Páginas web sobre "Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings"

Ni verdad ni justicia tras 40 años de la masacre de México

Wed, 01 Oct 2008 17:40:16 +0100

Hace 40 años, el 2 de octubre de 1968, el ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente en Tlatelolco, Ciudad de México. Las estimaciones sobre el número de personas que murieron varían, pero la masacre sigue siendo uno de los peores episodios de homicidios masivos de la historia de México.

1968 fue un año en el que estudiantes y activistas de todo el mundo se echaron a la calle para cambiar su realidad y en muchos lugares tuvieron enfrentamientos con las autoridades.

A lo largo y ancho de Estados Unidos, los estudiantes iban cerrando campus a medida que se propagaban las revueltas y manifestaciones contra la guerra por todo el país. En Londres, 80.000 se manifestaron contra la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles de Irlanda del Norte cobró ímpetu. En mayo, se rebelaron los estudiantes de París; a su rebelión siguió una huelga general masiva. En Checoslovaquia se registró una oposición generalizada de la población contra la represión de reformas políticas por parte de tropas soviéticas.

Y en el centro de Ciudad de México, pocos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, policía, ejército y hombres armados sin identificar rodearon la Plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco. La plaza estaba llena de personas que se manifestaban contra la brutalidad policial, en un acto más de la huelga estudiantil general que se produjo tras las palizas que en julio recibieron estudiantes a manos de “los granaderos” (policía antidisturbios).

Hacia las seis de la tarde, abrieron fuego desde vehículos blindados y tanques, utilizando artillería pesada y soldados a pie armados con bayonetas. Dispararon hacia la plaza abarrotada de estudiantes y contra los edificios residenciales que la circundaban. El gobierno finalmente entregó 44 cadáveres, 10 de los cuales aún no se han identificado.

Cuatro décadas más tarde, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a las cuestiones que rodean aquella masacre perpetrada en Ciudad de México, según ha manifestado Amnistía Internacional. Javier Zúñiga, ahora asesor especial de Amnistía Internacional que en aquel entonces trabajaba como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura, había acudido con su mujer y su hija de dos años a lo que se esperaba sería un acto pacífico. Allí presenciaron la llegada de las tropas gubernamentales desde un puente cercano que mira a la plaza.

“Cuarenta años después de la masacre de Tlatelolco, muchísimas preguntas inquietantes siguen sin respuesta,–ha manifestado Javier Zúñiga–. ¿Quién ordenó la masacre? ¿Durante cuánto tiempo se había planeado? ¿Cuántos murieron? ¿A quién pertenecen esos cadáveres que aún no se han identificado?”

“Para cuando empezaron los disparos estaba oscureciendo, así que era difícil ver con exactitud qué estaba sucediendo”, recuerda Zúñiga. “Pero recuerdo, tan claro como si lo estuviera viendo ahora, que el ejército entró en la plaza antes de que comenzaran los disparos, y no a consecuencia de ellos, como muchas fuentes gubernamentales han mantenido. Cundió el pánico, y la gente empezó a correr en todas direcciones gritando: ‘¡Viene el ejército, viene el ejército!’. Poco después, parecía que la plaza estaba llena de cadáveres.”

“Volví a la mañana siguiente, temprano, y vi pilas de cinturones y zapatos. Seguía habiendo charcos de sangre en el suelo, pese a los evidentes esfuerzos por limpiarla. También vi grandes agujeros de bala en los pilares de cemento, a la altura de la cabeza de un adulto.”

Pese a los constantes esfuerzos de víctimas, familiares y miembros del movimiento estudiantil por establecer la verdad de lo sucedido aquella noche, los hechos completos nunca se han establecido, y los responsables no han rendido cuentas.

“El hecho de que el gobierno mexicano no haya establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 de octubre de 1968 ha dejado en la sociedad mexicana una profunda herida que sólo se cerrará cuando los hechos se descubran del todo, cuando se lleve a los responsables ante la justicia y cuando se proporcione reparación a las víctimas y sus familias”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“El gobierno del presidente Calderón ha guardado silencio sobre este oscuro capítulo de la historia de México. Instamos a este gobierno a que abra todos los archivos y registros pertinentes, lleve a cabo una investigación nueva e independiente, y elimine los obstáculos que impiden que los responsables de este terrible crimen sean llevados ante la justicia.”

La organización ha pedido al presidente mexicano, Felipe Calderón, que establezca de una vez por todas la verdad sobre la masacre perpetrada en la Plaza de Las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México, unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968. También ha instado al gobierno a proporcionar justicia y reparación a las familias de las víctimas.

Es necesario impartir exhaustivamente justicia en toda la ex Yugoslavia

Fri, 29 Aug 2008 14:30:46 +0100

Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional

Ahora que se reanuda el juicio contra Radovan Karadzic ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, podemos afirmar, sin duda, que su enjuiciamiento constituye un enorme paso adelante en el proceso de impartir justicia a las decenas de miles de víctimas de Bosnia y Herzegovina. Pero, ¿son suficientes unos cuantos juicios de gran repercusión en La Haya para que cicatricen las heridas abiertas por las terribles violaciones de derechos humanos que ambos bandos cometieron durante el conflicto?

Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a los países de la región a complementar el trabajo del Tribunal con esfuerzos exhaustivos encaminados a investigar y juzgar los miles de crímenes más en los que participaron sospechosos de grado medio y bajo para los que ese tribunal no tiene capacidad.

Si bien la reanudación del juicio contra Radovan Karadzic ha devuelto protagonismo al Tribunal de La Haya, para cuya clausura el Consejo de Seguridad de la ONU ha recomendado la arbitraria fecha de 2010, nuestra organización alberga serias dudas sobre los esfuerzos que se están haciendo para que los sistemas locales de justicia penal cumplan su cometido en la región. Las víctimas de crímenes como asesinato, violación y expulsión forzada llevan casi 13 años, desde el final de la guerra, pidiendo justicia, y continúan sufriendo, sin que se haya aclarado la verdad ni se les hayan ofrecido reparaciones.

Amnistía Internacional no niega que las autoridades nacionales hayan tomado ciertas medidas con vistas a investigar y enjuiciar crímenes cometidos durante los conflictos de la década de 1990, pero la realidad es que esa labor se ha visto socavada por una desigual voluntad política, unida a las limitaciones de capacidad judicial y a la falta de cooperación entre los países a la hora de facilitar pruebas y de detener y extraditar a acusados. Además, sólo se está enjuiciando a un reducido número de sospechosos.

En Croacia, Amnistía Internacional ha criticado la ausencia de investigaciones y juicios sobre crímenes cometidos por el ejército y la policía croatas, entre ellos el asesinato y la desaparición forzada de más de 100 serbocroatas en la región de Sisak durante la guerra de 1991 a 1995.

En Montenegro, los procesos han sufrido obstrucciones políticas y su efectividad está en entredicho. No se han experimentado avances en la causa penal por la desaparición de 83 personas bosniacas, y el Tribunal Nacional de Apelación ha desestimado las demandas civiles interpuestas por sus familiares.

En Serbia, las investigaciones avanzan lentamente, y la independencia de la magistratura es cuestionable. Dieciséis años después del éxodo forzado de cientos de croatas de la provincia de Vojvodina, en el que murieron 14 personas, los hechos siguen sin investigarse. Además, en los casos que sí se están enjuiciando, los fiscales que participan en ellos reciben periódicamente amenazas, y es dudosa la eficacia del sistema nacional de protección a las víctimas.

En Kosovo, faltan investigaciones y juicios efectivos, en particular en los casos de delitos de violencia sexual, y además no se ha protegido a los testigos y cada vez son menos los jueces y fiscales internacionales. Los responsables de más de 3.000 casos de desapariciones forzadas y secuestros continúan impunes.

Por otro lado, aunque en Bosnia y Herzegovina se ha establecido una Sala de Crímenes de Guerra con el respaldo de la comunidad internacional, Amnistía Internacional teme que la retirada prevista del personal internacional menoscabe su eficacia, a menos que se dote a la magistratura, la fiscalía y el personal local de recursos suficientes y programas de formación. En los casos enjuiciados ante tribunales cantonales y de distrito, existen serias dudas sobre la capacidad de esas instituciones para abordar casos de tal complejidad.

A medida que aumenta la presión por el desmantelamiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, es necesario intensificar los esfuerzos por garantizar los beneficios a largo plazo de unos sistemas de justicia nacionales fortalecidos. Asimismo, debe proseguir la supervisión internacional de los juicios nacionales por crímenes de guerra mientras no se observe el compromiso político correspondiente y no se acometan las reformas profundas necesarias para que se pueda hacer justicia.

La comunidad internacional debe aprovechar su influencia en las relaciones con estos países para pedir el fin de la impunidad en todos los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Para ello, también será necesario asegurarse de que los sistemas nacionales de justicia de la región reciban las ayudas necesarias para formar al personal, fomentar la capacidad de los sistemas locales de justicia y establecer programas de protección a los testigos y mecanismos de reparación y esclarecimiento de la verdad efectivos.

Si bien es probable que el juicio contra Radovan Karadzic termine antes del desmantelamiento del Tribunal, los juicios que se celebran en él no son suficientes para las víctimas del conflicto de los Balcanes. Tenemos el deber de garantizar la realización de sus derechos a la justicia, a la verdad y a recibir reparaciones. De lo contrario, puede que nunca llegue a su fin la tarea de impartir justicia en toda la ex Yugoslavia, y quienes pagarán las consecuencias serán las miles de víctimas de los crímenes perpetrados.

Entrevista a una superviviente del conflicto de Bosnia y Herzegovina

Fri, 29 Aug 2008 15:04:05 +0100

Transcripción de la entrevista realizada a Nidzara Ahmetasevic, redactora del equipo Informe sobre Justicia bosnio de BIRN, una agencia de noticias con sede en Sarajevo, que se ha especializado en lo relativo a los procesos por crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina, a la justicia transicional y a todo el proceso de afrontar el pasado. Ahmetasevic tenía 17 años cuando la guerra empezó en 1992. Tras resultar herida en una pierna, abandonó el país, para volver al cabo de un año.

¿Dónde y cómo la hirieron?
Me hirieron el 28 de mayo de 1992, en mi casa, que está en el centro de la ciudad, cerca de la presidencia. Fue la noche en que las agencias de información interceptaron una conversación entre Ratko Mladic y un soldado, en la que Mladic ordenaba que se quemara una parte de la ciudad y, casualmente, mi casa estaba incluida en esa zona. Resulté herida en el ataque, y me llevaron al hospital, donde estuve un mes. Los serbios de Bosnia utilizaban un lanzacohetes, con el que dispararon contra todas las zonas de la ciudad. Se dispararon 36 cohetes, y uno de ellos cayó en nuestro apartamento. El día anterior se había producido la primera masacre, cuando dispararon contra la gente que hacía cola para proveerse de pan. Mataron e hirieron a muchas personas. La noche que resulté herida, había muchas personas más como yo, así que acomodaron en una cama en el pasillo del hospital, porque no había sitio en las salas. Más tarde, me trasladaron a una sala con otras 48 personas heridas.

¿Había suficientes medicinas y personal medico para cuidarla?
La noche que ingresé en el hospital, también ingresó una anciana. Sus heridas eran mucho peores que las mías. Los médicos discutieron delante de mí qué hacer con los escasos medios de los que disponían: si tratarme a mí o a ella. Decidieron tratarme a mí primero, porque yo era joven y tenía más posibilidades de sobrevivir. Esa misma noche murió la anciana, con la que compartía cama, ya que también éstas escaseaban. Pasé la noche en una cama empapada en sangre, junto a un cadáver. Permanecí en el hospital más de un mes, para que me trataran la pierna. En ningún momento del tratamiento me aplicaron anestesia.

Los años de la guerra fueron traumáticos para usted y para todas las personas de su país. ¿Qué opinión le merece el juicio de Karadzic? ¿Cree que conseguirán conocer toda la verdad y que empezará el proceso de cicatrización de las heridas?
Creo en la justicia, y espero que su juicio nos permita aprender algo más sobre los motivos de la guerra y sobre todo lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina. Al mismo tiempo, dudo seriamente que pueda constituir un punto final. La guerra duró mucho, y nadie ayudó realmente a la población durante ese periodo; esperamos mucho tiempo la detención de Karadzic, pero Mladic sigue en libertad, y las heridas, no sólo las visibles, sino las heridas de verdad, están por todas partes. Este país es tan frágil que no estoy segura del futuro que le espera tal como está. Así que no estoy convencida de que el juicio traiga consigo todo lo que esperamos. Habíamos idealizado la detención de Karadzic y Mladic, y pensábamos que cuando eso ocurriera, empezaría una nueva vida para nosotros. Eso no va a ocurrir, pero al menos esperamos verlo en el tribunal, y conocer la verdad sobre muchas de las cosas que ocurrieron a nuestro alrededor.

Karadzic es uno de los principales perpetradores, pero no el único. Muchos continúan en libertad en Bosnia. ¿Cree que el sistema de justicia del país puede hacerse cargo de ellos?
La población del país es consciente de que nunca se enjuiciará a todos los perpetradores. Como el hombre que me disparó en la pierna. Nunca sabré quién fue ni qué le ocurrió, aunque me gustaría saberlo. Sigo a diario los juicios en la Sala de Crímenes de Guerra, cuya trascendencia es enorme. La Haya es muy importante, pero para nosotros es también muy importante que esos juicios se puedan celebrar en el país en el que se cometieron los crímenes. Esa posibilidad es de gran valor no sólo para la población de Bosnia, sino para todo el mundo. Aún queda por completar todo el proceso, y tanto la fiscalía como los tribunales siguen siendo débiles, pero se están fortaleciendo. Espero que se consoliden, y que puedan abordar los casos más delicados y enjuiciar a las personas más destacadas responsables de crímenes. La semana del 29 de julio, la Sala de Crímenes de Guerra emitió el primer fallo en un caso de genocidio en Bosnia y Herzegovina. Se enjuiciaba a 11 personas acusadas de genocidio tras la caída de Srebrenica: siete de ellas fueron declaradas culpables y condenadas a 42 años en prisión.

¿Qué necesita el sistema de justicia para ser más efectivo?
En este momento, el sistema de justicia no está aún en manos del Estado, porque seguimos teniendo jueces y fiscales internacionales, y los tribunales dependen aún de donaciones internacionales. Todo ello debe ser responsabilidad de Bosnia, ya que de ese modo se demostrará que este Estado quiere afrontar los crímenes de guerra. A escala local, se necesita mucho más. En ese ámbito, el sistema está subdesarrollado, ni la fiscalía ni los tribunales tienen suficiente capacidad, y sigue sin poder ofrecerse protección a los testigos. Desde el punto de vista local, se necesita mucho más que desde la perspectiva estatal, aunque la judicatura del Estado tiene que luchar aún mucho para conquistar su independencia, y transmitir la idea de que está dispuesta a hacer frente a los fantasmas del pasado.

¿Cree que las víctimas podrán recibir reparaciones y que eso servirá para cicatrizar las heridas y para que la población de Bosnia y Herzegovina se sienta unida como pueblo y como nación?
Eso es lo que espero. Creo que muchas personas de este país están listas para ello, que muchas personas creen y esperan que podamos vivir en un Estado unificado. Desgraciadamente, los políticos de este país no están dispuestos a hacer nada para ayudarnos a conseguir lo que, en pocas palabras, es nuestro sueño. Están corruptos. No piensan en el pueblo ni en el Estado, sólo en ellos mismos y en mantenerse en el poder. Así que, en este momento, ésa es una amenaza mucho mayor para el futuro de Bosnia que todo lo relacionado con el pasado y con la cuestión de los crímenes de guerra. Para los políticos de este país, los crímenes de guerra y todo lo que ocurrió durante la guerra son sólo instrumentos para manipular a la población. Recurren a ellos para fines de propaganda personal y para infundir miedo en la población y mantenerse así en el poder. Pero si se pregunta a la gente, incluso a la de Srebrenica, ya viven juntos, como en Prijedor, donde la gente también vive unida. En Sarajevo, ni siquiera distinguimos la nacionalidad de las personas que viven de la ciudad. Así que creo que la población está mucho más preparada que los políticos. Desgraciadamente, dependemos de los políticos.

Continúa la preocupación por la población civil tras el fin de las hostilidades en Georgia

Fri, 22 Aug 2008 15:06:52 +0100

Tras el acuerdo de alto el fuego firmado el 16 de agosto por Georgia y Rusia, Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes en el conflicto que protejan a la población civil desplazada, a los refugiados que huyeron durante las hostilidades y a las personas que se quedaron en las zonas donde se produjeron enfrentamientos.

La organización les ha pedido también que garanticen la llegada de asistencia humanitaria a todas las víctimas del conflicto, tanto en Rusia como en Georgia, y procuren que a todas las personas que huyeron como consecuencia de las hostilidades se les garantice un retorno seguro y duradero a sus hogares.

Las personas que huyeron a otras zonas de Georgia y a la región rusa de Osetia del Norte siguen precisando ayuda humanitaria. También continúan necesitándola las que se quedaron en Osetia del Sur y en otras zonas del oeste de Georgia en las que se registraron combates. Asimismo, todas estas personas siguen corriendo peligro de sufrir ataques por motivos étnicos.

El 19 de agosto, según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de personas desplazadas como consecuencia de las hostilidades ascendía a más de 158.700. Alrededor de 98.000 eran personas desplazadas dentro de Georgia. Esta cifra incluía la mayor parte de la población de la ciudad de Gori y de las localidades vecinas del oeste del país.

Las personas desplazadas dentro de Georgia se alojan en edificios municipales, como escuelas, y en campos situados en la capital, Tiflis, y en sus alrededores. Las condiciones en estos centros varían mucho entre sí. El 20 de agosto, una delegación de Amnistía Internacional visitó un antiguo edificio del Ministerio de Defensa en el que se alojan actualmente 1.600 personas desplazadas procedentes de Osetia del Sur. El edificio carecía de agua corriente, electricidad y sistema de tratamiento de aguas residuales.

Organizaciones de ayuda humanitaria han señalado que es difícil acceder a la población civil que se ha quedado en las zonas donde se produjeron las hostilidades. El primer convoy humanitario de la ONU no pudo llegar a Gori hasta el 17 de agosto.

En Osetia del Norte, funcionarios rusos han indicado que las 30.000 personas que huyeron aproximadamente de Osetia del Sur siguen en la Federación Rusa, la mayoría de ellas en Osetia del Norte. Equipos de ayuda rusos han señalado que se necesitaba asistencia humanitaria en Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, debido a la destrucción de las infraestructuras y del hospital local. Sin embargo, hasta el 20 de agosto las autoridades rusas no permitieron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a la región. Su presidente, Jakob Kellenberger, declaró: “[hay] indicios de que todavía quedan por cubrir necesidades importantes en la región”.

Deben investigarse los ataques aparentemente indiscriminados contra la población civil
A Amnistía Internacional le preocupa que algunos de los bombardeos realizados durante el conflicto en Osetia del Sur y en otras zonas de Georgia pudieran equivaler a ataques directos o indiscriminados contra la población civil, es decir, a acciones tipificadas como crímenes de guerra. No se sabe todavía con exactitud el número de civiles muertos durante el conflicto. El 20 de agosto, las autoridades rusas informaron de que habían muerto 133 civiles sudosetos, y al día siguiente las autoridades georgianas indicaron que las víctimas civiles de nacionalidad georgiana ascendían a 69.

Amnistía Internacional pide a todas las partes en el conflicto que emprendan de inmediato investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos y lleven a los responsables ante la justicia.

Posibles ataques por motivos étnicos
Ciudadanos civiles de Georgia y la Federación Rusa siguen corriendo peligro de sufrir ataques por motivos étnicos. Grupos armados irregulares –constituidos, según los informes, en Osetia del Sur y en sus alrededores– han perpetrado abusos contra los derechos humanos.

En Osetia del Sur se han incendiado y saqueado casas de localidades étnicamente georgianas, y se han recibido informes sobre la muerte de civiles. En la región de Gori, en el oeste de Georgia, también se han saqueado y quemado viviendas.

Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes implicadas en el conflicto que proporcionen protección a los civiles que pudieran ser objeto de represalias interétnicas.

La organización les ha pedido también que emprendan con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de abusos perpetrados por motivos étnicos y que pongan a los responsables a disposición judicial.

Información complementaria
El 12 de agosto, Georgia y Rusia aceptaron de forma provisional un alto el fuego propuesto por Francia, en espera de seguir negociando. El alto el fuego se produjo tras cinco días de hostilidades militares en las disputadas regiones de Osetia del Sur y Abjasia y en otras zonas de Georgia.

El acuerdo de alto el fuego lo firmaron los presidentes de Georgia y Rusia el 15 y el 16 de agosto, respectivamente. Sin embargo, hasta el 20 de agosto Rusia no empezó a retirar sus tropas de Georgia, afirmando que las replegaría todas a posiciones fijadas en el acuerdo.

El 19 de agosto tuvo lugar el primer intercambio de prisioneros, pero sigue sin saberse con exactitud el número de prisioneros en poder de cada bando.

Lamentable investigación del ejército israelí sobre el homicidio de un cámara en Gaza

Fri, 15 Aug 2008 18:31:53 +0100

Amnistía Internacional ha calificado de escandalosa la conclusión de la investigación del ejército israelí según la cual el disparo de un proyectil efectuado desde un tanque, que acabó con la vida del cámara de Reuters Fadel Shana, fue una decisión “sensata”. La supuesta investigación versaba sobre los homicidios del periodista y de otros tres civiles desarmados –entre los que había dos menores– ocurridos el 16 de abril de 2008.

La pretendida investigación del ejército ha carecido de todo signo de imparcialidad, por lo que Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se realice una investigación imparcial e independiente del homicidio. La organización ha afirmado que la conclusión a la que ha llegado el ejército no hará más que reforzar la impunidad que ha llevado a las fuerzas israelíes en Gaza a cometer tantos homicidios temerarios y desproporcionados de menores y de otros civiles desarmados.

Fadel Shana trabajaba para la agencia de noticias Reuters y viajaba en un vehículo claramente señalizado con la palabra “Press”. Al salir del auto, tanto él como su compañero llevaban chalecos antibalas con el distintivo de la prensa. Lo mató un tanque israelí al que estaba filmando. El tanque lanzó un proyectil contra Shana, que también impactó en civiles, incluidos niños, e hirió a su compañero y a otras personas a su alrededor.

Shana y dos niños, Ahmad Farajallah y Ghassan Khaled Abu ‘Ataiwi, murieron a consecuencia de los impactos de los dardos del proyectil. Amnistía Internacional ha explicado que las bombas de fragmentación, que son muy imprecisas y albergan en su interior hasta 5.000 dardos de acero de cinco centímetros de longitud conocidos como flechettes que se extienden por una zona del tamaño de un campo de fútbol, son letales y nunca deben utilizarse en zonas pobladas ni en sus alrededores.

En la carta que envió a Reuters, el procurador general militar israelí afirma que el personal del tanque no vio ningún distintivo en el vehículo y que pensó que Fadel Shana era un integrista que apuntaba con un misil.

"Habida cuenta de los sofisticados sistemas ópticos de los dos tanques israelíes, situados a menos de kilómetro y medio, y de que la zona es abierta y la visibilidad era muy buena a plena luz del día, resulta extremadamente difícil creer que los soldados no hubieran visto las palabras ‘TV-Press’ señalizadas claramente tanto en el chaleco antibalas azul de Fadal Shana como en el vehículo Mitsubishi de Reuters aparcado a su lado", declaró Donatella Rovera, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Casi nunca se llevan a cabo investigaciones independientes cuando las fuerzas israelíes matan a población civil desarmada. Incluso en los casos en que la indignación internacional obliga al procurador general militar a investigar un suceso de este tipo, el proceso es restringido y carece de independencia o imparcialidad. En esta ocasión, como en casi todas las demás, no se interrogó a ningún testigo.

No se ha realizado ninguna investigación adecuada de los homicidios de los otros 13 civiles desarmados, entre ellos ocho menores, ocurridos ese mismo día después de que grupos palestinos hubieran emboscado y matado a tres soldados israelíes.

Al no investigar estos homicidios ilegítimos ni hacer rendir cuentas a sus responsables, se niega la justicia a las víctimas y se fomentan los abusos. En último término también se están poniendo obstáculos a la posibilidad de encontrar una solución pacífica al conflicto, pues se transmite a la población palestina el mensaje de que les está vedada la justicia.

“Es incuestionable la necesidad de llevar a cabo una investigación plenamente independiente e imparcial de este homicidio”, manifestó Donatella Rovera.

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el lanzamiento de cohetes y demás ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes, y ha pedido que se les ponga fin y que sus responsables sean procesados. No obstante, la organización ha señalado que estos ataques de grupos armados no justifican la impunidad de que goza el ejército israelí por los homicidios de civiles palestinos.

En los primeros seis meses de 2008, las fuerzas israelíes mataron a unos 400 palestinos, entre ellos a más de 50 menores. La mayoría murió en Gaza y al menos la mitad eran civiles desarmados.

En el mismo periodo murieron 25 israelíes, entre ellos 17 civiles, en ataques lanzados por grupos armados palestinos.

Ciudadano mexicano ejecutado en Texas

Fri, 08 Aug 2008 09:02:11 +0100

Un ciudadano mexicano a quien no se informó de su derecho a pedir asistencia a su consulado después de su detención fue ejecutado en Texas el martes 5 de agosto.

La ejecución de José Medellín constituyó una violación de las obligaciones legales internacionales de Estados Unidos y se llevó a cabo a pesar de los llamamientos emitidos desde todo el mundo para que no se produjese, incluso del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El recurso de última hora presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos también fue infructuoso, ya que el tribunal se pronunció en contra de la suspensión por cinco votos a cuatro. La ejecución tuvo lugar alrededor de las 10 de la noche, unas cuatro horas más tarde de la hora prevista.

Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que se mostró a favor de suspender la ejecución sostuvo que permitir que la ejecución siguiera adelante dejaría a Estados Unidos en una "situación irremediable de violación del derecho internacional y de incumplimiento de nuestras promesas en virtud de los tratados".

"La ejecución de José Ernesto Medellín Rojas por el estado de Texas es una violación del derecho internacional", ha afirmado Amnistía Internacional. "Menoscaba la autoridad de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que había fallado a favor de la suspensión de la ejecución."

José Medellín fue condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos adolescentes: Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16. Los asesinatos se cometieron en Houston en 1993.

Las autoridades de Texas no le notificaron en ningún momento que, como ciudadano extranjero, tenía derecho a pedir asistencia a su consulado, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

A causa de esta violación del tratado, José Medellín se vio privado de la amplia ayuda que México proporciona para la defensa de sus ciudadanos que se enfrentan a cargos punibles con la muerte en Estados Unidos.

El consulado mexicano no tuvo conocimiento del caso hasta casi cuatro años después de la detención de José Medellín, y para entonces el juicio y la apelación inicial que confirmó su declaración de culpabilidad y su condena de muerte ya habían concluido.

El 4 de agosto, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se pronunció por unanimidad en contra de recomendar que el gobernador del estado conmutase la pena de muerte o concediese un indulto.
El gobernador Rick Perry tuvo la oportunidad de conceder una suspensión de la ejecución por 30 días y de pedir a la Junta que reconsiderase su decisión para cumplir una resolución reciente de la Corte Internacional de Justicia, pero no lo hizo.

En 2004 la Corte Internacional de Justicia había concluido que, en los casos de José Medellín y otros 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, este país había violado las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La CIJ ordenó a Estados Unidos que proporcionara una "revisión y reconsideración" judicial de las declaraciones de culpabilidad y las condenas, con el fin de determinar si los acusados se habían visto perjudicados por las violaciones de la Convención.

En marzo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que la resolución de la CIJ "constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos". Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, decidió que la resolución de la CIJ "no es automáticamente vinculante en la ley nacional" y que la autoridad de ponerla en práctica recaía en el Congreso de Estados Unidos.

En el Congreso, los intentos para aprobar legislación de aplicación se estancaron, pero el estado de Texas no modificó la fecha fijada para la ejecución de José Medellín. La CIJ ordenó a Estados Unidos que "tomara todas las medidas necesarias" para detener la ejecución.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue una de las personas que pidió que la ejecución no se llevase a cabo: "Los Estados deben respetar todas las resoluciones y ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia", declaró a una emisora de televisión en Ciudad de México, donde se encontraba asistiendo a una conferencia sobre el VIH/sida.

Tras la ejecución, el gobierno de México emitió un comunicado en el que afirmaba que se había llevado a cabo en "claro desacato" a la ordenanza de la CIJ.

La declaración continuaba así: "El gobierno de México ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por esta violación al derecho internacional, preocupado por el precedente que pueda sentar para los derechos de los connacionales que puedan ser detenidos en ese país."

"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho al acceso a la protección que brindan nuestros consulados a los mexicanos en el exterior".

El Ministerio de Defensa británico acuerda compensar a víctimas iraquíes de tortura

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

El Ministerio de Defensa británico pagará una indemnización a la familia de un hombre iraquí que trabajaba como recepcionista de hotel y que murió tras ser torturado durante 36 horas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.

Se abonarán casi tres millones de libras esterlinas como reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos a las que tanto ese hombre como otros detenidos al mismo tiempo que él fueron sometidos por miembros de las fuerzas armadas británicas.

Baha Mousa, iraquí de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló que había 93 lesiones distintas en el cadáver. Varios iraquíes que estuvieron recluidos hacia la misma época también fueron torturados y maltratados.

El jueves 10 de julio se anunció que las indemnizaciones ascenderán a 2,83 millones de libras esterlinas (5,59 millones de dólares estadounidenses), a repartir entre la familia de Baha Mousa y nueve hombres más que estuvieron detenidos junto con él.

Según los abogados que actuaron en nombre de Baha Mousa en el litigio para el pago de la indemnización, Daoud Mousa, padre de Baha y ex coronel de la fuerza policial iraquí, ha manifestado en relación con la concesión de la indemnización: “Tengo presente cada día la muerte de mi hijo. El acuerdo de indemnización aliviará algo ese dolor, y servirá en parte para que sus hijos, mis nietos, puedan rehacer su vida.”

Amnistía Internacional ha afirmado que considera que la concesión de esta indemnización es un reconocimiento necesario, aunque muy tardío, de las graves violaciones de derechos humanos a las que Baha Mousa y quienes estuvieron detenidos con él fueron sometidos. La organización estima asimismo que se trata de un paso hacia la reparación de esas violaciones.

En su trabajo sobre este caso, Amnistía Internacional ha hecho campaña para conseguir que el Reino Unido lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa, y de la tortura de los demás iraquíes recluidos junto con él.

En mayo de 2008, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que se iba a abrir una investigación pública sobre este caso. Su ámbito y alcance no se han comunicado aún, pero se ha confirmado ya que la investigación se realizará dentro del marco de la Ley de Investigaciones de 2005.

Amnistía Internacional considera desde hace mucho tiempo que ninguna investigación iniciada en aplicación de esta ley sobre una denuncia de violación grave de derechos humanos será lo suficientemente independiente del gobierno que la encargue como para cumplir los criterios pertinentes establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

La violencia y la coacción caracterizan las elecciones de Zimbabue

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

Los comicios celebrados en Zimbabue el viernes 27 de junio han estado marcados por una campaña de violencia e intimidación patrocinada por el Estado en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Amnistía Internacional ha manifestado su profunda inquietud por la campaña, que forma parte de una estrategia deliberada con que el gobierno intenta conseguir que Robert Mugabe se alce con la victoria.

La decisión de celebrar los comicios se tomó a pesar de los llamamientos hechos por la comunidad internacional para que se aplazaran hasta que mejorara la situación de la seguridad en el país. Miles de presuntos simpatizantes del partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) han sido objeto de acoso e intimidación a lo largo y ancho del país.

“Las elecciones de hoy se celebran en un entorno de homicidios, torturas y agresiones generalizadas contra presuntos partidarios de la oposición. Se ha permitido a Zimbabue actuar al margen del marco de derechos humanos de la Unión Africana y la ONU durante demasiado tiempo”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Es hora de hacer efectiva la solidaridad africana e internacional con las víctimas de violaciones de derechos humanos de Zimbabue. No se debe dejar solas a las personas que sufren esta violencia constante.”

Se ha aprehendido y detenido de manera arbitraria a simpatizantes –o personas a quienes se considera simpatizantes– del MDC. Este partido sostiene que alrededor de 2.000 de sus miembros se encuentran bajo custodia. Uno de los detenidos políticos fue el secretario general del partido, el señor Tendai Biti, que quedó en libertad el 26 de junio; había sido detenido el 12 de junio acusado de traición.

Hasta el momento, se cuentan en más de 80 las personas que han resultado muertas en la violencia postelectoral, la mayor parte de ellas simpatizantes del MDC.

Los "veteranos de guerra" han instalado "bases" informales en zonas rurales y urbanas desde donde planean atentados contra partidarios del MDC. Llevan a cabo sesiones de "reeducación" que consisten, entre otras cosas, en agredir con gravedad a personas presuntamente partidarias del MDC para que sirva de "lección" para otros. Entre las víctimas hay mujeres, niños y niñas y personas ancianas.

Se emplea a los órganos de seguridad del Estado, como la policía y el ejército, para ejecutar una agenda partidista, lo que compromete seriamente su responsabilidad constitucional de proteger los derechos humanos de toda la población zimbabuense.

También se han dirigido ataques contra otras personas a quienes se considera opositoras al gobierno, como defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales del derecho. Varios abogados se han visto obligados a abandonar el país, porque temían por su vida y la seguridad de sus familias.

Se ha detenido de manera arbitraria a personas que defienden los derechos humanos, entre ellas a miembros de la organización Mujeres de Zimbabue ¡en pie! (WOZA), y se les ha denegado la libertad bajo fianza simplemente por ejercer su derecho legítimo a manifestarse de forma pacífica.

“Activistas de los derechos humanos como Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, de WOZA, se han ido consumiendo en la situación de reclusión en la que se encuentran desde que las detuvieran el pasado 28 de mayo, debido únicamente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica –ha señalado Amnistía Internacional–. Mientras tanto se deja en libertad a asesinos, torturadores y autores de otros abusos, a los que se da además rienda suelta para cometer nuevas violaciones de derechos humanos con impunidad”.

La crisis de Darfur llega a la capital de Sudán

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

Amnistía Internacional ve con gran preocupación la represión que están ejerciendo las fuerzas de seguridad sudanesas tras la incursión en Jartum de un grupo armado. Las medidas represivas se han caracterizado por violaciones graves de derechos humanos, entre ellas cientos de detenciones arbitrarias, casos de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de estas violaciones han sido mayoritariamente personas originarias de Darfur.

El sábado 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), grupo armado de oposición con base en Darfur, lanzó un ataque militar en las afueras de Jartum. El ataque marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto en Darfur, al ser la primera vez que un grupo armado de oposición llegaba a las afueras de la capital desde el inicio del conflicto en 2003. Según informes, muchos miembros del JEM murieron durante el ataque y decenas fueron arrestados.

Desde entonces, el gobierno ha respondido a este ataque militar con centenares de detenciones arbitrarias y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por la policía sudanesa y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional contra personas originarias de Darfur, especialmente miembros del grupo étnico zaghawa. Desde que las fuerzas sudanesas rechazaron la ofensiva, se impuso un toque de queda en Omdurman y se establecieron puestos de control en las calles de la capital, lo que permitió el arresto y la detención de personas que viajaban en autobuses y automóviles, mientas que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía efectuaban registros en los domicilios de personas originarias de Darfur y de sus familias.

“Se ha detenido con métodos brutales a civiles, en su mayoría jóvenes, en las calles y en sus casas, y se les ha conducido a lugares de detención que todavía se desconocen. La mayoría de las detenciones en los lugares públicos se han basado sobre todo en el aspecto, la edad, el acento o el color de la piel.” Con estas palabras expresaba a Amnistía Internacional un destacado abogado sudanés sus motivos de preocupación en relación con la naturaleza arbitraria de las detenciones –personas detenidas por su origen étnico y edad–, los malos tratos asociados y la falta de información sobre los lugares de detención. Según declaró a Amnistía Internacional, los hombres jóvenes, incluidos los menores de edad, corrían un peligro mayor porque el gobierno sabe que el JEM se nutre parcialmente de hombres jóvenes. Algunos testigos han informado de que a las personas que corrían riesgo de detención se les pedía que pronunciaran ciertas palabras para determinar si eran originarias de Darfur o no.

Entre las personas detenidas hay hombres, mujeres y familias enteras que provienen de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que la semana pasada se detuvo a profesionales de la abogacía y del periodismo y al menos a un activista de derechos humanos.

El 21 de mayo de 2008, cinco miembros del partido político de oposición Congreso Popular, permanecían detenidos después de que su líder, Hassan Al Turabi, y otros miembros fuesen liberados.

Amnistía Internacional condena la detención arbitraria de cientos de personas e insta al gobierno sudanés a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido detenidas sólo por su origen étnico o por la expresión pacífica de su opinión. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que acuse formalmente al resto de los detenidos de un delito común reconocible o los ponga en libertad de inmediato.

Algunos testigos han relatado a Amnistía Internacional los malos tratos infligidos por la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional a varias personas en el momento de arrestarlas. Un abogado que fue liberado dos días después de su detención contó cómo los habían sacado de su casa a él y a algunos miembros de su familia y cómo le golpearon con rifles en la cabeza y en las piernas causándole lesiones graves. Otros testigos han hablado de ejecuciones extrajudiciales públicas de las que habrían sido víctimas varios hombres y al menos una mujer en Omdurman. Según varios informes, la mujer murió el 1 de mayo en las calles de Umbada, en Omdurman, cuando miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le dispararon después de que se opusiera a la detención de su hermano menor.

Según la información facilitada por su familia, un hombre de 31 años oriundo del estado de Nilo Blanco fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 16 o el 17 de mayo y conducido a un centro de detención de este Servicio. Ya lo habían detenido y liberado el día anterior, después de acusarlo de dar cobijo a miembros del JEM en una de sus casas. El 19 de mayo, cuando un familiar acudió a preguntar por el lugar donde se encontraba detenido, en el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le informaron de que la persona en cuestión había fallecido bajo custodia a causa de una insuficiencia renal que le había sobrevenido el día que fue detenido. Según le dijeron al familiar, el detenido fue trasladado a un hospital de ese Servicio, donde falleció, y posteriormente el cadáver fue llevado a una morgue. El 19 de mayo los familiares solicitaron al médico de la morgue que llevara a cabo una autopsia antes de hacerse cargo del cuerpo. Los exámenes revelaron que la muerte se había debido a una grave hemorragia interna producida por varias lesiones graves, así como hematomas en distintas partes del cuerpo.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que condene e investigue todas las denuncias de malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se han producido después del ataque del JEM.

Aunque, según los informes, algunas de las personas detenidas pueden encontrarse en la prisión de Kober, en Jartum, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de ellas. En muchos casos, sobre todo de personas que fueron arrestadas en la calle, también se desconoce la autoridad que ordenó su detención. Las familias de las personas detenidas las consideran desaparecidas. Amnistía Internacional teme que muchas pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.

El número de detenciones y las circunstancias en que se están produciendo, la incertidumbre acerca del paradero de los detenidos y los malos tratos asociados a las detenciones hacen temer por la suerte de estas personas. Amnistía Internacional siente gran preocupación por las personas recluidas en régimen de incomunicación, posiblemente en centros de detención no reconocidos oficialmente, sin acceso a abogados o familiares, por lo que corren aún más peligro de convertirse en víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional también siente preocupación por la suerte de las personas sin documentos de identidad que viven en la capital. Las detenciones se han generalizado en toda la ciudad y en los transportes públicos, aumentando el peligro que corren las personas que no pueden probar su identidad.

Amnistía Internacional ha recibido informes sin confirmar de fosas comunes tras el ataque lanzado por el JEM el 10 de mayo, al parecer una de ellas en Omdurman Oeste. Amnistía Internacional exige que se identifiquen y se protejan estos posibles lugares para que investigadores independientes con la capacitación necesaria puedan examinarlos.

Amnistía Internacional insta además a las autoridades a derogar el artículo 31 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que autoriza la detención durante periodos de hasta nueve meses sin acceso a revisión judicial.

Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Sudán el compromiso que contrajo en el pasado de garantizar a los responsables de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán el acceso a los lugares de detención; también insta al gobierno sudanés a que haga público de inmediato el paradero de todas las personas bajo custodia y a que permita el acceso sin restricciones a los lugares de detención a los responsables de derechos humanos, familiares, abogados y médicos.

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.