1. Letter to President Elías Antonio Saca (English) … ……… 1
2. Carta al Presidente Elías Antonio Saca (Spanish) …………… . 8
Estimado Sr. Presidente:
Le escribo para expresarle la preocupación de Amnistía Internacional por la forma en que el Estado se está ocupando de los numerosos casos de homicidios brutales de mujeres y niñas cometidos desde finales de 2002 hasta mediados de 2004. Durante ese periodo se calcula que al menos 20 mujeres fueron asesinadas y sus cuerpos fueron mutilados en muchos de los casos. Algunas víctimas mostraban señales de haber sido violadas antes de morir. Según los informes, pocos de estos casos se han investigado adecuadamente, poniendo a sus responsables a disposición judicial. Las investigaciones sobre los restantes parecen haberse cerrado tras deficiencias durante sus etapas preliminares o a consecuencia de la falta de actuación oficial.
Amnistía Internacional sabe que diversas organizaciones, expertos y expertas en derechos de la mujer, tanto nacionales como internacionales, han presentado recomendaciones y propuestas para la introducción de medidas y políticas que podrían ayudar a evitar este tipo de homicidios en el futuro y mejorar la seguridad de las mujeres. Sin embargo, dado que estas organizaciones y expertos parecen no haber recibido respuesta de las autoridades, Amnistía Internacional desearía aprovechar esta oportunidad para pedirle que aclare públicamente cuál es la política de su gobierno respecto a los delitos de violencia contra las mujeres y a la protección de los derechos de la mujer.
Una serie de homicidios brutales Los 20 casos de mujeres y niñas víctimas de homicidio entre 2002 y 2004 preocupan especialmente a Amnistía Internacional por su brutalidad y la evidencia de que, en muchos casos, antes de la muerte hubo violencia sexual, incluida la violación. Según la información recogida por Amnistía Internacional, en 12 de los 20 casos los cadáveres estaban desfigurados, descuartizados o decapitados, o las tres cosas a la vez. Algunos mostraban señales de haber sido quemados y dos de los cuerpos estaban completamente carbonizados. El cuerpo de una joven de 17 años encontrado en junio de 2002 presentaba docenas de puñaladas.
El primer caso del que dieron noticia los medios de comunicación fue el de Marian Isabela Rivas Martínez, una joven de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de diciembre de 2002 en San Bartolo, en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Había sido violada, asesinada y descuartizada. El 10 de diciembre de 2002, la cabeza de una joven de entre 17 y 22 años fue encontrada en una mochila en el Parque Libertad, San Salvador. Posteriormente fueron apareciendo en varios lugares otras partes de su cuerpo decapitado y mutilado. Según los informes, la joven había sido violada. No fue identificada y desde entonces se la conoce como Rosa N.
El cuerpo mutilado y semidesnudo de la joven de 19 años Claudia Liseth Díaz [Delgado] fue encontrado en Colonia Esperanza, Quezaltepeque, departamento de La Libertad, el 31 de enero de 2003. Presentaba heridas de machete en la cara y la cabeza. Le habían cortado el brazo izquierdo, que habían dejado a varios metros del cuerpo. Según los informes, en aquel momento la policía atribuyó el homicidio a la violencia entre bandas de delincuentes conocidas como maras. El cadáver de otra víctima, Mabel Sánchez Arias, fue hallado en el cantón La Palma, San Martín, al este de San Salvador, en agosto de 2004. Según los informes, había sido violada y estrangulada. También tenía señales de quemaduras en una pierna.
Las noticias en los medios de comunicación sobre la aparición de fragmentos de cuerpos de mujer flotando en los ríos no hicieron sino aumentar el clima de inseguridad creciente entre las mujeres que temían el resurgimiento del tipo de torturas y homicidios que se cometieron durante la guerra civil (1979 – 1992).
En febrero de 2004, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, visitó El Salvador motivada "por las denuncias recibidas acerca de una serie de asesinatos de mujeres jóvenes en la región de Centroamérica, y la impunidad sistemática de los autores". En su informe, publicado en febrero de 2005, recuerda que las personas con las que se entrevistó durante su visita le habían dicho que "las características de los asesinatos [de mujeres durante 2002-2004] recordaban las ejecuciones de los escuadrones de la muerte de los años setenta, que dejaban los cuerpos de las víctimas en la calle con señales de tortura para aterrorizar a las comunidades".(1) Diligencia debida e impunidad Grupos de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales han intentado reiteradamente conseguir información sobre las medidas tomadas por las autoridades correspondientes para garantizar una investigación minuciosa e imparcial de los casos de homicidios de mujeres ocurridos entre 2002 y 2004, pero todo ha sido en vano. Amnistía Internacional teme que la falta de respuesta pública y el silencio general de las autoridades de El Salvador sobre este tema podrían indicar no sólo que las investigaciones iniciales fueron totalmente deficientes, sino que en algunos casos tal vez ni hubo investigación.
Amnistía Internacional reconoce que tres de los 20 casos que la organización ha examinado se investigaron a fondo y que los responsables fueron juzgados y declarados culpables. Sin embargo, la falta de información disponible sobre el resto parece indicar que tal vez no se llevaron a cabo investigaciones preliminares o que se llevaron a cabo sólo parcialmente. En algunos casos, da la impresión de que las investigaciones no progresaron debido a que la recogida de pruebas y los procedimientos de investigación iniciales fueron deficientes. En otros, parece que los investigadores se basaron en ciertos supuestos sobre las circunstancias del crimen y estos supuestos tuvieron un efecto perjudicial sobre la orientación, la calidad y el rigor de la investigación. En concreto, a Amnistía Internacional y a otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos les preocupa la influencia que puede haber tenido la campaña contra las actividades delictivas de los miembros de las maras (mareros) en las investigaciones de los homicidios de mujeres. En algunos casos hay evidencias de que se dio por supuesto que el homicidio estaba relacionado con las maras. El caso de Rosa N. es un ejemplo del efecto negativo de esta suposición en la investigación. En enero de 2003 se detuvo a varios mareros por su implicación en el homicidio de Rosa N., ocurrido un mes antes. Sin embargo, parece que los cargos presentados contra ellos se basaron en pocas o ninguna prueba. El caso se vino abajo en agosto de 2004 con la absolución de los acusados al saberse que estaban en la cárcel en el momento del homicidio de Rosa N. y no poder la fiscalía presentar nuevas pruebas contra ellos. Algunos de los mareros detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Rosa N. también fueron acusados del homicidio de Marian Isabela Rivas en diciembre de 2002. Los cargos también se retiraron en agosto de 2004 por falta de pruebas. Al parecer en ninguno de los dos casos se siguieron otras líneas de investigación, y se cree que todas las pruebas originales se han perdido o destruido, y que los casos se han archivado. En abril de 2003, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) publicó un detallado informe sobre los casos de violencia contra las mujeres ocurridos entre octubre de 2002 y marzo de 2003,(2) incluido un estudio de varios homicidios. En su análisis, la PDDH "Lamenta el incumplimiento del deber del Estado a investigar y sancionar a los responsables de los magnicidios perpetrados contra las mujeres [...]" y "Recomienda [al Fiscal General y Director de la Policía Nacional Civil] proceder a investigar y establecer responsabilidades en el presente caso".(3) Que sepamos, no ha habido ninguna respuesta oficial de las autoridades. La falta de disposición de las autoridades para investigar minuciosamente los casos de mujeres y niñas asesinadas entre 2002 y 2004 también resulta evidente en el trato que algunos de los familiares de las víctimas han recibido por parte de algunas autoridades. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer halló que los familiares de las víctimas
En opinión de Amnistía Internacional, los numerosos casos de homicidios de mujeres, algunos de ellos con una brutal violencia sexual antes de la muerte, no han sido investigados minuciosamente, y El Salvador no está cumpliendo con su obligación de ejercer la diligencia debida previniendo, investigando, procesando y castigando la violencia sexual y de género, sean sus autores agentes estatales o no estatales. El Estado tampoco ha cumplido con su obligación de proteger los derechos de las víctimas proporcionándoles, a ellas o a sus familiares, un recurso efectivo.
Señor presidente, Amnistía Internacional le insta a que rompa el silencio que hasta ahora ha caracterizado la actuación del Estado sobre estos casos y a que informe a la opinión pública sobre las medidas que se han tomado para investigar los casos de homicidios de mujeres y apoyar a los familiares de las víctimas. La organización le insta también a aclarar la política de su gobierno respecto a la violencia contra las mujeres y los pasos que está dando para mejorar el respeto hacia los derechos de la mujer. Amnistía Internacional le pide asimismo que tome inmediatamente medidas para poner en práctica las recomendaciones respecto a la violencia contra las mujeres formuladas por la relatora especial de las Naciones Unidas y que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Atentamente Por Irene Khan, Secretaria general Cc Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos CEMUJER Las Dignas
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(1) Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN/4/2005/72/Add.2, párr. 24.
(2) Estudio sobre casos ante los hechos violentos que atentan contra la vida e integridad personal sufridos por las mujeres, en el periodo comprendido entre octubre de 2002 y marzo 2003, 7 de abril de 2003.
(3) Ibíd., párr. 69 (c) y (d)
(4) Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN/4/2005/72/Add.2, párr. 68.
(5) Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN/4/2005/72/Add.2, resumen, página 2.
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.
The state of the world's human rights
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