Document - Bolivia: Carta abierta de Amnistia Internacional a los candidatos a la presidencia de la Republica de Bolivia

Amnistía Internacional es una organización mundial que se esfuerza porque todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sean observados y respetados. Es así que Amnistía Internacional se dedica a prevenir abusos graves contra los derechos a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y expresión y contra la discriminación. Amnistía Internacional se opone tanto a los abusos cometidos por los Estados como a los abusos que cometen los grupos políticos armados. Reconociendo la indivisibilidad de los derechos humanos, Amnistía Internacional trabaja por la protección y promoción tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales.

Amnistía Internacional basa su labor en normas internacionales de derechos humanos proclamadas por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, normas que los Estados se comprometen a respetar. Nos dirigimos a los gobiernos debido a la obligación específica que estos han contraído de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos fundamentales.

Uno de los candidatos será elegido para regir los destinos del país durante los próximos cinco años y es en este contexto que la organización se permite recordar que todos los derechos humanos deberán ser considerados y respetados por la nueva administración que conforme el nuevo presidente de la República. A pesar de que el Estado boliviano ha sido parte de importantes tratados internacionales desde hace más de 30 años, Amnistía Internacional desea enfatizar que la firma y ratificación de esos tratados debe ser equiparada con la voluntad política que promueva, defienda e implemente medidas que hagan realidad la protección de los derechos fundamentales incluídos en dichos tratados, como el derecho a la vida y a la justicia para todos los habitantes de la República de Bolivia, cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales del Estado boliviano.

Amnistía Internacional ha registrado con preocupación la crisis política que ha imperado en el país en los últimos años y que ha desencadenado situaciones de violencia que han dado como resultado la pérdida de vidas. La organización exhorta a los candidatos a asegurar que el proceso de resolución de la crisis en que aún vive el país, se guíe por el principio de la integralidad de los derechos humanos, es decir, que reconozca que la crisis tiene sus raíces en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de sectores marginalizados de la población.

Es vital que el candidato que sea elegido para la presidencia de la República dé atenta consideración y tome las medidas necesarias para la elaboración de nuevas políticas que permitan incluir la legítima demanda de quienes han estado excluidos de la protección que un proceso democrático debería ofrecer. El nuevo presidente deberá promover la contribución de todos los sectores de la sociedad para asegurar la universalidad y protección de todos los derechos y el sostenimiento de esos derechos con la igualdad de acceso e igualdad de protección bajo la ley. Amnistía Internacional reitera la necesidad de adoptar políticas efectivas para extender la protección y promoción de los derechos humanos en el país. Algunas de esas medidas requerirán directivas administrativas, otras la introducción de nueva legislación, muchas sólo requerirán la implementación de lo que ya está considerado en la legislación boliviana. Todas ellas requieren voluntad política a todos los niveles.

Amnistía Internacional se permite presentar a los candidatos las preocupaciones que sobre el respeto a los derechos humanos han sido registradas y que aún continúan sin resolverse. Entre ellas están los informes de muertes que por sus características parecen haber sido causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, particularmente en el contexto de manifestaciones públicas; la tortura y el maltrato por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad de personas detenidas; así como las condiciones carcelarias que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Amnistía Internacional hace énfasis sobre su preocupación ante las autoridades por la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre tales denuncias así como la jurisdicción de los tribunales militares en causas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Así mismo han sido motivo de creciente preocupación las amenazas y ataques que se han registrado contra defensores de derechos humanos.

Las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 incluye la importancia de crear un Plan Nacional de Acción que identifique los pasos para que un Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera importante que dicho Plan Nacional de Acción se realice durante el próximo periodo presidencial.

El candidato que resulte elegido para la presidencia de la República de Bolivia deberá tomar medidas concretas para la protección y promoción de los derechos de todos los habitantes de Bolivia, incluyendo aquéllos que son discriminados por su orientación sexual o identidad de género. Deberá también asegurar el cumplimiento de los convenios relativos a los derechos de la mujer, de los niños y niñas y de los grupos indígenas. Este cumplimiento será la señal de la voluntad del gobierno hacia el respeto de los derechos humanos de todos incluyendo a las etnias indígenas, los campesinos, las mujeres y otros sectores de la población, que han estado considerablemente marginados de la vida política y económica del país y reivindican legítimamente su participación en la misma.

La República de Bolivia es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Amnistía Internacional se permite enfatizar la importancia de este compromiso internacional en las políticas que el futuro presidente impulse y promueva para proteger los derechos reconocidos por el Pacto que incluyen, entre otros, el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación. El candidato que llegue a la presidencia deberá asegurar la elaboración de futuras políticas económicas en las cuales se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto. Reconocer estos derechos es reconocer la indivisibilidad de los derechos humanos.

Amnistía Internacional recibió con especial beneplácito la ratificación que Bolivia efectuara del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional en 2002, demostrando de esa manera la predisposición de sus autoridades de colaborar con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Todo el sistema jurídico establecido en el Tratado de Roma se apoya en el principio de complementariedad consagrado en el mismo. Esto es, que ocurrido alguno de los crímenes de derecho internacional que el Estatuto enumera (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) es deber de los Estados Parte ejercitar su propia jurisdicción nacional y, sólo cuando un Estado no pueda adecuadamente o no quiera ejercitar dicha competencia, podrá hacerlo la Corte Penal en su reemplazo.

De ello se desprende que las jurisdicciones nacionales deben contar con todos los elementos normativos que les permitan dar cumplimiento a tal deber. Amnistía Internacional advierte con preocupación que la legislación boliviana adolece de importantes vacíos que podrían impedir a sus autoridades judiciales ejercitar adecuadamente su competencia sobre tales crímenes y a sus autoridades administrativas cooperar efectivamente con la Corte. En ese sentido Amnistía Internacional observa con agrado el anteproyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma, realizado a instancias de la Defensoría del Pueblo, el que contiene varios elementos que la organización valora positivamente. Pensamos que esa iniciativa, una vez efectuada una amplia consulta con la sociedad civil, debería ser considerada por el Congreso.

La organización continúa sintiendo una gran preocupación por el acuerdo bilateral firmado por Bolivia con los Estados Unidos de América, que proporciona inmunidad absoluta a los nacionales de ese Estado y a otras personas acusadas por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Ese acuerdo ya ha sido aprobado por el Senado y se encuentra pendiente de consideración por los Diputados. Amnistía Internacional insta al candidato que resulte elegido presidente, a alentar el rechazo de tal aprobación, en razón de que el mismo viola las obligaciones contraídas por Bolivia bajo el derecho internacional, incluídas sus obligaciones como Estado parte del Estatuto de Roma. Rehusándose a aprobar dicho acuerdo Bolivia contribuirá de manera decisiva al respeto de la integridad del Estatuto y del derecho internacional que debe primar entre naciones soberanas.

Amnistía Internacional hace un llamado a los candidatos y en particular al candidato que sea elegido como presidente de la República de Bolivia, para que en el próximo periodo presidencial y en la elaboración de futuras políticas para la nación, se tome en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos y se adelanten las medidas necesarias para su respeto y cumplimiento. Para este efecto el nuevo presidente deberá dentro de su programa gubernamental:

* Crear un Plan Nacional de Acción para impulsar y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.

* Promover los derechos económicos, sociales y culturales tales como el derecho a la salud, la educación y el trabajo.

* Reconocer el principio de igualdad ante la ley de todos los habitantes de Bolivia tomando medidas concretas contra la discriminación.

* Promover las investigaciones prontas, independientes e imparciales por la justicia ordinaria de las denuncias de violaciones contra los derechos humanos fundamentales, incluyendo las de las muertes ocurridas en febrero y octubre de 2003.

* Proteger y promover públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, incluyendo el respaldo público a la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada el 9 de diciembre de 1998.

* Respaldar la resolución sobre los Defensores de Derechos Humanos en América, adoptada en junio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

* Reafirmar el compromiso de acción efectiva para erradicar la práctica de la tortura y los malos tratos, asegurando que las denuncias sobre esta violacion de los derechos humanos sean exhautiva e independientemente investigadas y que los hallados responsables sean llevados a juicio ante la justicia ordinaria.

* Adoptar medidas para consolidar la abolición de la pena de muerte en Bolivia ratificando durante el próximo periodo parlamentario el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

* Tomar las medidas necesarias para que el Estado boliviano realice la declaración prevista en el Artículo 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes reconociendo la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción o en su nombre.

* Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Organización de los Estados Americanos.

* Tomar las medidas necesarias para proporcionar a todos los agentes de las fuerzas de seguridad una capacitación apropiada en legislación nacional e internacional de derechos humanos y los medios para su protección, incluyendo los Códigos y Principios de las Naciones Unidas.

* Asegurar el cumplimiento con los compromisos contraídos por Bolivia respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas.

* Asegurar el cumplimiento con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

*Asegurar el cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo que protege el derecho de los pueblos indígenas.

*Colaborar eficazmente para la adopción del Proyecto de Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que ha estado en discusion desde 1985.

* Tomar las medidas necesarias para que la jurisdicción de los tribunales militares se limite a la tarea de mantener la disciplina en el seno de las fuerzas armadas y, en consecuencia, limitarse a delitos estrictamente militares.

* Someter el anteproyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma a una amplia consulta con la sociedad civil y, en su momento, someterlo a la consideración del Congreso.

* Instar el rechazo a la aprobación del acuerdo bilateral de impunidad con los Estados Unidos de América, que es contrario a las obligaciones convencionales asumidas por Bolivia.

Amnistía Internacional espera que el próximo presidente de la República de Bolivia adoptará y promoverá todas las iniciativas conducentes al respeto a los derechos humanos abriendo la puerta para la promoción y protección de esos derechos en el futuro. La organización insta a todos los candidatos a que en esta crucial etapa para el país se promuevan las medidas tanto políticas como económicas y sociales para proteger la defensa de los derechos humanos y el respeto hacia el Estado de derecho.

Atentamente,



Susan Lee
Directora
Programa Regional para América ********



Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.