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Túnez: Palabras huecas en cuanto a derechos humanos

Mon, 23 Jun 2008 08:15:26 +0100

El gobierno tunecino está engañando al mundo al transmitir una imagen positiva de la situación de los derechos humanos en el país al tiempo que sus fuerzas de seguridad siguen perpetrando abusos de forma constante y con impunidad. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, 23 de junio.

"El gobierno tunecino ha afirmado repetidamente que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero eso dista mucho de la realidad. Ya es hora de que las autoridades abandonen las palabras huecas respecto a los derechos humanos y tomen medidas concretas para poner fin a los abusos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. "Como primer paso, las autoridades tunecinas deben reconocer las inquietantes denuncias documentadas en este informe, deben comprometerse a investigarlas y deben llevar a los responsables ante la justicia."

El informe, titulado In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia (En nombre de la seguridad: abusos sistemáticos en Túnez), expone con detalle los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la política antiterrorista y de seguridad del gobierno. En sus esfuerzos por prevenir la formación de lo que denominan "células terroristas" en Túnez, las autoridades han llevado a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias que violan la ley tunecina, han provocado la desaparición forzada de detenidos, han utilizado la tortura y los malos tratos y han juzgado y condenado a personas en procedimientos injustos. Además, han juzgado a civiles ante tribunales militares sin presentar apenas pruebas que fundamentaran los cargos.

Las autoridades están utilizando la amplia definición de terrorismo que ofrece la Ley Antiterrorista de Túnez para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas. Aunque en los últimos años se han introducido reformas legales con el fin de brindar una mejor protección a las personas detenidas, las fuerzas de seguridad tunecinas burlan sistemáticamente las leyes, que no sirven de salvaguardia adecuada contra la tortura, los juicios injustos y otros abusos graves contra los derechos humanos.

Ramzi el Aifi, Ousama Abbadi y Mahdi Ben Elhaj Ali eran tres de los acusados del caso Soliman. Sus abogados denunciaron que unos guardias de la prisión de Mornaguia los habían atado y les habían propinado patadas y puñetazos el 16 de octubre de 2007, al parecer porque se habían puesto en huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de reclusión. Abbadi sufrió una lesión grave en un ojo y una herida abierta y profunda en la pierna, y cuando su abogado lo vio el 20 de octubre de 2007 iba en silla de ruedas, incapaz de caminar. Ramzi el Aifi dijo a su abogado que lo habían atado con una cuerda, lo habían golpeado y le habían introducido un palo por el ano. No se tiene noticia de que las autoridades tunecinas hayan iniciado investigación alguna sobre estos abusos, y los presuntos responsables no han comparecido ante la justicia. Ramzi el Aifi y Ousama Abbadi fueron condenados a cadena perpetua, aunque la condena de Abbadi se redujo a 30 años de prisión en apelación. Mahdi Ben Elhaj Ali fue condenado a 12 años de prisión, reducidos a 8 en apelación.

La mayoría de los abusos contra los derechos humanos los cometen fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado, que utilizan la tortura con una impunidad prácticamente total.

Al no investigar las denuncias de tortura, la Fiscalía y su personal, al igual que los jueces, que suelen carecer de independencia, ayudan en la práctica a encubrir casos en los que los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados en contra de lo establecido por la propia ley de Túnez, y casos de torturas a detenidos que violan tanto el derecho tunecino como el internacional. Con su silencio e inacción, los fiscales y jueces se convierten en cómplices de los abusos.

"Las autoridades tunecinas tienen la obligación de proteger a la población y combatir el terrorismo, pero al hacerlo deben cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. "Deben garantizar que las disposiciones antiterroristas y afines no facilitan los abusos contra los derechos humanos y que, en la práctica, el Departamento de Seguridad del Estado y otras fuerzas de seguridad respetan en todo momento el derecho y las normas internacionales de derechos humanos."

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura, malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Houssine Tarkhani fue devuelto por Francia a Túnez el 3 de junio de 2007, y a su llegada al país fue detenido. Permaneció recluido en secreto en el Departamento de Seguridad del Estado de la ciudad de Túnez durante nueve días, en contra de lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, y tres días más de lo que permite la ley tunecina para la detención preventiva. Durante ese tiempo, a Houssine Tarkhani, según su abogado, lo golpearon con un palo por todo el cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas y lo insultaron y amenazaron de muerte. Cuando pidió que le permitieran leer el informe policial -cosa que le denegaron-, le propinaron nuevas palizas. Durante su detención preventiva no se informó de su detención a ninguno de sus familiares directos, conforme establece la ley tunecina. Su familia sólo tuvo conocimiento de su paradero cuando compareció ante un juez de instrucción el 12 de junio de 2007. Su primera comparecencia ante el juez se produjo sin la presencia de abogados, pues a éstos no se les permitió acceder a él hasta el 19 de junio de 2007, cuando lo vieron en la prisión de Mornaguia. La petición de su abogado de que se le realizara un examen para detectar señales de tortura no recibió respuesta.

"En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país que a su llegada pueden ser objeto de tortura y juicios injustos, los gobiernos extranjeros deben instar al gobierno tunecino a que tome medidas concretas para promover una reforma de los derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
Nota para periodistas:
Los expertos de Amnistía Internacional presentarán las conclusiones del informe en una conferencia de prensa que se celebrará en París a las 15:00 horas GMT del lunes 23 de junio.
Si desean concertar una entrevista con un portavoz en París, pónganse en contacto con Aurélie Chatelard en el número: + 33 (0) 6 76 94 37 05.

Para concertar una entrevista con un portavoz en Londres, pónganse en contacto con Nicole Choueiry, encargada de prensa de Oriente Medio y el Norte de África, en el número: +44 (0) 7831 640 170.
Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.

Las acciones del gobierno de Myanmar agravan la situación de los supervivientes del ciclón

Thu, 05 Jun 2008 11:05:23 +0100

El gobierno de Myanmar está impidiendo que llegue la ayuda humanitaria a los supervivientes del ciclón Nargis y está redoblando sus esfuerzos por obligarles a que abandonen los refugios de emergencia, según nuevas investigaciones publicadas por Amnistía Internacional. Las acciones del gobierno agravan la precariedad de la situación en la que se encuentran decenas de miles de personas, y aumentan el peligro de que mueran o sufran enfermedades o hambre.

El 20 de mayo, el gobierno de Myanmar –el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo– anunció el fin de la fase de rescate y ayuda de la respuesta al desastre, y el inicio de la fase de reconstrucción. Desde entonces, ha emprendido una campaña para obligar a los supervivientes del ciclón que han perdido su hogar a que abandonen los campos de reasentamiento tanto gubernamentales como no oficiales.

Las autoridades han dirigido sus acciones contra escuelas y monasterios, ya que ambos lugares se utilizaron como colegios electorales para el referéndum constitucional de mayo que se aplazó, y porque el trimestre escolar comenzó el 2 de junio.

La mayoría de los supervivientes que se han desplazado no pueden regresar a sus lugares de origen, ya que grandes áreas del delta del Irrawaddy, la más azotada por el ciclón, permanecen en gran parte inhabitables.

“Tras sobrevivir a la furia del ciclón, miles de personas sufren ahora a manos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

Las averiguaciones de Amnistía Internacional, que incluyen relatos de testigos presenciales y entrevistas con personas que poseen información de primera mano sobre las zonas afectadas por el ciclón, subrayan la urgente necesidad de que tanto el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo como los donantes internacionales, en la respuesta al desastre, utilicen como salvaguardias las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por el acceso a la ayuda humanitaria. El 16 de mayo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, en su boletín de propaganda New Light of Myanmar (Nueva luz de Myanmar), se comprometió a “investigar los casos [de apropiación indebida de la ayuda humanitaria] para descubrir a los infractores y emprender contra ellos acciones punitivas conforme a la ley”. Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por esas medidas, e insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a vigilar estrechamente la distribución de ayuda humanitaria por parte de sus funcionarios y a investigar todas las denuncias de robo, abuso de poder u otra desviación de la ayuda.

“Dado el largo historial de abusos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, las agencias humanitarias deben estar especialmente alertas ante la posibilidad de que intente desviar u obstaculizar la ayuda”, ha manifestado Benjamin Zawacki, que se encuentra en la región desde hace un mes para recopilar información de las áreas afectadas.

Amnistía Internacional ha confirmado más de 30 casos y relatos de personas que han sido obligadas a abandonar sus refugios de emergencia en monasterios, escuelas y otros lugares.

En las últimas dos semanas, la campaña de reasentamiento se ha vuelto más sistemática y generalizada. Las autoridades han reasentado a muchas personas por la fuerza obligándolas a abandonar Maungmya, Maubin, Pyapon y Labutta, los lugares a donde se habían visto desplazadas inicialmente, y regresar a sus poblaciones de origen.

De los 45 campos que existían en Pyapon, el 28 de mayo sólo quedaban tres. En Yangón, el 23 de mayo, las autoridades expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en Shwebaukan, en el norte de Dagon Myo Thit, y de un campo no oficial en la Escuela Secundaria Estatal núm. 2, en el municipio de Dala.

Entre los abusos se encuentran también la confiscación y el uso indebido de la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional ha recibido más de 40 informes o testimonios sobre cómo las autoridades gubernamentales confiscaron, desviaron o retuvieron la ayuda humanitaria en lugar de entregársela a los supervivientes del ciclón.

Pese a las declaraciones de altos dirigentes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo contra esa conducta, los funcionarios locales pueden actuar impunemente. Por ejemplo, Amnistía Internacional recibió declaraciones de testigos presenciales que afirmaban que, el 26 de mayo, en el puente de Pan Hlaing, municipio de Hlaing Tharyar, Yangón, el comandante de policía U Luu Win dio el alto a 48 camiones que transportaban suministros de donantes de Myanmar particulares. El 1 de junio, la policía todavía no había entregado esos camiones.

Véase también:

Grupo étnico de Myanmar se enfrenta a crímenes contra la humanidad (Documento, 5 junio 2008)

En Zimbabue la violencia alcanza niveles de crisis

Fri, 16 May 2008 18:08:33 +0100

Amnistía Internacional ha advertido que los ‘veteranos de guerra’ están reclutando por la fuerza a jóvenes para atacar a quienes consideran partidarios de la oposición, mientras la violencia está alcanzando niveles de crisis en Zimbabue.

“Los ‘veteranos de guerra’ agreden a quienes se niegan a cometer actos de violencia y los acusan de ser partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC)”, ha manifestado Simeon Mawanza, investigador de Amnistía Internacional sobre Zimbabue.

Testigos presenciales han contado a Amnistía Internacional que gran número de partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) y de “veteranos de guerra” agreden a quienes toman por partidarios del MDC en el distrito de Mberengwa, provincia de Midlands, y en el distrito de Mazowe, en Mashonalandia Central.

En Mberengwa, una gran banda, formada por partidarios de la ZANU-PF, en su mayoría jóvenes reclutados por la fuerza por “veteranos de guerra”, va de un lado a otro asaltando viviendas de personas sospechosas de haber votado al MDC en las elecciones del 29 de marzo de 2008. Según un testigo presencial hay una banda similar en la zona de Chiweshe, en el distrito de Mazowe.

La policía no parece dispuesta a poner fin a la violencia, pues sólo interviene para detener a los partidarios del MDC sospechosos de atacar a presuntos partidarios de la ZANU-PF.

“Nos preocupa especialmente la gente que vive en las zonas rurales remotas, donde la violencia no llama la atención –ha explicado Mawanza–. La situación de estas víctimas de la violencia es terrible. Se está atacando a las organizaciones humanitarias y a las organizaciones no gubernamentales locales por ayudar a las víctimas, a las que no se deja que llegue la asistencia médica.”

En las zonas rurales, las víctimas de los ataques recorren a pie grandes distancias para huir de la violencia y buscan cada vez más refugio en las ciudades. Algunas escuelas rurales han tenido que cerrar, pues los maestros sospechosos de ser partidarios del MDC huyen de la violencia ejercida bajo los auspicios del Estado.

Amnistía Internacional teme por la seguridad de Tonderai Ndira, partidario del Movimiento por el Cambio Democrático, secuestrado, según informes, en su casa, en Mabvuku, barrio pobre de Harare, la madrugada del 14 mayo. Los informes indican que nueve hombres armados y vestidos de civil lo agredieron y se lo llevaron, sin darle tiempo siquiera a vestirse, en un camión blanco de la marca Toyota. No se lo ha vuelto a ver desde entonces.

Tonderai Ndira forma parte de un total de 32 miembros del MDC que fueron torturados por agentes del Estado durante su detención en 2007. Estuvo más de dos meses detenido en la Prisión Central para Preventivos de Harare antes de que se retiraran los cargos contra él.

Amnistía Internacional ha sido informada también del presunto secuestro de Sinoia Pfebve (de 79 años) y su esposa, Serena Pfebve (de 76), el 13 de mayo, por personas que se cree que eran “veteranos de guerra”, en la zona de Mukumbura del distrito de Mt. Darwin, provincia de Mashonalandia Central. Se cree que los han llevado a la Escuela Primaria de Nyakatondo, donde tienen su campamento los secuestradores. La familia Pfebve tiene vínculos políticos con el Movimiento por el Cambio Democrático: el hijo de la pareja fue candidato de este partido en las elecciones parlamentarias de 2000 y en otras celebradas en 2001 para cubrir un escaño vacante en el Parlamento.

Al menos 22 personas han sido víctimas de homicidio y más de 900 han tenido que ser atendidas por lesiones sufridas a causa de la violencia desde que se celebraron las elecciones. Varios centenares han sido hospitalizadas y cientos de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, quemados por bandas de “veteranos de guerra” y jóvenes de la ZANU-PF.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Zimbabue a condenar públicamente todos los actos de violencia cometidos por partidarios de la ZANU-PF, “veteranos de guerra” y soldados, o por cualquier otro partido, y a colaborar con los demás grupos políticos para poner fin de inmediato a la violencia política.

Las bandas y la policía causan estragos en las zonas pobres de las ciudades de Jamaica

Tue, 01 Apr 2008 15:07:01 +0100

Los jamaicanos y jamaicanas que viven en las zonas pobres de las ciudades están a merced de las bandas y de agentes de policía abusivos que en contadas ocasiones comparecen ante la justicia, si es que llegan a comparecer, para responder de abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional revela en un nuevo informe cómo las autoridades jamaicanas desatienden deliberadamente a las comunidades más pobres al no ocuparse de la violencia –y sus causas– que está destrozando las zonas deprimidas de las ciudades. Esto incluye en particular métodos abusivos de actuación policial que propician cientos de incidentes con arma de fuego y resultado de muerte y de ejecuciones extrajudiciales.

“La población jamaicana que vive en las zonas pobres de las ciudades está pagando con su vida el precio de esta crisis de seguridad pública. Son rehenes del interminable enfrentamiento entre bandas de delincuentes y agentes de policía que matan con impunidad”, manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Jamaica cuenta con uno de los índices de violencia y homicidios a manos de la policía más elevados de América, con unos 1.500 homicidios y la policía dio muerte a 272 personas en 2007. Los líderes de las bandas se sirven del vacío que deja la ausencia del Estado para controlar amplísimos aspectos de las vidas de las personas que viven en las zonas urbanas deprimidas, como la recaudación de “impuestos”, la asignación de empleos, la distribución de alimentos y el castigo a quienes infringen las normas de la banda.

“Las bandas de delincuentes constituyen una pequeña proporción de la población de las comunidades, pero sus actividades son devastadoras: tienen a miles de personas viviendo con un miedo constante, y ofrecen una excusa a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general para calificar de delincuentes a todos los miembros de la comunidad”, declaró Kerrie Howard.

A pesar de la violencia, los miembros de las comunidades se muestran reacios a denunciar los abusos por el temor a las represalias de los dirigentes de las bandas, la falta de confianza en el sistema judicial y el recelo que sienten hacia los agentes de policía que trabajan en sus comunidades.

En julio de 2007, policías y soldados dispararon contra Ravin Thompson, de 18 años de edad, mientras conversaba con su tía en la casa de ésta. Los agentes perseguían a otro joven que entró en la casa.

La tía de Ravin insistió en acompañarlo al hospital en el jeep de los agentes, pero cuando ya estaban en camino, ella afirma que un soldado la echó a empujones. Cuando por fin llegó, Ravin había muerto. La autopsia reveló que tenía cuatro heridas de bala. Sin embargo, la tía de Ravin y otras personas que estaban presentes cuando se efectuaron los disparos tenían la certeza de que sólo había resultado herido en un brazo y un hombro. Afirman que fue asesinado en el vehículo, antes de llegar al hospital.

La policía registró el incidente como un “tiroteo”. Abrió investigaciones, pero según los datos de que dispone Amnistía Internacional, ningún agente ha sido acusado formalmente en relación con la muerte de Ravin.

“En Jamaica hay muchos agentes de policía que cumplen con sus obligaciones y arriesgan su vida a diario para ayudar a mejorar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos jamaicanos. Sin embargo, mientras los responsables de abusos contra los derechos humanos no sean llevados ante la justicia y se purgue la corrupción, no podrán hacer cambios”, declaró Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades de Jamaica para que adopten medidas urgentes y efectivas destinadas a abordar las causas que subyacen a esta crisis de seguridad pública y derechos humanos, medidas como la reducción del índice de homicidios en las zonas urbanas pobres, la introducción de una actuación policial basada en los derechos humanos y la reforma del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia.

“El debate en Jamaica no debe ser ya acerca de ‘si’ o ‘cómo’ se llevarán a cabo, sino sobre ‘cuándo’ se llevarán a cabo los cambios urgentes que son necesarios para impedir que la crisis siga cobrándose vidas, y la respuesta debe ser ‘hoy’.”

El gobierno georgiano tiene que poner fin a los abusos de la policía

Fri, 14 Mar 2008 17:51:12 +0000

Pese a la tormenta de viento y lluvia del pasado martes 11 de marzo, miembros de Amnistía Internacional celebraron una vigilia frente a la Embajada de Georgia en Londres.

Representantes de la organización hicieron frente al mal tiempo para instar a las autoridades georgianas a que pongan fin a la impunidad con que la policía comete abusos.

También exhortaron al gobierno georgiano a que introduzca el uso de distintivos de identificación para todas las fuerzas policiales, como medida de protección contra la tortura y los malos tratos.

En la vigilia –de una hora de duración–, Barrie Hay, uno de los manifestantes y coordinador para el Cáucaso Meridional de la Sección Británica de Amnistía Internacional, vistió uniforme de camuflaje y pasamontañas como símbolo del anonimato que disfrutan los autores de abusos al permitírseles ocultar totalmente su identidad.

“Considero que el anonimato de los agentes de policía aumenta el riesgo de tortura u otros malos tratos y perpetúa la impunidad”, señaló Barrie Hay. Al final de la vigilia, entregó al personal de la embajada una petición escrita de la organización y varios distintivos de identificación simulados.

El acto se realizó con motivo de los sucesos de Georgia del 7 de noviembre de 2007, tras los cuales se acusó a la policía de haber utilizado fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes que pedían la dimisión del presidente Mikheil Saakashvili.

En las masivas manifestaciones también se pedía la celebración de elecciones al Parlamento, cambios en las normas que rigen las elecciones y la liberación de varios presos a los que los manifestantes consideraban presos políticos.

Al parecer, los agentes de policía, muchos de ellos con el rostro oculto, emplearon porras, balas de goma, gas lacrimógeno y cañones de agua para disolver tres concentraciones en la capital, Tiflis.

Testigos presenciales afirmaron que las fuerzas policiales golpearon y propinaron patadas a decenas de manifestantes, y al parecer también agredieron al Defensor del Pueblo georgiano. Según las estadísticas oficiales, más de 550 manifestantes y 34 agentes de policía tuvieron que ser hospitalizados.

Los sucesos de noviembre provocaron numerosos llamamientos de organizaciones internacionales y de algunos gobiernos para que las autoridades georgianas promuevan una investigación efectiva sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza.

El 28 de febrero de 2008, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades “que hicieran público el proceso y los resultados de la investigación interna llevada a cabo por el Ministerio del Interior lo antes posible, y que informasen a la opinión pública sobre las deficiencias sistémicas además de sobre las responsabilidades personales de los funcionarios del Estado implicados”. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada al respecto hasta la fecha.

Amnistía Internacional también ha recibido un gran número de denuncias de abusos policiales en los últimos años, sobre todo al practicar detenciones y dispersar manifestaciones. Anna Sunder-Plassmann, investigadora de Amnistía Internacional sobre Georgia, ha dicho que “aunque 39 agentes han sido encarcelados por tortura u otros malos tratos desde que Mikheil Saakashvili asumió al poder en 2004, la impunidad persiste en medio de denuncias que indican que las investigaciones no se realizan adecuadamente”.

En muchos casos de presuntos abusos policiales, las fuerzas no llevaban distintivos de identificación y, además, los agentes del departamento de operaciones especiales del Ministerio del Interior a menudo llevaban máscaras.

Día Internacional de la Mujer

Thu, 28 Feb 2008 16:43:35 +0000

El Día Internacional de la Mujer es el momento de celebrar los logros de las mujeres y mirar hacia delante, con la vista puesta en las interesantes oportunidades que aguardan a las mujeres. La clave para un futuro brillante es poder elegir. Las mujeres deben ser libres para elegir el camino que les conviene, un camino que las mantenga a salvo y les permita avanzar y desarrollar todo su potencial.

La educación es un paso crucial en este viaje. Es fundamental para romper el círculo vicioso de la pobreza, la violencia y la enfermedad. La educación es un derecho humano, y por tanto es el derecho de cada niña.

A punto de cumplirse el centenario del Día Internacional de la Mujer, y 60 años después de que se consagraran los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las niñas de todo el mundo encuentran una serie de barreras a la educación:

•    Las niñas son agredidas de camino a la escuela o en los patios escolares y soportan las burlas de sus compañeros de clase. Sufren amenazas de agresión sexual de otros estudiantes, son obligadas por los profesores a mantener relaciones sexuales, e incluso son violadas en la sala de profesores.

•    En países azotados por la guerra, los grupos armados son un peligro para las niñas, así como los ataques a sus escuelas. Los abusos sexuales y la explotación son problemas para las niñas que viven en campos de personas refugiadas o desplazadas internas.

•    Algunas niñas corren mayor peligro de sufrir violencia en la escuela. Ciertos aspectos de su identidad, como su sexualidad, su condición de migrantes, huérfanas o refugiadas, su casta, su etnia y su raza, pueden incrementar el riesgo de sufrir abusos.

•    Aunque todos los niños y niñas deben tener acceso a la enseñanza primaria, las escuelas de todo el mundo suelen cobrar tasas. Las niñas tienen más probabilidades que los niños de verse excluidas de las escuelas cuando no hay dinero suficiente para pagar su educación.

La violencia hace que innumerables niñas no lleguen a ir a la escuela, abandonen los estudios o no participen plenamente en las actividades escolares. Los efectos de esta situación son dolor, miedo, baja autoestima, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y depresión. En muchos casos, los abusos no se denuncian.

El problema se agrava porque a menudo las niñas deciden no denunciar, al tratarse de un tema tabú en algunas sociedades o por miedo a sufrir represalias. Esto hace que se denuncien muchos menos actos de este tipo de los que realmente se producen y que sus autores queden impunes.

Nada justifica la inacción. No se trata de un asunto de recursos, sino de voluntad política. Gobiernos, maestros y autoridades escolares deben colaborar para evitar la violencia contra las niñas en los colegios, investigar sin demora los informes de abusos, imponer castigos adecuados a los autores, apoyar la recuperación de quienes han sufrido violencia y asegurarse de que tales abusos no vuelven a producirse.

Únete a la campaña de Amnistía Internacional para proteger los derechos de las niñas a la seguridad, la igualdad y la educación. Haz que las escuelas sean lugares seguros para las niñas.

Tres años después del asesinato del redactor jefe de un periódico siguen cometiéndose abusos contra periodistas azerbaiyanos

Fri, 29 Feb 2008 18:19:36 +0000

El domingo 2 de marzo de 2008 se cumplió el tercer aniversario del asesinato del periodista azerbaiyano Elmar Hüseynov delante de su domicilio de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Su caso se ha convertido en un símbolo de los persistentes abusos contra los derechos humanos que sufren los periodistas de ese país.

El 2 de marzo de 2005, Hüseynov, redactor jefe de la revista de oposición azerí Monitor, conocido por la valentía de sus opiniones, recibió siete disparos cuando salía de un ascensor. Su asesinato, perpetrado al parecer a cambio de dinero, es el caso más grave de las persistentes agresiones de que son objeto los periodistas opositores.

Sus colegas y asociaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa atribuyeron el asesinato al contenido político de la publicación, que cerró tras la muerte del periodista.

En julio de 2006, un ex funcionario del Ministerio del Interior, acusado de secuestro y asesinato, admitió haber asesinado a Hüseynov al prestar testimonio durante el desarrollo de su propio juicio. Afirmó que lo había cometido a instancias del ex ministro de Desarrollo Económico, juzgado a su vez por intentar derrocar al gobierno. Hasta el momento no se ha procesado a nadie por el asesinato de Hüseynov.

Con motivo del tercer aniversario de su muerte, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades azerbaiyanas que cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales para garantizar la libertad de expresión.

En Azerbaiyán se sigue encarcelando a periodistas por ejercer de forma pacífica el derecho a la libertad de expresión. En diciembre de 2007 se puso en libertad a cinco, pero otros continúan en prisión por causas que los activistas de derechos humanos del país consideran que tienen una motivación política.

Uno de los que siguen encarcelados es Eynulla Fətullayev, director de un periódico de oposición juzgado en dos ocasiones en 2007 tras haber sufrido durante años el hostigamiento de las autoridades. Fue condenado a 11 años de cárcel por cargos de difamación, terrorismo, incitación al odio racial y evasión de impuestos.

Eynulla Fətullayev trabajó en Monitor hasta su cierre. Después lanzó dos periódicos de oposición muy populares: Realny Azerbaydzhan (La Realidad de Azerbaiyán) y Gündelik Azərbaycan (Diario de Azerbaiyán). Ambos cerraron en mayo de 2007, después de que las autoridades inspeccionaran en varias ocasiones sus oficinas.

Siguen impunes —sin apenas o ninguna investigación— varias agresiones físicas atroces contra periodistas ocurridas en 2006 y 2007. Una muestra de este clima es una agresión perpetrada en una calle muy concurrida a plena luz del día, pues los agresores no temen ser procesados.

Las declaraciones contradictorias del presidente de Azerbaiyán, Iiham Aliyev, no han contribuido a mejorar la situación. En abril de 2005 afirmó: “Es intolerable que cargos de la administración agredan a periodistas”. Sin embargo, en julio de 2007, ante una reunión de graduados de la academia de policía, dijo que “había prohibido que se sancionara” a los agentes que habían hecho uso de la violencia contra periodista durante los disturbios ocurridos en octubre de 2005. Llegó a decir que “apoyaría siempre a la policía” en tales casos.

El hecho de que la policía no investigue los actos de violencia y hostigamiento contra periodistas comporta que haya pocos sospechosos y pocas detenciones y que numerosos delitos hayan quedado impunes hasta el momento.

El 18 de mayo de 2006, hombres sin identificar secuestraron y golpearon a Baxaddin Xəziəv, redactor jefe del periódico de oposición Bizim Yol (Nuestro Camino) y vicepresidente del partido Frente Popular de Azerbaiyán. Según los informes, le dijeron que dejara de “escribir artículos críticos”.

Luego le pasaron por encima de las piernas el automóvil en el que iban y lo dejaron a orillas de un lago situado en los alrededores de Bakú. Bizim Yol había denunciado casos de corrupción en las industrias del petróleo y de la pesca y había dado los nombres de varios altos cargos. Hablando con Amnistía Internacional en julio de 2006, Baxaddin Xəziəv dijo que la policía no había mostrado ningún interés por investigar el incidente y que lo había archivado como un caso de lesiones menores y no como uno de secuestro y graves daños físicos.

El 25 de diciembre de 2006, unos desconocidos agredieron a Nicat Hüseynov, periodista del periódico Azadlıq, cuando salía de su domicilio de Bakú para ir a trabajar. Lo tiraron al suelo, lo golpearon y lo atacaron con una navaja. Unos testigos pidieron socorro y los agresores huyeron en un taxi que les estaba esperando.

Nicat Hüseynov fue hospitalizado con lesiones internas y en la cabeza y una herida leve de arma blanca. Había publicado artículos sobre la presunta corrupción de altos cargos, y afirmó haber recibido llamadas telefónicas amenazadoras antes de la agresión. En enero de 2008 seguía sufriendo fuertes dolores de cabeza y hemorragias nasales; según los informes, no se habían registrado avances en la investigación del caso.

El 28 de septiembre de 2007, según los informes, las personas encargadas de ejecutar las sentencias judiciales golpearon a Sühayle Qamberova, periodista del periódico Impuls, cuando realizaba investigaciones para escribir un artículo sobre desalojos forzosos. La golpearon junto con varios vecinos desalojados que habían solicitado ver los mandamientos judiciales que autorizaban los desalojos. Su hermana informó que habían tirado al suelo a Sühayle Qamberova y que después le habían propinado patadas en la cabeza y en el cuerpo. Tuvo que ser hospitalizada.

“Por desgracia, las autoridades azerbaiyanas siguen manifestándose de forma contradictoria respecto a la libertad de expresión —señaló Laurence Broers, investigador de Amnistía Internacional sobre Azerbaiyán—. Por un lado, condenan las agresiones a periodistas; pero, por otro, ni el poder judicial ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley las persiguen”.

“Otros cargos oficiales han abusado de las leyes de difamación para acallar el periodismo crítico. Para demostrar su compromiso con los principios de los derechos humanos, las autoridades azerbaiyanas deben poner en libertad a los presos de conciencia, despenalizar la difamación, garantizar la investigación minuciosa, independiente e imparcial de las agresiones, y poner a disposición judicial a los agresores”.

Llamamiento a los dirigentes de Kenia para que respeten y protejan los derechos humanos

Thu, 14 Feb 2008 13:35:37 +0000

Amnistía Internacional insta a los dirigentes de Kenia a garantizar que se respetan y se protegen los derechos humanos de la población del país.

Este mes se celebrará un día internacional de acción pública y en la web para mostrar solidaridad con el pueblo de Kenia y para pedir al gobierno keniano que proteja a las personas frente a la violencia étnica y de motivación política.

El 27 de febrero, en una serie de acciones organizadas por Amnistía Internacional, la gente podrá manifestar su indignación por los constantes abusos contra los derechos humanos perpetrados en Kenia: entre otras cosas, habrá una acción web en Facebook y manifestaciones callejeras en ciudades de todo el mundo.

Las controvertidas elecciones del 27 de diciembre de 2007 desataron una oleada de enfrentamientos y dieron comienzo a una serie de violaciones graves de derechos humanos. Al menos un millar de personas han muerto hasta el momento, y más de 300.000 se han convertido en desplazadas internas.

La visita que recientemente realizó Amnistía Internacional a Kenia descubrió indicios de homicidios ilegítimos, reasentamientos forzosos y quema de casas por motivos étnicos a manos de milicias armadas. También documentó uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, violencia sexual contra mujeres y niñas, violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión, y amenazas de muerte contra activistas y personas que defienden los derechos humanos.

Entre los fallecidos se encuentran centenares de personas muertas por disparos de la policía, que se desplegó para sofocar la violencia postelectoral y disolver las grandes manifestaciones que, en protesta por las elecciones, convocó el opositor Movimiento Democrático Naranja.

La violencia que se desató a partir de entonces ha ido adoptando la forma de ataques cada vez más organizados por parte de milicias étnicas y bandas juveniles contra personas de etnia kikuyu, a los que se ha respondido con ataques de represalia de las milicias y bandas juveniles kikuyus.

Existe especial preocupación por la dimensión étnica de la violencia política y por las consecuencias a largo plazo que puede tener para la sociedad keniana.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que proteja a su población, gran parte de la cual lleva dos meses soportando un sufrimiento implacable. Los dirigentes kenianos deben poner fin al círculo de impunidad que perpetúa la violencia de motivación política en el país.

(envía tus fotos a cold27south@photos.flickr.com)

Los crímenes de guerra no se castigan en Guatemala

Fri, 01 Feb 2008 14:57:21 +0000

El 31 de enero de 1980, fuerzas policiales guatemaltecas asaltaron la Embajada española de la ciudad de Guatemala, en la que se había refugiado un grupo des manifestantes. Como consecuencia del ataque murieron 37 personas que se encontraban en el edificio. Veintiocho años después, nadie ha rendido cuentas de lo sucedido.

Más de diez años después de finalizar el conflicto armado en Guatemala, muchos de los responsables de sus crímenes más brutales siguen evadiendo la justicia.

Un fallo que deja en libertad a dos ex militares recluidos en régimen de detención previa a la extradición en Guatemala es el último obstáculo a la justicia para las víctimas del conflicto de 36 años de duración, que acabó en 1996.

El pasado mes de diciembre, el ex general del ejército Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y el ex jefe de policía Pedro García Arredondo ganaron un recurso que les permite quedar en libertad de la detención provisional en espera de la extradición. España ha pedido la extradición para ellos y otras cinco personas (entre ellas el ex presidente Efraín Ríos Montt), y quiere que se los investigue en relación con los crímenes de derecho internacional cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

El 31 de enero se cumple el 28º aniversario de uno de estos crímenes: la masacre de 37 personas en el incendio de la Embajada española constituye un acto brutal por el que nadie ha sido castigado.

La decisión del tribunal guatemalteco en favor de los militares retirados cuestiona erróneamente el principio consagrado de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. También indica que los crímenes en cuestión constituyen delitos políticos y que por tanto no ha lugar exigir responsabilidad penal.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a la nueva administración –encabezada por el presidente Álvaro Colom– para que ponga fin a la constante de impunidad para los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado.

El gobierno del presidente Colom debe ofrecer garantías de que estos crímenes serán investigados y enjuiciados. Ninguna de las causas abiertas contra el régimen militar entonces gobernante ha prosperado, al tiempo que los testigos y las víctimas que han tenido el valor de participar en ellas sufren intimidación, amenazas y ataques.

La decisión de liberar a dos de los ex militares hace peligrar la posibilidad de una extradición futura y fortalece la impunidad reinante en Guatemala.

Mientras no se haga rendir cuentas a los responsables de las 200.000 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado, seguirá sin hacerse justicia a las víctimas de Guatemala.

Amnistía Internacional pide reformas en Bangladesh

Mon, 07 Jan 2008 18:37:30 +0000

La secretaria general de Amnistía Internacional ha dicho en una reunión de ONG celebrada en Bangladesh que la organización está en el país con objeto de presionar para que se lleven a cabo reformas que tengan un impacto duradero en los derechos humanos.

Hablando el sábado, en Dacca, de la próxima campaña global de Amnistía Internacional, que versará sobre la dignidad humana, Irene Khan dijo: “Como secretaria general de Amnistía Internacional y como ciudadana de Bangladesh, creo que hay una oportunidad de invertir la tendencia que este país sufre. En este país existe una cultura de impunidad".

Irene Khan explicó que el término “impunidad” significa que no hay rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

"Esta cultura de impunidad se remonta a 1971, y creemos que es un problema institucional –dijo–. Es preciso establecer un poder judicial fuerte e independiente, reformar la policía y tomar medidas contra la tortura y los malos tratos."

La secretaria general de Amnistía Internacional dijo que el Batallón de Acción Rápida y los militares tienen que rendir cuentas de las violaciones de derechos humanos y que hacen falta una comisión nacional de derechos humanos efectiva y legislación sobre la libertad de información para que los ciudadanos y ciudadanas sepan lo que está ocurriendo y puedan tomar decisiones con conocimiento de causa.

"Creemos que hacen falta libertad para los medios de información y protección para las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el activismo social. Estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar."

Irene Khan dijo a las personas asistentes a la reunión que Amnistía Internacional lleva mucho tiempo trabajando sobre Bangladesh.

"Hemos trabajado sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas, la libertad de prensa, la tortura y los malos tratos policiales, el Batallón de Acción y otros asuntos. Son cuestiones por las que Amnistía Internacional es muy conocida."

Explicando la campaña por la dignidad humana que Amnistía Internacional va a preparar, Irene Khan dijo que la cuestión de la igualdad y la dignidad para todas las personas se ha convertido en parte fundamental del trabajo de la organización.

"A medida que realizamos nuestro trabajo sobre los derechos de las mujeres, nos vemos comprometidos con otros derechos humanos. “Derechos humanos” significa todos los derechos: tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.

"Estamos trabajando también sobre cuestiones como los desalojos, la mortalidad derivada de la maternidad y las personas obligadas a abandonar sus tierras debido a grandes proyectos industriales, como el de Nandigram, en India. Al mismo tiempo seguimos trabajando en áreas tradicionales. En estos momentos Amnistía Internacional tiene una delegación en Pakistán, donde se ocupa de la cuestión del Estado de derecho y la independencia de jueces y abogados."

La secretaria general de Amnistía Internacional se reunirá con autoridades políticas y judiciales del país el martes y el miércoles de esta semana.

El discurso completo está en: Discurso de Irene Khan en una reunión de ONG celebrada en Dacca (en inglés).