Páginas web sobre "Freedom Of Expression"

El “Festival gay de Sarajevo” se celebra rodeado de violencia

Tue, 23 Sep 2008 14:47:16 +0100

(Actualizado el 30/09/2008)

El primer “Festival gay de Sarajevo” comenzó el 24 de septiembre de 2008 y su programa incluía exposiciones, actuaciones, debates públicos y proyección de películas. Sin embargo, ocho personas resultaron heridas tras sufrir agresiones al final del primer día del festival, lo que obligó a sus organizadores, la ONG Udruženje Q, a cerrar al público el resto del evento y, en último término, a cancelarlo.

Durante los preparativos del festival, algunos políticos y ciertos sectores de los medios de comunicación en Bosnia y Herzegovina crearon un clima de hostilidad que legitimó los ataques contra las personas que organizaron y participaron en él. En Internet, varios sitios web animaban a linchar a los organizadores, apedrearlos, rociarlos con gasolina o expulsarlos del país. También se hicieron llamamientos a la ciudadanía para que perturbase el desarrollo del evento. Se temió que estos hechos pudieran incitar a la violencia en torno al festival.

En una carta enviada antes del comienzo del festival al primer ministro de Bosnia y Herzegovina, Nikola Špiric, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el clima de creciente intimidación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que se vivía en el país, y le pidió que garantizase la protección de los derechos de este colectivo.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta. La evidente falta de medidas adecuadas de las autoridades para garantizar la celebración del festival en un clima sin violencia ni intimidaciones muestra que no se siguieron las recomendaciones de la organización.

Amnistía Internacional ve con preocupación las amenazas de muerte que se han vertido de forma continuada en Internet contra activistas de los derechos de los gays, entre ellas un fragmento de vídeo colgado en YouTube que mostraba imágenes manipuladas digitalmente en las que una de las organizadoras del festival era decapitada. Varios medios de comunicación locales, entre ellos Dnevni Avaz, Nezavisne Novine y Oslobodjenje, han puesto en peligro la seguridad de los participantes al publicar los nombres de todas las personas que resultaron heridas en los ataques.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a iniciar sin demora una investigación exhaustiva sobre los ataques y a poner a los responsables a disposición judicial. La organización también pide a las autoridades que garanticen debidamente la seguridad de los organizadores y participantes en el festival, aún después de su conclusión.

El nuevo gobierno de Zimbabue tiene que atajar la cultura de la impunidad

Tue, 23 Sep 2008 17:51:27 +0100

Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, firmó el pasado lunes 15 de septiembre un acuerdo de gobierno con los líderes del Movimiento por el Cambio Democrático para compartir el poder e intentar resolver la crisis política que vive Zimbabue desde el año 2000 y que se ha agudizado notablemente en los seis últimos meses.

La crisis se ha caracterizado por toda una serie de violaciones, motivadas políticamente, de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de opositores, reales o no, al presidente Mugabe. Quienes instaron o cometieron esas violaciones vienen gozando de una impunidad prácticamente absoluta.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 27 de junio, el país sufrió la sacudida de una ola de violaciones de derechos humanos, promovida por el gobierno, que se saldó con al menos 165 muertos, millares de personas torturadas y aproximadamente 30.000 desplazadas internamente. Todavía sigue sin estar claro cómo va a abordar el nuevo gobierno de Zimbabue importantes cuestiones que afectan a la justicia y la impunidad.

Amnistía Internacional ha afirmado que la validez del acuerdo firmado se vería seriamente comprometida si incluyera amnistías o indultos que impidan procesar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos, dar a conocer la verdad o hacer que las víctimas reciban reparación plena.

“No debe acordarse nada que impida que salga a la luz toda la verdad, y los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas deben comparecer ante la justicia.” Así lo ha manifestado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue que ha regresado recientemente de hablar con víctimas de la violencia promovida por el gobierno en el país.

“Las víctimas de violaciones de derechos humanos están pidiendo justicia por los crímenes que han sufrido, y no merecen menos que eso. Sería una gran traición a ellas que los dirigentes nacionales, regionales e internacionales respaldaran amnistías previas al juicio para los autores de esas violaciones”, ha declarado Simeon Mawanza.

“En virtud del derecho internacional, Zimbabue tiene unas obligaciones claramente establecidas, y esas obligaciones deben cumplirse, especialmente en este momento crítico de la historia del país.”

“Cualquier solución duradera a la crisis de Zimbabue debe incluir en sus cimientos mismos el respeto y la protección de los derechos humanos”, ha manifestado Simeon Mawan

"Bloguero" marroquí, en libertad

Mon, 22 Sep 2008 11:35:23 +0100

El 18 de septiembre de 2008, el Tribunal de Apelaciones de Agadir, Marruecos, anuló la condena de dos años que el Tribunal de Primera Instancia había impuesto al “bloguero” Mohamed Erraji por “falta de respeto al rey”. También retiró los cargos contra él por considerar que había habido irregularidades de procedimiento en el juicio.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión del Tribunal de Apelaciones. La organización había insistido en que jamás deberían haberse presentado cargos contra Mohamed Erraji.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades marroquíes que procedan a abolir sin demora todas las disposiciones de la legislación nacional que violen el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Mohamed Erraji ha sido el primer “bloguero” condenado a prisión, para cumplir una pena de dos años impuesta el lunes 8 de septiembre. Le impusieron también una multa de 5.000 dirhams (625 dólares estadounidenses) por “falta del debido respeto al rey”.

“Bloguero” marroquí encarcelado por expresar sus opiniones

Thu, 11 Sep 2008 11:54:35 +0100

El pasado 8 de septiembre, el joven Mohamed Erraji se convirtió en el primer “bloguero” condenado en Marruecos a una pena de cárcel. También le han impuesto una multa de 5.000 dirhams (unos 625 dólares estadounidenses) por “faltar el debido respeto al Rey”. No ha sido el primer marroquí encarcelado por expresar pacíficamente su opinión sobre la monarquía, tema tabú en Marruecos.

El 11 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Agadir admitió la solicitud de la defensa de Mohamed Erraji de libertad provisional para su cliente. La vista de apelación se ha fijado para el 16 de septiembre de 2008.

La condena de Mohamed Erraji al parecer ha estado relacionada con un artículo que había publicado en el sitio web independiente marroquí Hespress el 3 de septiembre bajo el título “El rey anima a la nación (a depender) de los regalos”. Un día después fue citado en la comisaría de la ciudad de Agadir, donde vive, y allí unos diez agentes lo interrogaron de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Luego lo dejaron en libertad, con órdenes de presentarse de nuevo en comisaría al día siguiente para completar la investigación. Según la información disponible, cuando Mohamed Erraji regresó a la comisaría el 5 de septiembre lo pusieron en detención preventiva (garde à vue) y, la noche del 7 de septiembre, lo trasladaron a la prisión de Inzegaine.

Mohamed Erraji compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Agadir el 8 de septiembre, y fue condenado sin la presencia de un abogado. En la vista, el hecho de que Mohamed Erraji admitiera haber escrito el artículo se consideró, según los informes, prueba suficiente para condenarlo.

No se informó a su familia de su detención, lo que viola la legislación marroquí, que establece que la policía debe dar notificación a las familias de los detenidos al comienzo de la detención. Aunque el juez preguntó si disponía de abogado, su familia asegura que la velocidad con la que se llevó a cabo el juicio y el hecho de que las autoridades no les informaran de la detención les impidió en la práctica buscar asesoramiento legal.

Amnistía Internacional considera que Mohamed Erraji se encuentra en prisión únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por lo que debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Este abuso empaña la imagen que quieren proyectar las autoridades marroquíes de un Estado en el que, dicen, ha mejorado mucho el respeto hacia los derechos humanos.

Mohamed Erraji, que tiene 29 años de edad, comenta sucesos sociales y políticos de Marruecos en su blog, que él describe como un espacio donde expresar libremente sus pensamientos y opiniones.

En los últimos años, varias personas, entre ellas periodistas, activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos, han sido procesadas y, en algunos casos, condenadas a prisión por expresar pacíficamente críticas a la monarquía. La legislación marroquí contiene una serie de disposiciones tanto en el Código Penal como en el Código de Prensa que establecen penas de hasta cinco años de prisión y fuertes multas por “delitos” contra la persona del rey o su familia o por “socavar la monarquía”.

El año pasado, ocho miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Association Marocaine des Droits Humains, AMDH) fueron condenados a penas de cárcel de hasta cuatro años y a fuertes multas por “socavar la monarquía”: habían participado en manifestaciones del Primero de Mayo durante las que se corearon consignas críticas con el trono. En abril de este año fueron indultados por el rey.

Recientemente se ha suspendido el juicio de Ahmed Benchemsi, editor de los semanarios Nichane y Tel Quel, contra quien en agosto de 2007 se presentaron cargos por “socavar la monarquía” tras la publicación de un editorial en el que se comentaba un discurso pronunciado por el soberano.

En opinión de Amnistía Internacional, ya va siendo hora de que las autoridades marroquíes reformen las leyes que conculcan el derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado por lo demás en la Constitución marroquí y en el derecho internacional. La organización concluye que, como medida inmediata, las autoridades deben suspender todo procesamiento en curso contra quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y poner en libertad a quienes hayan sido encarcelados únicamente por ello.

El Parlamento de Malaisia debe derogar la Ley de Seguridad Interna

Fri, 05 Sep 2008 11:33:01 +0100

Nueva información obtenida por investigadores de Amnistía Internacional sobre la detención arbitraria de cinco detractores del gobierno malaisio pone de relieve la necesidad de que el Parlamento de ese país derogue de inmediato la Ley de Seguridad Interna, ha manifestado Amnistía Internacional el 4 de septiembre de 2008.

Según pudo establecer una delegación de Amnistía Internacional que visitó Malaisia recientemente para investigar la situación de los derechos humanos allí, la única razón para detener a los cinco miembros del partido Fuerza de Acción Hindú por los Derechos Humanos (Hindu Rights Action Force, HINDRAF), grupo dedicado a la defensa de los derechos de las personas de etnias surasiáticas en Malaisia, era que habían expresado su preocupación por la marginación de las personas surasiáticas en la sociedad malaisia y, en concreto, haber organizado concentraciones.

“Estas detenciones ilustran con precisión los defectos de la Ley de Seguridad Interna –afirmó Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. Se está tratando a estos hombres como delincuentes y sin embargo nunca han sido acusados de ningún delito, y menos condenados. Deben ponerlos de inmediato en libertad.”

El gobierno ha acusado a cinco de ellas de “liderar y asesorar jurídicamente a una organización que afecta a la seguridad nacional de Malaisia celebrando asambleas ilegales, enviando informes y organizando foros cuyas actividades incitan a la exaltación y el odio racial hacia el gobierno entre los indígenas”.

La organización HINDRAF había organizado varias reuniones y concentraciones que culminaron en una manifestación de protesta en la que participaron unas 20.000 personas, celebrada en Kuala Lumpur el 25 de noviembre de 2007. Los cinco hombres –Ganabathirau Veraman, Kenghadharan Ramasamy, Manoharan Malayalam, Uthayakumar Ponnusamy y Vasantha Kumar Krishnan– se encuentran actualmente recluidos en el centro de detención de Kamunting, en el estado de Perak.

“Si los partidos de oposición malaisios pretenden realmente reformar el sistema político del país, tienen que empezar por abolir esta legislación draconiana –señaló Donna Guest–. La Ley de Seguridad Interna se utiliza desde hace demasiado tiempo para acallar las críticas legítimas contra el gobierno.”

Información complementaria

En 2007, el gobierno demolió varios templos hindúes para dar paso a proyectos de desarrollo, a pesar de las peticiones en contra de las comunidades hindúes locales. HINDRAF organizó varias reuniones y concentraciones, que culminaron en una manifestación de protesta en la que participaron unas 20.000 personas, celebrada en Kuala Lumpur el 25 de noviembre de 2007.

En octubre de ese año, las autoridades destruyeron un templo hindú con 80 años de antigüedad en Taman Karuppiah, Shah Alam, la víspera del festival hindú Deepavali (festival de las luces). La policía disparó contra los fieles que trataban de evitar la demolición, hirió a varios de ellos y detuvo al menos a 14. Cuando los abogados Ganabathirau, Manoharan y Uthayakumar y el dirigente de HINDRAF Waytha Moorthy se presentaron en la comisaría de policía para solicitar la libertad bajo fianza de las 14 personas detenidas, la policía los detuvo a ellos también. Quedaron en libertad al día siguiente.

Dos días antes de una manifestación prevista en el templo hindú de las Cuevas de Batu, en Uthayakumar, se detuvo y puso bajo custodia a Ganabathirau y Waytha Moorthy acusados de sedición. Más tarde quedaron en libertad. Cuando los fieles hindúes se reunieron en el templo la madrugada del 25 de noviembre, la policía los dispersó utilizando agua tratada con productos químicos y gas lacrimógeno. A continuación la policía detuvo a varios fieles, la mayoría de los cuales fueron puestos en libertad posteriormente.

El 11 de diciembre, Uthayakumar fue detenido por sedición y multado con 50.000 ringgits malaisios (7.400 libras esterlinas), a pesar de que la multa máxima por sedición es de 5.000 ringgits (740 libras). Uthayakumar depositó la fianza pero volvieron a detenerlo inmediatamente. Al día siguiente lo pusieron en libertad. El 13 de diciembre la policía detuvo a Ganabathirau, Kenghadharan, Manoharan, Uthayakumar y Vasantha Kumar. Waytha Moorthy, que en el momento de las detenciones estaba en Reino Unido, ha solicitado asilo allí.

Los representantes letrados de los detenidos de HINDRAF presentaron un recurso de hábeas corpus, pero el Tribunal Federal lo desestimó el 15 de mayo de 2008. Basándose en motivos de otra índole, los abogados presentaron otro recurso de hábeas corpus el 4 de agosto. Se espera que el Tribunal Superior de Ipoh adopte una decisión el 8 de septiembre.

Al menos 65 personas están recluidas en el centro de detención de Kamunting en aplicación de las disposiciones sobre detención administrativa de la Ley de Seguridad Interna, que permite a la policía detener a personas de quienes sospeche que han actuado –o que “se disponían” a actuar, o que “era probable” que actuaran– poniendo en peligro la seguridad, “servicios imprescindibles” o la “vida económica” de Malaisia (artículo 73.1.b).

Los detenidos pueden permanecer hasta 60 días privados de libertad bajo custodia de la policía con fines de investigación. Transcurrido ese tiempo, el ministro del Interior puede cursar una orden de detención por dos años en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Esta orden de detención por dos años se puede renovar indefinidamente sin que el detenido esté siquiera acusado de algún delito ni haya sido juzgado ante un tribunal de justicia. Así pues, la Ley de Seguridad Interna es contraria a los principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos el derecho de la persona a su libertad, el derecho a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio público y con las debidas garantías ante un tribunal de justicia.

Los derechos humanos en Libia deben formar parte del diálogo con Estados Unidos

Fri, 05 Sep 2008 10:59:15 +0100

Con motivo de la visita a Libia de la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice, primera autoridad estadounidense de ese rango que visita el país en 55 años, Amnistía Internacional ha exhortado al gobierno de Estados Unidos a que los derechos humanos constituyan una parte integral de su cooperación bilateral con ese país. Condoleezza Rice visita Libia como parte de un periplo por el norte de África que incluye reuniones con autoridades de Túnez, Argelia y Marruecos.

En una carta enviada a la secretaria de Estado estadounidense, Amnistía Internacional subrayó los motivos clave de preocupación en materia de derechos humanos que cree que debían tratarse durante su histórica visita, como la represión constante de toda forma de actividad y pensamiento político independiente y la detención de presos de conciencia, a los que se sanciona por el solo hecho de criticar a las autoridades libias o por tratar de organizar manifestaciones públicas en contra del gobierno.

A pesar de las modestas mejoras que a lo largo de los últimos años se han producido en Libia en el campo de los derechos humanos, las autoridades controlan férreamente todas las formas de reunión, asociación y expresión públicas. Por ley, se penaliza cualquier forma de actividad grupal que se base en una ideología política contraria a los principios de la Revolución de al-Fateh del 1 de septiembre de 1969, que llevó al poder al dirigente libio, coronel Muamar al Gadafi.

El encarcelamiento continuado que ha sufrido desde 2004 el preso de conciencia Fathi el-Jahmi encarna las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que se comenten en Libia. La situación en que se encuentra Fathi el-Jahmi se debe a los contactos que, presuntamente, había mantenido en Trípoli con diplomáticos estadounidenses y a las entrevistas, en las que criticaba a las autoridades libias, que concedió en marzo de 2004 a canales de noticias por vía satélite.

Otro caso de represión de la disidencia política pacífica es el de Idriss Boufayed y otras 11 personas condenadas en junio de 2008 a severas penas de hasta 25 años de prisión. Se los declaró culpables de intentar organizar una protesta pacífica contra las autoridades libias en la que se conmemoraría el primer aniversario de la matanza de al menos 12 personas y las lesiones causadas a varias decenas más durante el transcurso de una manifestación que tuvo lugar en Benghazi en febrero de 2006.

Amnistía Internacional ha pedido a Condoleezza Rice que aproveche esta oportunidad de normalizar las relaciones con Libia para que inste a las autoridades del país a que pongan en libertad inmediatamente y sin condiciones a los presos de conciencia y a que revoquen todas las leyes que penalizan actividades que constituyen simplemente el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de asociación.

Amnistía Internacional también advirtió a las autoridades estadounidenses que no devolvieran a Libia a ninguna persona de nacionalidad libia que se encontrara detenida en Guantánamo. Aquellas personas a las que se devolviera podrían estar expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos y procedimientos judiciales injustos. En su carta, Amnistía Internacional declaró que, en vez de llegar con las autoridades libias a acuerdos que faciliten el traslado no voluntario de personas, las autoridades estadounidenses deben buscar para los nacionales libios detenidos en Guantánamo soluciones alternativas que garanticen que se les dé un trato que esté en total consonancia con el derecho internacional

En la carta, en la que también se hacía un resumen de las preocupaciones que suscita en la organización la situación de los derechos humanos en el resto de países norteafricanos que Rice tenía previsto visitar, Amnistía Internacional aconsejaba que no se devolviera a Argelia a ninguna persona de nacionalidad argelina que actualmente se encuentre recluida en Guantánamo, ya que estaría igualmente expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos. La organización dispone de documentos que muestran que las autoridades argelinas, en el contexto de la lucha antiterrorista, siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, como detención en régimen de incomunicación y tortura y otros malos tratos.

Los propios informes por países del Departamento de Estado estadounidense del año 2007 sobre las prácticas en cuestión de derechos humanos exponen también que las fuerzas de seguridad libias torturan de forma habitual a los presos y admiten que en Argelia las denuncias de tortura persisten en un ambiente de impunidad.

Amnistía Internacional insta a las autoridades estadounidenses a que cumplan la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU de que "adopte todas las medidas necesarias" para asegurar que ninguna persona sea trasladada a otro país "si hay razones consistentes para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Amnistía Internacional espera que, en su histórica visita a la región, Condoleezza Rice no desatienda relevantes motivos de preocupación en el terreno de los derechos humanos en favor de otras cuestiones de interés para ambos países.

El estado de emergencia en Tailandia no debe violar los derechos humanos

Tue, 02 Sep 2008 17:00:12 +0100

El gobierno tailandés ha declarado hoy el estado de emergencia, tras los violentos enfrentamientos que se produjeron entre los manifestantes progubernamentales y el grupo antigubernamental Alianza Popular por la Democracia (PAD) ante la sede del gobierno en Bangkok, y que se saldaron con una persona muerta y más de 40 heridas.

Amnistía Internacional ha afirmado que el gobierno tailandés debe eliminar las restricciones a la libertad de expresión contenidas en el decreto de emergencia, y ha pedido a todos los líderes políticos, incluidos los de la PAD, que respeten los derechos humanos.

“El gobierno es responsable, en última instancia, de la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Tailandia, independientemente de las opiniones políticas que profesen”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia. “Pero el gobierno no debe aprovechar este estado de emergencia para silenciar la libre expresión o para violar otros derechos humanos.”

“El derecho internacional establece claramente que, incluso bajo un estado de emergencia, las personas tienen derecho a manifestar su opinión sobre todas las cuestiones que les afectan –incluido el propio decreto de emergencia– y a expresar puntos de vista distintos de los del gobierno o los grupos a los que se oponen.”

Además, el gobierno debe limitar las actuales restricciones que el decreto impone a la libertad de reunión, y debe aplicarlas únicamente a las zonas de Bangkok más afectadas por las protestas y los enfrentamientos entre los distintos grupos políticos.

“Estas manifestaciones y contramanifestaciones demuestran que muchos habitantes de Tailandia se sienten frustrados por la ausencia de respeto por el Estado de derecho y la ausencia de rendición de cuentas. Así, lo que en última instancia se necesita es una mayor rendición de cuentas, un Estado de derecho que no se vea cuestionado, y un mayor respeto por los derechos civiles y políticos”, ha manifestado Benjamin Zawacki.

Información complementaria
Los miembros de la Alianza Popular por la Democracia ocuparon la televisión estatal tailandesa (NBT) el 26 de agosto, y miles de ellos siguen ocupando desde ese día la sede del gobierno, que incluye la oficina del primer ministro. El 29 de agosto hubo estallidos de violencia tanto en la sede del gobierno como en la jefatura de la Policía Metropolitana, y el 1 de septiembre se produjo una explosión ante un cuartel. Decenas de manifestantes y policías resultaron heridos, y casi un centenar de manifestantes han sido detenidos.

La sección 9.3 del Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones de Emergencia de Tailandia (2005) prohíbe publicar comunicados de prensa o distribuir o difundir cartas, publicaciones o cualquier otro medio de comunicación que contengan textos que puedan crear miedo entre la población, o que busquen distorsionar la información o establecer nociones de la situación de emergencia que afecten a la seguridad del Estado, al orden público o a la moral de la población de todo el reino.

El gobierno tailandés no ha invocado todas las disposiciones del decreto de emergencia y, por ejemplo, se ha abstenido de imponer el toque de queda en Bangkok. También ha indicado que dicho decreto sólo permanecerá en vigor mientras sea necesario.

Bielorrusia debe respetar la libertad de reunión, asociación y expresión

Wed, 20 Aug 2008 14:45:34 +0100

Video placeholder

Durante 2007, la membresía, los grupos de jóvenes y los simpatizantes de Amnistía Internacional enviaron más de 11.000 grullas de papel a las autoridades bielorrusas.

Además, se envió al Ministerio del Interior bielorruso una grulla gigante creada por jóvenes de Amnistía Internacional México.

Estas grullas formaban parte de una campaña internacional en favor de la liberación de un joven activista, Zmitser Dashkevich, condenado a un año y medio de prisión por “organizar o participar en las actividades de una organización no inscrita”.

Zmitser Dashkevich, líder del movimiento de oposición Frente Juvenil, fue condenado en noviembre de 2006 en virtud del artículo 193.1 del Código Penal bielorruso. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

Tras la campaña de las grullas de papel (véase el vídeo), Zmitser Dashkevich (en la foto) quedó en libertad anticipadamente, el 23 de enero de 2008.

Desde su entrada en vigor en diciembre de 2005 por decreto presidencial, el artículo 193.1 ha permitido sancionar a organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos no inscritos por sus actividades. La organización de actividades de ONG no inscritas, o la participación en ellas, se han convertido en delitos punibles con penas de hasta dos años de prisión.

En virtud del artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han detenido, recluido y condenado a activistas y miembros de ONG, en su mayoría jóvenes, por haber ejercido sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión. Desde entonces se ha amonestado, multado y encarcelado a numerosos activistas.

Las personas condenadas pasan a tener antecedentes penales, que se cancelan una vez transcurridos dos años. Esta circunstancia puede ser fuente de nuevos problemas, como la expulsión de instituciones académicas, la discriminación en el ámbito laboral o la prohibición de salir del país.

En Bielorrusia es extremadamente dificultoso registrar una ONG. Por ejemplo, los activistas del Frente Juvenil han intentado en repetidas ocasiones legalizar su organización, nacida hace más de diez años, pero el Ministerio de Justicia ha rechazado todas sus solicitudes.

En esas circunstancias, las ONG se ven obligadas a llevar a cabo sus labores legítimas en condiciones adversas, bajo la amenaza constante del hostigamiento de las autoridades. El artículo 193.1 ha venido a reforzar la capacidad de las autoridades de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos.

Sin embargo, desde que Amnistía Internacional empezó a organizar actividades de campaña contra el artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han dejado de imponer penas de prisión.

Durante su campaña por la liberación de Zmitser Dashkevich, la organización ha observado que, si bien las autoridades siguen deteniendo a personas y presentando cargos en su contra en virtud del artículo 193.1, los procesos judiciales desembocan en multas o amonestaciones, y no en penas de prisión.

Esto indica un cambio por parte de las autoridades bielorrusas, posiblemente debido a la presión internacional. Para aprovechar esa presión, Amnistía Internacional está instando al gobierno bielorruso a dar un paso más y abolir inmediatamente el artículo 193.1.

Asimismo, la organización pide al gobierno bielorruso que revise otras leyes, normativas y prácticas relacionadas con el registro y las actividades de las ONG, que deje de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos en Bielorrusia, y que cese en la práctica de expulsar a estudiantes, de forma temporal o permanente, de las instituciones académicas exclusivamente por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos.

Solidaridad con Zimbabue ante la reunión de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral

Fri, 15 Aug 2008 15:03:15 +0100

Cerca de 80 organizaciones, entre ellas varias Secciones africanas de Amnistía Internacional, han aunado sus voces para mostrar su solidaridad con el pueblo de Zimbabue. En una declaración dirigida a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, que se reúne este fin de semana en Sudáfrica, las organizaciones han expresado su preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos que sufre la población zimbabuense.

En el texto, las organizaciones reconocen que los partidos políticos zimbabuenses, la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la Unión Africana y las Naciones Unidas están haciendo esfuerzos para solucionar la situación política y económica del país.

Sin embargo, los firmantes de la declaración –entre los que están HURINET, con sede en Uganda; la Red de ONG de Derechos Humanos del África Austral (SAHRiNGON), con sede en Tanzania; y el Centro de Asistencia Jurídica, de Namibia– han señalado que siguen cometiéndose violaciones de derechos aun después de que los partidos políticos hayan firmado el Memorando de Entendimiento el 21 de julio. Han hecho hincapié en que continúan la tortura, los malos tratos, el hostigamiento y la intimidación de activistas políticos y de derechos humanos.

“También nos preocupa que el Memorando de Entendimiento no haya abordado expresamente ciertas cuestiones importantes sobre justicia e impunidad, lo cual indica que esos asuntos no se tratarán en las conversaciones que tengan lugar entre los partidos políticos”, expone la declaración.

“Sumamos nuestras voces al creciente número de líderes cívicos y políticos, activistas y personas de a pie que condenan los acontecimientos de Zimbabue, que han causado indecibles sufrimientos a su población. Deben buscarse de una vez soluciones a la persistente violencia política, la supresión de derechos humanos fundamentales y la ausencia de gobernanza, que han contribuido de forma directa al empobrecimiento del pueblo zimbabuense.”

“El actual gobierno ha reprimido brutalmente la disidencia democrática y ha perseguido a activistas políticos y de derechos humanos, despreciando sin miramientos los derechos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.”

La declaración hace un llamamiento a los líderes africanos de todas las esferas –panafricana, regional y nacional– y a sus instituciones para que insten al gobierno de Zimbabue a poner fin de inmediato a las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en el país, a condenar públicamente toda violencia política y a pedir el cese de dicha violencia.

Lamentable investigación del ejército israelí sobre el homicidio de un cámara en Gaza

Fri, 15 Aug 2008 18:31:53 +0100

Amnistía Internacional ha calificado de escandalosa la conclusión de la investigación del ejército israelí según la cual el disparo de un proyectil efectuado desde un tanque, que acabó con la vida del cámara de Reuters Fadel Shana, fue una decisión “sensata”. La supuesta investigación versaba sobre los homicidios del periodista y de otros tres civiles desarmados –entre los que había dos menores– ocurridos el 16 de abril de 2008.

La pretendida investigación del ejército ha carecido de todo signo de imparcialidad, por lo que Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se realice una investigación imparcial e independiente del homicidio. La organización ha afirmado que la conclusión a la que ha llegado el ejército no hará más que reforzar la impunidad que ha llevado a las fuerzas israelíes en Gaza a cometer tantos homicidios temerarios y desproporcionados de menores y de otros civiles desarmados.

Fadel Shana trabajaba para la agencia de noticias Reuters y viajaba en un vehículo claramente señalizado con la palabra “Press”. Al salir del auto, tanto él como su compañero llevaban chalecos antibalas con el distintivo de la prensa. Lo mató un tanque israelí al que estaba filmando. El tanque lanzó un proyectil contra Shana, que también impactó en civiles, incluidos niños, e hirió a su compañero y a otras personas a su alrededor.

Shana y dos niños, Ahmad Farajallah y Ghassan Khaled Abu ‘Ataiwi, murieron a consecuencia de los impactos de los dardos del proyectil. Amnistía Internacional ha explicado que las bombas de fragmentación, que son muy imprecisas y albergan en su interior hasta 5.000 dardos de acero de cinco centímetros de longitud conocidos como flechettes que se extienden por una zona del tamaño de un campo de fútbol, son letales y nunca deben utilizarse en zonas pobladas ni en sus alrededores.

En la carta que envió a Reuters, el procurador general militar israelí afirma que el personal del tanque no vio ningún distintivo en el vehículo y que pensó que Fadel Shana era un integrista que apuntaba con un misil.

"Habida cuenta de los sofisticados sistemas ópticos de los dos tanques israelíes, situados a menos de kilómetro y medio, y de que la zona es abierta y la visibilidad era muy buena a plena luz del día, resulta extremadamente difícil creer que los soldados no hubieran visto las palabras ‘TV-Press’ señalizadas claramente tanto en el chaleco antibalas azul de Fadal Shana como en el vehículo Mitsubishi de Reuters aparcado a su lado", declaró Donatella Rovera, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Casi nunca se llevan a cabo investigaciones independientes cuando las fuerzas israelíes matan a población civil desarmada. Incluso en los casos en que la indignación internacional obliga al procurador general militar a investigar un suceso de este tipo, el proceso es restringido y carece de independencia o imparcialidad. En esta ocasión, como en casi todas las demás, no se interrogó a ningún testigo.

No se ha realizado ninguna investigación adecuada de los homicidios de los otros 13 civiles desarmados, entre ellos ocho menores, ocurridos ese mismo día después de que grupos palestinos hubieran emboscado y matado a tres soldados israelíes.

Al no investigar estos homicidios ilegítimos ni hacer rendir cuentas a sus responsables, se niega la justicia a las víctimas y se fomentan los abusos. En último término también se están poniendo obstáculos a la posibilidad de encontrar una solución pacífica al conflicto, pues se transmite a la población palestina el mensaje de que les está vedada la justicia.

“Es incuestionable la necesidad de llevar a cabo una investigación plenamente independiente e imparcial de este homicidio”, manifestó Donatella Rovera.

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el lanzamiento de cohetes y demás ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes, y ha pedido que se les ponga fin y que sus responsables sean procesados. No obstante, la organización ha señalado que estos ataques de grupos armados no justifican la impunidad de que goza el ejército israelí por los homicidios de civiles palestinos.

En los primeros seis meses de 2008, las fuerzas israelíes mataron a unos 400 palestinos, entre ellos a más de 50 menores. La mayoría murió en Gaza y al menos la mitad eran civiles desarmados.

En el mismo periodo murieron 25 israelíes, entre ellos 17 civiles, en ataques lanzados por grupos armados palestinos.