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Reino Unido: Hay que proteger a los testigos para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra

Fri, 04 Jul 2008 12:39:21 +0100

Amnistía Internacional ha expresado hoy, 3 de julio de 2008, su decepción por la expulsión del Reino Unido del ciudadano de Sri Lanka Vinayagamoorthi Muralitharan, conocido como Karuna, presunto autor de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en su país. Ha sido expulsado tras ser declarado culpable de delitos de inmigración.

"La expulsión de Karuna en este momento supone que se ha puesto fin a la investigación de las autoridades británicas sobre tales acusaciones -ha manifestado la organización-. Karuna tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad sin que queda duda razonable en un juicio justo. Sin embargo, vamos a escribir a las autoridades de Sri Lanka para pedir que se abra una investigación sobre las acusaciones."

"Nos preocupa, además, que la investigación no hay seguido adelante por no haber asignado el gobierno británico los medios necesarios ni haber garantizado lo suficiente la seguridad de las víctimas o sus familiares con un programa de protección de testigos."

Varias organizaciones no gubernamentales habían presentado información a la policía de Londres sobre graves denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por Karuna. Incluía, entre otras cosas, declaraciones de víctimas y testigos y nombres de testigos dispuestos a proporcionar datos relacionados con la presunta responsabilidad o participación de Karina en casos de tortura, toma de rehenes y reclutamiento y empleo de niños soldado en combates en Sri Lanka.

Amnistía Internacional había recibido también testimonios de testigos potenciales, pero que no estaban dispuestos a declarar ni a exponer sus testimonios a la policía de Londres por temor a sufrir represalias en el Reino Unido o en Sri Lanka. La organización sabe que al menos un testigo que proporcionó información a la policía londinense en Sri Lanka sigue todavía allí, sin que se le haya prestado protección ni dado la oportunidad de reasentarse en otro país. Amnistía Internacional teme que esta persona esté realmente expuesta ahora a sufrir represalias por haber proporcionado información para la investigación policial sobre Karuna.

"Hemos indicado a la policía londinense que tememos que no haya hecho lo suficiente para proteger a los testigos y dar seguridad a testigos potenciales al realizar su investigación -ha manifestado Amnistía Internacional-. Nos gustaría ver que las autoridades británicas aplican en el futuro nuevas medidas para juzgar a los criminales de guerra y proteger a los testigos."

Amnistía Internacional pide a las autoridades británicas que establezcan programas efectivos de protección de testigos en las investigaciones sobre acusaciones de este tipo, utilizando como modelo los programas del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional. Asimismo, la organización insta a las autoridades británicas a que establezcan una policía y una fiscalía especializadas, independientes y con medios suficientes para que se ocupen de los crímenes de lesa humanidad, la tortura y los crímenes de guerra.

Información complementaria
Karuna era un destacado líder de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), grupo armado de oposición que lucha por una patria tamil independiente en Sri Lanka. Abandonó el grupo para fundar el suyo propio, los Tigres Populares de Liberación de Eelam Tamil (Tamileel Makkal Viduthalai Pulikal, TMVP), que tienen también un brazo político. Desde marzo de 2004, el nuevo grupo actuó, al parecer, con el apoyo del ejército de Sri Lanka en contra de los LTTE en el este del país.

Karuna residía en el Reino Unido cuando, en noviembre de 2007, fue detenido y acusado por las autoridades británicas de delitos de inmigración, de los que fue declarado culpable posteriormente.

Aunque las acusaciones contra Karuna se refieren a actos cometidos en Sri Lanka, los tribunales británicos podrían haber ejercido su jurisdicción sobre algunos de los delitos que presuntamente ha cometido, a saber:

* actos de tortura cometidos desde marzo de 2004 (fecha en que Karuna se alió con las fuerzas del gobierno), en aplicación de la sección 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988, pues los tribunales británicos tienen competencia sobre este delito si es cometido por un funcionario público, o una persona que actúe a título oficial, o con su consentimiento o aquiescencia, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar donde lo haya cometido: es un delito de lo que se conoce como "jurisdicción universal";

* actos de toma de rehenes cometidos desde 1982, en aplicación de la sección 1.1 de la Ley de Toma de Rehenes de 1982, pues también se trata de un delito de jurisdicción universal, por el que los tribunales británicos pueden juzgar a cualquier persona independientemente de su nacionalidad y del lugar donde haya cometido el delito;

* crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde septiembre de 2001, en aplicación de la Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2001, pues en virtud de su sección 51.2.b los tribunales británicos pueden juzgar a una persona por un crimen de guerra o de lesa humanidad cometido fuera del Reino Unido si es ciudadano británico, reside en el Reino Unido o está bajo jurisdicción británica por prestar un servicio para el Reino Unido, como ser miembro de sus fuerzas armadas. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, a efectos de esta ley, Karuna residía en el Reino Unido en el momento de su detención, en noviembre de 2007.

Amnistía Internacional escribió a la policía de Londres para expresar su preocupación con respecto a la investigación el 14 de mayo y, nuevamente, el 4 de junio de 2008, pero no ha recibido ninguna respuesta.

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Juegos Olímpicos de Pekín: Acciones de AI en favor de un legado positivo en materia de derechos humanos

Fri, 04 Jul 2008 13:54:54 +0100

Decenas de miles de miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo participarán en acciones públicas emprendidas en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín para pedir a las autoridades chinas que cumplan su compromiso de mejorar los derechos humanos con motivo de la celebración de los Juegos en China.

"Los Juegos Olímpicos ofrecen una gran oportunidad de impulsar los derechos humanos y mejorar la vida de todas las personas en China -ha manifestado Amnistía Internacional-. Son las autoridades las que tienen que decidir cómo quieren que se recuerden los Juegos."

Entre las acciones previstas figuran:

JULIO
08 - Mes previo a los Juegos: Amnistía Internacional publicará una carta abierta al presidente chino, Hu Jintao, con cinco recomendaciones para mejorar los derechos humanos en China antes de los Juegos.

12 - Víspera del aniversario de la elección de Pekín para acoger los Juegos (el 13 de julio de 2001): Amnistía Internacional organizará un espectáculo de acrobacia artística aérea en Atenas junto con Circle Up Now. Este espectáculo formará parte de una serie de actos similares de arte aéreo que tendrán lugar en más de 20 lugares distintos del mundo.

24 - Se espera la excarcelación de Ye Guozhu [activista de los derechos de la vivienda]

25 - Cumpleaños de Shi Tao [periodista en prisión] y Hu Jia [activista de los derechos humanos] (más información en: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/017/2008)

29 - Cuenta atrás para los Juegos en 10 días: Amnistía Internacional publicará una hoja informativa actualizada, con los principales motivos de preocupación de la organización respecto a los derechos humanos en China, centrándose en aspectos como las agresiones contra activistas de los derechos humanos, los juicios injustos, la libertad de prensa y el uso de la pena de muerte.

AGOSTO
02-03 Reunión de la Junta Ejecutiva del COI, Pekín

05-07 120ª sesión del COI, Pekín

08-24 - Juegos Olímpicos de verano de Pekín

SEPTIEMBRE
06-15 - Juegos Paraolímpicos

Se podrán concertar entrevistas, en inglés, francés, español y chino, con expertos de Amnistía Internacional en Londres y Hong Kong.

Para más información o para concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Josefina Salomon, encargada de prensa, Tel.: +44 207 413 5562, móvil: +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

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Colombia: Todos los rehenes deben ser liberados

Thu, 03 Jul 2008 08:19:18 +0100

Declaración de Amnistía Internacional en relación con la noticia de que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt ha recobrado la libertad:
"Esta buena noticia no debe hacernos olvidar que hay centenares más de personas por toda Colombia privadas de libertad. Instamos a las FARC a que las pongan en libertad de forma inmediata e incondicional."

Mongolia: Llamamiento a la contención después de las protestas violentas

Thu, 03 Jul 2008 12:38:33 +0100

Amnistía Internacional ha pedido hoy (2 de julio de 2008) contención, tanto a las autoridades como a los manifestantes, para evitar que se produzcan más muertos y heridos, tras las protestas violentas en Ulán Bator (Mongolia). Según informaciones de la prensa, cinco personas han perdido la vida, más de 300 han resultado heridas y hay centenares de detenidos.

El pasado martes, el gobierno de Mongolia impuso el estado de excepción durante cuatro días y desplegó a las fuerzas armadas y a la policía de fronteras en la capital, Ulán Bator, para apoyar a la policía.

"El estado de excepción no significa que el gobierno pueda hacer caso omiso de los derechos humanos", ha declarado Amnistía Internacional.

"El gobierno debe impartir a las fuerzas de seguridad instrucciones claras para evitar todo uso excesivo de la fuerza. Una vez que se haya calmado la situación, deberá asimismo realizar investigaciones independientes e imparciales sobre las muertes y enjuiciar a los responsables, agentes de policía incluidos. Al mismo tiempo, todos los manifestantes que estén detenidos deben ser acusados formalmente y juzgados, o puestos en libertad."

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Líbano: Irene Khan insta a tomar medidas en favor de los derechos humanos

Tue, 01 Jul 2008 12:39:51 +0100

(Beirut) La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha pedido hoy, 27 de junio de 2008, a las autoridades libanesas que reafirmen su compromiso con los derechos humanos tomando medidas concretas, entre ellas la creación de un sistema judicial totalmente independiente.

En una reunión con el presidente Michel Suleiman, Irene Khan le ha instado a que dé muestras de liderazgo en las cuestiones de derechos humanos durante su mandato.

La secretaria general de Amnistía Internacional se ha reunido también con el primer ministro, Fouad Siniora, y con el presidente del Parlamento, Nabih Berri. Ha pedido a los tres líderes que se esfuercen por establecer un sistema judicial totalmente independiente en Líbano como primer paso para acabar con la impunidad. Ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo investigaciones completas e independientes sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en los recientes incidentes de violencia política.

Irene Khan ha manifestado también que Líbano debe ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Acogiendo con satisfacción la iniciativa parlamentaria de elaborar un plan nacional de derechos humanos, Irene Khan ha señalado que es necesario llevar a cabo un amplia consulta sobre el proyecto.

Ha pedido mayor protección para los derechos de los extranjeros en Líbano, en particular para los refugiados palestinos e iraquíes y los trabajadores migrantes.
El sábado, Irene Khan recibirá un doctorado honoris causa en la Universidad Americana de Beirut en reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos humanos.

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Mauritania: Arrestos ilegales y expulsión colectiva de migrantes por la presión de la Unión Europea

Tue, 01 Jul 2008 12:46:18 +0100

Según las conclusiones de un informe publicado por Amnistía Internacional hoy, 1 de julio de 2008, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente -no siempre a sus países de origen- y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes irregulares que intentan llegar a Europa.

"Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es el resultado de la intensa presión que la Unión Europea (UE), en particular España, ejerce sobre Mauritania en su intento de hacer participar a diversos países africanos en sus esfuerzos por combatir la migración irregular a Europa", ha manifestado Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir de Mauritania hacia las Islas Canarias (España) con intención de entrar en Europa. Miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas han recluido a muchos de ellos en un centro de detención de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, conocido informalmente como "Guantanamito" por los habitantes del lugar y los migrantes.

El centro de detención de Nouadhibou es una vieja escuela, cuyas antiguas clases se han llenado de literas para acoger hasta 300 personas al mes, pero sin control judicial alguno. Los migrantes soportan condiciones de hacinamiento y, a veces, malos tratos.

Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Malí, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las dejó en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medio de transporte.

En su informe, titulado Mauritania: "Nadie quiere tener nada que ver con nosotros". Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa, Amnistía Internacional expresa también preocupación por el hecho de que, en nombre de la lucha contra la migración irregular, las autoridades mauritanas hayan arrestado a ciudadanos de países de África Occidental que vivían en Mauritania y no parecía que tuvieran intención de marcharse del país. Algunas de estas personas han sido arrestadas en la calle o en sus casas, y a muchas, las fuerzas de seguridad mauritanas les han robado además sus posesiones.

Amnistía Internacional pide a las autoridades mauritanas que garanticen que sus fuerzas de seguridad respetan el derecho internacional.
Asimismo, la organización pide a la UE y a sus Estados miembros, especialmente a España, que asuman la responsabilidad de garantizar que las personas migrantes son tratadas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

"Los Estados de la UE se están sirviendo de países como Mauritania para gestionar los flujos de migrantes que intentan entrar en Europa desde sus territorios. Los han convertido, de hecho, en los 'policías de Europa'", ha manifestado Salvatore Saguès.

Información complementaria
El extenso informe Mauritania: "Nadie quiere tener nada que ver con nosotros". Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa (AFR 38/001/2008), publicado hoy, es el resultado de una visita de investigación que delegados de Amnistía Internacional realizaron a Mauritania en marzo de 2008, cuando entrevistaron a personas recluidas en el centro de detención de Nouadhibou, migrantes que habían sido acusados de intentar llegar a Europa a través de las Islas Canarias. Los delegados se reunieron también con altos cargos del gobierno mauritano y con representantes diplomáticos de España y Mauritania.

Mauritania, que ha mostrado siempre una actitud acogedora hacia gran número de ciudadanos de los países vecinos, firmó en 2003 un acuerdo con España que le obliga a readmitir en su territorio no sólo a ciudadanos mauritanos, sino también a los de terceros países si se verifica o se sospecha que intentaban viajar a España desde la costa mauritana. Asimismo, Mauritania ha accedido a la presencia en su suelo de un avión y un helicóptero, desplegados en el contexto de una operación emprendida por la UE con objeto de controlar sus fronteras exteriores.

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Zimbabue: Graves deficiencias en las elecciones a causa de la coacción y la violencia patrocinada por el Estado

Mon, 30 Jun 2008 14:55:24 +0100

Amnistía Internacional ha expresado su profunda consternación hoy, 27 de junio de 2008, por la campaña de violencia e intimidación que continúa llevándose a cabo en Zimbabue con el patrocinio del Estado, en el marco de una estrategia deliberada con que el gobierno intenta conseguir que Robert Mugabe gane hoy las elecciones presidenciales. La decisión de celebrar hoy los comicios se ha tomado a pesar de los llamamientos hechos por la comunidad internacional para que se aplacen hasta que mejore la situación de la seguridad en el país.

"Las elecciones de hoy se celebran en un entorno de homicidios, torturas y agresiones generalizadas contra presuntos partidarios de la oposición", ha manifestado Amnistía Internacional.

"Se ha permitido a Zimbabue actuar al margen del marco de derechos humanos de la Unión Africana (UA) y la ONU durante demasiado tiempo. Es hora de hacer efectiva la solidaridad africana e internacional con las víctimas de violaciones de derechos humanos de Zimbabue. No se debe dejar solas a las personas que sufren esta violencia constante."

Amnistía Internacional insta a la UA y a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral a que ejerzan sobre el presidente Mugabe y su gobierno toda la presión necesaria para que pongan fin a la violencia. Asimismo, la organización pide que se celebre una sesión especial de Consejo de Paz y Seguridad de la UA para examinar la situación en Zimbabue.

"El silencio de la Presidencia de la Asamblea de la UA, que ocupa el presidente Jakaya Kikwete de Tanzania, con respecto a la situación en Zimbabue es absoluto, lo cual va en contra de sus propios principios de respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho", ha manifestado Amnistía Internacional.

"Durante la celebración de la Asamblea de la UA la próxima semana, su Presidencia debe condenar enérgica y claramente las violaciones de derechos humanos que se cometen en Zimbabue. De lo contrario, dejará de cumplir con sus obligaciones.

"La UA, en colaboración con la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, debe desplegar de inmediato sobre el terreno en Zimbabue observadores de los derechos humanos y establecer una comisión internacional de investigación para examinar la violencia que continúa ejerciéndose, a fin de poner a los responsables a disposición judicial."

Amnistía Internacional ha dicho que, mientras se celebran las elecciones, centenares de activistas políticos y de los derechos humanos continúan detenidos en las prisiones de Zimbabue, privados arbitrariamente de la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza, por el simple hecho de ejercer sus derechos políticos, incluido el derecho a la libertad de asociación. La organización considera que todas las personas detenidas simplemente por su presunta afiliación política y por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica son presos de conciencia y pide que sean puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.

"Activistas de los derechos humanos como Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA), se consumen en prisión debido únicamente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica," ha señalado Amnistía Internacional.

"Mientras tanto se deja en libertad a asesinos, torturadores y autores de otros abusos, a los que se da además rienda suelta para cometer nuevas violaciones de derechos humanos con impunidad".

Nota para la prensa:
Jenni Williams y Magodonga Mahlangu son dos dirigentes de la organización de activistas Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA), detenidas el 28 de mayo de 2008 tras haber participado en una manifestación pacífica contra la violencia postelectoral. El Tribunal Superior les negó arbitrariamente la libertad bajo fianza. Tienen que comparecer ante los tribunales el 3 de julio. Se encuentran recluidas en la Prisión de Máxima Seguridad de Chikurubi, en Harare. Fueron detenidas por ejercer su derecho de manifestación pacífica, que está garantizado internacional y constitucionalmente. Amnistía Internacional las considera presas de conciencia.

El 11º periodo ordinario de sesiones de Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno del la UA se celebra del 30 de junio al 1 de julio de 2008 en Sharm El-Sheikh, Egipto.

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Europa niega la evidencia sobre su participación en las entregas extraordinarias y detenciones secretas estadounidenses

Tue, 24 Jun 2008 07:56:27 +0100

Amnistía Internacional ha advertido hoy, 24 de junio, de que no se ha tomado ni una sola medida para impedir que Europa vuelva a participar en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas, y ha pedido que se inicien con urgencia investigaciones independientes.

El informe de Amnistía Internacional Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas publicado hoy, arroja nueva luz sobre el alcance de la participación europea en los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas encabezados por Estados Unidos y sobre el hecho de que los Estados europeos continúan sin admitir ni investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus ciudadanos o en su territorio.

"Los gobiernos europeos niegan lo evidente y llevan demasiado tiempo soslayando la verdad", ha afirmado Amnistía Internacional. "Hay un marcado contraste entre su participación en las entregas extraordinarias y detenciones secretas y sus afirmaciones de que actúan de forma responsable en la lucha contra el terrorismo".

En el informe se destacan seis casos -que se ocupan de lo ocurrido a 13 personas- e información sobre la participación de Estados de Europa, que va desde permitir la utilización de espacio aéreo y aeropuertos europeos para vuelos de la CIA que realizaban recorridos para hacer entregas extraordinarias, hasta acoger centros secretos de detención (o "agujeros negros"). En el informe se pide también que se tomen medidas coordinadas en el ámbito europeo para garantizar que no se repiten estas violaciones de derechos humanos.

Seis de las personas entregadas desde Europa continúan recluidas de forma ilegal en Guantánamo, Cuba; otra permanece recluida en Egipto tras un juicio injusto celebrado ante un tribunal militar. Todas las víctimas de entregas y detenciones secretas entrevistadas por Amnistía Internacional afirman haber sido torturadas o sometidas a otros malos tratos.

"Cada vez hay más indicios de la participación europea en el programa estadounidense de entregas extraordinarias, lo que reafirma la necesidad urgente de tomar medidas para evitar que Europa vuelva a ser cómplice de estos hechos", ha manifestado Amnistía Internacional.

La organización señaló que un Estado es responsable de infringir el derecho internacional si ayuda deliberadamente a otro Estado a cometer una violación de derechos humanos. Todo agente europeo que haya participado a sabiendas en el programa de entregas extraordinarias o detenciones secretas de la CIA ha incumplido las obligaciones jurídicas contraídas por su Estado, tanto si su función ha sido activa como pasiva y al margen de si otras personas de su gobierno autorizaron o no sus actividades.

"Existe una laguna con respecto a la rendición de cuentas: las personas responsables de los secuestros y traslados ilegales aún no han rendido cuentas por su actuación", ha declarado Amnistía Internacional.

El ciudadano alemán Khaled el Masri, por ejemplo, fue aprehendido en Macedonia antes de ser entregado a Estados Unidos y posteriormente trasladado a Afganistán, en donde afirma que permaneció recluido en secreto, fue golpeado e interrogado por agentes estadounidenses y sometido a interrogatorio por un hablante nativo de alemán llamado "Sam". Después de cuatro meses, una noche agentes de Estados Unidos lo trasladaron en avión a Albania, lo llevaron en un vehículo a un apartado camino rural y le dijeron que se alejase andando: "Mientras caminaba temía que me dispararan por la espalda y me dejaran allí hasta que muriera". Sin embargo, salieron a su encuentro unos agentes albaneses armados que lo metieron en un avión con rumbo a Alemania. Han pasado más de cuatro años y su detención aún no se ha admitido oficialmente ni ha recibido una reparación por las violaciones de derechos humanos sufridas. Las personas responsables, en Europa y Estados Unidos, nunca han rendido cuentas.

"Aunque hay fiscales individuales que están intentando investigar y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, los gobiernos europeos han alegado razones de seguridad nacional o secreto de Estado para obstaculizar esas investigaciones."

Amnistía Internacional ha afirmado que se han dado en Europa casos en los que familias con parientes en paradero desconocido ignoraban si estaban detenidos o en dónde se encontraban, y mientras Estados europeos habían interrogado de hecho a los detenidos en prisiones extranjeras y ocultaban tanto su paradero como la suerte que habían corrido.

"Un europeo que interroga a un detenido sabiendo que se encuentra en una situación de dolor y sufrimiento persistentes corre el riesgo de ser cómplice de la tortura", ha afirmado Amnistía Internacional. "Cuando un Estado se niega a reconocer la detención de una persona que ha desaparecido o a revelar su paradero, esta negativa también viola los derechos de la familia de esa persona".

Amnistía Internacional ha dado a conocer un plan de seis puntos para poner fin a la participación europea en las entregas extraordinarias y detenciones secretas. El plan hace un llamamiento a los Estados para que condenen estas prácticas; inicien investigaciones independientes sobre todos los casos en los que han intervenido agentes europeos o se ha utilizado territorio europeo; procesen a los responsables; garanticen la supervisión de los servicios de información; se nieguen a realizar o facilitar el traslado de personas detenidas a otro Estado sin la supervisión judicial adecuada; y ofrezcan reparaciones a las víctimas.

Entre otras recomendaciones se pide también que toda aeronave que solicite autorización para transitar o hacer escala en el territorio de un país europeo indique si alguno de sus pasajeros está privado de libertad y, en ese caso, cuál es su condición, destino y el fundamento jurídico de su traslado.

Amnistía Internacional ha reiterado que los gobiernos tienen la obligación de proteger a la población frente a los ataques terroristas, pero que deben hacerlo en el marco de los derechos humanos y conforme a las normas del derecho internacional. Las entregas extraordinarias y detenciones secretas socavan estas medidas porque limitan la capacidad de los Estados para procesar a los responsables de actos de terrorismo.

"El apoyo de los gobiernos a las actividades destinadas a eludir el escrutinio de la opinión pública debilita el Estado de derecho, que es la base de la verdadera seguridad", ha afirmado Amnistía Internacional.

Pueden consultar el informe íntegro Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas aquí.

Encontrarán información detallada sobre los seis casos que se mencionan en el informe aquí.

Pueden consultar el documento Seis pasos para poner fin a las entregas y la detención secreta en Europa aquí.

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Túnez: Palabras huecas en cuanto a derechos humanos

Mon, 23 Jun 2008 08:15:26 +0100

El gobierno tunecino está engañando al mundo al transmitir una imagen positiva de la situación de los derechos humanos en el país al tiempo que sus fuerzas de seguridad siguen perpetrando abusos de forma constante y con impunidad. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, 23 de junio.

"El gobierno tunecino ha afirmado repetidamente que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero eso dista mucho de la realidad. Ya es hora de que las autoridades abandonen las palabras huecas respecto a los derechos humanos y tomen medidas concretas para poner fin a los abusos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. "Como primer paso, las autoridades tunecinas deben reconocer las inquietantes denuncias documentadas en este informe, deben comprometerse a investigarlas y deben llevar a los responsables ante la justicia."

El informe, titulado In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia (En nombre de la seguridad: abusos sistemáticos en Túnez), expone con detalle los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la política antiterrorista y de seguridad del gobierno. En sus esfuerzos por prevenir la formación de lo que denominan "células terroristas" en Túnez, las autoridades han llevado a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias que violan la ley tunecina, han provocado la desaparición forzada de detenidos, han utilizado la tortura y los malos tratos y han juzgado y condenado a personas en procedimientos injustos. Además, han juzgado a civiles ante tribunales militares sin presentar apenas pruebas que fundamentaran los cargos.

Las autoridades están utilizando la amplia definición de terrorismo que ofrece la Ley Antiterrorista de Túnez para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas. Aunque en los últimos años se han introducido reformas legales con el fin de brindar una mejor protección a las personas detenidas, las fuerzas de seguridad tunecinas burlan sistemáticamente las leyes, que no sirven de salvaguardia adecuada contra la tortura, los juicios injustos y otros abusos graves contra los derechos humanos.

Ramzi el Aifi, Ousama Abbadi y Mahdi Ben Elhaj Ali eran tres de los acusados del caso Soliman. Sus abogados denunciaron que unos guardias de la prisión de Mornaguia los habían atado y les habían propinado patadas y puñetazos el 16 de octubre de 2007, al parecer porque se habían puesto en huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de reclusión. Abbadi sufrió una lesión grave en un ojo y una herida abierta y profunda en la pierna, y cuando su abogado lo vio el 20 de octubre de 2007 iba en silla de ruedas, incapaz de caminar. Ramzi el Aifi dijo a su abogado que lo habían atado con una cuerda, lo habían golpeado y le habían introducido un palo por el ano. No se tiene noticia de que las autoridades tunecinas hayan iniciado investigación alguna sobre estos abusos, y los presuntos responsables no han comparecido ante la justicia. Ramzi el Aifi y Ousama Abbadi fueron condenados a cadena perpetua, aunque la condena de Abbadi se redujo a 30 años de prisión en apelación. Mahdi Ben Elhaj Ali fue condenado a 12 años de prisión, reducidos a 8 en apelación.

La mayoría de los abusos contra los derechos humanos los cometen fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado, que utilizan la tortura con una impunidad prácticamente total.

Al no investigar las denuncias de tortura, la Fiscalía y su personal, al igual que los jueces, que suelen carecer de independencia, ayudan en la práctica a encubrir casos en los que los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados en contra de lo establecido por la propia ley de Túnez, y casos de torturas a detenidos que violan tanto el derecho tunecino como el internacional. Con su silencio e inacción, los fiscales y jueces se convierten en cómplices de los abusos.

"Las autoridades tunecinas tienen la obligación de proteger a la población y combatir el terrorismo, pero al hacerlo deben cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. "Deben garantizar que las disposiciones antiterroristas y afines no facilitan los abusos contra los derechos humanos y que, en la práctica, el Departamento de Seguridad del Estado y otras fuerzas de seguridad respetan en todo momento el derecho y las normas internacionales de derechos humanos."

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura, malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Houssine Tarkhani fue devuelto por Francia a Túnez el 3 de junio de 2007, y a su llegada al país fue detenido. Permaneció recluido en secreto en el Departamento de Seguridad del Estado de la ciudad de Túnez durante nueve días, en contra de lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, y tres días más de lo que permite la ley tunecina para la detención preventiva. Durante ese tiempo, a Houssine Tarkhani, según su abogado, lo golpearon con un palo por todo el cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas y lo insultaron y amenazaron de muerte. Cuando pidió que le permitieran leer el informe policial -cosa que le denegaron-, le propinaron nuevas palizas. Durante su detención preventiva no se informó de su detención a ninguno de sus familiares directos, conforme establece la ley tunecina. Su familia sólo tuvo conocimiento de su paradero cuando compareció ante un juez de instrucción el 12 de junio de 2007. Su primera comparecencia ante el juez se produjo sin la presencia de abogados, pues a éstos no se les permitió acceder a él hasta el 19 de junio de 2007, cuando lo vieron en la prisión de Mornaguia. La petición de su abogado de que se le realizara un examen para detectar señales de tortura no recibió respuesta.

"En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país que a su llegada pueden ser objeto de tortura y juicios injustos, los gobiernos extranjeros deben instar al gobierno tunecino a que tome medidas concretas para promover una reforma de los derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
Nota para periodistas:
Los expertos de Amnistía Internacional presentarán las conclusiones del informe en una conferencia de prensa que se celebrará en París a las 15:00 horas GMT del lunes 23 de junio.
Si desean concertar una entrevista con un portavoz en París, pónganse en contacto con Aurélie Chatelard en el número: + 33 (0) 6 76 94 37 05.

Para concertar una entrevista con un portavoz en Londres, pónganse en contacto con Nicole Choueiry, encargada de prensa de Oriente Medio y el Norte de África, en el número: +44 (0) 7831 640 170.
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Israel: El Parlamento debe rechazar un proyecto de ley que pondría en grave peligro a las personas solicitantes de asilo

Tue, 24 Jun 2008 11:15:53 +0100

En un memorando enviado al Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento israelí (Knesset), Amnistía Internacional pide a los legisladores que rechacen un proyecto de ley que establece largas penas de prisión para solicitantes de asilo y migrantes irregulares con independencia de sus motivos para entrar en el país y permite su expulsión inmediata sin tener en cuenta que podrían sufrir malos tratos o persecución a su regreso. El Comité se reúne el 24 de junio para debatir el proyecto de ley de prevención de infiltraciones de 2008.

El proyecto de ley dispone que toda persona que entre en el país por cualquier sitio que no sea un paso fronterizo autorizado será detenida automáticamente para su expulsión en el plazo de 72 horas, y que las que no puedan ser expulsadas de inmediato serán condenadas a cinco años de prisión "sin distinciones en cuanto a su identidad o su intención al infiltrarse en el país". Residentes y nacionales de 10 Estados o territorios enumerados, incluidos países emisores de refugiados como Sudán o Irak, se enfrentarían a penas de hasta siete años de cárcel. El proyecto de ley no establece disposiciones para los solicitantes de asilo que huyen de la violencia o la persecución.

Si bien Amnistía Internacional reconoce el derecho de Israel a asegurar sus fronteras y regular la entrada de personas extranjeras en su territorio, a la organización le preocupan las posibles repercusiones del proyecto de ley en los derechos de solicitantes de asilo y otros no nacionales. Criminalizar la entrada irregular de personas en el país sin tomar en consideración los motivos que han tenido para hacerlo ni el peligro que podrían correr si son expulsadas impide en la práctica solicitar asilo a las personas que llegan a Israel. Semejante ley criminalizaría en potencia a quienes buscan protección frente a la persecución.

El proceso de detención y expulsión previsto en el proyecto de ley, especialmente el alto grado de discreción otorgado a los funcionarios para expulsar a personas en el plazo de 72 horas, no está en consonancia con la obligación de Israel de impedir la devolución de personas a países donde podrían sufrir graves violaciones de derechos humanos, contraída en virtud de tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

El proyecto de ley no tiene en cuenta la situación especialmente vulnerable de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Los procedimientos que establece negarían en la práctica a las personas que huyen de la persecución el acceso al procedimiento de concesión de asilo para personas refugiadas, y distaría mucho de ajustarse a las obligaciones jurídicas internacionales de Israel como Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967.

Amnistía Internacional ha pedido a los miembros del Parlamento que garanticen que toda disposición legal sobre migración o seguridad nacional respeta plenamente las obligaciones internacionales de Israel en materia de derechos humanos, entre ellas la de garantizar la protección de todas las personas dentro de su jurisdicción, con independencia de su condición de migrante, y la de garantizar la no devolución de personas a Estados en los que podrían sufrir abusos graves contra los derechos humanos.

Información complementaria

El proyecto de ley de prevención de infiltraciones de 2008 tiene como fin sustituir una ley de 1954 promulgada en virtud de la legislación de excepción de Israel. El viceministro de Defensa Matan Vilnai lo presentó ante el Parlamento en representación del gobierno, y su lectura preliminar fue aprobada el 19 de mayo de 2008. A continuación se entregó el 3 de junio al Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento para su preparación de cara a la segunda y tercera lectura. Las leyes se promulgan tras su aprobación en tercera lectura.

Desde 2005, hasta un total de 8.000 nacionales de Eritrea, Sudán y otros países que han entrado en Israel a través de la frontera con Egipto después han solicitado asilo. Si esta ley ya hubiera entrado en vigor, todas esas personas habrían sido consideradas "infiltradas" y con toda probabilidad expulsadas de inmediato a Egipto sin tener en cuenta si allí corrían peligro de persecución.

En agosto de 2007, 48 nacionales de países africanos, en su mayoría sudaneses, fueron devueltos a Egipto por las fuerzas israelíes al poco tiempo de haber cruzado desde ese país a Israel a través de la frontera del Sinaí. Permanecieron meses recluidos en Egipto en régimen de incomunicación, y unos 20 fueron devueltos a Sudán, de los cuales 7 u 8 habían obtenido la condición de refugiados en Egipto. Sigue sin conocerse la suerte y el paradero de las otras 28 personas. En junio de 2008, las autoridades egipcias devolvieron hasta un millar de solicitantes de asilo a Eritrea, pese a las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en contra de la devolución de los solicitantes de asilo eritreos debido al historial de violaciones de derechos humanos graves en Eritrea; en el momento de la redacción de este artículo estaban previstas nuevas expulsiones. Las personas expulsadas no tuvieron acceso al ACNUR en Egipto para que éste pudiera evaluar sus necesidades de protección. Desde enero de 2008, según informes, unos 14 nacionales de países africanos, entre ellos posibles solicitantes de asilo procedentes de Sudán y Eritrea, han muerto por disparos de guardias fronterizos egipcios cuando intentaban pasar de Egipto a Israel a través de la frontera del Sinaí. De acuerdo con la información recibida, entre las personas muertas por intentar entrar en Israel ha habido: dos hombres que se pensaba que procedían de Costa de Marfil; un hombre de Sudán y una mujer de Eritrea que murieron por disparos de las fuerzas de seguridad egipcias en marzo de 2008 (Otros dos migrantes abatidos en la frontera entre Egipto e Israel (Servicio de Noticias de Amnistía Internacional, 28 de marzo de 2008, http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/news/two-more-migrants-killed-egypt-israel-border-20080328) y seis migrantes africanos, algunos procedentes de Sudán, que fueron abatidos a tiros en parecidas circunstancias en febrero de 2008.

Desde 2006 no para de crecer el número de solicitantes de asilo sudaneses y de otros países que son recluidos durante largos periodos tras haber entrado en Israel desde Egipto; las condiciones de los que están en el centro de detención de Ketziot, en el desierto del sur de Israel -menores incluidos-, son a menudo deficientes.

Documento público

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