Uganda llega a un acuerdo sobre juicios con el LRA

El gobierno de Uganda ha llegado a un acuerdo con el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) sobre el lugar en el que han de ser juzgados sus dirigentes. De acuerdo con los términos del acuerdo, los dirigentes del LRA acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra serían juzgados por un tribunal nacional.

Son muchas las personas acusadas de crímenes espantosos y sobre las cuales pesan, desde hace más de dos años y medio, órdenes de detención internacionales.

Uganda es Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y como tal tiene el deber de cooperar plenamente con ésta en sus investigaciones y procesos judiciales. En particular, debe cooperar sin demora en la detención y entrega de personas acusadas por la Corte.

Las órdenes de detención contra Joseph Kony y otras personas que aún siguen con vida fueron emitidas el 8 de julio de 2005, y Uganda tiene la obligación en virtud del derecho internacional de proceder a su detención y entrega con independencia de cualquier acuerdo alcanzado en el marco del proceso de paz. También tiene la obligación de procesar a los responsables de crímenes contra el derecho internacional, en juicios justos y sin la pena de muerte.

El Estatuto de Roma estipula que, una vez que los hombres hayan sido entregados a la CPI, el gobierno ugandés puede solicitar la devolución de los casos a los tribunales de Uganda. Sin embargo, corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidir si los tribunales de ese país están capacitados y realmente dispuestos a investigar y procesar a los sospechosos del LRA citados en las órdenes.

Amnistía Internacional ha pedido que los miembros del LRA acusados de crímenes contra el derecho internacional sean entregados a la CPI de inmediato.

Christopher Keith Hall, asesor jurídico del Proyecto de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, ha manifestado: “No es de recibo que el gobierno de Uganda y el LRA lleguen a un acuerdo que soslaya el derecho internacional. Los acusados deben ser entregados a la CPI para que se determine su culpabilidad o inocencia de una vez por todas. Es lo mínimo que se merece el pueblo ugandés”.

“Por ahora no disponemos de pruebas que sugieran que tan siquiera un nuevo tribunal que se crease en Uganda para juzgar estos casos estaría capacitado y dispuesto a hacerlo en procedimientos justos que no fuesen una parodia”.

Durante los casi 20 años de lucha entre el LRA y el gobierno ugandés, soldados de ambos lados han asesinado a decenas de miles de personas y desplazado a la fuerza a otros dos millones.