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Arrestos ilegales de migrantes en Mauritania

Wed, 02 Jul 2008 11:18:39 +0100

Según las conclusiones de un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes irregulares que intentan llegar a Europa.

El informe Mauritania: “Nadie quiere tener nada que ver con nosotros”. Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa, publicado el martes 1 de julio, también denuncia que en ocasiones ni siquiera se devuelve a los migrantes a sus propios países de origen.

Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir de Mauritania hacia las Islas Canarias (España) con intención de entrar en Europa.

Muchos de ellos han sido recluidos en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania. Algunos han sufrido malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas.

Personas procedentes de países de África Occidental afirman haber sido arrestadas arbitrariamente en la calle o en su casa, acusadas, al parecer sin ninguna prueba, de tener la intención de viajar a España.

Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Malí, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las deja en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medio de transporte.

“Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es el resultado de la intensa presión que la Unión Europea (UE), en particular España, ejerce sobre Mauritania en su intento de hacer participar a diversos países africanos en sus esfuerzos por combatir la migración irregular a Europa”, ha manifestado Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Amnistía Internacional pide a las autoridades mauritanas que garanticen que sus fuerzas de seguridad respetan el derecho internacional. Asimismo, la organización pide a la UE y a sus Estados miembros, especialmente a España, que asuman la responsabilidad de garantizar que las personas migrantes son tratadas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

“Los Estados de la UE se están sirviendo de países como Mauritania para gestionar los flujos de migrantes que intentan entrar en Europa desde sus territorios. Los han convertido, de hecho, en los ‘policías de Europa’”, ha manifestado Salvatore Saguès.

Europa debe hacer frente a la realidad de las entregas

Tue, 24 Jun 2008 09:34:19 +0100

“Mi vida ha cambiado y me siento un hombre destrozado. [...] Durante toda la noche sufro pesadillas y de día recuerdo las torturas y me pongo a temblar. “

Abu Omar, contando cómo se sentía después

de las torturas que sufrió en Egipto.

Usama Mostafa Hassan Nasr, conocido como Abu Omar, fue secuestrado por agentes estadounidenses e italianos en una calle de Milán (Italia) el 17 de febrero de 2003. Agentes de la CIA lo entregaron después, pasando por Alemania, a Egipto, donde estuvo recluido durante casi cuatro años, incluidos 14 meses en detención secreta. Abu Omar afirma que, durante siete meses, lo torturaron hasta 12 horas al día.

Abu Omar es uno de los seis casos de entrega extraordinaria y detención secreta –que afectan a 13 hombres– que se destacan en el informe Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas.

El informe describe la participación de Estados europeos –que va desde permitir la utilización de espacio aéreo y aeropuertos europeos para vuelos de la CIA que realizaban recorridos para hacer entregas extraordinarias, hasta acoger centros secretos de detención (o “agujeros negros”)– y cómo se niegan a admitir o investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus ciudadanos o en su territorio.

“Los gobiernos europeos niegan lo evidente y llevan demasiado tiempo soslayando la verdad”, ha afirmado Amnistía Internacional. “Hay un marcado contraste entre su participación en las entregas extraordinarias y detenciones secretas y sus afirmaciones de que actúan de forma responsable en la lucha contra el terrorismo”.

El Plan de seis puntos de Amnistía Internacional para poner fin a las entregas y la detención secreta en Europa pide a los Estados que condenen las entregas extraordinarias y las detenciones secretas y adopten medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas.

Abusos sistemáticos en Túnez en nombre de la seguridad

Mon, 23 Jun 2008 10:34:47 +0100

Cientos –si no miles– de personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos algunos menores de edad, han sido detenidos en Túnez desde la promulgación de la Ley Antiterrorista en 2003. Las autoridades están utilizando la amplia definición de "terrorismo" de esta ley para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas.

En los últimos cinco años, muchas personas han sufrido tortura o malos tratos, se las ha sometido a detención en régimen de incomunicación, o han sido objeto de desaparición forzada. Desde junio de 2006, al menos 977 personas han sido sometidas a juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares y otros, y condenados a largas penas de prisión o incluso a muerte.

El gobierno tunecino sigue afirmando que la situación de los derechos humanos en el país está mejorando. En la práctica, las reformas legales que deberían ofrecer una mayor protección en materia de derechos humanos se han quedado en poco más que promesas vacías.

Sigue sin ponerse freno a los abusos de las fuerzas de seguridad, que se cometen con impunidad, según revela el informe In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura u otros malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Una responsabilidad compartida por todos los gobiernos

El gobierno tunecino tiene la obligación de proteger a la población de los ataques violentos, pero al hacerlo debe cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Los gobiernos extranjeros deben rechazar la retórica del gobierno tunecino y hacer frente a la realidad de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país. En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país, deben garantizar que toda la cooperación que se efectúe en materia antiterrorista respeta las normas de derechos humanos. Y también que sirve para presionar al gobierno tunecino a eliminar la tortura y a lograr que los torturadores rindan cuentas.

Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 17:06:48 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

Desesperada situación de la población refugiada iraquí

Thu, 12 Jun 2008 21:38:33 +0100

Omar, refugiado de Bagdad de 69 años, dice que tendrá una “muerte lenta” si se suspende la ayuda. Este hombre y su familia dependen de la asistencia alimentaria y médica desde que huyeron a Siria en 2006. – ACNUR, mayo de 2008.

Irak sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo, y la crisis de la población refugiada iraquí está agravándose. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos en marzo de 2003 se han visto desplazadas dentro y fuera del país alrededor de 4,7 millones de personas, y para muchas de ellas la situación es desesperada.

En un nuevo informe titulado Retórica y realidad: La crisis de la población refugiada iraquí se afirma que la comunidad internacional sigue sin responder a la crisis de una manera significativa. Países como Jordania y Siria acogen a la mayor parte de la población refugiada pero, sencillamente, no tienen capacidad para atender las necesidades de todas las personas que llegan a ellos.

Siria sola podría tener una población refugiada de más de un millón de personas. Se calcula que, en 2007, en el mundo industrializado sólo había un uno por ciento del total de la población iraquí desplazada.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional, en particular a los Estados que participaron en la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos, que tome realmente medidas para aliviar el sufrimiento de las personas desplazadas. La organización ha manifestado que estos países deben cumplir urgentemente con su responsabilidad de ayudar a las naciones de acogida y a las organizaciones humanitarias con actividades en la región a atender las necesidades de tan enorme población refugiada.

"Muchas personas refugiadas tienen dificultades para sobrevivir –ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Se les prohíbe trabajar y no pueden pagar el alquiler de las casas, comprar alimentos suficientes para sí mismas y sus familias ni conseguir atención médica. Las que tienen la suerte de poder escapar de Irak dependen de sus ahorros, y a muchas se les están agotando rápidamente.”

Muchas familias viven en la miseria y tienen que hacer elecciones imposibles y que correr nuevos riesgos, como el trabajo infantil, la prostitución y la perspectiva de verse obligadas por las circunstancias a emprender el retorno “voluntario” a Irak.

Los organismos humanitarios no pueden atender las crecientes demandas de ayuda a la población refugiada, pues cada vez son más las personas a las que es preciso proporcionar lo más básico para que puedan sobrevivir. El ACNUR había previsto que al final del año estaría distribuyendo alimentos a alrededor de 300.000 personas sólo en Siria. Sin embargo, recientemente ha anunciado que, debido a la falta de fondos suficientes, en agosto de 2008 no podrá atender todas las necesidades médicas básicas de la población iraquí, por lo que muchas personas con enfermedades graves o crónicas no recibirán mensualmente sus medicinas.

La ayuda alimentaria que se presta actualmente a 150.000 personas refugiadas en Siria y Jordania podría tener que reducirse, con lo que gran número de iraquíes se verían sumidos aún más en la miseria y aumentarían los índices de malnutrición y trabajo infantil.

Amnistía Internacional cree que es esencial que la comunidad internacional aumente sus contribuciones a organismos humanitarios como el ACNUR, así como a los países que acogen a población refugiada iraquí. Asimismo, debe realizarse un esfuerzo sustancial y constante por reasentar a las personas vulnerables, como las que padecen problemas médicos graves, en países donde reciban la atención necesaria.

Manal (nombre ficticio), iraquí refugiada en Damasco, contó a Amnistía Internacional en febrero de 2008 que tres de su hijos, de entre 6 y 15 años, tenían que trabajar para que la familia pudiera sobrevivir.

Su hijo de seis años vende goma de mascar en la calle, para ganar alrededor de un dólar estadounidense al día; su hija de 10 vende también goma de mascar unos tres días a la semana, y su hijo mayor es limpiabotas y gana el equivalente a unos dos dólares estadounidenses al día. La niña es la única que va a la escuela. La familia huyó a Siria en 2006, tras resultar dañada su casa, en Bagdad, por las explosiones.

Aunque en la comunidad internacional se habla de una “mejora” en la situación de seguridad en Irak que ha llevado a muchas personas a regresar “voluntariamente”, lo cierto es que la mayoría de las que regresan lo hacen porque se han quedado sin dinero y no pueden sobrevivir ya. Regresan a pesar de que su vida corre realmente peligro.

Además de no prestar suficiente apoyo práctico y económico, algunos Estados están también rechazando solicitudes de asilo de iraquíes a un ritmo alarmante. Ahora hay más Estados europeos que expulsan iraquíes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas, entre ellos Suecia, que en otros tiempos fue un ejemplo positivo para sus vecinos. Algunos Estados están utilizando vías indirectas para devolver a las personas a Irak, como retirarles la ayuda una vez que se ha rechazado su solicitud de asilo para obligarlas así a regresar “voluntariamente”.

La falta de respuesta a la crisis está agudizando el ya grave deterioro de la protección de los derechos humanos de quienes se ven obligados a huir de sus países en busca de seguridad. Los países de acogida de la región necesitan desesperadamente apoyo para poder cumplir con su propia obligación de permitir el acceso de quienes huyen de la violencia y los abusos contra los derechos humanos.

Enlaces externos:

Iraqis in Egypt: Time is running out (Video)

Amnistía Internacional no se hace responsable del contenido de los sitios web que no sean de la organización.

Las acciones del gobierno de Myanmar agravan la situación de los supervivientes del ciclón

Thu, 05 Jun 2008 11:05:23 +0100

El gobierno de Myanmar está impidiendo que llegue la ayuda humanitaria a los supervivientes del ciclón Nargis y está redoblando sus esfuerzos por obligarles a que abandonen los refugios de emergencia, según nuevas investigaciones publicadas por Amnistía Internacional. Las acciones del gobierno agravan la precariedad de la situación en la que se encuentran decenas de miles de personas, y aumentan el peligro de que mueran o sufran enfermedades o hambre.

El 20 de mayo, el gobierno de Myanmar –el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo– anunció el fin de la fase de rescate y ayuda de la respuesta al desastre, y el inicio de la fase de reconstrucción. Desde entonces, ha emprendido una campaña para obligar a los supervivientes del ciclón que han perdido su hogar a que abandonen los campos de reasentamiento tanto gubernamentales como no oficiales.

Las autoridades han dirigido sus acciones contra escuelas y monasterios, ya que ambos lugares se utilizaron como colegios electorales para el referéndum constitucional de mayo que se aplazó, y porque el trimestre escolar comenzó el 2 de junio.

La mayoría de los supervivientes que se han desplazado no pueden regresar a sus lugares de origen, ya que grandes áreas del delta del Irrawaddy, la más azotada por el ciclón, permanecen en gran parte inhabitables.

“Tras sobrevivir a la furia del ciclón, miles de personas sufren ahora a manos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

Las averiguaciones de Amnistía Internacional, que incluyen relatos de testigos presenciales y entrevistas con personas que poseen información de primera mano sobre las zonas afectadas por el ciclón, subrayan la urgente necesidad de que tanto el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo como los donantes internacionales, en la respuesta al desastre, utilicen como salvaguardias las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por el acceso a la ayuda humanitaria. El 16 de mayo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, en su boletín de propaganda New Light of Myanmar (Nueva luz de Myanmar), se comprometió a “investigar los casos [de apropiación indebida de la ayuda humanitaria] para descubrir a los infractores y emprender contra ellos acciones punitivas conforme a la ley”. Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por esas medidas, e insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a vigilar estrechamente la distribución de ayuda humanitaria por parte de sus funcionarios y a investigar todas las denuncias de robo, abuso de poder u otra desviación de la ayuda.

“Dado el largo historial de abusos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, las agencias humanitarias deben estar especialmente alertas ante la posibilidad de que intente desviar u obstaculizar la ayuda”, ha manifestado Benjamin Zawacki, que se encuentra en la región desde hace un mes para recopilar información de las áreas afectadas.

Amnistía Internacional ha confirmado más de 30 casos y relatos de personas que han sido obligadas a abandonar sus refugios de emergencia en monasterios, escuelas y otros lugares.

En las últimas dos semanas, la campaña de reasentamiento se ha vuelto más sistemática y generalizada. Las autoridades han reasentado a muchas personas por la fuerza obligándolas a abandonar Maungmya, Maubin, Pyapon y Labutta, los lugares a donde se habían visto desplazadas inicialmente, y regresar a sus poblaciones de origen.

De los 45 campos que existían en Pyapon, el 28 de mayo sólo quedaban tres. En Yangón, el 23 de mayo, las autoridades expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en Shwebaukan, en el norte de Dagon Myo Thit, y de un campo no oficial en la Escuela Secundaria Estatal núm. 2, en el municipio de Dala.

Entre los abusos se encuentran también la confiscación y el uso indebido de la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional ha recibido más de 40 informes o testimonios sobre cómo las autoridades gubernamentales confiscaron, desviaron o retuvieron la ayuda humanitaria en lugar de entregársela a los supervivientes del ciclón.

Pese a las declaraciones de altos dirigentes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo contra esa conducta, los funcionarios locales pueden actuar impunemente. Por ejemplo, Amnistía Internacional recibió declaraciones de testigos presenciales que afirmaban que, el 26 de mayo, en el puente de Pan Hlaing, municipio de Hlaing Tharyar, Yangón, el comandante de policía U Luu Win dio el alto a 48 camiones que transportaban suministros de donantes de Myanmar particulares. El 1 de junio, la policía todavía no había entregado esos camiones.

Véase también:

Grupo étnico de Myanmar se enfrenta a crímenes contra la humanidad (Documento, 5 junio 2008)

Grupo étnico de Myanmar se enfrenta a crímenes contra la humanidad

Thu, 05 Jun 2008 16:06:20 +0100

El ejército de Myanmar lleva más de dos años librando una ofensiva militar contra la población civil de la etnia karen en la zona oriental del país. En este contexto se han cometido violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, dice un nuevo informe de Amnistía Internacional. El informe califica estos abusos de “crímenes de lesa humanidad”.

El informe, Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental, afirma que casi 150.000 personas han quedado desplazadas internamente en el estado de Kayin y en el este de la división de Bago. Muchas han sido objeto también de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y trabajos forzados, así como de la destrucción de pueblos, cosechas y reservas de alimentos y de otras formas de castigo colectivo.

Estos abusos se han dirigido contra civiles simplemente por pertenecer al grupo étnico karen o habitar en zonas mayoritariamente karen, o como represalia por las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen.

Amnistía Internacional teme que los abusos sean resultado de la política oficial del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno de Myanmar) y de las tatmadaw (las fuerzas armadas myanmaras). La organización insta a que se ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por las fuerzas del gobierno y las milicias que actúan en su nombre y exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo general y obligatorio al suministro de armas a Myanmar.

Véase también:
Myanmar: Las acciones del gobierno aumentan el peligro para los supervivientes del ciclón (informe, 5 de junio de 2008)

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos

Mon, 23 Jun 2008 18:01:01 +0100

En los meses previos a las Olimpiadas de Pekín, Amnistía Internacional ha publicado una serie de informes en los que se examinan cuestiones de derechos humanos en China.

Brasil: La vida de las mujeres, destrozada por la crisis de seguridad pública

Fri, 18 Apr 2008 13:11:02 +0100

Las historias sobre violencia urbana en Brasil suelen girar en torno a jóvenes varones. Y aunque entre víctimas y agresores su número es siempre el más elevado, quedan invisibles las mujeres, que son quienes al final han de vivir, criar a los hijos e hijas y luchar por la justicia en los barrios marginados de las ciudades de Brasil.

Las ciudades brasileñas padecen desde hace mucho elevados índices de violencia criminal y policial. Algunas de las comunidades más pobres y vulnerables de Brasil están frecuentemente sometidas por organizaciones de narcotraficantes. La respuesta del gobierno ha sido una represión creciente y frontal mediante operaciones policiales que han puesto en su punto de mira no sólo a las bandas sino a comunidades enteras.

Entorno de violencia
Las mujeres de estas comunidades viven en un clima de inseguridad constante. Lejos de aportarles protección, la policía, policías varones, a menudo las someten a cacheos ilegales, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente cuando intentan interceder ante la fuerza policial para proteger a algún pariente.

Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento. Esto es lo que una mujer le dijo a Amnistía Internacional: “No podemos seguir viviendo así. Vivimos con miedo.”

Las mujeres viven también expuestas a los designios de los señores de la droga y los jefes de las bandas, que dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones. En el narcotráfico se van viendo implicadas un creciente número de mujeres. Muchas de ellas acaban en el sistema penitenciario brasileño, caracterizado por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad, y siendo objeto de abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, violadas.

Impacto
Las repercusiones de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en comunidades enteras, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención a la salud y la educación. Si, en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías infantiles y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia.

Parar la violencia
Las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional transmitieron unos mensajes muy claros sobre lo que hace falta:

Una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias y les proporcione una seguridad real
Acceso equitativo a la justicia, independientemente de la clase social
Protección para poder seguir su lucha en defensa de los derechos humanos
Apoyo social y económico cuando un familiar resulta herido o muerto por la policía o la violencia delictiva

El Estado brasileño ha introducido algunas iniciativas positivas, como el fortalecimiento de la protección a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Pero se precisan con urgencia políticas a largo plazo mediante las que atajar cuestiones de más profundo calado, como el impacto de la violencia sobre las mujeres en las comunidades excluidas.

Hay que actuar ya
El gobierno federal de Brasil tiene que actuar ya para integrar las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI).

Brasil: “De los autobuses en llamas a los caveirões”: la búsqueda de seguridad humana

Brasil: “Entran disparando”: La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas