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Ni verdad ni justicia tras 40 años de la masacre de México

Wed, 01 Oct 2008 17:40:16 +0100

Hace 40 años, el 2 de octubre de 1968, el ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente en Tlatelolco, Ciudad de México. Las estimaciones sobre el número de personas que murieron varían, pero la masacre sigue siendo uno de los peores episodios de homicidios masivos de la historia de México.

1968 fue un año en el que estudiantes y activistas de todo el mundo se echaron a la calle para cambiar su realidad y en muchos lugares tuvieron enfrentamientos con las autoridades.

A lo largo y ancho de Estados Unidos, los estudiantes iban cerrando campus a medida que se propagaban las revueltas y manifestaciones contra la guerra por todo el país. En Londres, 80.000 se manifestaron contra la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles de Irlanda del Norte cobró ímpetu. En mayo, se rebelaron los estudiantes de París; a su rebelión siguió una huelga general masiva. En Checoslovaquia se registró una oposición generalizada de la población contra la represión de reformas políticas por parte de tropas soviéticas.

Y en el centro de Ciudad de México, pocos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, policía, ejército y hombres armados sin identificar rodearon la Plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco. La plaza estaba llena de personas que se manifestaban contra la brutalidad policial, en un acto más de la huelga estudiantil general que se produjo tras las palizas que en julio recibieron estudiantes a manos de “los granaderos” (policía antidisturbios).

Hacia las seis de la tarde, abrieron fuego desde vehículos blindados y tanques, utilizando artillería pesada y soldados a pie armados con bayonetas. Dispararon hacia la plaza abarrotada de estudiantes y contra los edificios residenciales que la circundaban. El gobierno finalmente entregó 44 cadáveres, 10 de los cuales aún no se han identificado.

Cuatro décadas más tarde, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a las cuestiones que rodean aquella masacre perpetrada en Ciudad de México, según ha manifestado Amnistía Internacional. Javier Zúñiga, ahora asesor especial de Amnistía Internacional que en aquel entonces trabajaba como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura, había acudido con su mujer y su hija de dos años a lo que se esperaba sería un acto pacífico. Allí presenciaron la llegada de las tropas gubernamentales desde un puente cercano que mira a la plaza.

“Cuarenta años después de la masacre de Tlatelolco, muchísimas preguntas inquietantes siguen sin respuesta,–ha manifestado Javier Zúñiga–. ¿Quién ordenó la masacre? ¿Durante cuánto tiempo se había planeado? ¿Cuántos murieron? ¿A quién pertenecen esos cadáveres que aún no se han identificado?”

“Para cuando empezaron los disparos estaba oscureciendo, así que era difícil ver con exactitud qué estaba sucediendo”, recuerda Zúñiga. “Pero recuerdo, tan claro como si lo estuviera viendo ahora, que el ejército entró en la plaza antes de que comenzaran los disparos, y no a consecuencia de ellos, como muchas fuentes gubernamentales han mantenido. Cundió el pánico, y la gente empezó a correr en todas direcciones gritando: ‘¡Viene el ejército, viene el ejército!’. Poco después, parecía que la plaza estaba llena de cadáveres.”

“Volví a la mañana siguiente, temprano, y vi pilas de cinturones y zapatos. Seguía habiendo charcos de sangre en el suelo, pese a los evidentes esfuerzos por limpiarla. También vi grandes agujeros de bala en los pilares de cemento, a la altura de la cabeza de un adulto.”

Pese a los constantes esfuerzos de víctimas, familiares y miembros del movimiento estudiantil por establecer la verdad de lo sucedido aquella noche, los hechos completos nunca se han establecido, y los responsables no han rendido cuentas.

“El hecho de que el gobierno mexicano no haya establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 de octubre de 1968 ha dejado en la sociedad mexicana una profunda herida que sólo se cerrará cuando los hechos se descubran del todo, cuando se lleve a los responsables ante la justicia y cuando se proporcione reparación a las víctimas y sus familias”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“El gobierno del presidente Calderón ha guardado silencio sobre este oscuro capítulo de la historia de México. Instamos a este gobierno a que abra todos los archivos y registros pertinentes, lleve a cabo una investigación nueva e independiente, y elimine los obstáculos que impiden que los responsables de este terrible crimen sean llevados ante la justicia.”

La organización ha pedido al presidente mexicano, Felipe Calderón, que establezca de una vez por todas la verdad sobre la masacre perpetrada en la Plaza de Las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México, unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968. También ha instado al gobierno a proporcionar justicia y reparación a las familias de las víctimas.

El coste humano de la guerra en Georgia

Wed, 01 Oct 2008 11:24:38 +0100

La destrucción en gran escala de bienes, la existencia de artefactos no detonados y la preocupación incesante por la seguridad han impedido a decenas de miles de personas regresar a sus hogares tras el conflicto entre Georgia y Rusia que tuvo lugar del 7 al 13 de agosto.

Los residentes que aún quedan en Osetia del Sur y la “zona de seguridad” adyacente controlada por Rusia se ven expuestos a tiroteos, saqueos y ataques de motivación étnica. Estos abusos también están impidiendo el regreso de las personas de etnia georgiana que huyeron de sus casas.

“Las autoridades rusas y georgianas, y también el gobierno de facto de Osetia del Sur, deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad y prestar ayuda a todas las personas, sin discriminación –ha declarado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional–. Quienes se vieron obligados a huir de sus casas deben poder regresar sin peligro, y quienes no puedan o no quieran hacerlo deben ser reasentados.”

Más de 160.000 fueron expulsadas de sus hogares durante los cinco días que duró la guerra entre Georgia y la Federación Rusa, así como durante los días posteriores. Centenares de civiles fueron asesinados y muchos más resultaron heridos durante el conflicto. Las viviendas han sido destruidas y sólo quedan escombros.

El 7 de agosto, las fuerzas georgianas bombardearon Tskhinvali, capital de la región secesionista de Osetia del Sur, y poblaciones circundantes. Entre el 8 y el 12 de agosto, las fuerzas rusas perpetraron ataques aéreos en los que bombardearon poblaciones de Osetia del Sur de mayoría étnica georgiana, así como la ciudad de Gori y alrededores en Georgia.

Representantes de Amnistía Internacional recogieron testimonios de testigos presenciales que sobrevivieron a las hostilidades y tomaron fotografías de la situación después de la guerra. Kazbek Djiloev ofreció a la delegación de Amnistía Internacional el relato de su experiencia la noche del 7 de agosto en su domicilio, situado en una zona residencial del sur de la localidad de Tskhinvali:

“Estábamos escuchando a Saakashvili [presidente de Georgia], diciendo que aceptaba cualquier negociación. Nos sentíamos cómodos. Me estaba tomando un té cuando de repente oí ruido de disparos seguido de tanques, artillería, etc. Bajamos todos a la planta de abajo. Dos horas después oí explosiones, la casa sufrió una fuerte sacudida, el tejado saltó en pedazos y varios misiles Grad cayeron en el interior de la casa.

El sofá y otros muebles empezaron a arder. Oímos cómo un avión se acercaba a nosotros y empezó a dispararnos con una ametralladora. Mi hermano y yo volvimos a escondernos en la planta de abajo. Pasó un rato y cayó otro misil, que destruyó media casa. Yo estaba en estado de shock.

Los georgianos aseguran que disparaban contra posiciones de soldados rusos. Es mentira. No había un solo soldado allí. Estaban disparando contra ciudadanos pacíficos. Allí no había nada militar. Estaba yo con mi hermano y mi madre [...]. Me he quedado sin casa. De momento hace buen tiempo y puedo dormir en el jardín, pero no sé qué voy a hacer cuando lleguen las lluvias. No me ayuda nadie. No puedo reconstruir la casa porque no tengo el dinero que hace falta”.

Pese a que las autoridades rusas niegan haber empleado bombas de racimo, existen pruebas gráficas y periciales de que el ejército ruso sí las usó. Bejam Basilidze describió así lo que presenció en la población de Khverno Kviti el 8 de agosto:

“Era ya de noche. De repente oí un ruido terrible. Vi una explosión en el aire y luego bombas que empezaron a caer como granizo; cada una abarcaba un área de tres o cuatro metros. Todo saltó por los aires, el suelo, los tejados de las casas. Hubo siete personas heridas y también vacas. No había efectivos georgianos por la zona; se habían marchado a Gori por la tarde”.

Amnistía Internacional ha documentado los numerosos saqueos e incendios provocados de que han sido objeto poblaciones de mayoría georgiana situadas en el territorio de Osetia del Sur, pero que estaban bajo control administrativo georgiano antes del conflicto, así como fuera de Osetia del Sur pero dentro de las "zonas de seguridad" establecidas por las fuerzas rusas. Soldados surosetios, grupos paramilitares y particulares armados –algunos de los cuales procedían, al parecer, de la Federación Rusa– participaron en estos actos en áreas que en la práctica se encontraban bajo control ruso.

Nina, una mujer del pueblo de Kurta, en Osetia del Sur, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

“Hombres con uniforme militar atravesaban los jardines. Hablaban ruso, pero no eran rusos. Me pareció que eran osetios, chechenos, algunos asiáticos, tal vez uzbekos y cosacos. Todos llevaban el mismo uniforme e iban armados con Kalashnikov. Prendieron fuego a unas 15 viviendas en Kurta y se llevaron el ganado en camiones. Cuando nos marchábamos de Kurta, vimos cómo los maleantes secuestraban a dos vecinos y los metían a la fuerza en el maletero de un automóvil.

Salimos a pie de Kurta el 13 de agosto. Fuimos hasta Eredvi pasando por Kheiti. En Eredvi vimos los cadáveres de un hombre, una mujer y dos niños. Seguimos caminando y llegamos al pueblo de Ditsi [fuera de Osetia del Sur]. No vi cadáveres en Ditsi; había algunas casas incendiadas, pero no todas. Dejamos Ditsi y fuimos hasta Trdznisi. Allí también vimos muchas casas quemadas y enseres esparcidos por las calles. Nos quedamos a pasar la noche y luego nos fuimos en dirección a Tqviavi. Allí vimos muchos más cadáveres, debajo de automóviles y furgonetas. Todos los cadáveres eran de civiles, no vi ningún soldado georgiano muerto”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que 163.000 personas fueron obligadas a huir de sus hogares; de ellas, 127.000 se desplazaron dentro de la propia Georgia y 36.000 huyeron a la Federación Rusa.

Algunas de esas personas ya han regresado a sus hogares, pero hay decenas de miles que no lo pueden hacer, bien porque su casa ha quedado destruida, o bien porque no es seguro regresar.

La población de Osetia del Sur y de Georgia ha sufrido numerosas violaciones de derechos humanos como consecuencia del conflicto y siguen necesitando ayuda humanitaria y que se protejan derechos. Amnistía Internacional pide a todas las partes en conflicto que garanticen a todas las personas desplazadas por las hostilidades un regreso seguro y perdurable a su lugar de residencia.

Dos meses de cárcel para destacado periodista egipcio

Mon, 29 Sep 2008 18:04:24 +0100

Un destacado director de periódico se enfrenta a dos meses de prisión por escribir un artículo relacionado con el estado de salud del presidente de Egipto, Hosni Mubarak. Ibrahim Eissa, director del diario Al Dustour, había sido condenado a una pena de seis meses en marzo de 2008, pero presentó recurso contra esa decisión judicial.

El tribunal de apelaciones de Boulaq, localidad próxima a El Cairo, vio el recurso el domingo 28 de septiembre y decidió reducir la condena a dos meses de prisión.

Ibrahim Eissa había sido declarado culpable de publicar información que las autoridades consideraron “perjudicial para el interés público y la estabilidad nacional de Egipto”. Los artículos en cuestión sugerían que el estado de salud del presidente Mubarak se había deteriorado.

Las autoridades manifestaron que en los artículos se decían falsedades y que habían dado lugar a la retirada de inversiones extranjeras por valor de unos 350 millones de dólares estadounidenses, lo que dañó la economía del país.

Ibrahim Eissa había quedado en libertad bajo fianza en espera del resultado del recurso. Ahora tendrá que cumplir los dos meses de cárcel, a no ser que el fiscal decida aplazar la ejecución de la sentencia hasta que se pronuncie el tribunal de casación, ante el que Ibrahim Eissa ha recurrido la decisión del tribunal de apelaciones.

Los cargos formulados contra Ibrahim Eissa se basan en los artículos 171 y 188 del Código Penal. Su procesamiento y condena forman parte de un patrón general utilizado por las autoridades egipcias.

Hassiba Hadj Sahraoui, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha condenado la decisión del tribunal de apelaciones y ha manifestado: "Las autoridades egipcias utilizan la difamación y otros delitos para sofocar la libertad de expresión de los medios de comunicación e impedir que se informe sobre cuestiones que consideran que traspasan la ‘línea roja’ de lo que se puede revelar a la opinión pública, aunque en realidad sean claramente asuntos de interés público. Si Ibrahim Eissa resulta finalmente encarcelado, Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia y pedirá su libertad inmediata e incondicional.

“Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a modificar la controvertida Ley de Prensa y todas las demás disposiciones del Código Penal que tipifican como delito la legítima labor de informar. La organización insta asimismo a las autoridades a que dejen de utilizar el cargo de difamación para acosar a los periodistas e impedir que informen sobre asuntos de legítimo interés público.”

Grupos armados y fuerzas gubernamentales siguen cometiendo abusos contra mujeres, niños y niñas en Kivu Septentrional

Mon, 29 Sep 2008 16:58:43 +0100

Grupos armados todavía siguen reclutando niños y niñas soldados para que luchen en el conflicto que está teniendo lugar en la provincia de Kivu Septentrional, situada al este de la República Democrática del Congo.

A los niños y niñas soldados que tratan de escapar los matan o torturan, en ocasiones delante de otros, como medida disuasoria para evitar nuevas fugas. Los niños y niñas que el ejército de la República Democrática del Congo captura bajo sospecha de combatir para grupos armados corren peligro de ser objeto de malos tratos y tortura mientras están bajo custodia del ejército.

Según el nuevo informe de Amnistía Internacional, North Kivu: No end to the war against women and children, en el conflicto, asimismo, se sigue abusando física y sexualmente de mujeres, niños y niñas.

El informe se basa en las indagaciones y declaraciones de testigos presenciales recogidos durante los meses de febrero y marzo de 2008 por Amnistía Internacional durante una visita de investigación a Kivu Septentrional. En él se afirma que miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad del gobierno siguen violando y abusando sexualmente de mujeres y niñas y, en menor proporción, de hombres y de niños. Entre las víctimas se cuentan mujeres ancianas e infantes; muchas de esas personas han sido sometidos a violaciones en grupo o violadas en más de una ocasión.

Estos abusos se producen pese a que el gobierno y los grupos armados se comprometieron, en el "Acta de Compromiso" del 23 de enero de 2008, a poner fin de inmediato a estas atrocidades.

Según el informe de Amnistía Internacional, es posible que más de la mitad de los ex niños y niñas soldados que, gracias a un programa nacional de desmovilización, habían regresado a Kivu Septentrional junto a sus familias, hayan vuelto a ser reclutados por grupos armados desde entonces.

Apaleados hasta la muerte
Un ex niño soldado relató a Amnistía Internacional cómo, delante de él y de otros niños y niñas reclutas, se había apaleado a dos jóvenes hasta provocarles la muerte, "como advertencia de lo que nos pasaría si tratábamos de huir".

"Durante una sesión de entrenamiento, sacaron a [los muchachos] de un hoyo excavado en el suelo y nos los entregaron. A continuación, [un alto mando del grupo armado] nos ordenó que los golpeáramos. Dos soldados y un capitán los tiraron al barro y cuando se cansaron de darles patadas…los golpearon con palos de madera. El castigo duró hora y media, hasta que murieron."

Se han cometido violaciones en público y en presencia de familiares, entre ellos, niños y niñas. Algunas mujeres han sido secuestradas y se las ha mantenido retenidas en condición de esclavas sexuales. En mucho casos, parece que en la violación y en los abusos sexuales subyace una motivación étnica y/o la intención de aterrorizar y desmoralizar a las comunidades sospechosas de apoyar a grupos enemigos.

Una joven de 16 años, sobreviviente de violación, describió cómo dos jóvenes oficiales la secuestraron y, antes de ponerla en libertad, la mantuvieron cautiva durante varios días en un campamento del ejército en Kivu Septentrional. Durante el tiempo que la mantuvieron retenida en el campamento, uno de los oficiales la violó todas las noches.

"Al resto de los oficiales y de los soldados que se encontraban presentes en el campamento no pareció importarles, ni que estuvieran dispuestos a ejercer alguna autoridad", declaró a Amnistía Internacional. Ahora, le vienen repentinamente a la memoria imágenes de la traumática experiencia sufrida y padece persistentes dolores de cabeza.

En su informe, Amnistía Internacional formula amplias recomendaciones a los grupos armados, al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional para detener los abusos de derechos humanos. Entre las recomendaciones se incluye un llamamiento a los grupos armados para que pongan en libertad de inmediato a todos los niños y niñas vinculados a sus fuerzas, así como medidas para poner fin al horror de la violencia sexual.

Información complementaria sobre el conflicto
A pesar del acuerdo de paz firmado en enero de 2008, el conflicto armado ha persistido en Kivu Septentrional. En los combates participan el ejército regular congolés (FARDC) y el grupo armado del CNDP bajo las órdenes del general desertor Laurent Nkuna, junto con varias milicias mayi-mayi locales y el grupo armado ruandés FDLR. Es la población civil la que se lleva la peor parte de la violencia.

Desde el 28 de agosto de 2008, la reanudación de los combates en Kivu Septentrional ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, que vienen a sumarse a las más de un millón de personas desplazadas por anteriores conflictos violentos acontecidos en la región.

Detenido otra vez en Myanmar preso recientemente excarcelado

Fri, 26 Sep 2008 17:35:32 +0100

Amnistía Internacional ha confirmado que el viernes 26 de septiembre U Win Htein, uno de los siete presos de conciencia que habían sido liberados tres días antes, fue nuevamente detenido pocas horas después de recobrar la libertad. El martes 23 había sido excarcelado de la prisión de Kathar, departamento de Sagaing al noroeste de Myanmar.

Agentes de policía volvieron a detener a U Win Htein en el lugar en el que se hospedaba para pasar la noche en Kathar, desde donde a la mañana siguiente iba a tomar el barco que lo llevaría a Mandalay para reunirse con su esposa.

U Win Htein ha sido nuevamente internado en la prisión de Kathar. Se desconoce el motivo por el que ha sido vuelto a detener ni cuánto tiempo permanecerá en esa situación.

Amnistía Internacional ha declarado que la nueva detención de U Win Htein pone de manifiesto, una vez más, que no hay cambio alguno en la política del gobierno de Myanmar con respecto a la liberación de presos políticos.

Ocho personas heridas en ataque al “Festival gay de Sarajevo”

Fri, 26 Sep 2008 18:13:38 +0100

Varias personas fueron agredidas el miércoles 24 de septiembre, al final del primer día del “Festival gay de Sarajevo”. Según informes, ocho personas, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas cuando decenas de jóvenes agredieron a quienes asistían a este festival. Según los organizadores del evento, de cuatro días de duración, la policía puso en peligro a los asistentes al permitir que manifestantes antigays se acercaran demasiado al lugar donde se celebraba el acto.

El festival, organizado por Udruženje Q, organización no gubernamental de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, se inauguró en la céntrica Academia de Bellas Artes de la capital bosnia, Sarajevo. Las agresiones obligaron a los organizadores a que el resto del festival tuviera carácter privado.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a iniciar sin demora una investigación exhaustiva sobre estas agresiones y a poner a los responsables a disposición judicial. La organización también pidió a las autoridades que garantizasen debidamente la seguridad de los participantes en el festival.

“El llamamiento de los activistas de los derechos gays a la igualdad ante la ley y el fin de la discriminación encontró intolerancia y violencia por respuesta” manifestó Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Los organizadores del festival y quienes simpatizan con ellos han recibido y continúan recibiendo amenazas de muerte; entre esas personas figuran periodistas. Se han distribuido gran número de carteles homófobos, que se han colocado en lugares destacados de la ciudad. Algunos medios de comunicación han utilizado un lenguaje homófobo y han falseado los objetivos del festival.

En una carta enviada este mes al primer ministro de Bosnia y Herzegovina, Nikola Špiric, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el clima de creciente intimidación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que se vive en el país, y ha pedido que se garantice la protección de sus derechos.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta. La evidente falta de medidas adecuadas de las autoridades para garantizar la celebración del festival en un clima sin violencia ni intimidaciones muestra que no se han seguido las recomendaciones de la organización.

Utilización de la ley contra activistas del derecho a la vivienda en Camboya

Fri, 26 Sep 2008 17:16:52 +0100

Unos 150.000 camboyanos viven en peligro de ser objeto de desalojos forzosos a causa de conflictos sobre tierras, apropiación de tierras y proyectos de reurbanización urbanos y agroindustriales.

Decenas de miles de personas han sido víctima ya de desalojos forzosos en los últimos años. Muchas de ellas se han quedado sin hogar y otras han sido reubicadas en lugares inadecuados para su reasentamiento, con deficientes infraestructuras, falta de servicios básicos –especialmente sanitarios– y acceso limitado a oportunidades de trabajo.

Según el documento de Amnistía Internacional A risky business – defending the right to housing, grupos y particulares ricos y poderosos implicados en conflictos sobre tierras en Camboya utilizan cada vez más su poder para silenciar a sus opositores recurriendo al sistema de justicia penal.

En el documento se ofrecen ejemplos de los abusos perpetrados en los dos últimos años contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la promoción de los derechos a la tierra y en contra de los desalojos forzosos en Camboya. Amnistía Internacional ha pedido mayor protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Chhea Ny, que ostenta el cargo no oficial de jefe de aldea, fue detenido en agosto de 2006 como consecuencia de un largo conflicto sobre tierras con funcionarios locales, empresarios y militares de alta graduación en la aldea de Boeung Pram, provincia de Battambang. Fue puesto en libertad en diciembre de 2007 tras pasar 16 meses en prisión.

Chhea Ny dijo a Amnistía Internacional: “Me encadenaron y me mantuvieron recluido una semana en la oscura celda de una prisión. Estaba abatidísimo. No me dejaban lavarme. Pasada una semana, me quitaron la cadena de las piernas. Luego me dejaron salir al aire libre y se disculparon diciendo que habían cometido un error y que habían castigado a un inocente”.

Brittis Edman, investigadora sobre Camboya de Amnistía Internacional, señaló que el caso de Chhea Ny era un ejemplo patente de lo que ocurre cuando el sistema legal no protege los derechos humanos ni sirve a la justicia.

“El rápido aumento del número de activistas pacíficos en favor de los derechos a la tierra que están en prisión es ya de por sí un grave motivo de preocupación. Pero, además, todo defensor o defensora de los derechos humanos encarcelado se convierte en un instrumento para intimidar a otros, al demostrar que la detención, los juicios y el encarcelamiento son amenazas reales”, indicó Brittis Edman.

Según grupos locales de derechos humanos, en los dos últimos años el número de activistas en favor de los derechos a la tierra detenidos casi se han duplicado, pasando de 78 en 2006 a 149 en 2007. Este aumento se corresponde con el del número de informes que denuncian la detención injusta de estos activistas por la policía, la presentación de cargos penales sin base contra ellos por los fiscales, y las amenazas de detención o encarcelamiento formuladas por funcionarios judiciales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra personas que protestan contra los desalojos forzosos.

“Las autoridades de Camboya deben asegurarse de que el sistema legal protege de forma justa a todas las partes implicadas en los conflictos sobre tierras y en la protección de los derechos humanos. Deben también investigar todas las denuncias verosímiles de intimidación y detención ilegal de defensores y defensoras de los derechos humanos”, señaló Brittis Edman.

En un informe publicado en febrero de 2008, Amnistía Internacional mostró cómo las autoridades camboyanas no protegen ni en la ley ni en la práctica a la población contra los desalojos forzosos.

Por el contrario, las personas que gozan de poder económico o político pueden actuar con impunidad expropiando tierras arbitrariamente. Y lo hacen en connivencia con las autoridades locales, consiguiendo así la emisión de títulos de propiedad y órdenes de desalojo de autenticidad dudosa, y haciendo mal uso del sistema judicial para impedir que las víctimas actúen en defensa de sus derechos.

Más información: Camboya incendia las casas de los pobres

Se suspende la ejecución de Troy Davis

Wed, 24 Sep 2008 16:29:05 +0100

El martes 23 de septiembre se suspendió en Georgia la ejecución de Troy Davis, menos de dos horas antes del momento en que estaba previsto acabar con su vida mediante inyección letal. Troy Davis lleva 17 años en espera de ejecución por un asesinato que asegura que no cometió.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la suspensión de la ejecución para poder reunirse el lunes 29 de septiembre a considerar si procede admitir a trámite el recurso presentado por Troy Davis contra una resolución que emitió en marzo de 2008 la Corte Suprema de Georgia. Ésta había denegado por cuatro votos a tres la celebración de un nuevo juicio o una vista en la que se pudieran presentar las pruebas que salieron a la luz después de que se dictara la sentencia condenatoria.

El presidente de la Corte Suprema de Georgia, que, junto con otros dos jueces, emitió una opinión discrepante con la resolución, escribió lo siguiente: “En esta causa, casi todos los testigos que, durante el juicio, identificaron a Davis como autor de los disparos han negado posteriormente su capacidad para identificarlo con seguridad. Tres personas han afirmado que Sylvester Coles confesó haber efectuado los disparos”.

“Dos testigos han asegurado que Sylvester Coles, en contra de lo que declaró en el juicio, sí tenía una pistola inmediatamente después del asesinato. La descripción de los hechos por parte de otro testigo apunta a la posibilidad de que Sylvester Coles fuera el autor de los disparos.”

El presidente de la Corte Suprema de Georgia añadió que “si un tribunal diera credibilidad en una vista al conjunto de testimonios que han salido a la luz recientemente en torno al caso Davis, podría darse la situación de que un nuevo jurado encontrase una duda razonable a la culpabilidad de Davis o, al menos, dudas suficientes para decidir no imponer la pena de muerte”.

En 1991, Troy Davis fue declarado culpable del asesinato del agente de 27 años Mark Allen MacPhail, que murió por disparos en el aparcamiento de un restaurante de la cadena Burger King en Savannah (Georgia) en la madrugada del 19 de agosto de 1989. Davis también fue declarado culpable de agredir a Larry Young, un vagabundo que sufrió la agresión momentos antes de la muerte del agente MacPhail.

En el juicio, Troy Davis admitió que había estado en la escena del crimen, pero negó haber agredido a Larry Young y disparado contra el agente MacPhail. No se presentaron pruebas materiales que incriminaran a Troy Davis y nunca llegó a encontrarse el arma con la que se cometió el delito.

Las pruebas incriminatorias presentadas contra Troy Davis consistieron exclusivamente en declaraciones de testigos. Desde que se celebró el juicio, la mayoría de los testigos de cargo se han retractado o han modificado sus testimonios iniciales en sendas declaraciones juradas. Además, testimonios posteriores a la sentencia condenatoria apuntan a otro hombre como autor de los disparos.

La suspensión de la ejecución estará vigente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos delibere sobre si admitir el recurso. Si decide no hacerlo, la suspensión “terminará automáticamente” y el Estado de Georgia podría fijar una nueva fecha para la ejecución. Por el contrario, si la Corte decide admitir el recurso, la suspensión seguirá en vigor hasta que la Corte emita una resolución definitiva sobre la petición de Davis.

Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, varias decenas de miles de personas, así como organismos internacionales, han pedido la concesión del indulto para Troy Davis. Entre ellos están el ex presidente Jimmy Carter, el arzobispo Desmond Tutu, el papa Benedicto XVI, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el secretario general del Consejo de Europa, el ex director del FBI William Sessions, así como miembros y ex miembros del Congreso de Estados Unidos como Bob Barr, Carol Moseley Braun o John Lewis. En la semana anterior a la fecha prevista de la ejecución, la atención de los medios de comunicación sobre el caso se había mantenido en unos niveles elevados.

Las normas internacionales prohíben la ejecución de una persona cuando existan dudas sobre su culpabilidad. Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la ejecución de Troy Davis, con independencia de que sea culpable o inocente, al igual que se opone a todo uso de la pena capital.

En libertad uno de los presos políticos de Myanmar que más tiempo llevaba encarcelado

Tue, 23 Sep 2008 18:12:55 +0100

Uno de los presos políticos que más tiempo llevaba encarcelado en Myanmar ha sido puesto en libertad junto con al menos otros seis presos de conciencia. U Win Tin, periodista de 78 años de edad, destacado disidente y alto cargo del principal partido de oposición, la Liga Nacional para la Democracia, encabezada por Daw Aung San Suu Kyi, ha pasado en la cárcel 19 años.

No obstante, la suerte de los otros –según cálculos– 2.100 presos de conciencia que permanecen entre rejas en Myanmar sigue siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

“La liberación de U Win Tin y otros presos es sin duda la mejor noticia recibida desde Myanmar en mucho tiempo, pero, por desgracia, estos presos no suponen ni un uno por ciento de los presos políticos recluidos en el país”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar. “Para empezar, estos siete presos jamás deberían haber sido encarcelados, y hay muchos más que también deben ser puestos en libertad.”

Amnistía Internacional desea señalar los informes no confirmados que indican que el gobierno de Myanmar podría conceder una “amnistía” a hasta 9.000 presos en el periodo previo a las elecciones previstas para 2010. Sin embargo, sigue sin estar claro si en esta cifra están incluidos presos políticos.

U Win Tin se negó a aceptar una amnistía del gobierno, ya que el hacerlo habría significado que los motivos de su encarcelamiento eran legítimos. Los informes indican que no se pusieron condiciones para su puesta en libertad.

“Los presos de conciencia, como los liberados hoy, son exactamente lo que el término indica: personas enviadas a prisión sencillamente por sus convicciones y por la actividad pacífica que emprenden a causa de esas convicciones”, ha añadido Benjamin Zawacki. “No han hecho nada malo, y pedimos su liberación inmediata e incondicional.”

Los otros seis presos de conciencia liberados también son miembros de la Liga Nacional para la Democracia, y cuatro de ellos son parlamentarios electos designados en las elecciones de 1990 en las que la Liga Nacional para la Democracia obtuvo la victoria.

•   La Dra. Daw May Win Myint, de 58 años, parlamentaria electa, y el Dr. Than Nyein, de 71 años y también parlamentario electo, fueron encarcelados en 1997 por organizar una reunión de la Liga Nacional para la Democracia. Sus condenas originales se han ampliado varias veces desde 2004, y ambos se encuentran en mal estado de salud.
•   Win Htein, de 66 años , asistente destacado de la dirigente de la Liga Nacional para la Democracia, Daw Aung San Suu Kyi, fue encarcelado en 1996 por, entre otros motivos, organizar a granjeros y a miembros de la Liga Nacional para la Democracia para recopilar estadísticas agrícolas. Ha estado recluido en régimen de aislamiento y sufre numerosos problemas de salud, entre ellos hipertensión y una enfermedad cardiaca.
•   Aung Soe Myint Oo, parlamentario electo de la Liga Nacional para la Democracia, fue condenado en agosto de 2003 a siete años de prisión por “posesión de motocicleta sin licencia”, pero la creencia generalizada es que su encarcelamiento se debió a su actividad política.
•   U Khin Maung Swe, de 66 años y parlamentario electo de la Liga Nacional para la Democracia, fue condenado en agosto de 1994 a siete años de prisión.
•   U Than Naing es miembro de la Liga Nacional para la Democracia.

“La liberación de estos siete presos políticos supone una gran satisfacción. Pero no es –ni se puede considerar– un final, sino sólo un principio”, ha manifestado Benjamin Zawacki.

El nuevo gobierno de Zimbabue tiene que atajar la cultura de la impunidad

Tue, 23 Sep 2008 17:51:27 +0100

Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, firmó el pasado lunes 15 de septiembre un acuerdo de gobierno con los líderes del Movimiento por el Cambio Democrático para compartir el poder e intentar resolver la crisis política que vive Zimbabue desde el año 2000 y que se ha agudizado notablemente en los seis últimos meses.

La crisis se ha caracterizado por toda una serie de violaciones, motivadas políticamente, de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de opositores, reales o no, al presidente Mugabe. Quienes instaron o cometieron esas violaciones vienen gozando de una impunidad prácticamente absoluta.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 27 de junio, el país sufrió la sacudida de una ola de violaciones de derechos humanos, promovida por el gobierno, que se saldó con al menos 165 muertos, millares de personas torturadas y aproximadamente 30.000 desplazadas internamente. Todavía sigue sin estar claro cómo va a abordar el nuevo gobierno de Zimbabue importantes cuestiones que afectan a la justicia y la impunidad.

Amnistía Internacional ha afirmado que la validez del acuerdo firmado se vería seriamente comprometida si incluyera amnistías o indultos que impidan procesar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos, dar a conocer la verdad o hacer que las víctimas reciban reparación plena.

“No debe acordarse nada que impida que salga a la luz toda la verdad, y los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas deben comparecer ante la justicia.” Así lo ha manifestado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue que ha regresado recientemente de hablar con víctimas de la violencia promovida por el gobierno en el país.

“Las víctimas de violaciones de derechos humanos están pidiendo justicia por los crímenes que han sufrido, y no merecen menos que eso. Sería una gran traición a ellas que los dirigentes nacionales, regionales e internacionales respaldaran amnistías previas al juicio para los autores de esas violaciones”, ha declarado Simeon Mawanza.

“En virtud del derecho internacional, Zimbabue tiene unas obligaciones claramente establecidas, y esas obligaciones deben cumplirse, especialmente en este momento crítico de la historia del país.”

“Cualquier solución duradera a la crisis de Zimbabue debe incluir en sus cimientos mismos el respeto y la protección de los derechos humanos”, ha manifestado Simeon Mawan