El Salvador

Las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado seguían impunes. Continuaron las denuncias de violencia contra las mujeres, pero las investigaciones siguieron siendo inadecuadas. Hubo amenazas contra el colectivo de defensores de los derechos humanos y activistas políticos.

Información general

La situación de la seguridad pública siguió siendo motivo de preocupación. Varias iniciativas del gobierno para atajar la violencia delictiva no mejoraron la situación de la seguridad. La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos expresó preocupación por la posible reaparición de escuadrones de la muerte. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil protestaron porque la Ley Especial contra Actos de Terrorismo aprobada en septiembre adolecía de una insuficiente definición y ponía en peligro los derechos humanos, incluida la libertad de reunión y expresión.

Desaparición forzada de menores

En septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado de El Salvador había incumplido o cumplido sólo parcialmente la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Corte en su resolución de 2005, como la realización de una investigación efectiva y oportuna sobre la desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de tres y siete años de edad respectivamente, en junio de 1982, durante una operación militar llevada a cabo en Chalatenango. La Corte resolvió que el Estado tenía que determinar todavía el paradero de las niñas e investigar y poner a disposición judicial a los responsables y que, entre otras cosas, no había creado aún una Comisión Nacional de Búsqueda para localizar a menores desaparecidos.

Al finalizar el año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba estudiando otros dos casos de menores que habían sido víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, y estaba pendiente una decisión sobre la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas.

Violencia contra las mujeres

Según el Instituto de Medicina Legal, 286 mujeres fueron víctimas de homicidio entre enero y agosto de 2006. A pesar de la campaña efectuada por organizaciones de los derechos de las mujeres a lo largo de cuatro años, la Fiscalía General de la República no había creado todavía un organismo o fiscal especial para abordar los homicidios de mujeres. Se registraron muy pocos avances en la investigación de casos de mujeres que habían sido víctimas de homicidio y, en algunos casos de violación, en años anteriores.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se amenazó y hostigó a personas y organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos.

Miembros de la Asociación Entre Amigos, entre ellos su director, William Hernández, recibieron amenazas de muerte y, según los informes, fueron sometidos a vigilancia con la intención de detener las actividades de la organización en favor de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. El 1 de junio, William Hernández fue amenazado a punta de pistola ante la oficina de la organización en San Salvador, poco después de que el agente de policía encargado de protegerlo terminara su jornada. Dos días antes de esta agresión, la oficina había sido asaltada. Los asaltantes rompieron ventanas, registraron los archivos y dejaron escritas amenazas de muerte en papeles. No robaron equipo de oficina de valor, pero se llevaron varios documentos en los que se detallaban los planes de la organización. Aunque en todos los casos se denunciaron los incidentes a las autoridades, las investigaciones fueron superficiales, y al finalizar el año no se había puesto a nadie a disposición judicial.

Escuadrones de la muerte

Creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte, que actuaron durante el conflicto armado que se extendió entre 1980 y 1991.

Francisco Antonio Manzanares y Juana Monjarás de Manzanares fueron asesinados en su casa el 2 de julio. Su hija, Marina Manzanares, locutora de radio y activista política de larga tradición por el principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, había recibido, al igual que su madre, amenazas de muerte antes de los asesinatos. El hermano de Marina Manzanares, Francisco Manzanares, también activista político, murió de forma violenta en 1996. Al concluir el año, ninguna persona había comparecido ante la justicia por estos asesinatos.