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Suspensión de ejecuciones por lapidación, un paso acogido con satisfacción si se lleva a cabo

Fri, 15 Aug 2008 14:38:04 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el anuncio realizado la semana pasada por el portavoz de la magistratura iraní de que se ha suspendido la ejecución por lapidación y que se ha conmutado la condena a varias mujeres, cuyos nombres se desconocen, que se enfrentaban a esta pena.

"La lapidación es una práctica horrible, diseñada para aumentar el sufrimiento de las personas condenadas a muerte y no tiene cabida en el mundo moderno –declaró Amnistía Internacional–. Esperamos que las autoridades iraníes garanticen que no se volverá a usar esta pena espantosa."

La mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación han sido mujeres. En virtud de la legislación iraní y ante los tribunales iraníes, las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Además, puesto que el analfabetismo es superior entre las mujeres, es más probable que firmen confesiones relativas a delitos que no cometieron y que se las someta a juicios injustos.

"La suspensión de las lapidaciones es un paso que, si bien se debería haber producido mucho antes, se acoge con satisfacción y supone un homenaje a los valerosos esfuerzos de las personas que defienden los derechos humanos en Irán –manifestó Drewery Dyke, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional–. No obstante, se incumplió una suspensión anterior de las ejecuciones por lapidación, por lo que estaremos observando vigilantes para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar".

En 2002, el presidente de la Magistratura anunció que se había acabado con el uso de la lapidación como método de ejecución. Sin embargo, según informes, en Mashad, en 2006, se lapidó hasta la muerte a un hombre y a una mujer. El 5 de julio de 2007 se llevó a cabo una nueva ejecución por lapidación: Ja'far Kiani fue ejecutado en la provincia de Qazvin tras haber sido condenado por adulterio.

"Realmente está en manos del Parlamento [que actualmente está considerando la propuesta de un nuevo código penal] reformar la legislación y garantizar que no se vuelva a permitir nunca más la celebración de ejecuciones por lapidación", añadió Drewery Dyke.

La anunciada suspensión de las lapidaciones se produce a raíz de una acción concertada por los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Irán, quienes, desde octubre de 2006, han puesto en marcha la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre". Se cree que sus esfuerzos, junto con la publicidad local e internacional que han generado y el apoyo de Amnistía Internacional y de otras organizaciones han ayudado a evitar que al menos cinco personas fueran lapidadas.

Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio relativo a la suspensión de las lapidaciones, la organización continúa exhortando a las autoridades iraníes para que pongan fin a otras penas crueles e inhumanas, como el flagelamiento y la amputación de los miembros prescrita en algunas disposiciones –si bien es cierto que rara vez se ponen en práctica–, y para que adopten otras medidas que conlleven una reducción del uso de la pena de muerte.

El Código Penal iraní existente estipula que la pena aplicable por el delito de adulterio cometido por personas casadas es la ejecución por lapidación. Dispone, incluso, que las piedras deben ser suficientemente grandes como para que causen dolor, pero no tanto como para que maten a la víctima inmediatamente.

Las personas que defienden los derechos humanos en Irán continúan enfrentándose a detenciones, acoso e intimidación por parte de las autoridades. En marzo de 2007, mientras protestaban por la celebración en Teherán del juicio a cinco activistas en favor de los derechos de las mujeres, se detuvo a 33 mujeres, entre ellas, algunas participantes en la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre".

Manifestantes surcoreanos denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

Fri, 06 Jun 2008 18:17:04 +0100

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso de fuerza excesiva por parte de la policía surcoreana contra manifestantes que protestaban por las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos.

Más de 300 personas fueron detenidas durante las vigilias con velas que se celebraron los días 31 de mayo y 1 de junio.

La policía utilizó extintores de incendios y cañones de agua disparados desde escasa distancia contra manifestantes en gran parte pacíficos, causando lesiones graves como ceguera, fracturas de huesos y conmociones cerebrales.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de informes según los cuales la policía antidisturbios rodeaba a grupos de personas y detenía arbitrariamente a todas las que eran capturadas en este proceso, incluidos manifestantes pacíficos, circunstantes y transeúntes. Varias personas detenidas denunciaron violencia policial en el momento de su detención y después de ésta.

Entre las personas golpeadas y detenidas se hallaba un hombre de 27 años. Agentes de policía le propinaron patadas y lo golpearon con porras y escudos.

Cuando el director de la Sección Coreana de Amnistía Internacional, Kim Hee-jin, lo visitó en la comisaría de policía de Hyehwa el 2 de junio, tenía la cara hinchada y presentaba cortes y rasguños en la cara y en un brazo. Sufría dolores en la cabeza y en el pecho como resultado de los golpes recibidos. Aunque estaba herido y sus dolores eran evidentes, la policía no le proporcionó atención médica durante las 48 horas de su detención.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Corea del Sur que investiguen de inmediato los informes sobre uso de fuerza excesiva.

“El recurso a la violencia por parte de la policía ha enfurecido a muchos manifestantes pacíficos y ha incrementado la posibilidad de violencia”, ha afirmado Norma Kang Muico, investigadora de Amnistía Internacional sobre Corea. “El gobierno debe aprovechar la ocasión del aniversario de las protestas de 1987 para demostrar su compromiso con los derechos humanos y el Estado de derecho.”

Asimismo, la organización ha pedido a las autoridades que garanticen la seguridad de las personas en las protestas que tengan lugar en el futuro. Se teme que se produzcan nuevos actos de violencia y nuevas detenciones con motivo de la inminente concentración convocada para el 10 de junio para conmemorar el aniversario del alzamiento democrático de 1987 que desembocó en elecciones libres y reformas políticas.

Desde principios de mayo, decenas de miles de personas se han manifestado en contra de la reanudación de las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos por temor a la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.

La Marcha del Orgullo que se celebrará en Riga necesita protección

Thu, 22 May 2008 15:49:28 +0100

El próximo 31 de mayo, la organización letona Mozaika, defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, tiene previsto celebrar una Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en el centro de Riga, la capital de Letonia.

Los actos de este tipo que se celebraron en 2005 y 2006 fueron prohibidos o no contaron con la protección adecuada contra los ataques de las personas asistentes a una contramanifestación en la que se mostraron actitudes homofóbicas.

En 2007 se celebró en el interior de un parque de Riga la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Recibió la protección policial adecuada, pero se vio empañada por el gran número de contramanifestantes que corearon insultos homofóbicos en el exterior del parque. Alguien arrojó dos dispositivos explosivos caseros al interior del parque, en donde hicieron explosión.

Este año, Mozaika también se ha encontrado con problemas al intentar organizar la marcha. Ha tenido dificultades a la hora de conseguir que el Ayuntamiento de Riga le conceda el permiso para celebrarla; sin embargo, finalmente se ha autorizado la celebración, el 31 de mayo, de la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en una importante calle de Riga.

Sin embargo, será necesario que agentes encargados de cumplir la ley protejan del modo adecuado a los asistentes, ya que es probable que la marcha se convierta en objetivo de contramanifestantes.

Llamamiento al Ayuntamiento de Riga para que ofrezca protección a la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico 2008

Escriban al Ayuntamiento de Riga expresando su satisfacción por haber autorizado la celebración de la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en una importante calle de Riga y pidiendo que garantice su celebración y la protección de sus asistentes.

Nepal amenaza con reprimir las protestas contra los Juegos Olímpicos

Tue, 22 Apr 2008 16:14:30 +0100

Amnistía Internacional ha condenado la amenaza de Nepal de recurrir a la violencia para impedir las protestas contra China cuando la antorcha olímpica llegue al monte Everest.

El Ministerio del Interior nepalí ha asegurado que utilizará a “la fuerza, incluidas armas de fuego [...] para impedir las protestas contra China” cuando el relevo de la antorcha olímpica llegue al monte Everest a principios de mayo. La amenaza sucede a una serie de medidas represivas adoptadas contra manifestantes pacíficos protibetanos que fueron inconstitucionales. Desde el 10 de marzo, se ha detenido arbitrariamente al menos a 2.000 personas.

El gobierno nepalí está ampliando las acciones ilegales de la policía contra tibetanos en Nepal y vulnerando sistemáticamente sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso judicial y la libertad de circulación, reunión y expresión.

“Los miembros de la comunidad de refugiados tibetanos se han enfrentado en los últimos días a medidas policiales cada vez más punitivas dirigidas a amordazar la libertad de expresión, incluidas amenazas de expulsión arbitraria a China. Las declaraciones que amenazan con el uso de medios letales representan una escalada inaceptable”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades de Nepal deben garantizar que sus agentes reciben la formación y el material adecuados para emplear medios no violentos de control de multitudes antes de recurrir, si fuera estrictamente necesario, al uso de la fuerza. Las armas de fuego sólo se pueden utilizar como último recurso cuando hay vidas en peligro. El gobierno de Nepal debe cerciorarse de que sus agentes actúan sujetos a una estricta normativa relativa al empleo de tales métodos y un estricto sistema de rendición de cuentas.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Nepal que la actuación policial se ajuste al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Aumenta la violencia postelectoral en Zimbabue

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

La población de Zimbabue tiene poco que celebrar el viernes 18 de abril, 28º aniversario de la independencia del país. Los resultados de las elecciones presidenciales no se han hecho públicos todavía, casi tres semanas después de que el país acudiera a las urnas el 29 de marzo de 2008, y aumenta el número de atraques violentos contra partidarios de la oposición.

Amnistía Internacional ha recibido informes confirmados de una muerte y de más de 240 personas heridas como consecuencia de la violencia postelectoral patrocinada por el Estado en Zimbabue. De esas 240 personas, 18 están hospitalizadas con lesiones graves.

El número de víctimas ha aumentado bruscamente desde que el opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés) convocó una huelga general el martes 15 de abril. Sólo el 17 de abril los médicos trataron 42 casos registrados.

Al menos 150 personas han sido detenidas desde el 14 de abril, y en la mañana del 18 de abril estaban recluidas sólo en la comisaría de policía de Harare Central.

La violencia parece haberse dirigido contra los simpatizantes activos del MDC y sus familias, en particular contra personas que viven en zonas rurales y en suburbios de bajo nivel económico, donde el MDC parece haber obtenido más votos que el partido en el poder, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Las provincias de Mashonaland Oriental y Occidental se han visto especialmente afectadas y el número de episodios de violencia de los que se tiene noticia va en aumento en Harare.

Algunas víctimas denuncian haber sido amenazadas de muerte si no votaban “correctamente” en la segunda vuelta de los comicios en el caso de que no hubiera un vencedor claro de las elecciones presidenciales.

Se han destruido casas, reservas de alimentos y ganado de muchas de las víctimas, que ahora son personas desplazadas. Según los informes, cientos de viviendas rurales han sido incendiadas en Manicaland y Mashonaland Oriental.

Entre los autores materiales de la violencia se cuentan los llamados “veteranos de guerra” y simpatizantes del partido en el poder, así como agentes de policía y soldados. Se ha acusado a agentes estatales de actuar en estrecha colaboración con simpatizantes de ZANU-PF. Se han producido secuestros de personas en sus hogares a manos de miembros del ejército, de uniforme o vestidos de civil, así como de simpatizantes de ZANU-PF.

Un activista del MDC en la provincia de Mashonaland Occidental murió el 13 de abril acuchillado por simpatizantes de ZANU-PF a la puerta de su casa, según informes locales. Su hermano, de 58 años y también miembro del MDC de la provincia de Mashonaland Occidental, informó de que tres grupos de unos 60 simpatizantes de ZANU-PF llegaron a su casa y comenzaron a arrojar piedras mientras le decían que saliera porque querían “meterle en cintura”.

Aunque otros nueve miembros del MDC también se congregaron ante su casa y respondieron lanzando piedras, eran muy inferiores en número a los simpatizantes de ZANU-PF. Éstos lograron entrar en la casa y secuestraron a su hermano.

La víctima recibió dos cuchilladas en el estómago y murió allí mismo. El hermano del fallecido también sufrió heridas graves y tuvo que ser hospitalizado. El caso fue denunciado a la policía, pero según los informes los agentes dijeron que tenían demasiado miedo para intervenir.
Una mujer de 21 años en Harare, activista del MDC, fue despertada en plena noche del 30 de marzo de 2008 por simpatizantes de ZANU-PF después de que hubiera estado celebrado la victoria de concejales del MDC en las elecciones. Los simpatizantes de ZANU-PF la sacaron de su casa y le propinaron golpes con los puños y con vergajos (sjamboks).
Un hombre de 30 años de la provincia de Mashonaland Oriental denunció que, el 9 de abril, hacia las 11 de la noche, un grupo de “veteranos de guerra” incendió tres casas. Los habitantes habían sido avisados previamente de lo que iba a suceder y habían huido a la maleza.
En otro incidente, nueve personas de una zona residencial de Harare fueron secuestradas, mientras asistían a un funeral, por miembros de la Unidad de Apoyo de la Policía de la República de Zimbabue y otras personas, presuntos integrantes del Ejército Nacional de Zimbabue vestidos de civil.
El 16 de abril, 22 personas fueron secuestradas por soldados y simpatizantes de ZANU-PF en sus casas en un populoso suburbio de las afueras de Harare en las primeras horas de la mañana. A algunas de estas personas les propinaron patadas con los pies calzados con botas y las golpearon con las manos abiertas por todo el cuerpo.

En algunos casos, simpatizantes de ZANU-PF y miembros del ejército forzaron las puertas para entrar en las viviendas de las víctimas, que no fueron informadas de los cargos que se les imputaban ni en el momento de la detención ni después de llevarlas a comisarías de policía.

En una declaración publicada en periódicos de aproximadamente siete países de África Meridional con ocasión del Día de la Independencia de Zimbabue, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kjhan, hace un llamamiento al presidente Robert Mugabe, en su calidad de jefe del Estado y jefe del partido gobernante, ZANU-PF, para que denuncie y ponga fin a todos los abusos contra los derechos humanos, incluidos los ataques violentos de soldados, policía, “veteranos de guerra” y simpatizantes de ZANU-PF.

Irene Khan también hace un llamamiento al director general de la policía, al comandante en jefe del Ejército Nacional de Zimbabue y al presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de Zimbabue.

La secretaria general de AI insta a los líderes de África Meridional a redoblar sus esfuerzos diplomáticos para impedir que continúe el deterioro de la situación de los derechos humanos en Zimbabue y a reconocer y expresar preocupación públicamente por los abusos contra los derechos humanos que perpetran miembros de organizaciones de seguridad del Estado, “veteranos de guerra” y simpatizantes de ZANU-PF.

La oposición de Zimbabue, objetivo de agresiones

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

Los partidos de oposición de Zimbabue se han quejado de la violencia ejercida contra personas a quienes se tiene por simpatizantes suyos. Ha habido denuncias de participación de la policía y el ejército en algunos incidentes ocurridos durante el periodo postelectoral.

Amnistía Internacional ha recibido información sobre incidentes de violencia postelectoral generalizados, lo que apunta a la existencia de represalias coordinadas contra quienes son o se sospecha que son partidarios de la oposición. Se ha informado de violencia en Harare y en las provincias de Mashonalandia Oriental, Midlands, Matabelelandia Septentrional y Manicalandia.

Según los informes, en zonas rurales, municipios y granjas, se ha sacado a las víctimas de la violencia política de autobuses y se las ha agredido en sus propias casas.

En Gweru, el domingo 6 de abril o alrededor de esa fecha, unos soldados agredieron, según informes, a las personas que se encontraban en un bar del centro comercial de Mkoba 6. Las víctimas contaron a grupos locales de derechos humanos que los soldados las habían acusado de “no votar bien”.

El lunes 7 de abril o alrededor de esa fecha, varios soldados también agredieron a personas que realizaban sus compras en el centro comercial de Mkoba 14 de Gweru. Según los informes, llevaban vestimenta antidisturbios y agredieron a la gente con bastones.

El 6 de abril, unos 10 soldados y 2 personas con uniforme de la policía se presentaron alrededor de medianoche en casa de un conocido activista del Movimiento por el Cambio Democrático en Mkoba 14, en Gweru, y lo agredieron, a él y a dos amigos suyos, dándoles patadas y golpeándolos con bastones policiales. El activista sufrió lesiones por las que necesitó atención médica. Aunque se informó a la policía de lo ocurrido, aún no se ha detenido a nadie.

En una declaración publicada el jueves 10 de abril, Amnistía Internacional acogió con satisfacción el anuncio de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral de celebrar una reunión de urgencia en Lusaka el 12 de abril para hablar de la crisis de Zimbabue. La organización pidió a los líderes de la Comunidad que intensificaran sus esfuerzos diplomáticos para evitar un nuevo empeoramiento de la crisis de derechos humanos del país.

“Los líderes de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral deben pronunciarse y reconocer públicamente las violaciones de derechos humanos perpetradas por organizaciones de seguridad, veteranos de guerra y partidarios de partidos políticos –ha manifestado Simeon Mawanza, investigador de Amnistía Internacional sobre Zimbabue-. Tienen que insistir en que se ponga fin a la violencia política.”

“La Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral debe reconocer también públicamente que una de las causas de la creciente tensión de Zimbabue es la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones presidenciales. Tiene que instar a la Comisión Electoral de Zimbabue a que los haga públicos de inmediato.”

“Se ha permitido durante demasiado tiempo a Zimbabue actuar al margen del sistema de derechos humanos de la Unión Africana y las Naciones Unidas, por lo que se ha consolidado una cultura de impunidad en el país”, ha afirmado Mawanza.”

Zimbabue: Llamamiento a la policía para que no tome partido

Thu, 03 Apr 2008 21:48:11 +0100

El 29 de marzo de 2008, la población zimbabuense participó en los comicios presidenciales, legislativos y municipales. Según los resultados dados a conocer por la Comisión Electoral de Zimbabue, el principal partido de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), encabezado por Morgan Tsvangirai, consiguió 99 escaños.

La Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) obtuvo 97, la facción del MDC dirigida por Arthur Mutambara logró 10 y un candidato independiente consiguió uno.

Aunque en general la situación permanece tranquila y los partidos políticos se muestran comedidos, hay inquietud y preocupación entre la población a causa de la tardanza en hacer públicos los resultados de las elecciones presidenciales por parte de la Comisión Electoral de Zimbabue.

Ante esta situación extremadamente delicada, Amnistía Internacional insta al director general de la Policía de la República de Zimbabue a garantizar que los agentes a su mando continúan actuando de forma imparcial y respetando los derechos de todas las personas.

La Ley Electoral establece que, si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene más del 50 por ciento de los votos, en el plazo de 21 días deberá celebrarse una segunda ronda entre los dos candidatos que hayan conseguido el mayor número de ellos.

En caso de que deba celebrarse una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Zimbabue para que respete plenamente el derecho de reunión y asociación pacífica de todos los partidos políticos y candidatos.

El gobierno de Zimbabue debe garantizar que los agentes de policía actúan con contención al llevar a cabo su trabajo durante las manifestaciones pacíficas. Las personas detenidas y recluidas deben disfrutar de todos sus derechos mientras se encuentren bajo custodia policial, y debe permitirse que tengan acceso a alimentos, agua y asistencia médica y letrada.

Las bandas y la policía causan estragos en las zonas pobres de las ciudades de Jamaica

Tue, 01 Apr 2008 15:07:01 +0100

Los jamaicanos y jamaicanas que viven en las zonas pobres de las ciudades están a merced de las bandas y de agentes de policía abusivos que en contadas ocasiones comparecen ante la justicia, si es que llegan a comparecer, para responder de abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional revela en un nuevo informe cómo las autoridades jamaicanas desatienden deliberadamente a las comunidades más pobres al no ocuparse de la violencia –y sus causas– que está destrozando las zonas deprimidas de las ciudades. Esto incluye en particular métodos abusivos de actuación policial que propician cientos de incidentes con arma de fuego y resultado de muerte y de ejecuciones extrajudiciales.

“La población jamaicana que vive en las zonas pobres de las ciudades está pagando con su vida el precio de esta crisis de seguridad pública. Son rehenes del interminable enfrentamiento entre bandas de delincuentes y agentes de policía que matan con impunidad”, manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Jamaica cuenta con uno de los índices de violencia y homicidios a manos de la policía más elevados de América, con unos 1.500 homicidios y la policía dio muerte a 272 personas en 2007. Los líderes de las bandas se sirven del vacío que deja la ausencia del Estado para controlar amplísimos aspectos de las vidas de las personas que viven en las zonas urbanas deprimidas, como la recaudación de “impuestos”, la asignación de empleos, la distribución de alimentos y el castigo a quienes infringen las normas de la banda.

“Las bandas de delincuentes constituyen una pequeña proporción de la población de las comunidades, pero sus actividades son devastadoras: tienen a miles de personas viviendo con un miedo constante, y ofrecen una excusa a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general para calificar de delincuentes a todos los miembros de la comunidad”, declaró Kerrie Howard.

A pesar de la violencia, los miembros de las comunidades se muestran reacios a denunciar los abusos por el temor a las represalias de los dirigentes de las bandas, la falta de confianza en el sistema judicial y el recelo que sienten hacia los agentes de policía que trabajan en sus comunidades.

En julio de 2007, policías y soldados dispararon contra Ravin Thompson, de 18 años de edad, mientras conversaba con su tía en la casa de ésta. Los agentes perseguían a otro joven que entró en la casa.

La tía de Ravin insistió en acompañarlo al hospital en el jeep de los agentes, pero cuando ya estaban en camino, ella afirma que un soldado la echó a empujones. Cuando por fin llegó, Ravin había muerto. La autopsia reveló que tenía cuatro heridas de bala. Sin embargo, la tía de Ravin y otras personas que estaban presentes cuando se efectuaron los disparos tenían la certeza de que sólo había resultado herido en un brazo y un hombro. Afirman que fue asesinado en el vehículo, antes de llegar al hospital.

La policía registró el incidente como un “tiroteo”. Abrió investigaciones, pero según los datos de que dispone Amnistía Internacional, ningún agente ha sido acusado formalmente en relación con la muerte de Ravin.

“En Jamaica hay muchos agentes de policía que cumplen con sus obligaciones y arriesgan su vida a diario para ayudar a mejorar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos jamaicanos. Sin embargo, mientras los responsables de abusos contra los derechos humanos no sean llevados ante la justicia y se purgue la corrupción, no podrán hacer cambios”, declaró Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades de Jamaica para que adopten medidas urgentes y efectivas destinadas a abordar las causas que subyacen a esta crisis de seguridad pública y derechos humanos, medidas como la reducción del índice de homicidios en las zonas urbanas pobres, la introducción de una actuación policial basada en los derechos humanos y la reforma del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia.

“El debate en Jamaica no debe ser ya acerca de ‘si’ o ‘cómo’ se llevarán a cabo, sino sobre ‘cuándo’ se llevarán a cabo los cambios urgentes que son necesarios para impedir que la crisis siga cobrándose vidas, y la respuesta debe ser ‘hoy’.”

La tregua reduce los combates en Irak

Mon, 31 Mar 2008 15:24:11 +0100

Los combates en Basora entre fuerzas del gobierno y el Ejército Mahdi han terminado, según los informes, tras ordenar Moqtada al-Sadr a sus seguidores el domingo 30 de marzo el cese de las hostilidades contra las fuerzas de seguridad iraquíes. El clérigo chií pidió también al gobierno que pusiera fin a la detención de sus seguidores y la liberación de todos los que han sido detenidos en fechas recientes.

El gobierno, según informes, ha accedido a poner fin a la detención de seguidores del clérigo y a permitir que los miembros del Ejército Mahdi conserven sus armas. Aunque al parecer los enfrentamientos armados han continuado en Basora durante la noche, la ciudad está ahora tranquila, según la información recibida.

El gobierno afirma que más de 200 personas han muerto en Basora desde que estallaron los combates entre las fuerzas de seguridad iraquíes y el Ejército Mahdi el 25 de marzo. No se sabe todavía cuántos civiles han resultado muertos o heridos como consecuencia de los combates.

En Bagdad, en la madrugada del lunes 31 de marzo se levantó el toque de queda de tres días, pero en la Zona Verde hubo nuevos ataques con cohetes, al parecer obra de miembros del Ejército Mahdi.

Diversas ONG pidieron al gobierno iraquí el domingo 30 de marzo que les facilitara la distribución de ayuda humanitaria a la población civil en Basora y Bagdad. Los combates y el toque de queda han afectado gravemente a la prestación de esa ayuda.

Muchas personas necesitan con urgencia alimentos y agua, y en muchos hospitales se han agotado medicinas esenciales.

"Todas las partes deben permitir de inmediato la entrega de alimentos, agua y otros elementos de asistencia humanitaria a la población civil de las zonas afectadas por la violencia”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Encarcelados por ofrecer agua a unos monjes

Fri, 28 Mar 2008 18:47:17 +0000

Tres personas han sido condenadas a penas de prisión en Myanmar por ofrecer agua a unos monjes en la calle. Tres condenas más en la ola de penas de encarcelamiento que se han dictado desde que las autoridades reprimieron con violencia las manifestaciones hace seis meses.

Amnistía Internacional hizo públicos pormenores de las condenas el lunes, después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pasara una resolución el viernes criticando la situación de los derechos humanos en el país. El Consejo exhortó a las autoridades de Myanmar a poner en libertad a todos los presos políticos y a tomar medidas urgentes para poner fin a los abusos.

Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron que se habían impuesto penas de prisión a por lo menos 40 manifestantes, entre ellos siete monjes. Las condenas parecen deberse a motivos políticos o al ejercicio pacífico de los derechos humanos por parte de los manifestantes.

“No se ha dictado ni una sola condena por las razones, por lo demás legítimas, señaladas por las autoridades, sino por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y reunión. Tres personas fueron condenadas por el mero hecho de dar agua a los monjes en la calle”, ha dicho Amnistía Internacional.

Los medios de comunicación estatales de Myanmar anunciaron el 7 de noviembre de 2007 que se emprenderían actuaciones legales contra las personas que hubieran participado en “actos de violencia y terrorismo de una forma u otra”. El 3 de diciembre, el jefe de la policía myanmara, Khin Yi, anunció en conferencia de prensa que “sólo las personas implicadas en incendios provocados o en posesión de armas ilegales serían llevadas a juicio”.

“De la misma manera que el gobierno de Myanmar ha intentado desviar la atención internacional hacia su referéndum constitucional para apartarla de las medidas represivas del pasado mes de septiembre, también ha redirigido su represión de las protestas legítimas, pasando de las calles a los juicios a puerta cerrada”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Al igual que con el referéndum el gobierno trata de legitimar el régimen militar en Myanmar, con las penas de cárcel intenta justificar su violenta represión de la disidencia pacífica”.

Al menos 700 personas detenidas durante las protestas de septiembre y desde entonces permanecen encarceladas, y no se ha puesto en libertad a 1.150 presos políticos encarcelados antes de las protestas.

“La reciente condena de manifestantes implicados en la represión de septiembre pasado también debe considerarse a la luz de la detención arbitraria del resto de las aproximadamente 660 personas o más que llevan ya seis meses tras las rejas sin vislumbrar un final a su situación”, ha dicho Amnistía Internacional.

En vista de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que presione a Myanmar para que permita que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar lleve a cabo de inmediato una visita de investigación a este país.