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El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

Brasil: La vida de las mujeres, destrozada por la crisis de seguridad pública

Fri, 18 Apr 2008 13:11:02 +0100

Las historias sobre violencia urbana en Brasil suelen girar en torno a jóvenes varones. Y aunque entre víctimas y agresores su número es siempre el más elevado, quedan invisibles las mujeres, que son quienes al final han de vivir, criar a los hijos e hijas y luchar por la justicia en los barrios marginados de las ciudades de Brasil.

Las ciudades brasileñas padecen desde hace mucho elevados índices de violencia criminal y policial. Algunas de las comunidades más pobres y vulnerables de Brasil están frecuentemente sometidas por organizaciones de narcotraficantes. La respuesta del gobierno ha sido una represión creciente y frontal mediante operaciones policiales que han puesto en su punto de mira no sólo a las bandas sino a comunidades enteras.

Entorno de violencia
Las mujeres de estas comunidades viven en un clima de inseguridad constante. Lejos de aportarles protección, la policía, policías varones, a menudo las someten a cacheos ilegales, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente cuando intentan interceder ante la fuerza policial para proteger a algún pariente.

Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento. Esto es lo que una mujer le dijo a Amnistía Internacional: “No podemos seguir viviendo así. Vivimos con miedo.”

Las mujeres viven también expuestas a los designios de los señores de la droga y los jefes de las bandas, que dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones. En el narcotráfico se van viendo implicadas un creciente número de mujeres. Muchas de ellas acaban en el sistema penitenciario brasileño, caracterizado por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad, y siendo objeto de abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, violadas.

Impacto
Las repercusiones de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en comunidades enteras, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención a la salud y la educación. Si, en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías infantiles y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia.

Parar la violencia
Las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional transmitieron unos mensajes muy claros sobre lo que hace falta:

Una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias y les proporcione una seguridad real
Acceso equitativo a la justicia, independientemente de la clase social
Protección para poder seguir su lucha en defensa de los derechos humanos
Apoyo social y económico cuando un familiar resulta herido o muerto por la policía o la violencia delictiva

El Estado brasileño ha introducido algunas iniciativas positivas, como el fortalecimiento de la protección a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Pero se precisan con urgencia políticas a largo plazo mediante las que atajar cuestiones de más profundo calado, como el impacto de la violencia sobre las mujeres en las comunidades excluidas.

Hay que actuar ya
El gobierno federal de Brasil tiene que actuar ya para integrar las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI).

Brasil: “De los autobuses en llamas a los caveirões”: la búsqueda de seguridad humana

Brasil: “Entran disparando”: La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas

Secretismo en torno a la pena de muerte

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.”

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Decisiva resolución de la ONU para una moratoria universal de las ejecuciones (Artículo, 15 noviembre 2007)

Las bandas y la policía causan estragos en las zonas pobres de las ciudades de Jamaica

Tue, 01 Apr 2008 15:07:01 +0100

Los jamaicanos y jamaicanas que viven en las zonas pobres de las ciudades están a merced de las bandas y de agentes de policía abusivos que en contadas ocasiones comparecen ante la justicia, si es que llegan a comparecer, para responder de abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional revela en un nuevo informe cómo las autoridades jamaicanas desatienden deliberadamente a las comunidades más pobres al no ocuparse de la violencia –y sus causas– que está destrozando las zonas deprimidas de las ciudades. Esto incluye en particular métodos abusivos de actuación policial que propician cientos de incidentes con arma de fuego y resultado de muerte y de ejecuciones extrajudiciales.

“La población jamaicana que vive en las zonas pobres de las ciudades está pagando con su vida el precio de esta crisis de seguridad pública. Son rehenes del interminable enfrentamiento entre bandas de delincuentes y agentes de policía que matan con impunidad”, manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Jamaica cuenta con uno de los índices de violencia y homicidios a manos de la policía más elevados de América, con unos 1.500 homicidios y la policía dio muerte a 272 personas en 2007. Los líderes de las bandas se sirven del vacío que deja la ausencia del Estado para controlar amplísimos aspectos de las vidas de las personas que viven en las zonas urbanas deprimidas, como la recaudación de “impuestos”, la asignación de empleos, la distribución de alimentos y el castigo a quienes infringen las normas de la banda.

“Las bandas de delincuentes constituyen una pequeña proporción de la población de las comunidades, pero sus actividades son devastadoras: tienen a miles de personas viviendo con un miedo constante, y ofrecen una excusa a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general para calificar de delincuentes a todos los miembros de la comunidad”, declaró Kerrie Howard.

A pesar de la violencia, los miembros de las comunidades se muestran reacios a denunciar los abusos por el temor a las represalias de los dirigentes de las bandas, la falta de confianza en el sistema judicial y el recelo que sienten hacia los agentes de policía que trabajan en sus comunidades.

En julio de 2007, policías y soldados dispararon contra Ravin Thompson, de 18 años de edad, mientras conversaba con su tía en la casa de ésta. Los agentes perseguían a otro joven que entró en la casa.

La tía de Ravin insistió en acompañarlo al hospital en el jeep de los agentes, pero cuando ya estaban en camino, ella afirma que un soldado la echó a empujones. Cuando por fin llegó, Ravin había muerto. La autopsia reveló que tenía cuatro heridas de bala. Sin embargo, la tía de Ravin y otras personas que estaban presentes cuando se efectuaron los disparos tenían la certeza de que sólo había resultado herido en un brazo y un hombro. Afirman que fue asesinado en el vehículo, antes de llegar al hospital.

La policía registró el incidente como un “tiroteo”. Abrió investigaciones, pero según los datos de que dispone Amnistía Internacional, ningún agente ha sido acusado formalmente en relación con la muerte de Ravin.

“En Jamaica hay muchos agentes de policía que cumplen con sus obligaciones y arriesgan su vida a diario para ayudar a mejorar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos jamaicanos. Sin embargo, mientras los responsables de abusos contra los derechos humanos no sean llevados ante la justicia y se purgue la corrupción, no podrán hacer cambios”, declaró Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades de Jamaica para que adopten medidas urgentes y efectivas destinadas a abordar las causas que subyacen a esta crisis de seguridad pública y derechos humanos, medidas como la reducción del índice de homicidios en las zonas urbanas pobres, la introducción de una actuación policial basada en los derechos humanos y la reforma del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia.

“El debate en Jamaica no debe ser ya acerca de ‘si’ o ‘cómo’ se llevarán a cabo, sino sobre ‘cuándo’ se llevarán a cabo los cambios urgentes que son necesarios para impedir que la crisis siga cobrándose vidas, y la respuesta debe ser ‘hoy’.”

¿Qué legado dejarán las Olimpiadas de Pekín para los derechos humanos?

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó lo siguiente: “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. Siete años después, el historial de China en materia de derechos humanos muestra pocos signos de mejora, según un informe publicado por Amnistía Internacional.

Se esperaba que los Juegos sirvieran de catalizador para llevar a cabo reformas, pero gran parte de la intensa represión de que están siendo objeto actualmente los activistas y periodistas se está produciendo no a pesar de las Olimpiadas, sino debido a ellas en realidad, según el informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico.

Los cambios positivos, como una reforma del sistema de pena de muerte y mayor libertad de información para los periodistas extranjeros, se han visto ensombrecidos por la paralización de la reforma del sistema de detención sin juicio, la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la censura en Internet.

En el informe se pone también de relieve la reciente represión ejercida por las autoridades chinas contra manifestantes en el Tíbet, que ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos desde el 10 de marzo de 2008. Las autoridades chinas han recurrido, según informes, a medidas como uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluso con medios letales; detenciones arbitrarias, e intimidación.

En respuesta a los disturbios se ha detenido a centenares de personas, que están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad chinas, especialmente las acusadas de actividades “separatistas”.

El bloqueo casi total impuesto a los medios de comunicación en el Tíbet y las zonas circundantes no sólo hace que resulte difícil confirmar los informes que se reciben, sino que constituye también un incumplimiento de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación” durante los preparativos de las Olimpiadas.

En China también se encuentran recluidos muchos activistas, que han sido llevados a juicio por motivos políticos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Un creciente número de personas están sometidas a arresto domiciliario. Se imputan delitos muy generales y de definición poco precisa, como “separatismo”, “subversión” y “robo de secretos de Estado” para procesar a personas que desarrollan actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos.

El 25 de marzo, el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin fue condenado a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de “incitar a la subversión” por haber encabezado una campaña de peticiones con el lema “No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos”. Al principio se le negó el acceso a abogados por considerarse que su caso parecía guardar relación con “secretos de Estado”. Según informes, también fue torturado bajo custodia de la policía, pero se le negó la oportunidad de denunciarlo ante el tribunal.

El activista del derecho a la vivienda Ye Guozhu cumple una pena de cuatro años de cárcel por haber solicitado permiso para celebrar una manifestación contra los desalojos forzosos en Pekín. En diciembre de 2004 fue declarado culpable de “buscar pelea y causar disturbios” por su oposición a la confiscación y demolición de edificios para hacer sitio a nuevos proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de este año.

En mayo de 2006, Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo” para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de las Olimpiadas. Este sistema se aplica a quienes cometen delitos menores, pero no están considerados jurídicamente delincuentes. A estas personas, se las obliga a trabajar muchas horas, y pueden estar privadas de libertad hasta cuatro años.

El sistema es muy criticado en China. Su reforma, anunciada hace mucho tiempo, pero ahora detenida, representaría una importante mejora en materia de derechos humanos.

Wang Ling, activista del derecho a la vivienda de Pekín, fue condenada, según informes, a 15 meses de “reeducación por el trabajo” en octubre de 2007 por firmar peticiones y hacer pancartas para protestar por la demolición de su propiedad con objeto de hacer sitio a construcciones olímpicas. Se cree que se encuentra recluida en el centro de “reeducación por el trabajo” de Daxing, en Pekín.

A pesar de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación”, hecha en julio de 2001, las autoridades continúan valiéndose del cargo de “incitación a la subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado para procesar y encarcelar a escritores y periodistas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Hay también una fuerte censura en Internet. Ahora, unas imágenes que representan a agentes de policía advierten a muchos de los 210 millones de usuarios de Internet que hay en China de que no visiten “sitios web ilegales”. Esta policía virtual parece fomentar la autocensura, recordando a los usuarios que las autoridades vigilan atentamente la actividad en la web. Asimismo, se cree que China tiene el sistema de filtro y censura de Internet más amplio, con mejor tecnología y de mayor alcance del mundo.

También se controla el envío de mensajes de texto. En diciembre de 2007, las autoridades municipales de Pekín emitieron un aviso para advertir que quienes utilizaran esta forma de comunicación para “poner en peligro la seguridad pública” o “propagar rumores” serían investigados.

China es líder mundial en lo que al uso de la pena de muerte ser refiere, a pesar de declaraciones oficiales según las cuales el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular hizo posible una considerable reducción del número de ejecuciones en 2007. De todos modos, para confirmar este tipo de afirmaciones es esencial publicar estadísticas nacionales completas y otra información detallada sobre la pena de muerte en China. La disminución de las ejecuciones pudo deberse en parte al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

En el informe de Amnistía Internacional se insta a las autoridades chinas a que proporcionen de inmediato acceso al Tíbet y las zonas circundantes a investigadores de la ONU y observadores independientes; pongan fin a la detención arbitraria, intimidación y hostigamiento de activistas; dejen de utilizar la detención administrativa con fines punitivos; permitan informar completa y libremente a todos los periodistas en toda China; dejen en libertad a todos los presos de conciencia, y reduzcan el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte, con miras a su abolición.

La respuesta de Sudáfrica ante el VIH: Las mujeres del medio rural, perdedoras

Tue, 18 Mar 2008 14:15:34 +0000

Las mujeres pobres del medio rural de Sudáfrica que viven con el VIH y el sida sufren discriminación en sus relaciones con sus parejas masculinas y dentro de la comunidad en general debido a su género, a su condición de seropositivas y a su marginación económica.

En un nuevo informe basado en entrevistas con mujeres del medio rural, la mayoría portadoras del VIH, Amnisitía Internacional revela las abrumadoras dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en medio de la grave epidemia de VIH que afecta al país.

Mary Rayner, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudáfrica, ha afirmado: “La pobreza y el desempleo afectan desproporcionadamente a las mujeres del medio rural en Sudáfrica.”

“Siguen siendo víctimas de actitudes y prácticas discriminatorias –especialmente por parte de sus parejas masculinas–, y en el entorno en el que viven hay un elevado nivel de violencia sexual y de género.”

A pesar de las mejoras graduales de la respuesta del gobierno a la epidemia de VIH, y de la adopción de un plan quinquenal muy bien acogido, en Sudáfrica hay cinco millones y medio de personas seropositivas, una de las cifras más elevadas del mundo. El 55 por ciento de estas personas son mujeres. Las mujeres sudafricanas menores de 25 años tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de contagio por VIH que los hombres del mismo grupo de edad.

Muchas mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que a menudo no podían protegerse contra la infección por VIH porque tenían miedo de sufrir una reacción violenta si sugerían el uso del preservativo.

Una mujer contó a Amnistía Internacional que su esposo, camionero, pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera. En sus días libres iba a verla, pero se negaba a usar preservativo cuando ella se lo pedía. Cuando el hombre abandonó a la familia, ella cayó enferma y en la clínica local le dijeron que era seropositiva. Esta mujer no sabe cuál es el estado de salud de su esposo desde que los dejó.

Varias mujeres más entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus maridos les pegaban y las obligaban a tener relaciones sexuales sin preservativo.

Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La vida de las mujeres sudafricanas del medio rural está marcada por la persistente violencia en sus familias, en sus hogares y en comunidades inseguras y con escasa presencia policial.”

“La existencia simultánea de dos epidemias, la de VIH y la de la violencia contra las mujeres, ha incrementado el coste de la violencia para las mujeres y las niñas sudafricanas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico.”

La mayoría de las mujeres del medio rural entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus parejas masculinas se mostraban reacias o se negaban a hacerse la prueba del VIH, aunque hubiera claros signos de que pudieran estar infectados. Muchas de las mujeres sufrían abusos por parte de sus parejas cuando intentaban acceder a los servicios de salud para recibir tratamiento y atención para el VIH.

Un tratamiento eficaz para el VIH y el sida exige visitas regulares a hospitales y clínicas para recibir tratamiento y atención. Las mujeres también necesitan una alimentación diaria adecuada con la que ingerir su medicación. Las mujeres del medio rural que viven con el VIH en circunstancias de pobreza y desempleo se enfrentan a constantes dificultades para tener un acceso regular a la alimentación y a menudo no pueden costearse el transporte hasta los centros de salud acreditados para proporcionar tratamiento.

"La falta de acceso físico a los centros de tratamiento equivale a la negación del acceso a servicios de atención a la salud, y el gobierno debe asumir más responsabilidad a la hora de garantizar este acceso”, ha dicho Michelle Kagari.

El informe de Amnistía Internacional ofrece recomendaciones específicas a las autoridades nacionales y provinciales sobre cómo resolver los retos a los que se enfrentan las mujeres del medio rural que viven con el VIH. También formula recomendaciones para las instituciones y los países donantes de ayuda que apoyan iniciativas de salud en Sudáfrica.

Irak: Matanza y desesperación

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

Cinco años después de la invasión de Irak por parte de fuerzas encabezadas por Estados Unidos, el país sigue sumido en el caos. La situación de los derechos humanos es desastrosa, predomina un clima de impunidad, la economía está por los suelos y la crisis de refugiados no para de crecer.

En un nuevo informe titulado Irak: Cinco años de matanza y desesperación, Amnistía Internacional afirma que, pese a la numerosísima presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses e iraquíes, Irak es uno de los países más peligrosos del mundo, en el que cada mes pierden la vida de forma violenta centenares de civiles.

Los grupos armados, entre ellos los que se oponen al gobierno iraquí y a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos, han sido responsables de ataques indiscriminados con bombas, ataques suicidas, secuestros y torturas.

Desde principios de 2006, la violencia se ha intensificado y se ha vuelto más sectaria: grupos armados sunníes y chiíes han atacado a los seguidores de distinto credo y han obligado a marcharse a comunidades enteras de barrios de población mixta. Esta situación ha sido uno de los factores que han contribuido al desplazamiento interno de más de cuatro millones de personas. Dos millones de ellas están ahora en Siria y Jordania en calidad de población refugiada.

La población civil corre también peligro ante las prácticas de la fuerza multinacional y de las fuerzas de seguridad iraquíes. Son muchas las personas que han perecido a causa de la aplicación excesiva de la fuerza, y decenas de miles las que están privadas de libertad sin que en su contra se hayan presentado cargos y sin haber sido sometidas a juicio. Desde que en 2004 se volvió a aplicar la pena capital, centenares de personas han sido condenadas a muerte. En 2007 fueron ejecutadas no menos de 33, muchas de ellas tras haber sido condenadas en juicios sin las garantías procesales mínimas.

Con el auge de grupos religiosos fundamentalistas, también han empeorado las condiciones de vida de las mujeres. Se ha obligado a muchas a vestir indumentaria islámica, o han sido objeto de secuestro, violación u homicidio. En un estudio realizado en Irak por la Organización Mundial de la Salud entre los años 2006 y 2007 se concluía que el 21,2 por ciento de las mujeres iraquíes había experimentado alguna forma de violencia física.

A la mejora de la situación en Irak no ha contribuido el gobierno, incapaz de investigar eficazmente los numerosos incidentes de abuso contra los derechos humanos, ya sean cometidos por fuerzas de seguridad o grupos de milicianos, y de enjuiciar a los responsables.

La situación económica sigue siendo muy mala: la mayoría de los iraquíes sufren carencias alimentarias, de alojamiento, de suministro de agua, de servicios sanitarios, de educación, atención médica y empleo.

Según informó en julio de 2007 la ONG Oxfam, el 70 por ciento de los iraquíes no tenían acceso a agua potable segura, y el 43 por ciento vivían con el equivalente de menos de un dólar al día. Ocho millones de iraquíes precisan ayuda de emergencia, situación en la que los niños y niñas se llevan la peor parte. El índice de desnutrición infantil ha aumentado del 19 por ciento durante el periodo 1991-2003 (cuando estaban en vigor las sanciones internacionales impuestas al país bajo el régimen de Sadam Husein) hasta el 28 por ciento en 2007.

La región del norte de Irak, de población predominantemente kurda, permanece algo más estable, con menos actos de violencia, y ha experimentado cierta prosperidad económica y recibido inversiones extranjeras. Sin embargo, también aquí han seguido cometiéndose violaciones graves de derechos humanos, como detenciones por disidencia política pacífica, torturas, malos tratos, la pena de muerte y el homicidio de mujeres por “motivos de honor”.

La invasión de Irak dio comienzo el 19 de marzo de 2003 con ataques aéreos estadounidenses sobre Bagdad. El presidente estadounidense, George Bush, declaró en el mes de mayo de ese mismo año que la guerra había terminado y, el 8 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1546 en la que se declaraba que “también para el 30 de junio de 2004, se pondrá fin a la ocupación”.

En la resolución se decía que la fuerza multinacional permanecería en Irak hasta el final de 2005. Desde entonces, el Consejo de Seguridad y el gobierno iraquí han prorrogado la presencia de la fuerza multinacional cada año.

El poder ejecutivo le fue devuelto al gobierno local iraquí en junio de 2004, pero las sucesivas administraciones han sido incapaces de poner fin a la violencia y de construir una paz duradera. Según un estudio realizado en enero de 2008 por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud de Irak, entre marzo de 2003 y junio de 2006 habían muerto de forma violenta 151.000 personas. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) 34.452 personas habían perdido la vida durante 2006, además de las miles que resultaron heridas.

El sistema penal de Nigeria está fallando a su pueblo

Tue, 26 Feb 2008 16:23:19 +0000

En Nigeria, el 65 por ciento de los reclusos no han sido condenados por ningún delito, y los hay que llevan esperando ser juzgados desde hace 10 años.

En un nuevo informe hecho público por Amnistía Internacional, la organización ha expresado su condena por la situación del sistema de justicia penal de Nigeria y ha manifestado que las prisiones nigerianas están llenas de personas cuyos derechos humanos se violan sistemáticamente. Al parecer, la tortura a manos de la policía es generalizada, y en los juicios es frecuente la presentación como prueba de “confesiones” obtenidas por ese medio.

El informe revela también que se encarcela junto con delincuentes convictos a personas que padecen alguna enfermedad mental, y que ni siquiera son sospechosas de haber cometido un delito, porque sus familias no quieren o no pueden ocuparse de ellas.

Amnistía Internacional también ha destacado las malas condiciones a que se enfrenta el personal penitenciario, que trabaja jornadas largas y agotadoras por salarios bajos que, a menudo, cobra con retraso. La escasez de personal crea problemas de seguridad tanto para los guardias como para los reclusos.

“Los problemas del sistema de justicia penal de Nigeria son tan ostensibles y atroces que el gobierno nigeriano no ha tenido más remedio que reconocerlos, y ha prometido repetidamente que reformará el sistema”, ha manifestado Aster van Kregten, en una conferencia de prensa en Abuja.

“Sin embargo, la realidad es que las personas encarceladas tienen pocas probabilidades de que se respeten sus derechos, y aún menos las personas sin recursos económicos. Algunas de estas personas podrían pasar el resto de sus días entre rejas en condiciones atroces sin haber sido condenadas por un delito: en ocasiones, sencillamente porque la policía ha perdido el expediente de su caso.”

“Muchos reclusos en espera de juicio son considerados de hecho culpables, pese a que apenas existen pruebas de su participación en el delito del que se los acusa.”

El gobierno de Nigeria ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de reformar el sistema de justicia penal, y ha reconocido el papel que dicho sistema ha desempeñado en el establecimiento de una situación de hacinamiento y detenciones prolongadas.

Pese a los muchos comités y comisiones presidenciales que han recomendado reformas, estas recomendaciones no se han puesto en práctica. En lugar de eso, el gobierno ha establecido nuevos comités y comisiones para que estudien, revisen y armonicen las recomendaciones anteriores.

La mayoría de las personas que hay en las prisiones nigerianas son demasiado pobres como para poder permitirse contratar un abogado, y el servicio de asistencia letrada oficial cuenta únicamente con 91 abogados para todo el país. El resultado es que sólo una de cada siete personas en espera de juicio tiene acceso a asistencia letrada.

Además, las terribles condiciones de reclusión, entre las que se incluye el hacinamiento extremo, dañan seriamente la salud física y mental de miles de reclusos.

Uno de estos casos es el de Bassy, una enferma mental de 35 años a quien su hermano llevó a la prisión diciendo que la familia ya no podía hacerse cargo de ella. Las autoridades penitenciarias la clasificaron como “loca civil”. Sin que se la acusara de ningún delito ni se la llevara ante un juez, Bassy pasó casi tres años en prisión, durmiendo en el suelo de una celda junto con 11 mujeres más.

Tras la intervención de PRAWA, ONG nigeriana que trabaja sobre los encarcelamientos de personas con enfermedad mental, Bassy fue trasladada finalmente a un hospital, donde recibe tratamiento.

“El gobierno nigeriano está sencillamente incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales en lo que se refiere al sistema de justicia penal, y debe empezar a cumplirlas de manera seria y urgente”, ha manifestado van Kregten. “Las condiciones que observamos y las historias que escuchamos de boca de los reclusos son una vergüenza nacional.”

Libertad de expresión restringida en la Federación Rusa

Mon, 25 Feb 2008 10:52:09 +0000

A medida que se acercan las fechas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, la represión de las libertades de reunión y de expresión es especialmente visible. Las autoridades han disuelto violentamente algunas manifestaciones de la oposición, mientras que los actos progubernamentales se desarrollan sin problemas.

Organismos encargados de hacer cumplir la ley han hostigado a activistas de derechos humanos y periodistas que observaban manifestaciones y reuniones públicas. El espacio para que los activistas de derechos humanos, las organizaciones independientes y los medios de comunicación actúen y expresen opiniones críticas en la Federación Rusa ha venido reduciéndose de forma gradual y progresiva en los últimos años, según un reciente informe de Amnistía Internacional

En el informe, titulado Libertad limitada: El derecho a la libertad de expresión en la Federación Rusa Amnistía Internacional examina el efecto conjunto de la interpretación arbitraria de una legislación poco precisa, y revela el creciente hostigamiento a que se somete a los habitantes de la Federación Rusa que buscan expresar sus opiniones y defender sus derechos.

Nicola Duckworth, director del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, ha declarado: “Los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación son la piedra angular para una sociedad civil activa. Las autoridades rusas están restringiéndolos dentro de su estrategia para contrarrestar lo que denominan influencia occidental”.

“Al actuar de este modo, las autoridades incumplen sus obligaciones nacionales e internacionales de garantizar estos derechos para todos”.

En un país donde el Estado controla la televisión y muchos otros medios de comunicación, cada vez hay menos espacio para la información independiente. Los periodistas que intentan informar con independencia se encuentran con obstáculos para desarrollar su labor profesional y a veces sufren actos de intimidación y la posibilidad de ser enjuiciados.

Por ejemplo, la fiscalía ha pedido en reiteradas ocasiones a la emisora de radio Ekho Moskvy que entregase transcripciones de sus programas en relación con investigaciones preliminares de denuncias de que habían difundido opiniones extremistas.

La investigación sobre el asesinato de la periodista de derechos humanos Anna Politkovskaya parece no avanzar en la determinación de quién ordenó su muerte.

La ley de 2006 sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), con sus onerosos requisitos sobre presentación de informes, es uno de los instrumentos legales que se están empleando para actuar contra algunas organizaciones consideradas una amenaza para la autoridad del Estado.

Hoy, muchas ONG se encuentran envueltas en trámites burocráticos impuestos por las autoridades, gestiones que les restan un tiempo precioso que necesitan para realizar su auténtica labor y que en nada ayudan a cumplir el objetivo declarado de la ley sobre ONG para mejorar su rendición de cuentas ante la sociedad.

Otros de esos instrumentos legales que se están empleadno contra los activistas de derechos humanos, organizaciones independientes y medios de comunicación son la ley de 2002 para combatir las actividades extremistas, la ley de tributos y el Código Penal de la Federación Rusa.

La ONG Golos (Voz), que trabaja para promover unas elecciones justas e imparte formación a observadores electorales, está envuelta en una batalla legal para impedir el cierre de su oficina en Samara, mientras que a la Casa Arco Iris, ONG de activistas por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, le han denegado la inscripción legal.

Con anterioridad había sido clausurada la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena, que recababa y difundía información sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia y otras partes de la Federación Rusa.

Nicola Duckworth concluye: “La libertad de expresión es en primer lugar, y sobre todo, la libertad para expresar puntos de vista alternativos. El ataque continuo contra este derecho, incluidas las restricciones a los derechos a la libertad de reunión y de asociación, tiene un efecto opresivo en el conjunto de la sociedad”.

“Sin el derecho a la libertad de expresión, se pueden violar con más facilidad otros derechos humanos fundamentales. El silencio es el mejor caldo de cultivo para la impunidad, una poderosa herramienta para menoscabar el Estado de derecho”.

Camboya incendia las casas de los pobres

Mon, 11 Feb 2008 15:55:13 +0000

"Antes cultivábamos la tierra… y alimentaba a mis siete hijos. Ahora no tengo nada."

"Vireak" y sus siete hijos quedaron sin techo el 20 de abril de 2007. Ese día, la mayor parte de la aldea de Mittapheap 4, próxima a la localidad costera de Sihanoukville, Camboya, fue reducida a cenizas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y por militares, que desalojaron forzosamente a más de 100 familias. Meses después, Vireak sigue viviendo bajo una lona al borde de un camino.

La situación de Vireak se repite innumerables veces por todo el país a medida que las apropiaciones, disputas y desposeimientos de tierras se propagan más lejos y con mayor rapidez. Al igual que los millares más de víctimas de desalojo forzoso en Camboya, ni a Vireak ni a sus vecinos les consultaron en ningún momento antes de ser desalojados y tampoco les notificaron formalmente lo que les iba a suceder.

La disputa subyacente por la propiedad de la tierra no se resolvió con anterioridad a la demolición de la aldea. Las normas internacionales de derechos humanos afirman que el desalojo forzoso debe ser una medida que se adopte como último recurso. Las autoridades han violado este principio.

Las autoridades siguen una pauta de actuación: utilizan el sistema judicial para parar los pies y silenciar a los activistas que tratan de defender sus hogares y sus tierras. En Sihanoukville y por todo el país se está encarcelando a un número creciente de residentes y de activistas de derechos humanos.

Tras perder sus hogares, 13 vecinos de Vireak fueron detenidos y acusados de haber cometido diversos delitos. Pese a la carencia de pruebas, a nueve los declararon culpables y los condenaron a breves penas de prisión. Y aunque luego han cumplido sus penas, no han sido puestos en libertad, sino que siguen encarcelados en lo que constituye reclusión arbitraria en espera de que se celebre la vista de un recurso presentado por la fiscalía.

La mayoría de los habitantes de la aldea de Mittapheap 4 se dedicaban a la agricultura de subsistencia, a la venta ambulante en las playas y a la pesca artesanal. La pérdida de acceso a los medios de sustento para ellos y sus familias significa que corren peligro de hundirse aún más si cabe en la pobreza.

Sopheap, una viuda de avanzada edad, contó a Amnistía Internacional: “Mi hijo fue detenido y golpeado cuando recogía sus cosas de la casa. Antes pescaba y trabajaba la tierra. ¿Quién se va a cuidar ahora de mí?”

El gobierno camboyano ha adoptado políticas, con el apoyo de sus donantes internacionales, orientadas al desarrollo y mejora de las vidas de los pobres. Pero esas políticas contrastan agudamente con las realidades que viven los Vireak, Sopheap y otras víctimas de desalojo forzoso, que se hunden aún más en la pobreza debido a la actuación de las autoridades.

Tal y como se ha comprobado en Mittapheap 4, en vez de proteger a la población contra los desalojos forzosos, los representantes del gobierno con frecuencia están implicados en la expropiación arbitraria de tierras de personas marginadas que viven en la pobreza.

Mientras se permita continuar esta situación, millares de camboyanos seguirán bajo amenaza: no sólo en Sihanoukville y otros centros urbanos, sino en cada vez más áreas rurales. La ONU considera los desalojos forzosos como una violación grave de los derechos humanos.

Una declaración para que se ponga fin a todos los desalojos forzosos transmitiría un mensaje claro de que el gobierno está dispuesto a atajar las apropiaciones, disputas y desposeimientos de tierras, al tiempo que cumple con su obligación de proteger el derecho a un nivel de vida adecuado como principio sobre el basar su propósito de desarrollo para las vidas de los pobres de Camboya.

Para su protección, se han cambiado los nombres de las personas citadas.