La crisis de Darfur llega a la capital de Sudán
23 mayo 2008
Amnistía Internacional ve con gran preocupación la represión que están ejerciendo las fuerzas de seguridad sudanesas tras la incursión en Jartum de un grupo armado. Las medidas represivas se han caracterizado por violaciones graves de derechos humanos, entre ellas cientos de detenciones arbitrarias, casos de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de estas violaciones han sido mayoritariamente personas originarias de Darfur.
El sábado 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), grupo armado de oposición con base en Darfur, lanzó un ataque militar en las afueras de Jartum. El ataque marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto en Darfur, al ser la primera vez que un grupo armado de oposición llegaba a las afueras de la capital desde el inicio del conflicto en 2003. Según informes, muchos miembros del JEM murieron durante el ataque y decenas fueron arrestados.
Desde entonces, el gobierno ha respondido a este ataque militar con centenares de detenciones arbitrarias y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por la policía sudanesa y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional contra personas originarias de Darfur, especialmente miembros del grupo étnico zaghawa. Desde que las fuerzas sudanesas rechazaron la ofensiva, se impuso un toque de queda en Omdurman y se establecieron puestos de control en las calles de la capital, lo que permitió el arresto y la detención de personas que viajaban en autobuses y automóviles, mientas que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía efectuaban registros en los domicilios de personas originarias de Darfur y de sus familias.
“Se ha detenido con métodos brutales a civiles, en su mayoría jóvenes, en las calles y en sus casas, y se les ha conducido a lugares de detención que todavía se desconocen. La mayoría de las detenciones en los lugares públicos se han basado sobre todo en el aspecto, la edad, el acento o el color de la piel.” Con estas palabras expresaba a Amnistía Internacional un destacado abogado sudanés sus motivos de preocupación en relación con la naturaleza arbitraria de las detenciones –personas detenidas por su origen étnico y edad–, los malos tratos asociados y la falta de información sobre los lugares de detención. Según declaró a Amnistía Internacional, los hombres jóvenes, incluidos los menores de edad, corrían un peligro mayor porque el gobierno sabe que el JEM se nutre parcialmente de hombres jóvenes. Algunos testigos han informado de que a las personas que corrían riesgo de detención se les pedía que pronunciaran ciertas palabras para determinar si eran originarias de Darfur o no.
Entre las personas detenidas hay hombres, mujeres y familias enteras que provienen de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que la semana pasada se detuvo a profesionales de la abogacía y del periodismo y al menos a un activista de derechos humanos.
El 21 de mayo de 2008, cinco miembros del partido político de oposición Congreso Popular, permanecían detenidos después de que su líder, Hassan Al Turabi, y otros miembros fuesen liberados.
Amnistía Internacional condena la detención arbitraria de cientos de personas e insta al gobierno sudanés a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido detenidas sólo por su origen étnico o por la expresión pacífica de su opinión. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que acuse formalmente al resto de los detenidos de un delito común reconocible o los ponga en libertad de inmediato.
Algunos testigos han relatado a Amnistía Internacional los malos tratos infligidos por la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional a varias personas en el momento de arrestarlas. Un abogado que fue liberado dos días después de su detención contó cómo los habían sacado de su casa a él y a algunos miembros de su familia y cómo le golpearon con rifles en la cabeza y en las piernas causándole lesiones graves. Otros testigos han hablado de ejecuciones extrajudiciales públicas de las que habrían sido víctimas varios hombres y al menos una mujer en Omdurman. Según varios informes, la mujer murió el 1 de mayo en las calles de Umbada, en Omdurman, cuando miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le dispararon después de que se opusiera a la detención de su hermano menor.
Según la información facilitada por su familia, un hombre de 31 años oriundo del estado de Nilo Blanco fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 16 o el 17 de mayo y conducido a un centro de detención de este Servicio. Ya lo habían detenido y liberado el día anterior, después de acusarlo de dar cobijo a miembros del JEM en una de sus casas. El 19 de mayo, cuando un familiar acudió a preguntar por el lugar donde se encontraba detenido, en el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le informaron de que la persona en cuestión había fallecido bajo custodia a causa de una insuficiencia renal que le había sobrevenido el día que fue detenido. Según le dijeron al familiar, el detenido fue trasladado a un hospital de ese Servicio, donde falleció, y posteriormente el cadáver fue llevado a una morgue. El 19 de mayo los familiares solicitaron al médico de la morgue que llevara a cabo una autopsia antes de hacerse cargo del cuerpo. Los exámenes revelaron que la muerte se había debido a una grave hemorragia interna producida por varias lesiones graves, así como hematomas en distintas partes del cuerpo.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que condene e investigue todas las denuncias de malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se han producido después del ataque del JEM.
Aunque, según los informes, algunas de las personas detenidas pueden encontrarse en la prisión de Kober, en Jartum, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de ellas. En muchos casos, sobre todo de personas que fueron arrestadas en la calle, también se desconoce la autoridad que ordenó su detención. Las familias de las personas detenidas las consideran desaparecidas. Amnistía Internacional teme que muchas pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.
El número de detenciones y las circunstancias en que se están produciendo, la incertidumbre acerca del paradero de los detenidos y los malos tratos asociados a las detenciones hacen temer por la suerte de estas personas. Amnistía Internacional siente gran preocupación por las personas recluidas en régimen de incomunicación, posiblemente en centros de detención no reconocidos oficialmente, sin acceso a abogados o familiares, por lo que corren aún más peligro de convertirse en víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.
Amnistía Internacional también siente preocupación por la suerte de las personas sin documentos de identidad que viven en la capital. Las detenciones se han generalizado en toda la ciudad y en los transportes públicos, aumentando el peligro que corren las personas que no pueden probar su identidad.
Amnistía Internacional ha recibido informes sin confirmar de fosas comunes tras el ataque lanzado por el JEM el 10 de mayo, al parecer una de ellas en Omdurman Oeste. Amnistía Internacional exige que se identifiquen y se protejan estos posibles lugares para que investigadores independientes con la capacitación necesaria puedan examinarlos.
Amnistía Internacional insta además a las autoridades a derogar el artículo 31 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que autoriza la detención durante periodos de hasta nueve meses sin acceso a revisión judicial.
Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Sudán el compromiso que contrajo en el pasado de garantizar a los responsables de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán el acceso a los lugares de detención; también insta al gobierno sudanés a que haga público de inmediato el paradero de todas las personas bajo custodia y a que permita el acceso sin restricciones a los lugares de detención a los responsables de derechos humanos, familiares, abogados y médicos.
El sábado 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), grupo armado de oposición con base en Darfur, lanzó un ataque militar en las afueras de Jartum. El ataque marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto en Darfur, al ser la primera vez que un grupo armado de oposición llegaba a las afueras de la capital desde el inicio del conflicto en 2003. Según informes, muchos miembros del JEM murieron durante el ataque y decenas fueron arrestados.
Desde entonces, el gobierno ha respondido a este ataque militar con centenares de detenciones arbitrarias y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por la policía sudanesa y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional contra personas originarias de Darfur, especialmente miembros del grupo étnico zaghawa. Desde que las fuerzas sudanesas rechazaron la ofensiva, se impuso un toque de queda en Omdurman y se establecieron puestos de control en las calles de la capital, lo que permitió el arresto y la detención de personas que viajaban en autobuses y automóviles, mientas que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía efectuaban registros en los domicilios de personas originarias de Darfur y de sus familias.
“Se ha detenido con métodos brutales a civiles, en su mayoría jóvenes, en las calles y en sus casas, y se les ha conducido a lugares de detención que todavía se desconocen. La mayoría de las detenciones en los lugares públicos se han basado sobre todo en el aspecto, la edad, el acento o el color de la piel.” Con estas palabras expresaba a Amnistía Internacional un destacado abogado sudanés sus motivos de preocupación en relación con la naturaleza arbitraria de las detenciones –personas detenidas por su origen étnico y edad–, los malos tratos asociados y la falta de información sobre los lugares de detención. Según declaró a Amnistía Internacional, los hombres jóvenes, incluidos los menores de edad, corrían un peligro mayor porque el gobierno sabe que el JEM se nutre parcialmente de hombres jóvenes. Algunos testigos han informado de que a las personas que corrían riesgo de detención se les pedía que pronunciaran ciertas palabras para determinar si eran originarias de Darfur o no.
Entre las personas detenidas hay hombres, mujeres y familias enteras que provienen de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que la semana pasada se detuvo a profesionales de la abogacía y del periodismo y al menos a un activista de derechos humanos.
El 21 de mayo de 2008, cinco miembros del partido político de oposición Congreso Popular, permanecían detenidos después de que su líder, Hassan Al Turabi, y otros miembros fuesen liberados.
Amnistía Internacional condena la detención arbitraria de cientos de personas e insta al gobierno sudanés a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido detenidas sólo por su origen étnico o por la expresión pacífica de su opinión. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que acuse formalmente al resto de los detenidos de un delito común reconocible o los ponga en libertad de inmediato.
Algunos testigos han relatado a Amnistía Internacional los malos tratos infligidos por la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional a varias personas en el momento de arrestarlas. Un abogado que fue liberado dos días después de su detención contó cómo los habían sacado de su casa a él y a algunos miembros de su familia y cómo le golpearon con rifles en la cabeza y en las piernas causándole lesiones graves. Otros testigos han hablado de ejecuciones extrajudiciales públicas de las que habrían sido víctimas varios hombres y al menos una mujer en Omdurman. Según varios informes, la mujer murió el 1 de mayo en las calles de Umbada, en Omdurman, cuando miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le dispararon después de que se opusiera a la detención de su hermano menor.
Según la información facilitada por su familia, un hombre de 31 años oriundo del estado de Nilo Blanco fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 16 o el 17 de mayo y conducido a un centro de detención de este Servicio. Ya lo habían detenido y liberado el día anterior, después de acusarlo de dar cobijo a miembros del JEM en una de sus casas. El 19 de mayo, cuando un familiar acudió a preguntar por el lugar donde se encontraba detenido, en el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le informaron de que la persona en cuestión había fallecido bajo custodia a causa de una insuficiencia renal que le había sobrevenido el día que fue detenido. Según le dijeron al familiar, el detenido fue trasladado a un hospital de ese Servicio, donde falleció, y posteriormente el cadáver fue llevado a una morgue. El 19 de mayo los familiares solicitaron al médico de la morgue que llevara a cabo una autopsia antes de hacerse cargo del cuerpo. Los exámenes revelaron que la muerte se había debido a una grave hemorragia interna producida por varias lesiones graves, así como hematomas en distintas partes del cuerpo.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que condene e investigue todas las denuncias de malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se han producido después del ataque del JEM.
Aunque, según los informes, algunas de las personas detenidas pueden encontrarse en la prisión de Kober, en Jartum, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de ellas. En muchos casos, sobre todo de personas que fueron arrestadas en la calle, también se desconoce la autoridad que ordenó su detención. Las familias de las personas detenidas las consideran desaparecidas. Amnistía Internacional teme que muchas pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.
El número de detenciones y las circunstancias en que se están produciendo, la incertidumbre acerca del paradero de los detenidos y los malos tratos asociados a las detenciones hacen temer por la suerte de estas personas. Amnistía Internacional siente gran preocupación por las personas recluidas en régimen de incomunicación, posiblemente en centros de detención no reconocidos oficialmente, sin acceso a abogados o familiares, por lo que corren aún más peligro de convertirse en víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.
Amnistía Internacional también siente preocupación por la suerte de las personas sin documentos de identidad que viven en la capital. Las detenciones se han generalizado en toda la ciudad y en los transportes públicos, aumentando el peligro que corren las personas que no pueden probar su identidad.
Amnistía Internacional ha recibido informes sin confirmar de fosas comunes tras el ataque lanzado por el JEM el 10 de mayo, al parecer una de ellas en Omdurman Oeste. Amnistía Internacional exige que se identifiquen y se protejan estos posibles lugares para que investigadores independientes con la capacitación necesaria puedan examinarlos.
Amnistía Internacional insta además a las autoridades a derogar el artículo 31 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que autoriza la detención durante periodos de hasta nueve meses sin acceso a revisión judicial.
Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Sudán el compromiso que contrajo en el pasado de garantizar a los responsables de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán el acceso a los lugares de detención; también insta al gobierno sudanés a que haga público de inmediato el paradero de todas las personas bajo custodia y a que permita el acceso sin restricciones a los lugares de detención a los responsables de derechos humanos, familiares, abogados y médicos.
Delicious
Digg
Facebook
Technorati