Argentina

Se recibieron informes de ataques y amenazas contra personas que participaban en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad. Concluyeron algunos juicios por violaciones de derechos humanos. Las condiciones penitenciarias no mejoraron. Continuaron las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas.

Justicia

Se juzgó a varios ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de cometer abusos contra los derechos humanos durante los gobiernos militares (1976-1983). Jueces, fiscales, testigos, ONG y familiares de víctimas que participaban en los procesos sufrieron ataques y amenazas en los últimos cuatro meses del año. Los juicios se celebraron después de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2005 que estableció la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En septiembre, el Senado aprobó el Proyecto de Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley.

Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, fue declarado culpable de asesinato, tortura y secuestros durante el gobierno militar y condenado a cadena perpetua en septiembre. Los tres jueces que integraban el tribunal que vio la causa fallaron que era autor de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio. Jorge Julio López, uno de los testigos principales y querellante en el juicio, desapareció en septiembre. Se temió que pudiera haber sido víctima de desaparición forzada.

Problemas de tierras y poblaciones indígenas

Comunidades indígenas de las provincias de Chaco y Salta, incluidos los grupos toba, wichi y mocovi, llevaron a cabo huelgas de hambre, instalaron campamentos al borde de carreteras (acampes) y presentaron peticiones a las autoridades. Entre las peticiones figuraban la solicitud de un presupuesto razonable para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), la adopción de medidas relativas a la vivienda y la salud, y el fin de la venta y distribución irregulares de tierras de propiedad estatal (tierras fiscales) a empresas madereras y productores de soja.

En agosto, miembros de la comunidad wichi de la zona de General Mosconi, provincia de Salta, realizaron un acampe al borde de la Ruta Nacional 34 para pedir la devolución de tierras comunales. Las tierras eran explotadas por empresas privadas, y la compañía que abastece de agua a la región (Aguas de Salta, S. A.) había interrumpido el suministro a las comunidades.

Condiciones penitenciarias

Las condiciones de reclusión seguían siendo duras en la mayoría de las prisiones y los centros de detención, y los reclusos sufrían malos tratos. Según los informes, personas privadas de libertad sufrieron lesiones graves en incendios en prisiones y comisarías de policía, presuntamente por falta de ayuda.

Walter Daniel Lescano murió en marzo como consecuencia de las quemaduras sufridas durante un incendio en la celda de castigo donde estaba recluido en el Penal de Varones de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero. Se había quejado de malos tratos por parte de los guardias penitenciarios. Según los informes, se abrió una investigación sobre las circunstancias que rodearon el incendio.

En enero, tres detenidos -Sergio Daniel Romero, Matías Martínez, de 16 años de edad, y Ricardo Edgar Pared, de 17- murieron y uno, Hugo Ariel Escobar, sufrió quemaduras graves en un incendio en la Comisaría Séptima de Corrientes, provincia de Corrientes. Los cuatro detenidos habían sido esposados a los barrotes de la celda después de ser golpeados por agentes de policía. Según los informes, se abrió una investigación.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaraciones públicas

Argentina: Posible «desaparición» y temor por la seguridad. Jorge Julio López (Índice AI: AMR 13/004/2006)

Argentina: Nueva ola de amenazas pone en peligro causas de derechos humanos (Índice AI: AMR 13/005/2006)