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Negar lo innegable: Desapariciones forzadas en Pakistán

Thu, 24 Jul 2008 13:13:44 +0100

Lo único que puede calmarnos es tener delante a nuestro ser querido, sano y salvo, y libre [...] Creo que Masood, mi esposo, está recluido a sólo tres kilómetros de casa, pero sigue sufriendo malos tratos sin que lo sepamos, así que nosotros, su esposa, sus hijos y sus padres, que son muy ancianos, no podemos siquiera verlo. [Las autoridades del nuevo gobierno] tienen que hacer ya algo para que vuelvan con nosotros de inmediato.

- Amina Masood Janjua, julio de 2008

La última vez que Amina Masood Janjua vio a su esposo, Masood Janjua, fue el 30 de julio de 2005, cuando salió de casa para reunirse con su amigo Faisal Faraz. Las fuerzas de seguridad paquistaníes detuvieron a ambos hombres ese mismo día, cuando viajaban en autobús a otra ciudad. Desde entonces, el gobierno de Pakistán los tiene recluidos en secreto, sin cargos ni juicio, y ha negado reiteradamente conocer su paradero, a pesar del testimonio de personas que fueron testigos de la detención.

Masood Janjua y Faisal Faraz figuran entre centenares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en Pakistán, algunas de ellas menores, incluso de 9 y 10 años. Muchas de estas personas fueron detenidas tras los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, y su detención se hizo en nombre de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos. Esta práctica, muy poco corriente antes de 2001, se hizo luego extensiva a los activistas que reivindicaban mayores derechos para grupos étnicos o religiosos, como los baloches y los sindis.

Pese a existir indicios innegables, el gobierno del presidente Pervez Musharraf negó sistemáticamente que se hubiera sometido a nadie a desaparición forzada.

En el informe Negar lo innegable: Desapariciones forzadas en Pakistán, Amnistía Internacional se vale de actas judiciales oficiales y declaraciones juradas de víctimas y testigos de desaparición forzada para demostrar a las autoridades paquistaníes que los intentos de localizar a las personas "desaparecidas" se han visto obstaculizados por funcionarios del Estado.

EL NUEVO GOBIERNO ES UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO

En el informe se insta al gobierno recién elegido de Pakistán, que ha prometido mejorar el historial del país en materia de derechos humanos, a poner fin a la política negación de las desapariciones forzadas, investigar todos los casos y hacer rendir cuentas a los responsables.

"Con la detención de personas en secreto, el gobierno de Pakistán no sólo viola los derechos de los detenidos, sino que también incumple su deber de presentar cargos contra los presuntos responsables de ataques contra civiles y juzgarlos", ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía del Amnistía Internacional.

Por otro lado, un deber esencial del nuevo gobierno es rehabilitar a los jueces que estaban investigandocasos de desaparición y fueron depuestos por el presidente Pervez Musharraf cuando impuso el estado de excepción en el país en noviembre de 2007.

COMPLICIDAD DE OTROS GOBIERNOS

En el informe se pide también a otros gobiernos, especialmente al de Estados Unidos, que garanticen que no son cómplices en la práctica de la desaparición forzada en Pakistán ni la facilitan ni toleran.

Muchas de las personas que se encuentran recluidas ilegalmente en el centro de detención estadounidense de Guantánamo o que han estado bajo custodia secreta de la CIA fueron detenidas en Pakistán. Otras personas detenidas también en Pakistán fueron trasladadas ilegalmente a países donde sufrieron tortura y otros malos tratos.

Muchas personas que han estado recluidas en secreto en centros de detención de Pakistán afirman que fueron interrogadas por los servicios de inteligencia paquistaníes, pero también por agentes extranjeros.

Diversidad en voces

Mon, 02 Jun 2008 15:52:17 +0100

El 27 de mayo, Amnistía Internacional presentó su Informe 2008 a los medios de comunicación en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres y contó con la presencia como invitados especiales de varios activistas de derechos humanos de todo el mundo. Hemos ahondado en el perfil de tres de ellos.

Majida Razvi, la primera mujer que ha ocupado un cargo de jueza en el Tribunal Superior de Pakistán, está ya jubilada. Actualmente es defensora de los derechos humanos y una de las siete personas que integran el consejo de administración del hogar refugio para mujeres Panah Shelter Home de Karachi.

Esta institución proporciona un remanso de paz y refugio temporal a mujeres que han sufrido violencia doméstica o agresión sexual, o que corren peligro de ser víctimas de homicidios por motivos de honor.

Majida Razvi afirma que se siente feliz de apoyar la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “en 2001 creamos los hogares de acogida, y fue Amnistía Internacional quien donó los fondos con los que empezar el proyecto. Además, otras organizaciones vinculadas a Amnistía Internacional nos han ayudado en Karachi. Por eso pienso que Amnistía Internacional ha sido de gran ayuda y espero que siga siéndolo en el futuro”.

Desde que comenzó el proyecto Panah, Majida Razvi declara que el mayor cambio que ha percibido es la conciencia general que se ha despertado en torno a la violencia contra las mujeres. “No sólo damos refugio a estas mujeres, sino que además intentamos concienciarlas mediante la organización de talleres y otras actividades similares."

"También hay una mayor sensibilización hacia esta cuestión en la opinión pública. Asimismo, hemos logrado cambiar la actitud de la policía y la judicatura, para que muestren más comprensión y cortesía ante las mujeres víctimas de abusos. Tenemos que provocar un cambio revolucionario en la opinión pública, así como en la forma de pensar de los hombres y también de las mujeres que se rigen por los dictados de sus esposos y de los mulás de la zona."

Alois Mbawara, joven zimbabuense residente en Brighton, lleva exiliado en Reino Unido desde 2002. Es uno de los miembros fundadores de Free Zim Youth, organización que trata de influir en instituciones y otros organismos para que endurezcan su postura frente a Harare.

"Somos jóvenes zimbabuenses en el exilio que huimos de la represión y la violencia política de Zimbabue", dice Mbawara. "Como ciudadanos y ciudadanas zimbabuenses sentimos la necesidad de exponer las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Mugabe. Así fue como se nos ocurrió la idea de fundar esta organización cívica para captar apoyos en la Unión Africana, con el fin de que adopte una postura frente a lo que está ocurriendo en Zimbabue.”

Mbawara explica por qué aceptó participar en la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional: "Es una buena manera de darse a conocer. En concreto, nos brinda la oportunidad de manifestar en un foro multilateral qué es lo que está sucediendo en Zimbabue. Es una ocasión histórica para expresar nuestros puntos de vista sobre el entorno político del país".

Añade que el trabajo de Amnistía Internacional ha sido útil para “documentar la vida cotidiana de las personas de a pie en Zimbabue. He de destacar que, debido a la falta de prensa y otros medios de comunicación libres, incluso quienes trabajan en organizaciones de derechos humanos carecen de acceso a la información sobre la violencia política desatada en el país, por lo que no están en situación de sacarla a la luz. Por eso el papel de Amnistía Internacional es crucial".

Mbawara afirma que, desde que Free Zim Youth comenzó su andadura, las actividades de defensa de los derechos humanos, la captación de apoyos y las manifestaciones han surtido efecto. "Habrá quien tache nuestra actitud de poco diplomática, pero hemos tenido que dirigirnos a líderes sudafricanos que venían a Reino Unido para decirles: ‘escuchen, ustedes tienen que hacer algo al respecto’”, declara en referencia a la protesta de este grupo durante la conferencia que dictó la ministra sudafricana de Asuntos Exteriores Nkosazana Dhlamini Zuma en 2006 en la Escuela de Economía de Londres.

"Hemos recibido respuestas positivas a nuestras acciones. Desde entonces, el gobierno de Sudáfrica ha emitido una declaración crítica en la que asegura que adoptará una postura firme ante lo que está ocurriendo en Zimbabue."

Murat Kurnaz, ciudadano turco nacido en Alemania y liberado de Guantánamo el 24 de agosto de 2006, pasó cuatro años y ocho meses recluido sin cargos ni juicio, pese a los escasos indicios existentes para vincularlo a actividades "terroristas". Tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como los alemanes han reconocido en secreto este extremo, a pesar de lo cual fueron necesarios varios años para que quedara en libertad.

Kurnaz ha denunciado que fue sometido a tortura y malos tratos bajo custodia estadounidense. Su libro, Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantánamo, (Cinco años de mi vida: un hombre inocente en Guantánamo), fue presentado en un acto de Amnistía Internacional celebrado en Belfast el 8 de mayo. John Le Carré lo ha calificado como "el relato más compasivo, sincero y digno de la desgracia de Guantánamo que se pueda leer nunca". Patti Smith compuso en 2006 una canción sobre Kurnaz titulada "Without Chains" (Sin cadenas) y también ha escrito el prólogo del libro.

Kurnaz declara que decidió asistir a la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “me gusta aprovechar todas las oportunidades que se me brindan para hablar, no por mí, porque yo ya soy libre, sino que intento ayudar a quienes todavía están en centros de tortura y prisiones, y hago campaña contra las personas que respaldan la tortura y construyen esos centros."

Sobre Amnistía Internacional, Kurnaz afirma lo siguiente: "Amnistía Internacional intenta mostrar a la opinión pública lo que está sucediendo. Corresponde a las personas, una vez que conocen la verdad, el tratar de cambiar las cosas."

Aunque es optimista, Kurnaz admite que los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. "Puesto que han salido a la luz hechos ocurridos en el pasado, tal vez no vuelvan a tener lugar en el futuro. Creo que, aunque muy lentamente, las cosas van a cambiar. Hace unos días, me convertía en el primer ex detenido de Guantánamo que declaraba ante el Congreso de Estados Unidos. Era la primera vez que hablaban allí sobre Guantánamo. Espero que este paso sea el comienzo de grandes cambios de cara al futuro."

Pakistán: Los jueces depuestos deben ser restablecidos en sus cargos

Tue, 29 Apr 2008 10:17:36 +0100

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Pakistán que, antes de que expire el plazo fijado
por la coalición gobernante el 30 de abril, restablezca en sus cargos a unos 60 jueces de los
tribunales superiores que fueron destituidos por el presidente Pervez Musharraf en aplicación de
la ley de excepción, en contravención de la Constitución paquistaní.

“La restitución de los jueces es un paso imprescindible para garantizar un poder judicial
independiente –ha afirmado Amnistía Internacional–. Los jueces están en una posición única
para cuestionar políticas sobre derechos humanos, anular leyes abusivas y proteger a las
personas frente a los abusos.”

“Sin un poder judicial efectivo e independiente, en Pakistán persistirá una situación nefasta de
los derechos humanos.”

“Si los jueces depuestos no son restablecidos en sus cargos, futuros presidentes y jefes militares
podrían considerar justificada la decisión de apartar a los jueces cada vez que una decisión de
los tribunales no fuera de su agrado.”

Amnistía Internacional insta al gobierno y al Parlamento de Pakistán a formular con carácter
urgente un mecanismo inequívoco de asignación de jueces para los tribunales superiores, con
miras a restablecer la independencia del poder judicial en consonancia con los Principios
Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura. Dicho mecanismo debería
garantizar que los jueces no tienen conflictos de intereses, no sufren intimidación o influencias
indebidas y son inamovibles en el cargo. No pueden ser considerados instrumentos prescindibles
por quienes ocupan el poder.

Información complementaria

El 3 de noviembre de 2007, Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, impuso el estado de
excepción en su calidad de jefe del Estado Mayor del ejército y destituyó a unos 60 jueces del
Tribunal Supremo y los tribunales superiores provinciales. El Tribunal Supremo se disponía a
decidir si Musharraf podía presentarse como candidato a la presidencia por otro mandato siendo
simultáneamente el jefe del Estado Mayor. Entre otras cosas, el tribunal había puesto gran
empeño en resolver los casos de centenares de personas “desaparecidas”, casos que los jueces
designados por el presidente Musharraf para sustituir a los depuestos dejaron de lado.

Encontrarán más información en el informe Pakistan Repairing the damage: Ensuring robust
human rights safeguards (Índice AI: ASA 33/001/2008)

Pakistán debe restablecer en sus cargos a los jueces destituidos en aplicación de la ley de excepción

Mon, 28 Apr 2008 17:35:38 +0100

El gobierno de Pakistán debe restablecer en sus cargos a unos 60 jueces de los tribunales superiores que fueron destituidos por el presidente Pervez Musharraf en aplicación de la ley de excepción, antes de que expire el plazo fijado por la coalición gobernante el 30 de abril, ha afirmado Amnistía Internacional.

“La restitución de los jueces es un paso imprescindible para garantizar un poder judicial independiente. Los jueces están en una posición única para cuestionar políticas sobre derechos humanos, anular leyes abusivas y proteger a las personas frente a los abusos.”

“Sin un poder judicial efectivo e independiente, en Pakistán persistirá una situación nefasta de los derechos humanos.”

“Si los jueces depuestos no son restablecidos en sus cargos, futuros presidentes y jefes militares podrían considerar justificada la decisión de apartar a los jueces cada vez que una decisión de los tribunales no fuera de su agrado.”

Amnistía Internacional ha instado al gobierno y al Parlamento de Pakistán a formular con carácter urgente un mecanismo inequívoco de asignación de jueces para los tribunales superiores, con miras a restablecer la independencia del poder judicial en consonancia con los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura. Dicho mecanismo debería garantizar que los jueces no tienen conflictos de intereses, no sufren intimidación o influencias indebidas y son inamovibles en el cargo. No pueden ser considerados instrumentos prescindibles por quienes ocupan el poder.

El 3 de noviembre de 2007, Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, impuso el estado de excepción en su calidad de jefe del Estado Mayor del ejército y destituyó a unos 60 jueces del Tribunal Supremo y los tribunales superiores provinciales. El Tribunal Supremo se disponía a decidir si Musharraf podía presentarse como candidato a la presidencia por otro mandato siendo simultáneamente el jefe del Estado Mayor. Entre otras cosas, el tribunal había puesto gran empeño en resolver los casos de centenares de personas “desaparecidas”, casos que los jueces designados por el presidente Musharraf para sustituir a los depuestos dejaron de lado.

Pakistán: El nuevo gobierno envía un mensaje positivo al mundo sobre derechos humanos

Mon, 21 Apr 2008 09:34:57 +0100

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la ratificación por parte de Pakistán de un tratado
clave de derechos humanos y la firma de otros dos.

“Convertirse en Estado Parte en pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas es un paso
clave para garantizar que en Pakistán se respetan, protegen y hacen realidad los derechos
humanos, de conformidad con las normas internacionales”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización pide a las autoridades paquistaníes que aprovechen esta oportunidad para abordar
los acuciantes problemas de derechos humanos del país.

Al presentar su candidatura para las elecciones del Consejo de Derechos Humanos en abril de
2006, Pakistán se comprometió a ratificar pronto tratados básicos de derechos humanos.

El 17 de abril de 2008, el país cumplió este compromiso al ratificar el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y firmar el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Pakistán a que ratifique
éstos y otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional pide ahora al gobierno paquistaní:

Que ratifique sin demora el PIDCP y la Convención contra la Tortura y promulgue la
legislación necesaria que garantice que los tres tratados pasan a formar parte de las leyes
nacionales de Pakistán;
Que ratifique el resto de los tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, así
como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
Que haga plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la ley
y en la práctica;
Que ponga en libertad o revele la suerte y el paradero de todas las víctimas de desaparición
forzada;
Que ponga fin a todas las detenciones secretas, en régimen de incomunicación y
administrativas;
Que ponga fin a todas las torturas y malos tratos y revoque todas las leyes que impliquen
penas crueles, inhumanas o degradantes;
Que declare la suspensión de todas las condenas a muerte y conmute las penas de muerte
de las más de 7.000 personas que actualmente están en espera de ejecución.

Pakistán ratifica un tratado de derechos humanos clave

Fri, 18 Apr 2008 18:24:14 +0100

Pakistán ha ratificado un tratado de derechos humanos de la ONU clave y ha firmado otros dos.

“Convertirse en Estado Parte en pactos de derechos humanos de la ONU es un paso clave para garantizar que en Pakistán se respetan, protegen y hacen realidad los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha pedido a las autoridades paquistaníes que aprovechen esta oportunidad para abordar los acuciantes problemas de derechos humanos del país.

Al presentar su candidatura para las elecciones del Consejo de Derechos Humanos en abril de 2006, Pakistán se comprometió a ratificar pronto tratados básicos de derechos humanos.

El 17 de abril de 2008, el país cumplió este compromiso al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Pakistán a que ratifique éstos y otros tratados de derechos humanos de la ONU.

Amnistía Internacional ha pedido ahora al gobierno paquistaní que ratifique sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, y promulgue la legislación necesaria que garantice que los tres tratados pasan a formar parte de las leyes nacionales de Pakistán. El país debe asimismo ratificar el resto de tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y hacer plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la ley y en la práctica.

Amnistía Internacional ha instado también a las nuevas autoridades paquistaníes a poner en libertad o revelar la suerte y el paradero de todas las víctimas de desaparición forzada; a poner fin a todas las detenciones secretas, en régimen de incomunicación y administrativas; a poner fin a todas las torturas y malos tratos y revocar todas las leyes que impliquen penas crueles, inhumanas o degradantes; y a declarar la suspensión de todas las condenas a muerte y conmutar las penas de muerte de las más de 7.000 personas que actualmente están en espera de ejecución.

Secretismo en torno a la pena de muerte

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.”

Leer más

Decisiva resolución de la ONU para una moratoria universal de las ejecuciones (Artículo, 15 noviembre 2007)

Pakistán: El nuevo Parlamento debe restablecer la Constitución y las salvaguardias de derechos humanos

Fri, 14 Mar 2008 14:07:51 +0000

Pakistán se prepara para tomar juramento a un nuevo Parlamento y Amnistía Internacional pide a los nuevos dirigentes del país que reparen las secuelas del estado de excepción impuesto en noviembre de 2007. En su último documento, Pakistan: Repairing the damage: ensuring robust human rights safeguards, Amnistía Internacional examina el daño hecho a las salvaguardias constitucionales y el papel fundamental que desempeña un poder judicial independiente en la protección de los derechos humanos.

"Las medidas tomadas por Pervez Musharraf, como jefe del Estado Mayor y como presidente, violaron el derecho nacional e internacional. Con la aprobación de una Orden Constitucional Provisional, Musharraf suspendió derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a no sufrir discriminación, puso sus actos más allá de cualquier revisión judicial y sustituyó ilegalmente a los jueces que se mostraban críticos con el ejecutivo -también en asuntos de derechos humanos- por otros más dóciles, que lo complacían declarando legales sus acciones" ha dicho Tim Parritt, subdirector del Programa Regional para Asia de Amnistía Internacional.

Cientos de víctimas de desaparición forzada, de cuyas demandas los ahora destituidos jueces del Tribunal Supremo se habían ocupado con dedicación, vieron evaporarse sus esperanzas de resarcimiento. Al mismo tiempo, decenas de abogados y abogadas y activistas de la sociedad civil acusados de delitos comunes durante el periodo de excepción siguen enfrentándose a la posibilidad de ser juzgados injustamente por tribunales militares.

"Salvo que el nuevo Parlamento decida anular estas medidas, las perspectivas para la protección de los derechos humanos en Pakistán seguirán siendo sombrías. El Parlamento debe tomar medidas concretas, garantizando que los derechos humanos, la Constitución y la judicatura nunca vuelvan a ser considerados instrumentos prescindibles, tolerados por quienes están en el poder sólo en la medida en que les son útiles", ha dicho Tim Parritt. "Los parches no repararán el daño a largo plazo causado durante el estado de excepción: es preciso un cambio radical en la cultura política de Pakistán".
Pakistan: Repairing the damage: ensuring robust human rights safeguards http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/001/2008/en
(Índice AI: ASA 33/001/2008)

Pakistán: El nuevo Parlamento debe actuar

Wed, 20 Feb 2008 11:38:48 +0000

El nuevo Parlamento de Pakistán debe tomar medidas urgentes para restaurar un poder judicial independiente, garantizar la liberación de los jueces y abogados detenidos ilegalmente y restaurar la Constitución al estado en el que se encontraba antes de la declaración del estado de excepción. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 19 de febrero.

“El Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, que han obtenido al menos la mitad de los escaños del Parlamento, tienen una oportunidad histórica de restaurar por completo el respeto por los derechos humanos en Pakistán, especialmente respetando y defendiendo en todo momento las disposiciones que garantizan los derechos humanos y el Estado de derecho”, ha manifestado Tim Parritt, director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“El nuevo Parlamento debe demostrar que escuchará a su pueblo, ese pueblo que le ha otorgado un enérgico mandato de cambio. Asumiendo esta responsabilidad y ejerciendo su voluntad política, el Parlamento puede poner fin al círculo de violencia y abusos que ha azotado Pakistán durante decenios, y puede garantizar que Pakistán surge como un Estado que extiende la protección a toda su población civil.”

“Como prioridad, el Parlamento debe comprometerse a anular los cambios introducidos en la Constitución durante el periodo de estado de excepción, garantizando que la protección constitucional de los derechos humanos no puede ser suspendida por intervenciones militares o intervenciones ejecutivas unilaterales en el futuro”, ha añadido Tim Parritt.

Amnistía Internacional considera que el nuevo Parlamento y el futuro gobierno deben:

•    reinstaurar a los jueces de las instancias judiciales superiores que fueron destituidos de     forma punitiva e inconstitucional en noviembre de 2007;
•    respetar y defender en todo momento la independencia del poder judicial;
•    ratificar y poner en práctica los tratados internacionales de derechos humanos,     incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la     Tortura y la Convención contra las Desapariciones Forzadas.

Si desean más información, consulten:

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/006/2008

Documento público

Pakistán: Ratificar los tratados de derechos humanos

Fri, 15 Feb 2008 13:01:16 +0000

Ante el aumento de las violaciones generalizadas de derechos humanos y el hostigamiento a candidatos de la oposición en el periodo previo a las elecciones generales que van a celebrarse en Pakistán el próximo 18 de febrero, Amnistía Internacional pide a todos los partidos políticos que concurren a ellas que se comprometan a ratificar y aplicar una serie de importantes tratados internacionales y pongan fin a la violencia y la falta de respeto por los derechos humanos, presentes en el país desde hace decenios.

"En el periodo previo a las elecciones se ha producido un espectacular aumento de la violencia, manifiesto en forma de atentados contra reuniones electorales de partidos políticos y disparos contra candidatos -ha afirmado . Catherine Baber, directora del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional--. Los grupos políticos, incluidos el Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, que han condenado enérgicamente el abuso de poder del presidente Musharraf, tienen ahora la oportunidad de contribuir a proteger los derechos humanos en la legislación y en la práctica. Instamos a todos los partidos que concurren a las elecciones generales a que se comprometan firmemente con el plan de 12 puntos de Amnistía Internacional `por los derechos humanos en Pakistán."

"Ningún partido político puede beneficiarse de los derechos humanos mientras haya otros pidiendo que se protejan los suyos -ha añadido Baber-. Amnistía Internacional pide a cada uno de ellos hagan extensiva esa protección a los demás si consiguen escaños en el Parlamento. La ratificación y aplicación de los tratados de derechos humanos son esenciales para mantener el Estado de derecho y el buen gobierno, además de decisivas para impedir el uso indebido de la Constitución, la subversión de la independencia del poder judicial y el encarcelamiento de abogados y defensores de derechos humanos."

"Los sucesivos gobiernos de Pakistán han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos -ha explicado Baber-. Los partidos políticos del país tienen ahora la oportunidad poner fin a esta espiral de abusos."

Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones a que contraigan de manera clara e inequívoca el compromiso de ratificar los siguientes tratados internacionales de derechos humanos si consiguen escaños:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de la ONU contra la Tortura.

Asimismo, las autoridades y los partidos de oposición de Pakistán deben garantizar que se aplican plenamente los siguientes tratados de la ONU, ratificados ya por el país:

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

"Estos tratados deben ratificarse sin demora para brindar plena protección a todos los derechos humanos y hacer efectivos los compromisos contraídos por Pakistán cuando fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos", ha manifestado Baber.

Para consultar el plan de 12 puntos de Amnistía Internacional véase http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/006/2008 (en inglés).

Documento público
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Para más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, llamando al teléfono +44 20 7413 5566 o escribiendo por correo electrónico a press@amnesty.org
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW, Reino Unido
www.amnesty.org