múltiples cargos de motivación política. Varios de esos cargos están tipificados en las leyes de seguridad de ambigua redacción habitualmente utilizadas para criminalizar la disidencia política pacífica.

El Grupo está formado por activistas antigubernamentales que tomaron parte en el levantamiento prodemocrático de 1988 contra el gobierno militar, que entonces llevaba 26 años en el poder.

Al día siguiente de la detención de los 13 dirigentes antigubernamentales del Grupo, Nilar Thein encabezó en Yangón una manifestación de unas 500 personas que exigían la puesta en libertad de los activistas y continuaban protestando contra el súbito aumento de los precios de los carburantes impuesto por el Estado el 15 de agosto de 2007.

Cuando las autoridades comenzaron a perseguir a los dirigentes de las protestas, Nilar Thein pasó a la clandestinidad. Tras considerar las condiciones de vivir en esta situación de peligro e insalubridad, decidió dejar a su niña de corta edad al cuidado de su familia.

Tres semanas después de la detención de su marido, el 22 de agosto de 2007, comenzaron a circular rumores de que éste había muerto bajo custodia policial. Los rumores resultaron ser falsos y al parecer fueron difundidos por el gobierno para que Nilar Thein saliera de su escondite.

Desde la clandestinidad, Nilar Thein siguió pidiendo a la comunidad internacional que actuara para resolver la grave situación de derechos humanos y los abusos que sufren las mujeres bajo el régimen militar de Myanmar.

Un año después de la violenta represión de las protestas contra el gobierno de septiembre de 2007, los dirigentes militares no muestran señales de que vayan a aminorar sus esfuerzos para silenciar toda disidencia política. Casi 300 personas han sido detenidas por sus actividades políticas pacíficas en 2008.

Nilar Thein ha sido encarcelada dos veces antes por sus actividades en favor de la democracia. En 1991 estuvo detenida dos meses. En diciembre de 1996 la detuvieron por participar en las manifestaciones de estudiantes que ese año hubo en Yangón. Condenada a 10 años de cárcel, quedó en libertad en 2005.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Myanmar que, con carácter de urgencia, cesen este tipo de detenciones y ponga en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y, en particular, que ponga ya en libertad a las personas a las que se considera presas de conciencia recluidas recientemente y las que llevan en esa situación desde hace tiempo.

Los “desaparecidos”: 25 años de recuerdo

Fri, 29 Aug 2008 11:39:18 +0100

Jorge Alberto Rosal Paz "desapareció" en Guatemala el 12 de agosto de 1983. Este ingeniero agrónomo de 28 años de edad fue secuestrado por personal militar armado que circulaba en un jeep cuando viajaba de Teculutan a Zacapa. Jamás se le volvió a ver.

En el momento de su "desaparición", Jorge Rosal estaba casado y tenía una hija. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. No se cree que tuviera afiliación política o religiosa alguna. Pese a las numerosas ocasiones en que se informó de que había sido visto en situación de detención, las autoridades guatemaltecas negaron en todo momento tener conocimiento de lo que le había sucedido.

La familia de Jorge llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Guatemala emitió en el año 2000 una declaración de reconocimiento de su responsabilidad institucional en el caso de Jorge Rosal y de otras personas. En 2004 se llegó a un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia de Jorge Rosal.

Jorge Rosal no es más que una de los cientos de miles de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el mundo durante los últimos 25 años. Y hay centenares de miles de familiares y amigos de desaparecidos que siguen sin tener noticia sobre la suerte que han corrido sus seres queridos. El sábado 30 de agosto es su día para el recuerdo, día en que se conmemora el 25 aniversario del Día del Desaparecido.

El primer Día del Desaparecido lo organizó la ONG Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) en 1983, en unos momentos en que las desapariciones se producían en el contexto de regímenes autoritarios.

Poco es lo que se ha avanzado desde entonces. La práctica gubernamental del secuestro, rapto o detención de personas y de recluirlas en secreto ha persistido y se ha propagado a medida que un número creciente de países acepta y justifica este crimen.

En todas las regiones del mundo se producen desapariciones forzadas, en países como Argelia, Colombia, Nepal, Federación Rusa, El Salvador, Sri Lanka, Túnez y algunos de los países sucesores de la antigua Yugoslavia... por nombrar sólo unos cuantos.

El 6 de septiembre de 2006, el presidente de Estados Unidos, George W Bush, confirmó el secreto a voces de que la CIA operaba un programa de detención prolongada en régimen de incomunicación en lugares secretos. En esta práctica están implicados, en mayor o menor grado, gobiernos de todo el mundo.

Las personas recluidas en el contexto de ese programa son víctimas de desaparición forzada. Están privadas de libertad sin que nadie sepa dónde están y corren peligro de ser torturadas o de que las maten. El presidente Bush volvió a autorizar el programa en 2007.

Desde que Pakistán se unió a la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos ha pasado también a formar parte de la lista de países en los que se practica la desaparición forzada de personas. Entre las personas que han desaparecido hay ciudadano paquistaníes y extranjeros de quienes se sospechaba que tenían algún tipo de relación con grupos terroristas, así como opositores políticos del gobierno paquistaní que ejercían presión para logar mayores derechos para sus comunidades, como los baloches y sindis.

En el 25 aniversario, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó sobre 41.257 casos pendientes en 78 países. En el primer año del Día del Desaparecido, el Grupo de Trabajo había informado sobre 1.733 casos de desaparición en 11 países.

En el último año, las peores estadísticas nacionales remitidas al Grupo de Trabajo fueron las de Sri Lanka, donde actualmente hay 5.516 personas registradas como desaparecidas y se identificaron 30 nuevos casos de acción urgente en relación con presuntas desapariciones.

Las tendencias en la práctica de la desaparición de personas han cambiado a lo largo de los últimos 25 años. El Grupo de Trabajo y el Día del Desaparecido se crearon en unos momentos en que las desapariciones se producían en el contexto de los regímenes autoritarios de Latinoamérica.

En la actualidad, las desapariciones suelen producirse en países que padecen un conflicto interno, como Colombia, Sri Lanka, Nepal, Filipinas y Federación Rusa.

El 8 de agosto de 2007, Ibragim Gazdiev conducía el automóvil de su hermano cuando, según los informes, hombres armados que vestían uniforme de camuflaje lo capturaron en Karabulak, en la república rusa de Ingushetia. Lo rodearon, lo obligaron a entrar en otro vehículo y se lo llevaron. Desde entonces nadie ha vuelto a verlo.

Se cree que el servicio secreto federal ruso lo tiene recluido en régimen de incomunicación. Las autoridades, sin embargo, niegan tenerlo bajo su custodia.

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin al crimen de desaparición forzada.

La Asamblea General de la ONU adoptó el 20 de diciembre de 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención contra la Desaparición Forzada).

Esta Convención, uno de los más enérgicos tratados en materia de derechos humanos que jamás había aprobado la ONU, fue la culminación de años de intenso trabajo por parte de asociaciones de familiares de víctimas, ONG como Amnistía Internacional y gobiernos clave.

Elementos clave de la Convención son su definición de lo que es la desaparición forzada, el alcance de la jurisdicción extraterritorial que los Estados deben ejercer, sus disposiciones en materia de reparación y la constitución, para la aplicación de las disposiciones de la Convención, del Comité contra la Desaparición Forzada.

La Convención define del siguiente modo la desaparición forzada: "El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."

Amnistía Internacional pide a todos los Estados que ratifiquen sin demora la Convención contra la Desaparición Forzada, y que promulguen leyes efectivas para su aplicación conforme a sus obligaciones internacionales, trabajando de esta forma unidos para acabar con la desaparición forzada de personas, que es una de las peores violaciones de derechos humanos.

Hasta la fecha, Albania, Argentina, México y Honduras son los únicos Estados que han ratificado la Convención. Otros 73 la han firmado. Uno de los Estados que más recientemente la ha firmado ha sido Países Bajos, el 29 de abril de 2008.

La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED, por sus siglas en inglés) se constituyó en septiembre de 2007 con el objeto de promover la ratificación y aplicación de la Convención.

El sábado 30 de agosto, miembros de la ICAED en todos los continentes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de familiares de víctimas y grupos de base celebraron eventos conmemorativos del Día del Desaparecido.

Amnistía Internacional presta su apoyo a la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Puedes sumar tu firma a la carta abierta enviada a todos los gobiernos pidiendo que acaben con este crimen y garanticen justicia a las víctimas de desaparición y a sus familiares.

Participa y apoya nuestro esfuerzo para asegurar que víctimas y familiares tienen acceso a la justicia y que no caen en el olvido los crímenes cometidos en el pasado. Visita el sitio web de la ICAED en www.icaed.org

Amnistía Internacional acoge con satisfacción las condenas a cadena perpetua impuestas a dos ex militares argentinos

Fri, 29 Aug 2008 17:47:23 +0100

Dos ex militares argentinos del último régimen militar autoritario han sido condenados a una pena de cadena perpetua por el secuestro, la tortura y la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse en abril de 1976.

Amnistía Internacional ha manifestado que las condenas impuestas al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a su subordinado Antonio Bussi son un testimonio más de que los crímenes como la tortura y la desaparición forzada no tienen cabida en el mundo de hoy.

“Las penas impuestas a Bussi y Menéndez son prueba de los pasos que está dando Argentina para enfrentarse a su pasado”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también ha exhortado a las autoridades argentinas a tomar medidas más efectivas para proteger a los testigos, así como a asignar los recursos necesarios a la investigación sobre la suerte corrida por Jorge Julio López, desaparecido el 17 de septiembre de 2006, tras declarar como testigo de cargo en el juicio contra el ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz.

Información complementaria
Durante el gobierno militar que rigió Argentina desde 1976 hasta 1983, millares de personas fueron víctimas de “desaparición”, ejecución extrajudicial y tortura. Más de 9.000 personas están registradas oficialmente como desaparecidas durante la persecución sistemática desatada por el gobierno militar contra opositores de izquierda; sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han calculado que hubo 30.000 víctimas. Las leyes de amnistía argentinas, que eximían a las fuerzas de seguridad del procesamiento, fueron derogadas en junio de 2005.

Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, unidad regional con sede en Córdoba, y tuvo bajo su control uno de los centros de tortura más tristemente célebres del régimen militar. Antonio Bussi, de 82 años, encabezó las operaciones militares en Tucumán y posteriormente fue gobernador de la provincia tras el golpe de Estado militar de 1976. Córdoba y Tucumán figuraron entre las zonas más afectadas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Menéndez, otros seis oficiales de las fuerzas armadas y un civil fueron condenados también en julio de 2008 por el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de otras cuatro personas, delitos cometidos en 1977.

Siria: Amnistía Internacional acoge con satisfacción la liberación de un preso de conciencia

Tue, 12 Aug 2008 07:36:54 +0100

Amnistía Internacional expresó hoy su satisfacción por la liberación del preso de conciencia sirio ‘Aref Dalilah.

“Esperamos que la puesta en libertad de ‘Aref Dalilah, tanto tiempo postergada, vaya seguida de la liberación de todos los presos de conciencia de Siria”, ha dicho Amnistía Internacional.

‘Aref Dalilah, que ha cumplido siete años de una condena de diez, la mayoría en régimen de aislamiento, quedó en libertad tras una amnistía presidencial. No se sabe el motivo exacto de su liberación, pero tal vez sea el deterioro de su salud. Dalilah afirmó que no le comunicaron ninguna condición ni restricción para su libertad, pero no sabe si podrá viajar fuera del país.

Miles de miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo han hecho campaña en favor de la puesta en libertad de ‘Aref Dalilah desde que fuera detenido el 9 de septiembre de 2001, cuando la organización lo declaró preso de conciencia.

Hablando con Amnistía Internacional hoy, el doctor Dalilah afirmó: “Agradezco todos los esfuerzos que hicieron todos en Amnistía Internacional y a todas las personas que tomaron parte en acciones en mi favor. Estamos unidos en la lucha por la causa de la justicia y la democracia. Es una lucha que aún continúa".

‘Aref Dalilah fue una de las diez personas detenidas durante la “Primavera de Damasco”, breve periodo tras la toma de posesión de Bashar al-Assad como presidente, en julio de 2000, en el que las autoridades se mostraron más tolerantes hacia la libertad de expresión y las actividades reformistas. Dalilah fue el que recibió una pena más larga.

Amnistía Internacional ha dicho que la libertad de ‘Aref Dalilah no cierra el capítulo de las detenciones de la “Primavera de Damasco”, pues otros dos miembros del grupo que ya cumplieron sus condenas han vuelto a ser detenidos y actualmente están recluidos. Kamal al-Labwani ha sido condenado a otros 15 años por actividades en favor de la democracia, mientras que Habib Saleh está siendo juzgado por haber publicado artículos políticos en Internet.

En Siria sigue habiendo cientos de presos políticos, como las 14 personas detenidas desde finales de 2007 por participar en el grupo Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático, que aglutina a los grupos en favor de la democracia.

Notas a los encargados de prensa:
• ‘Aref Dalilah era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Aleppo,
pero fue destituido de su cargo, según los informes por expresar sin tapujos sus
opiniones sobre la corrupción gubernamental y pedir al gobierno una libertad de
expresión que fuera pareja a sus reformas económicas.
• Su detención en Damasco se produjo tras asistir a un seminario en el que se
analizaba la reforma política y fue parte de una campaña de represión más amplia de
las autoridades sirias contra los grupos de la sociedad civil entre agosto y
septiembre de 2001, en la que fueron detenidas al menos 10 personas.
• Dalilah fue condenado a 10 años de cárcel el 31 de julio de 2002 por el Tribunal
Supremo de Seguridad del Estado (SSSC), cuyos procedimientos distan mucho de
cumplir las normas internacionales, por “intentar modificar la Constitución por medios
ilegales”. La suya fue la pena más larga impuesta a las personas detenidas por
participar en la “Primavera de Damasco”.
• Según los informes, ‘Aref Dalilah fue golpeado en la cárcel de Adra antes de su
juicio. Su abogado, ‘Anwar al-Bunni, actualmente también preso de conciencia en la
cárcel de Adra, presentó un pañuelo ensangrentado como prueba de los golpes
durante la vista del SSSC del 3 de junio de 2002. El presidente del tribunal, un oficial
del ejército, lo expulsó de la sala y le prohibió indefinidamente el ejercicio de la
abogacía ante el SSSC.
• Actualmente ‘Aref Dalilah está gravemente enfermo. Padece diabetes y trombosis
del sistema venoso profundo, que le dificulta o le impide el flujo sanguíneo en la
pierna izquierda. En mayo de 2006, sufrió un ataque y perdió algo de sensibilidad en
la parte izquierda del cuerpo.

No debemos retroceder en Myanmar

Fri, 08 Aug 2008 13:08:22 +0100

Por Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar

"Debemos seguir adelante, avanzando, en Myanmar. No podemos retroceder”. Estas palabras me las dijo una persona participante en el alzamiento del "8888" de Myanmar que se vio obligada a huir del país. Sin embargo, veinte años después del breve florecimiento del poder popular en Myanmar, apenas ha mejorado nada para los millones de personas que continúan sufriendo, sometidas a un gobierno represivo.

Para que el futuro sea mejor, el Consejo de Seguridad de la ONU y los vecinos asiáticos de Myanmar deben dejar de pasar por alto las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país y comenzar a tomar medidas audaces y efectivas para ponerles fin.

El 8 de agosto de 1988, los estudiantes se echaron a la calle en Yangón (entonces todavía Rangún) para exigir democracia y derechos humanos al gobierno. Durante las seis semanas siguientes, las manifestaciones, cada vez más multitudinarias y con más apoyo popular, se extendieron por todo el país, hasta que intervinieron las fuerzas de seguridad y reprimieron violentamente el alzamiento: mataron a más de 3.000 personas y causaron la desaparición forzada de muchas otras, cuyo número exacto se desconoce.

La masacre conmocionó al mundo hasta el punto de que, dentro y fuera del país, muchas personas creyeron que con ella se ponía el punto final en Myanmar y que la comunidad internacional no iba a tolerar ya que se cometieran violaciones de derechos humanos en una escala tan atroz. Pero, por desgracia para la población de Myanmar, esas personas estaban equivocadas.

Durante casi 13 de los últimos 19 años, Daw Aung San Suu Kyi, líder del principal partido de oposición, galardonada con el Nobel de la Paz e icono del movimiento de derechos humanos birmano, ha estado sometida a alguna forma de detención. U Win Tin, de 78 años, alto cargo de su partido, lleva encarcelado los 19 años enteros. Desde 1988 se ha detenido a millares de presos políticos más; y 137 han muerto bajo custodia, en algunos casos por tortura o falta de atención médica.

En estos momentos hay más de 2.000 personas encarceladas, más de un tercio de las cuales fueron detenidas por el gobierno durante la represión violenta de las manifestaciones dirigidas por monjes en otoño del año pasado: la tercera gran serie de manifestaciones que ha organizado la población birmana desde el alzamiento del “8888” parareivindicar sus derechos, pese a encontrar implacable e intimidante resistencia. Sólo días después de la represión, monjes y disidentes llegados a la frontera entre Tailandia y Myanmar me contaron terribles relatos de la reciente violencia y de su huida a duras penas del país.

Fuera de las ciudades –y sin llamar la atención internacional– durante los últimos 20 años el ejército de Myanmar ha seguido también haciendo la guerra a las minorías étnicas del país, entre ellas los karen. Las campañas contra el Ejército de Liberación Nacional Karen son incesantes desde principios de la década de 1990. Hace tres años, el ejército comenzó otra gran ofensiva contra esta etnia, que continúa todavía, aunque esta vez evita activamente a dicho grupo y ataca, en su lugar, a campesinos indefensos.

El ejército está perpetrando de manera generalizada y sistemática diversas violaciones graves de los derechos humanos contra los karen, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzado, destrucción y confiscación de cultivos, restricción de la libertad de circulación, levas arbitrarias, imposición de multas y colocación de minas terrestres antipersonal.

Otro efecto de la represión del alzamiento del “8888” y de la persecución étnica es que en los dos últimos decenios centenares de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para buscar refugio en otras partes de Myanmar o en países vecinos. Al menos medio millón de personas, de una nación de alrededor de 51 millones de habitantes, están desplazadas internamente en Myanmar. Como yo mismo he comprobado, la mayoría viven en condiciones lamentables y con miedo constante, preguntándose si el mundo sabe siquiera que existen.

Algo menos de la mitad de ese número de personas están reconocidas como refugiados en los países vecinos, pero un número varias veces superior no están reconocidas oficialmente y tienen, por tanto, menos derechos todavía. Mientras otra generación entera de niños y niñas nacía en el exilio, muchos refugiados se han convertido en activistas de los derechos humanos –los miembros de la “generación del 88” de Myanmar– y figuran entre los más comprometidos y valientes del mundo.

Hace tres meses, el gobierno dejó abandonada intencionadamente a la población cuando el ciclón Nargis arrasó Myanmar. Trabajadores de agencias de ayuda humanitaria, diplomáticos, periodistas y supervivientes birmanos me dijeron una y otra vez con horror e incredulidad que el gobierno había violado los derechos humanos de sus propios ciudadanos, entre ellos el derecho a alimentos, abrigo y salud, y a la vida misma en escala masiva.

El gobierno se negó a desplegar su muy necesitado ejército de 400.000 soldados en las zonas afectadas y rechazó la ayuda internacional. En cambio, las autoridades consideraron adecuado obligar a una población traumatizada, desconsolada y hambrienta a “votar” en favor de una nueva Constitución que no protege los derechos humanos y que codifica la impunidad de los funcionarios que los violan.

El éxodo de refugiados de Myanmar y la respuesta del gobierno al ciclón han generado el tipo de sufrimiento humano para el cual se concibió el sistema de la ONU. Ésta ha enviado numerosas misiones oficiales y no oficiales a Myanmar desde 1988 —dos de ellas este mismo mes— y tiene una gran presencia humanitaria allí ahora, pero con muy poco o ningún impacto en los derechos humanos.

No obstante, el único órgano de la ONU con auténtico poder, el Consejo de Seguridad, no ha podido tomar medidas efectivas o no ha estado dispuesto a hacerlo. Ni ha visitado Myanmar para conseguir información de primera mano sobre la situación sobre el terreno ni ha impuesto un embargo exhaustivo y obligatorio de armas al país. La única resolución en que se condenaba el historial de Myanmar en materia de derechos humanos fue vetada en enero de 2007 por China y Rusia, dos de los miembros permanentes, mientras que Indonesa, que era miembro no permanente en ese momento, se abstuvo.

Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha emitido sólo dos declaraciones de la Presidencia sobre Myanmar, una en octubre de 2007, en la que se lamentaba terriblemente la represión de ese otoño, y otra en mayo de 2008, en la que se subrayaba la necesidad de que Myanmar garantizara la participación y la credibilidad en el referéndum constitucional que iba a celebrarse ese mes. China, Indonesia y Vietnam, entre otros Estados, se opusieron al uso de un lenguaje más contundente.

Aunque hay que expresar satisfacción por las declaraciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) críticas con la represión de otoño del año pasado y con el hecho de que Daw Aung San Suu Kyi continúe detenida, esta organización y sus países miembros han sido inexcusablemente indulgentes con el historial de Myanmar en materia de derechos humanos durante los últimos veinte años. India, que es un poderoso Estado vecino y una de las mayores democracias del mundo, también se ha mostrado alarmantemente comprensiva.

Como ocurrió con el alzamiento del “8888”, muchas personas esperan que la respuesta del gobierno al ciclón Nargis marque el final de tan enormes violaciones de derechos humanos en Myanmar. Sin embargo, que en esta ocasión sea así depende no sólo de la población birmana, cuya “Generación del 88" continúa abriendo con gran valor el camino, sino también de la voluntad política del Consejo de Seguridad de la ONU y de los vecinos asiáticos de Myanmar. Veinte años son mucho tiempo, pero no es demasiado tarde.

Este artículo se publicó originalmente en el Bangkok Post de Tailandia el 8 de agosto de 2008.

Ye Guozhu debe ser excarcelado de inmediato

Thu, 24 Jul 2008 12:42:55 +0100

Amnistía Internacional ha pedido hoy, 23 de julio de 2008, la excarcelación inmediata de Ye Guozhu, activista del derecho a la vivienda, detenido y condenado en diciembre de 2004 tras solicitar permiso para la celebración de una manifestación contra los desalojos forzosos en Pekín.

Las autoridades chinas afirman ahora que no excarcelarán a Ye Guozhu cuando se cumplan el próximo 26 de julio los cuatro años de la pena de prisión que se le impuso.

Tendrá que permanecer en prisión al menos hasta el 1 de octubre de 2008, cuando ya hayan finalizado los Juegos Olímpicos.

"Las autoridades van a mantener a Ye Guozhu en prisión para impedirle hablar de las personas que, como él, fueron desalojadas por la fuerza de sus casas en Pekín para obtener espacio para los Juegos Olímpicos", ha afirmado Amnistía Internacional.

"Esto está en total contradicción con las promesas que hizo China de mejorar la situación de los derechos humanos antes del inicio de los Juegos."

Según la familia de Ye Guozhu, las autoridades de la prisión de Chaobai les telefonearon el 22 de julio para informarles de que no debían acudir a la prisión a recibir a Ye el 26 de julio, fecha en la que debía ser excarcelado.

Al parecer, las autoridades penitenciarias afirmaron que la policía del distrito de Xuanwu, de Pekín, se lo había llevado. La policía del distrito de Xuanwu declaró más tarde que, por el bien de la familia y para que no tuviera problemas durante los Juegos Olímpicos, ellos se harían cargo de Ye Guozhu, pero no le permitirían volver a su casa hasta después del 1 de octubre de 2008. Se negaron a permitir que la familia pudiera ver a Ye Guozhu y tampoco desvelaron el lugar donde se encuentra detenido en este momento.

Ye Guozhu, a quien Amnistía Internacional considera preso de conciencia, fue condenado por "buscar pelea y causar disturbios" y su oposición a la confiscación y demolición de propiedades a fin de obtener espacio para los nuevos proyectos de construcción destinados a los Juegos Olímpicos del próximo mes.

El restaurante y la vivienda de Ye Guozhu eran algunas de las muchas propiedades confiscadas tras el desalojo por la fuerza de un gran número de residentes de la zona, llevado a cabo por las autoridades del distrito de Xuanwu, en Pekín, y los promotores inmobiliarios. Ye Guozhu no recibió a cambio compensación alguna.

Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 17:06:48 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

Activista liberada en Uzbekistán

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

La defensora de los derechos humanos uzbeka Mutabar Tadzhibaeva, condenada en 2006 a ocho años de prisión, fue puesta en libertad de forma inesperada el lunes 2 de junio.

Esta presa de conciencia, galardonada el mes pasado con el Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos de 2008, fue llevada en automóvil a su casa de Margilán, donde se reunió con su familia. Tadzhibaeva ha expresado su agradecimiento a las ONG, entre ellas Amnistía Internacional, que hicieron campaña para conseguir su libertad.

“Pasé 900 días en una ‘isla de la tortura’, 700 de ellos en régimen de aislamiento –ha manifestado Tadzhibaeva–. Sólo conseguí soportarlo gracias al apoyo de la gente que sentía preocupación por mi suerte. Fue lo único que me infundió las fuerzas necesarias. Quiero agradecerles que no hayan olvidado a mis seres queridos: eso me ayudó a permanecer firme.”

Mutabar Tadzhibaeva fue arrestada en mayo de 2005 tras criticar la reacción del gobierno uzbeko frente a la matanza de Andiyán. El 7 de marzo de 2006 la condenaron a ocho años de cárcel por 17 cargos diferentes, entre ellos “difamación” y “pertenencia a una organización ilegal”.

Según el hermano mayor de Mutabar, ésta no sabía que le iban a devolver la libertad sino que creía que la llevaban a un hospital de Tashkent para someterla a exámenes médicos. El hermano de Mutabar dijo que la defensora de los derechos humanos estaba pálida y había adelgazado, pero que su estado emocional era satisfactorio.

La liberación de Tadzhibaeva fue acogida con satisfacción por la comunidad de activistas de los derechos humanos, que atribuyeron la medida a la presión internacional. Los seis años que le quedaban por cumplir de su condena de ocho años han sido conmutados por una pena condicional de tres años.

Los activistas de Tiananmen deben quedar en libertad

Fri, 30 May 2008 18:53:02 +0100

El miércoles 4 de junio de 2008 se cumple el decimonoveno aniversario de la represión por el gobierno chino de las manifestaciones en favor de la democracia celebradas en la plaza de Tiananmen de Pekín y en sus alrededores.

Durante las manifestaciones que allí se celebraron en 1989 en favor de la democracia, el ejército chino mató a cientos de civiles e hirió a miles más, y decenas de miles de personas fueron detenidas. Con posterioridad, fueron muchos más los activistas a los que se encarceló por cuestionar o recordar al gobierno su actuación de aquel entonces.

Cuando faltan dos meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de Pekín, Amnistía Internacional vuelve a pedir a las autoridades chinas que pongan en libertad a las personas que aún permanecen encarceladas por estos motivos, que lleven ante la justicia a los responsables de la represión y que permitan las muestras de duelo y los actos públicos en recuerdo de las víctimas. Esta actitud garantizaría en gran medida un legado positivo de los Juegos Olímpicos en materia de derechos humanos.

El 2 de junio, desde Londres a Tel Aviv o Ciudad de México, se manifiestan miles de simpatizantes de Amnistía Internacional. Muchos de ellos depositarán flores rojas y blancas en solidaridad con los familiares de las personas muertas y encarceladas. Muchos guardarán también un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto ocurrido recientemente en la provincia china de Sichuan.

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que reaccionen con prontitud y sensibilidad a las necesidades de las numerosas víctimas de esta catástrofe natural.

En el decimonoveno aniversario de la represión de las manifestaciones en favor de la democracia, Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que muestren una sensibilidad similar respecto a los familiares de las personas que murieron y de las encarceladas o silenciadas por ejercer su derecho a manifestarse.

Las estadísticas oficiales son secretas, pero según la Fundación Dui Hua, con sede en Estados Unidos, siguen en prisión entre 60 y 100 personas por estos motivos. El año pasado, en vísperas de aniversario, la Red China de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos hizo pública una lista de 13 personas privadas de libertad por estos motivos, sólo en Pekín. Las autoridades chinas pusieron en libertad a varias en 2006, pero siguen ejerciendo sobre ellas una estrecha vigilancia policial e impidiéndoles la realización de actividades consideradas políticamente delicadas, como hablar con periodistas sobre sus experiencias.

Entre las personas que permanecen en prisión se encuentran:

Miao Deshun, detenido en junio de 1989 y declarado culpable de incendio premeditado. La pena que se le impuso en un principio, condena de muerte condicional, se rebajó en 1991 a cadena perpetua y en 1998 a 20 años de cárcel. En la actualidad se encuentra recluido en la prisión de Yanqing, en los alrededores de Pekín, y está previsto que quede en libertad el 15 de septiembre de 2018.

Liu Zhihua formaba parte de un grupo de trabajadores que organizaron una huelga en la planta de maquinaria eléctrica de Xiangtan, en la provincia de Hubei. Tras ser condenado en un principio a cadena perpetua por pronunciar discursos “contra el gobierno” e incitar a la multitud a realizar “actos de violencia física, destrozos y saqueos”, le rebajaron la pena a 15 años de prisión en septiembre de 1993, pero en 1997 le impusieron otros cinco años de cárcel tras verse envuelto en una riña. Después de que en 2001 le rebajaran otros dos años de pena por buena conducta, está previsto que quede en libertad el 16 de enero de 2011.

Wang Jun, trabajador de la provincia de Shaanxi que contaba entonces 18 años, recibió una condena a muerte condicional por lanzar piedras, romper farolas y prender fuego a varios vehículos durante los “graves disturbios políticos” ocurridos en la fábrica Xincheng, en la ciudad de Xi'an, el 22 de abril de 1989. En la actualidad se encuentra en la prisión de Fuping, en la provincia de Shaanxi. Después de cuatro reducciones de la pena, está previsto que quede en libertad el 11 de diciembre de 2009.

Más recientemente se ha acosado, detenido y encarcelado a periodistas y a otros activistas que trataban de que la represión no cayera en el olvido. Entre ellos se encuentran:

Las Madres de Tiananmen, grupo de activistas de derechos humanos con hijos y otros parientes cercanos muertos durante la represión, que desde hace tiempo vienen pidiendo a las autoridades chinas que concedan a los familiares de las víctimas el derecho a recordarlas en público, dejen de perseguir a las víctimas y a sus familiares, pongan en libertad a todas las personas que siguen encarceladas por haber participado en manifestaciones pacíficas y lleven a cabo una investigación completa y pública sobre los sucesos ocurridos en junio de 1989. Las autoridades siguen hostigándolas, discriminándolas y deteniéndolas de forma arbitraria.

Yang Tongyan, escritor independiente que utiliza el pseudónimo de Yan Tianshui, continúa cumpliendo 12 años de cárcel en la prisión municipal de Nanquín, en la provincia de Jiangsu, por “actos subversivos” relacionados con varios cargos, como escribir en apoyo de cambios democráticos y políticos en China. Anteriormente había cumplido diez años de cárcel por haber criticado la represión del movimiento en favor de la democracia registrado en 1989 y por el presunto intento de formar un partido político de oposición. En 2007, según los informes, lo obligaron a trabajar en la confección de pelotas de fútbol y baloncesto en un entorno manifiestamente tóxico entre 8 y 10 horas diarias, pero a finales de año le asignaron un trabajo más ligero, el de bibliotecario de la prisión.

Shi Tao sigue cumpliendo 10 años de cárcel por haber enviado en un mensaje de correo electrónico el resumen de un comunicado del Departamento Central de Propaganda sobre el modo como debían tratar los periodistas el decimoquinto aniversario de la represión del movimiento en favor de la democracia registrado en 1989. A finales de junio de 2007 fue trasladado a la prisión de Deshan, en la ciudad de Changde (provincia de Hunan), donde al parecer sus condiciones de reclusión son mejores, y ahora le permiten recibir visitas de su madre con regularidad. Según los informes, el Tribunal Supremo Popular ha aceptado a trámite una petición para que se revise su causa, pero hasta el momento no se han producido más reacciones.

En septiembre de 2004, el ex activista sindical Kong Youping fue condenado a 15 años de cárcel por haber publicado artículos y poemas en Internet en los que pedía que se examinara de nuevo el movimiento en favor de la democracia registrado en 1989. Está cumpliendo su condena en la prisión de Lingyuan, en la provincia de Liaoning.

El secreto hace que aumenten los abusos contra los derechos humanos en Sri Lanka

Fri, 02 May 2008 18:22:04 +0100

Con mucha frecuencia, garantizar el respeto de los derechos humanos en el mundo depende de la información imparcial y rigurosa de los medios de comunicación, pues si no se sacan a la luz para someterlos al escrutinio público, los abusos, ocultos por el secreto y la negación, pueden aumentar.

La importancia de los medios de comunicación en las situaciones de conflicto es indudable, pues sin noticias, imágenes y filmaciones de los combates y la violencia nadie sabe lo suficiente para ejercer presión sobre los participantes a fin de garantizar que se respetan los derechos humanos.

Esta información es especialmente necesaria en Sri Lanka, donde se cree que todas las partes en el conflicto tienen un número muy alto de bajas y hay gran cantidad de civiles atrapados en medio de las hostilidades. Todas las partes son responsables de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su preocupación por el incremento del número de víctimas civiles desde que, a principios de año, comenzaran a aumentar los ataques indiscriminados en el norte, el este y el sur del país.

A pesar de su alto coste humano, la guerra de Sri Lanka es un conflicto en el que los periodistas sufren restricciones injustificadas a la hora de informar, y hay muy pocos hechos que se den por establecidos. De hecho, ambos bandos se contradicen mutuamente una y otra vez.

El conflicto de Sri Lanka enfrenta a las fuerzas del gobierno, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y los grupos armados tamiles presuntamente alineados con el gobierno. Como señaló Amnistía Internacional en su informe de febrero Silenciar la disidencia, Sri Lanka es un país donde se silencia a los medios de comunicación con amenazas, restricciones y violencia para que no informen sobre la guerra.

El conflicto del norte y el este del país ha seguido intensificándose desde 16 de enero de 2008, cuando terminó la tregua que se había acordado. La retirada de la Misión de Observación en Sri Lanka, encargada de vigilar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego de 2002, ha dejado un vacío en lo que respecta a contar con información independiente de las violaciones de derechos humanos. Debido a ello, es aún más urgente que se permita a los profesionales del periodismo informar sin restricciones indebidas y documentar los abusos sobre el terreno.

Sin embargo, a menudo se impide el acceso de periodistas a las zonas en conflicto. Los Tigres de Liberación no permiten la información independiente en las zonas bajo su control, mientras que el gobierno oculta el coste de la guerra.

Según el Movimiento de Medios de Comunicación Libres, organización de vigilancia de los medios de comunicación con sede en Colombo, la semana pasada las autoridades del gobierno de Sri Lanka prohibieron la entrada de periodistas en hospitales de la capital donde se estaba atendiendo a soldados del Ejército de Sri Lanka heridos en combate a finales de abril.

Según la Federación Internacional de Periodistas, 25 profesionales de la minoría tamil han huido de la península de Jaffna, donde las fuerzas del gobierno combaten contra rebeldes de los Tigres de Liberación.

Hace ya dos años que Suresh Kumar y Rajiv Kumar, miembros del personal de servicio del periódico de Jaffna Uthayan, fueron abatidos a tiros en la sede del periódico el 2 de mayo de 2006. Esta publicación ha sido objeto de intensos ataques debido a su presunta postura nacionalista tamil. Desde comienzos de mayo de 2006, han sido víctimas de homicidio en Jaffna siete trabajadores de medios de comunicación, entre ellos cuatro de Uthayan.

Unos hombres armados que circulaban en motocicleta atacaron la oficina y, puesto que los periodistas a los que parecía que iban buscando no estaban, mataron a los dos trabajadores. Los homicidas aún no han sido detenidos.

"Publicar nuestro diario en Jaffna es una tarea cada vez más hercúlea y peligrosa –ha manifestado el director de Uthayan-, pues hay hombres armados que amenazan continuamente nuestro trabajo y nuestra vida.”

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha tenido noticia de ninguna investigación que haya hecho posible la detención y procesamiento de los presuntos responsables de los homicidios de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.

Otro caso es el del periodista Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam, detenido el 7 de marzo y recluido desde entonces en el centro de detención de la División de Investigaciones de Terrorismo de Colombo. Las autoridades han afirmado que está detenido como sospechoso de vinculación con los Tigres de Liberación, pero no se han presentado cargos contra él.

Amnistía Internacional ha manifestado que su detención es arbitraria. El periodista podría quedarse ciego si no recibe atención médica especializada, pues padece una grave dolencia ocular.

En total, desde comienzos de 2006 han sido víctimas de homicidio ilegítimo en Sri Lanka al menos 10 trabajadores de los medios de comunicación. Otros han sido detenidos arbitrariamente, han sufrido tortura y han desaparecido, al parecer, bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Prensa en 2008, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Sri Lanka a que proteja a los trabajadores de los medios de comunicación y garantice su derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, conforme a las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.

La organización ha pedido también al gobierno que respete a los trabajadores de los medios de comunicación y anuncie públicamente que no se tolerarán los homicidios, amenazas y demás ataques y que se investigarán con prontitud y de manera independiente, imparcial y efectiva todos los casos de agresión, desaparición y homicidio de trabajadores de los medios de comunicación, independientemente de la identidad de los responsables y de las víctimas.

La organización pide también a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que ordenen a todos sus miembros poner fin a los homicidios, amenazas y demás ataques contra trabajadores de los medios de comunicación. Todas las partes en el conflicto deben dejar de atacar a periodistas.