Nepal: Suprimir el legado de la guerra. Prioridades para una protección efectiva de los derechos humanos

Conforme los miembros de la nueva Asamblea Constituyente se preparan para ocupar sus escaños después de las elecciones celebradas el 10 de abril y ante la inminente formación de un gobierno de coalición en las próximas semanas, Amnistía Internacional pide a los miembros de la Asamblea Constituyente que cumplan sus promesas electorales de construir un "nuevo Nepal" y aprovechen esta oportunidad histórica para situar la protección de los derechos humanos en el centro de su trabajo.

El gran movimiento popular (Jana Andolan) de abril de 2006 creó grandes expectativas de un renovado respeto por los derechos humanos en Nepal. Sin embargo, en un clima de impunidad persistente, estas expectativas aún no se han cumplido.

Aunque Amnistía Internacional reconoce los enormes retos sociales y económicos a los que se enfrentan la nueva Asamblea Constituyente y el futuro de gobierno de coalición, cree que ahora es el momento de comprometerse firmemente con la protección efectiva de los derechos humanos para todos los ciudadanos y ciudadanas en Nepal.

Basándose en los resultados de una amplia visita realizada en febrero y marzo de 2008, Amnistía Internacional ha establecido una serie de prioridades clave para la acción del futuro gobierno y la próxima Asamblea Constituyente, entre ellas la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado, una reforma del sector de la seguridad basada en los derechos humanos, la protección e inclusión de las minorías y la adopción de medidas urgentes para poner fin a la violencia contra las mujeres.

1. Renovación del compromiso con los derechos humanos

La celebración con éxito de elecciones a la Asamblea Constituyente es un hito histórico para Nepal. La Asamblea ha recibido el encargo de redactar una nueva Constitución y tiene la oportunidad de garantizar que el proceso de cambio constitucional en Nepal sea inclusivo, participativo y dirigido a la realización de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
 

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a que garanticen:
• que durante el proceso de redacción de la Constitución se consulta de forma adecuada a las mujeres y a los grupos marginados de la sociedad;
• que la Constitución vela por que los principios de derechos humanos se apliquen en la legislación, en las políticas adoptadas y en la práctica, mediante la formación del personal funcionario, el establecimiento de mecanismos de vigilancia de los derechos humanos y la cooperación con los órganos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, entre otras medidas.

2. Rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado

Amnistía Internacional pide a los miembros de la Asamblea Constituyente que creen un Plan de Acción nacional e integral para la rendición de cuentas, con el fin de garantizar que la verdad sale a la luz, que se hace justicia y que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante los largos años de conflicto armado y con posterioridad reciben reparación.

El actual anteproyecto de ley para establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación  no debe enviarse al Parlamento hasta que se garantice su total conformidad con las obligaciones contraídas por Nepal en virtud del derecho internacional. Amnistía Internacional ve con gran preocupación las iniciativas para conceder amnistías a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, que amenazan con reforzar la impunidad y socavar los derechos de las víctimas. El derecho internacional prohíbe claramente la concesión de amnistías por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La Asamblea Constituyente tiene la oportunidad de ampliar las consultas a escala nacional sobre el establecimiento, mandato y atribuciones de la futura Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La nueva Asamblea Constituyente debe escuchar a los grupos de víctimas que han identificado como su necesidad básica la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Persiste el riesgo de que, en ausencia de una amplia consulta a nivel nacional, se elija a los miembros de la Comisión de Verdad y se defina su trabajo sin la transparencia y la independencia necesarias para garantizar un proceso independiente.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Internacional y al nuevo gobierno a que
• garanticen que se revisa la legislación nacional y se modifica de modo que las autoridades nacionales puedan iniciar investigaciones y procesamientos, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, por delitos contra el derecho internacional, entre ellos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas;
• garanticen reparación plena, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a todas las víctimas de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales;
• garanticen que la ley y el reglamento conexo para el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no se adoptarán sin que haya una proceso integral de consulta con todas las partes afectadas, entre las que deberán figurar las organizaciones de la sociedad civil, tanto nepalesa como internacional; las víctimas; los defensores y defensoras de los derechos humanos; las minorías y grupos vulnerables, y otros sectores. Las partes consultadas deben poder sugerir nombres y llevar a cabo una evaluación minuciosa de la cualificación y experiencia de cada candidato que se proponga;
• garanticen que la legislación por la que se establezca la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no incluye la concesión de amnistías a los responsables de delitos contra el derecho internacional, que les permitan eludir la acción de la justicia;
• ratifiquen sin demora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

2. Fuerzas de seguridad y derechos humanos

Con el fin de abordar el legado del conflicto armado de Nepal y las causas de los abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos, la Asamblea Constituyente debe llevar a cabo una reforma integral de las fuerzas de seguridad nepalíes.

La reforma debe permitir a las autoridades civiles ejercer un control firme sobre todas las fuerzas de seguridad. Es necesario debatir cuidadosamente el futuro de los combatientes de los dos bandos que se enfrentaron en el conflicto interno. Actualmente en Nepal hay dos fuerzas armadas: el Ejército de Nepal y el maoísta Ejército Popular de Liberación.  Dado que tanto el uno como el otro cometieron abusos contra los derechos humanos durante el conflicto armado, urge que un órgano civil supervise la rendición de cuentas de estas instituciones.

A principios de 2001, el Estado creó la Policía Armada, como una fuerza contra la insurgencia. Por ello, sus miembros no están formados adecuadamente para las labores policiales civiles y es necesario revisar cuidadosamente su función. En febrero de 2008, en el Terai, las fuerzas de seguridad, en especial la Policía Armada, respondieron a las manifestaciones de opositores al gobierno utilizando fuerza excesiva. Varios delegados de Amnistía Internacional se reunieron en Nepalgunj con grupos de víctimas que relataron sus experiencias como testigos de la actuación policial en una manifestación celebrada el 17 de febrero de 2008, en la que murió al menos una persona y más de 27 resultaron heridas cuando la policía disparó contra la multitud utilizando balas de metal.

Entre las fuerzas maoístas se encuentra la Liga de Juventudes Comunistas, que actúa como un sistema de justicia paralelo y que, según informes recibidos, intimida a los miembros de la oposición y persigue a los periodistas que se muestran críticos con ella.

A lo largo de 2007 cada vez fue más patente el fracaso de las instituciones del Estado, incluida la policía, a la hora de proteger las vidas y la seguridad de las personas. Los nuevos miembros de la Asamblea Constituyente deben considerar prioritario el refuerzo del servicio de policía nepalí, en las áreas de contratación, selección y formación.

Las comunidades marginadas han demandado una mejor representación en el seno de la policía. Un acuerdo firmado entre los grupos madhesi y el gobierno en agosto de 2007 estableció el principio de que la policía debe ser representativa de la comunidad a la que sirve en términos de raza o grupo étnico, sexo, lengua y religión, entre otros criterios básicos. Las minorías deben estar representadas adecuadamente y sus miembros deben poder desarrollar su carrera profesional con arreglo a la ley y sin discriminación. Según la organización Saferworld, en el momento de la firma del Acuerdo General de Paz en noviembre de 2006, la policía nepalí contaba con aproximadamente 50.000 agentes; de ellos, sólo el 0,2 por ciento pertenecían a la comunidad dalit o a otros grupos étnicos o castas con escasa representación.

El redespliegue de la policía nacional tras el conflicto interno no ha restaurado la confianza de la opinión pública en la seguridad, ya que la policía sigue careciendo de medios de transporte, sistemas de comunicaciones, armas, oficinas y dependencias adecuados. El vacío de seguridad que se ha producido en el Terai a consecuencia de las deficiencias de que adolecen las fuerzas de seguridad pública ha permitido a los grupos armados cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad. Según informes, en el Terai se ha detectado la presencia de más de una decena de grupos armados, entre ellos el Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM) liderado por Jaya Krishna Goit (JTMM-G) y la facción Jwala Singh (JTMM-J). Activistas de derechos humanos informaron a los delegados de Amnistía Internacional que visitaron la región en febrero que la interferencia política en la excarcelación de detenidos, particularmente miembros de grupos armados criminales, es la norma y que en muchas zonas del Terai, los jefes locales de la policía no emprenden acciones contra personas sospechosas de participar en actividades de grupos armados sin la aprobación de los Comités de la Alianza de Siete Partidos.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a:
• Garantizar que las fuerzas armadas, la policía y el resto de las fuerzas de seguridad rinden cuentas ante las autoridades civiles.
• Establecer una autoridad independiente encargada de las denuncias como una medida para garantizar la rendición de cuentas pública de la policía. Ese organismo debe poder funcionar a nivel local y tener autoridad para llevar a cabo evaluaciones continuas de las medidas de la propia policía para garantizar la observancia de la normativa nacional e internacional relativa al uso de la fuerza; prevenir la tortura y la corrupción; registrar denuncias; investigar incidentes a inactiva propia y realizar investigaciones sobre asuntos relacionados con al actuación policial. Asimismo, debe garantizar que los miembros de la policía, tanto los actuales como los que se incorporen en el futuro, son sometidos a un riguroso examen con el fin de asegurarse de que respetan plenamente el reglamento policial y las normas de derechos humanos.
• Garantizar que las nuevas contrataciones que se efectúen dentro de las fuerzas de seguridad, incluidas las de ex miembros de la Liga de Juventudes Comunistas, incorporan formación amplia sobre las normas internacionales de derechos humanos y su aplicación en el trabajo policial.
• Garantizar que la Policía de Nepal y la Policía Armada son representativas de la comunidad; que las condiciones de trabajo no son discriminatorias y que el desarrollo profesional y otras oportunidades laborales se basan en los méritos.
• Garantizar que la policía sólo hace uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la menor medida posible dadas las circunstancias.
• Garantizar que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre la respuesta policial y el uso de fuerza excesiva en el contexto del movimiento popular de la comunidad madhesi y que se procesa a los agentes sospechosos de haber utilizado fuerza excesiva contra los manifestantes.

3. Necesidad de protección e inclusión de los grupos marginados

La discriminación tradicional por motivos de casta, sexo y origen étnico ha resultado ser uno de los problemas más graves que afectan al proceso de paz. El Acuerdo General de Paz firmado en noviembre de 2006 compromete a todas las partes a respetar un amplio espectro de derechos civiles, políticos y económicos, incluido el fin de la discriminación. Este compromiso dio lugar a una serie de movimientos populares basados en la identidad que exigían una mayor integración en las estructuras del Estado, especialmente en el Terai, al sur de Nepal. El movimiento popular madhesi de enero y febrero de 2007 fue quizás el que evidenció con mayor fuerza los motivos de preocupación persistentes en relación con la exclusión política y social, pero en otros lugares también se han registrado demandas similares de una mayor representación en las instituciones del Estado, como las protagonizadas por los thari (sobre todo en el oeste del Terai) y los limbos (en el este del Terai).
 
Nepal ha contraído obligaciones en virtud del derecho internacional en relación con la no discriminación. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos de enero de 2007 destacaba el derecho de las personas a participar en la gestión de los asuntos públicos directamente o a través de representantes elegidos por ellas.

Un activista de derechos humanos dijo a la delegación de Amnistía Internacional que "el Acuerdo General de Paz, la Constitución Provisional y el acuerdo de 22 puntos con el Foro Madhesi Janadhikar han garantizado la adopción de medidas compensatorias proactivas para asegurar la representación proporcional de varias comunidades marginadas, incluidos los madhesi, en todos los niveles de los tres poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial". Sin embargo, varias personas entrevistadas se quejaban del abismo existente entre esta promesa y la realidad, y señalaban la incapacidad de los principales actores políticos para incorporar a los grupos marginados al proceso de paz como una de las causas que alimentaban el conflicto.

El asunto de la participación y la representación política fue el motivo de una huelga indefinida convocada por el Frente Unido Democrático Madeshi en el Terai, el 13 de febrero de 2008. La huelga cerró oficinas del gobierno, afectó al funcionamiento de los servicios públicos y llevó a la imposición del toque de queda en algunos distritos. En los enfrentamientos entre manifestantes madeshi y las fuerzas de seguridad murieron al menos cinco personas. Organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han expresado preocupación por el uso de fuerza excesiva por parte de la policía durante su actuación en las manifestaciones registradas en el Terai.

La Ley de Ciudadanía aprobada en 2006 permitió a más de dos millones de personas obtener certificados de ciudadanía, muchas de ellas en el Terai. Esta medida fue muy positiva, pero es necesario adoptar medidas a largo plazo para abordar los actuales motivos de preocupación en relación con las disposiciones que discriminan a las mujeres y a algunas comunidades madhesi, dalit y musulmanas cuyos miembros no obtuvieron estos certificados.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a:
• Crear normas habilitadoras para garantizar que no se promueve la discriminación por motivos de raza, orientación sexual u origen étnico y para mejorar la efectividad de las leyes para eliminar esa discriminación.
• Garantizar el derecho de los grupos marginados tradicionalmente a participar en los mecanismos del Estado.
• Estudiar con carácter de urgencia legislación para resolver la cuestión de los derechos de las personas que no han obtenido la ciudadanía.

4. Violencia contra las mujeres: un escándalo de derechos humanos
La violencia contra las mujeres es un problema grave en Nepal. Numerosas mujeres y niñas tienen miedo a denunciar las violaciones y otras formas de violencia de que son víctimas, no sólo por la estigmatización y la hostilidad que sufrirían en su propia comunidad si lo hicieran, sino también por la inacción del Estado a la hora de garantizar la investigación, procesamiento y castigo de los autores a través del sistema judicial.
 
Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres corren un riesgo especial cuando defienden el derecho a la vida y a no ser objeto de violencia sexual ni de otro tipo. Varias defensoras de los derechos humanos de las mujeres manifestaron a los delegados de Amnistía Internacional que, debido a la falta de seguridad en el Terai, las mujeres corren un riesgo extremo de sufrir violencia de género. Entre los abusos denunciados se encuentran la violación a manos de miembros de grupos armados; violencia en la familia, incluidas palizas a manos de la pareja; violación; muerte a causa de la dote, y otras prácticas culturales violentas y discriminatorias contra las mujeres.

La Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer establece explícitamente el deber del Estado de proteger a las mujeres de la violencia. Los Estados "deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer" (artículo 4). Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación no sólo de garantizar que sus agentes y funcionarios no cometen violencia contra las mujeres, sino también de protegerlas de la violencia cometida por personas y organismos privados, incluidos los miembros de sus familias y comunidades.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a:

• Reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a no sufrir discriminación y todos los derechos que protegen a las mujeres de la violencia de género;
• Implementar todos los tratados, declaraciones, resoluciones y recomendaciones regionales e internacionales dirigidos a condenar, prohibir y prevenir todos los actos de violencia contra las mujeres;
• Garantizar que el personal encargado de hacer cumplir la ley y demás funcionarios del Estado son informados de que la violación de mujeres bajo su custodia constituye un acto de tortura y no debe ser tolerada en ninguna circunstancia;
• Fomentar y apoyar el establecimiento de casas refugio y otras dependencias para mujeres supervivientes de violencia, en consultas con organizaciones de derechos de las mujeres.

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