[FECHA DE EMBARGO: 25 de enero de 2007] Público
CONTEXTO: DESARMAR PARA REFORMAR – EL VÍNCULO INSEPARABLE ENTRE EL PROCESO DE DDR Y LA REFORMA DEL EJÉRCITO 3
I EL PROCESO DE DDR – PRELUDIO INDISPENSABLE DE LA REFORMA DEL EJÉRCITO 4
II DESARME Y REINTEGRACIÓN COMUNITARIA (DRC) EN ITURI: PRECURSOR DE LA OPERACIÓN NACIONAL DE DDR 5
CONCLUSIÓN 34
RECOMENDACIONES 35
III PERSISTE LA RESISTENCIA DE LOS GRUPOS ARMADOS AL PROCESO DE DDR Y A LA REFORMA DEL EJÉRCITO
Tanto en Ituri como en otras partes del país, diversos grupos armados, que ven con recelo la reforma y están ansiosos por mantener sus fuentes de ingresos y de poder, han continuado desafiando la autoridad del gobierno. Estos grupos siguen siendo una amenaza grave para el éxito de los programas de DDR y de reforma del ejército. A. Los grupos armados de Ituri El Movimiento Revolucionario Congoleño (Mouvement révolutionnaire congolais, MRC) es un grupo armado de Ituri que se formó en Uganda en el 2005 y que inicialmente tenía su base principal en Aveba, Ituri. Según parece, reclutaba a sus miembros entre la comunidad de personas refugiadas en Uganda y también entre los miembros de grupos armados hostiles al Programa de DRC de Ituri. Las organizaciones locales de derechos humanos congoleñas y ugandesas estiman que el movimiento cuenta actualmente con unos 600 integrantes, liderados por antiguos oficiales del PUSIC, del FRPI, del FNI, de la UPC y de la RCD-ML. Otro grupo armado de Ituri se resistió también al proceso de DDR en Ituri y se enfrentó con las FARDC y la MONUC. Estaba dirigido por Peter Karim y compuesto principalmente por miembros del Frente de Nacionalistas Integracionistas (Front des nationalistes intégrationnistes, FNI), y al principio tenía una estrecha relación con el MRC. Según informes de las ONG locales, tanto el MRC como el grupo de Peter Karim cometieron muchos abusos contra la población civil. El 28 de mayo, un miembro nepalés de las fuerzas de mantenimiento de la paz resultó muerto y otros siete fueron tomados como rehenes tras un enfrentamiento armado entre las tropas de la MONUC y los hombres de Peter Karim. Tras intensas negociaciones se obtuvo su puesta en libertad.(43) El 26 de julio del 2006, en Kambutso (Ituri), el MRC firmó un acuerdo de paz(44) con el gobierno de transición y se comprometió a desmovilizar a sus tropas a cambio de una "amnistía general" para los integrantes del grupo y del nombramiento de su líder, Mathieu Ngojolo, como coronel en las FARDC. Sin embargo, el coronel Kakolele, uno de los principales oficiales del grupo, no ha dado su apoyo al acuerdo. El 13 de julio del 2006, en Ddoy, Peter Karim llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de transición. Se comprometió a que su grupo depondría las armas en condiciones similares a las acordadas con el MRC, incluido su nombramiento de coronel en las FARDC.(45) Estos acuerdos se alcanzaron apresuradamente, en cuestión de días tras la primera ronda de las elecciones presidenciales de julio del 2006, presuntamente para permitir la libre circulación de los ciudadanos a los centros electorales. Según los informes, sin embargo, pese a los acuerdos de paz estos grupos continuaron reclutando a más combatientes. Los nombramientos de Mathieu Ngojolo y de Peter Karim como coroneles de las FARDC fueron confirmados por el ministro de Defensa de la República Democrática del Congo, Adolphe Onusumba, en octubre del 2006. Aunque éste declaró a la prensa que "el objetivo de estos nombramientos es la consecución de la paz",(46) todavía está por ver si estos acuerdos pondrán fin a los abusos de los grupos armados en Ituri o si presagian una mejora significativa en la situación de los derechos humanos en la región. B. Los mayi-mayi Unos cuantos grupos radicales mayi-mayi no desean ser desmovilizados e integrados en un ejército unificado que incluye a la RCD-Goma, a la que describen como "servidora y a sueldo de Ruanda". Otra razón de su reticencia a apuntarse al proceso de desmovilización e integración es económica. La anarquía y el vacío de autoridad estatal que ha producido la guerra ha llevado a todos los grupos armados, incluidos los mayi-mayi, a adoptar una cultura de explotación económica. La mayoría de estos grupos armados se benefician de la extracción de recursos naturales y de la extorsión de la población civil. Dos facciones importantes de los mayi-mayi se oponen particularmente al proceso de DDR y de integración militar. Una es la de los mayi-mayi de Kivu, a la que se denomina los "Patriotes-Résistants" en los documentos del Acuerdo de Paz Global y Total. La segunda es la de los mayi-mayi de Katanga, que sigue enfrentada militar y abiertamente con las FARDC y es responsable de abusos masivos contra los derechos humanos. Los mayi-mayi de Kivu Desde 1998 hasta la fecha, los mayi-mayi de las provincias de Kivu (Septentrional y Meridional) se han organizado como nacionalistas frente a lo que llaman "la invasión ruandesa". El primer grupo mayi-mayi que acudió a integrarse y apuntarse al programa de reforma del ejército estaba dirigido por el general Padiri Karendo.(47) Nombrado comandante de la Novena Región Militar de la provincia Oriental y basado en Kisangani, controla una jurisdicción sumamente importante que incluye el turbulento distrito de Ituri. Sin embargo, el coronel Chiba, uno de sus lugartenientes durante el conflicto, sigue sin participar en el proceso de integración del ejército. Se estima que Chiba cuenta con más de 2.000 hombres bajo su mando, que no participan en el proceso de integración.(48) Otros jefes mayi-mayi, entre ellos el comandante Odylon Kurhenga Muzimu, líder de los "Mudundu 40" (un grupo que pese a ser mayi-mayi se alió con las fuerzas disidentes de la RCD-Goma de Jules Mutebusi y Laurent Nkunda), también sigue al parecer manteniendo su oposición a la reforma.(49) Otros mayi-mayi que se apuntaron al proceso de integración militar han huido también de los centros de tránsito e integración a causa de las miserables condiciones que imperan en ellos. Los mayi-mayi de Katanga Los mayi-mayi de Katanga no han firmado el Acuerdo de Paz Global y Total, y se niegan a someterse a la autoridad del gobierno de transición. Los mayi-mayi fueron principalmente reclutados y mantenidos por Laurent-Désiré Kabila cuando marchó contra Kinshasa en 1996, derrocó al presidente Mobutu y se declaró a sí mismo presidente. Subsiguientemente, en 1998, salieron reforzados en la crisis de poder entre Kabila y su antiguo aliado, el ejército ruandés. Con el paso de los años han adquirido en la provincia un estatus especial, ni oficial ni reconocido públicamente, pero protegido por el gobierno. Según fuentes confidenciales de la República Democrática del Congo, tras asumir Joseph Kabila la presidencia ha habido un ligero deterioro de relaciones, pero no ruptura. El programa paralelo de DDR iniciado por el PAREC,(50) ONG religiosa dirigida por el pastor Mulunda, también ha contribuido, pese a sus buenos resultados, a hacer aún más confusa la situación de los mayi-mayi en Katanga y ha comprometido el trabajo de la CONADER en la región. La iniciativa, descrita como un programa de "armas por bicicletas", se ha interpretado como una maniobra política, fuera del marco del programa de DDR nacional pero apoyada y refrendada por el presidente de la República, presuntamente por razones electoralistas.(51) Según los informes, los grupos mayi-mayi de Katanga han cometido graves abusos contra los derechos humanos de la población civil. Se oponen a la integración en el ejército nacional y han incrementado las atrocidades que cometen contra civiles.(52) Dos facciones mayi-mayi –dirigidas por Jean Pierre Chinja Chinja y Kyungu Muntanga Wa Bafunkwa Kanonga Kalunga Mbikavu, más conocido como "Gédéon"–, han sido presuntamente las responsables de las peores atrocidades cometidas en esta provincia.(53) Según los informes, en el curso de varios ataques perpetrados en Mitwaba entre agosto y octubre del 2005, los hombres de Gédéon incendiaron pueblos enteros, torturaron y asesinaron a civiles, violaron a mujeres y forzaron a decenas de miles de personas a huir para salvar la vida. Las tropas de las FARDC desplegadas para poner fin a los ataques de los mayi-mayi, también se dedicaron al pillaje y al saqueo.(54) El silencio que hasta hace poco han guardado las autoridades frente a los crímenes cometidos por los mayi-mayi y las fuerzas gubernamentales delata la debilidad militar de las FARDC e indica que existe una cultura de impunidad.(55) Aunque Chinja Chinja ha estado bajo custodia provisional desde julio del 2005 y Gédéon se rindió a las autoridades el 12 de mayo del 2006 con unos 200 de sus hombres –la mayoría de los cuales eran, según los informes, niños y niñas–, ninguno de los dos ha sido aún procesado.(56) Además, más de 5.000 de sus hombres continúan armados en la región y constituyen una amenaza para el proceso político y de desmovilización, integración y reforma del ejército. Desde noviembre del 2005, el gobierno de transición ha incrementado su presión sobre estos grupos con despliegues de tropas pero no ha sido capaz de desmantelarlos. Las brigadas de las FARDC también han sido acusadas de cometer graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil, como violaciones y ejecuciones extrajudiciales. Según las investigaciones de la División de Derechos Humanos de la MONUC en Mitwaba, norte de Katanga,(57) 97 civiles resultaron muertos o heridos o fueron tratados de forma inhumana desde principios del año 2005 hasta finales de marzo del 2006. Los funcionarios de la MONUC manifestaron haber hecho recomendaciones al ministro de Defensa, entre ellas la de reemplazar a la 63ª brigada con una brigada integrada de las FARDC y procesar a los presuntos perpetradores identificados. Sin embargo, la organización Refugee International ha señalado recientemente, tras una visita de investigación a la región realizada en agosto del 2006, que la situación ha mejorado.(58) C. Las armas, en circulación en Ituri y en todo el país Una de las deficiencias más graves del proceso de DDR tanto en Ituri como en el resto del país, ha sido la falta de verificación independiente del proceso de desarme: se cree que las unidades militares escondieron grandes cantidades de armas en las zonas rurales antes de acudir a los centros de reagrupación, como arsenal de reserva en caso de futura necesidad. Según un informe del Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración "del reducido número que inició el proceso, muchos llegaron sin armas. Y, además, había una ausencia total de armamento pesado".(59) Durante la fase de desarme voluntario de las antiguas facciones armadas de Ituri, se recogieron miles de armas que fueron entregadas a la estructura militar de DDR. Estas armas incluían fusiles de combate, granadas y minas antipersonal. Sin embargo, según el decimoctavo informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en el Congo, el 70 por ciento de las 6.200 armas recogidas eran defectuosas o inservibles.(60) Según las informaciones, una cantidad alarmante de armas está todavía en circulación en la región, y los persistentes ataques de los grupos armados hostiles al proceso es sintomático de una región que continúa afligida por una militarización descontrolada e inquietante.(61) Floribert Njabu, líder del FNI, en una entrevista con Amnistía Internacional realizada antes de su detención, no sólo expresó sus dudas sobre los objetivos del programa de desarme, sino que también confirmó que las comunidades ngiti y lendu todavía tienen arsenales, presuntamente para su defensa, y que las armas defectuosas que cambian por dinero efectivo a la CONADER y a la MONUC representan sólo una pequeña parte de su arsenal.(62) La RCD-Goma no ha entregado ninguna de sus armas de gran calibre y Kivu Septentrional sigue siendo el centro de una distribución de armas relativamente amplia a la población civil. Esta situación supone un gran obstáculo para la reforma del ejército nacional y ser causa de conflicto en el futuro. Amnistía Internacional teme por el proceso de DDR y la reforma del ejército si no se controla el flujo de armas en circulación y no se resuelven las reiteradas violaciones del embargo de armas.
IV. UN PROCESO DE INTEGRACIÓN AMENAZADO, UNA REFORMA INCIERTA
A. El contexto Según estipula el Acuerdo de Paz Global y Total, el proceso de reforma del ejército de la República Democrática del Congo(63) es uno de los cinco objetivos principales de la transición política, crucial para la estabilidad política y para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Precisa de consenso político más que las otras reformas, y es un indicador esencial de éxito o fracaso en la tarea de poner fin al conflicto. Más que mera integración técnica y logística de los distintos partícipes en el conflicto, debe ser un proyecto a largo plazo, en el que todas las estructuras encargadas de implementarlo y prestarle apoyo sean irreprochables en cuestión de valores de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y profesionalismo. Conforme al espíritu del programa de reforma del ejército, del Plan Operativo del Ministerio de Defensa y de la Ley de Organización General de la Defensa y las Fuerzas Armadas, la formación de un ejército integrado presupone el establecimiento de estructuras, el nombramiento de organizadores, la integración de tropas, la implementación del programa de desmovilización y una formación continua.(64) Antes de proceder a la integración de las tropas, el ministro de Defensa decidió primeramente integrar al Estado Mayor de las fuerzas armadas que firmaron el Acuerdo de Paz Global y Total.(65) Esto implicó la creación de una nueva estructura de Estado Mayor para el ejército y una estructura de mando para las diversas regiones militares; el establecimiento de la SMI (Structure militaire d’intégration, Estructura Militar de Integración), que se responsabilizaría de la reforma del nuevo ejército, y, finalmente,(66) la unificación del sistema de justicia militar.(67) B. Crisis de confianza y oposición a la reforma: El caso de la RCD-Goma 1. La hostilidad del antiguo mando militar de la RCD-Goma Si bien se ha conseguido un avance significativo en la creación de un entorno que en términos generales es conducente a la reforma del ejército, la forma en que se han alcanzado algunos de los objetivos expuestos plantea un problema grave para el éxito de la reforma en su conjunto. Según expertos militares congoleños y extranjeros, el nombramiento de los comandantes en jefe de los diversos grupos armados para dirigir las regiones militares en las que los grupos armados estaban basados y controlaban, representa una amenaza para la política de reunificación e integración que es uno de los principales objetivos de la reforma del ejército. Por ejemplo, el centro de poder y bastión militar del ex grupo armado RCD-Goma era, y sigue siendo, la provincia de Kivu Septentrional, limítrofe con Ruanda. Esto, sin embargo, no impidió que la región militar de esta provincia tan delicada del este del país se confiara a un ex comandante de la RCD-Goma, lo que podría decirse que otorgó a las autoridades militares regionales de este grupo armado demasiada influencia sobre las operaciones de integración que se supone son responsabilidad de la SMI. Esta decisión fue ciertamente facilitada por la no disolución explícita y formal de las antiguas fuerzas beligerantes,(68) las cuales mantienen vínculos orgánicos con ciertos líderes de las antiguas facciones armadas. Este vínculo orgánico es, con toda probabilidad, la razón del mal funcionamiento en la cadena de mando de que adolece la reforma. Aunque la RCD-Goma es uno de los socios del proceso político de transición y varios de los comandantes de su antiguo grupo armado forman hoy parte de las estructuras decisorias de las FARDC, algunos miembros del ex grupo armado no muestran al parecer ningún entusiasmo por la integración en el nuevo ejército. Algunos oficiales de la RCD-Goma no aceptaron el ofrecimiento de altos puestos de mando en las FARDC. En enero del 2005, el Estado Mayor de las FARDC puso al general Obed Rwibasira y a los coroneles Jules Mutebutsi y Ciro Nsimba al mando, respectivamente, de las regiones militares de Kivu Septentrional, Kivu Meridional y Bandundu, en sustitución de Laurent Nkunda, Elie Gichondo y Eric Ruhorimbere, a los que se habían ofrecido inicialmente estos puestos y los habían declinado. Desde entonces, el general Obed Rwibasira ha sido transferido a la Séptima Región Militar tras presuntas infracciones de la disciplina militar, y Jules Mutebutsi es un fugitivo de la justicia desde el motín de Bukavu(69) del 2004, el cual lideró junto con Laurent Nkunda, hoy expulsado(70) del ejército y contra el que se ha dictado orden de detención por crímenes de guerra y por indisciplina. Laurent Nkunda no ha sido aprehendido aún y lleva a cabo ataques esporádicos contra el gobierno de transición desde su base, en la región rural de Kivu Septentrional. Algunas brigadas no integradas de las FARDC compuestas principalmente de combatientes de la antigua RCD-Goma, han colaborado con Nkunda y participado en estos ataques. Esta disidencia, que muchos de los altos mandos del antiguo ejército de la RCD-Goma demuestran abiertamente, supone una verdadera amenaza para el proceso de integración, hasta el punto de incidir en la inscripción y participación efectiva de soldados de este grupo en el proceso de integración y de reforma. Hay indicios de que la hostilidad que siente la RCD-Goma por el proceso no es superficial ni temporal. La RCD-Goma está dividida entre una facción dispuesta a respaldar la transición política del país y otra que se ha vuelto crecientemente hostil a ella. Este último elemento "de línea dura" ha demostrado que está dispuesto a recurrir a la fuerza militar. Animada por una desconfianza en el gobierno de Kinshasa profundamente arraigada y por los temores de que la comunidad banyarwanda(71) de la parte oriental del país pueda convertirse en objetivo de violencia étnica fomentada por Kinshasa, el ala de línea dura considera que a la RCD-Goma le conviene mantener un control militar firme de su último bastión en Kivu Septentrional. La hostilidad va mucho más allá de la mera conducta de unos pocos disidentes refractarios, e ilustra la desconfianza, por no decir la oposición total, de los líderes políticos de la RCD-Goma a la integración en el ejército y al proceso político en su conjunto. Como dijo a Amnistía Internacional uno de los fundadores de la RCD-Goma, "nos han quitado Kivu Meridional pero no les dejaremos hacer lo mismo con Kivu Septentrional porque eso sería nuestro suicidio político".(72) 2 Deserciones en masa y negativas a prestar juramento de lealtad Además de en Ituri, las dificultades más inextricables para el programa de reforma del ejército se han producido en las dos provincias de Kivu, Septentrional y Meridional, y en partes de la zona norte de la provincia de Katanga. Estas áreas son los bastiones de la RCD-Goma y los mayi-mayi,(73) dos bandos armados enfrentados durante el conflicto y que todavía desconfían intensamente el uno del otro pese a los acuerdos de paz. Ambos se oponen, por distintas razones, a la reforma del ejército. La RCD-Goma aún acusa a los mayi-mayi de proximidad al gobierno de Kinshasa(74) y de colusión con las FDLR,(75) grupo armado insurgente ruandés en las dos provincias de Kivu. En el seno de la RCD-Goma hay, además, un elemento que parece decidido a mantener a algunos de sus combatientes bajo una cadena de mando separada, por si fracasa la transición política. Ya ha amenazado varias veces con retirarse del proceso de transición. Durante el mes de septiembre del 2005, cuando se intensificaron los esfuerzos para hacer avanzar la integración del ejército en todos los centros destinados a este fin, especialmente en Luberizi (Kivu Meridional) y Mushaki (Kivu Septentrional), se produjeron sucesivas oleadas de deserciones en las filas de los ex ANC (Armée nationale congolaise, el Ejército Nacional Congolés), antiguo brazo armado de la RCD-Goma. Según las autoridades militares de la Octava Región Militar y por razones que siguen sin estar claras, centenares de soldados abandonaron los centros de integración militar en los que estaban destacados. Se produjeron por lo menos cinco casos de deserción en masa. Al término de dos operaciones de búsqueda, la MONUC localizó a más de un centenar de desertores, todos ellos miembros del ex ANC, y los devolvió al cuartel general de la Octava Región Militar, en Goma. En estas operaciones se recobraron también cientos de armas.(76) Algunos de los desertores dijeron haber sucumbido a la influencia de líderes del grupo radicalmente hostiles al proceso de unificación del ejército y próximos a Laurent Nkunda. Según la MONUC, "los propios soldados, es decir, la gran mayoría de las tropas que ‘desertaron’ (entre comillas), no sabían exactamente lo que estaban haciendo. Podríamos decir que hubo manipulación por parte de ciertos oficiales".(77) Según los observadores de las ONG locales de derechos humanos entrevistados por Amnistía Internacional, los elementos hostiles a la integración están desperdigados por los pueblos próximos a Shabunda, Walikale y Rutshuru, en las dos provincias de Kivu, donde cometen graves abusos contra los derechos humanos. Durante la primera fase de integración y reciclaje, más de un millar de combatientes de la ex RCD-Goma desertaron del centro de integración de Mushaki, manipulados aparentemente por altos mandos de la RCD-Goma. Oficiales de alta graduación de la SMI y otro personal de los Centros de Integración y Reciclaje (Centres de brassage et recyclage, CBR) comunicaron a Amnistía Internacional que las deserciones y los actos de sabotaje se habían vuelto más frecuentes y daban cada vez más la impresión de formar parte de una estrategia bien definida para desbaratar la reforma del ejército. El 7 de enero del 2006, el convoy del comandante de la Quinta Brigada integrada de las FARDC, el coronel She Kasikila, previamente de los mayi-mayi, fue atacado en Rugari en la carretera entre Goma y Rutshuru, a menos de 35 km de Goma, la capital de Kivu Septentrional. Según los informes, cinco personas resultaron heridas en el ataque. Los atacantes fueron al parecer identificados como pertenecientes a una antigua brigada de la RCD-Goma basada en el territorio de Rutshuru, Kivu Septentrional, que se opone a ser integrada en las FARDC.(78) C. Desconfianza en el programa de integración del ejército: Un obstáculo que hay que vencer Más de 150 residentes de Ituri y Kivu entrevistados por Amnistía Internacional se mostraban pesimistas sobre el éxito a largo plazo del programa de integración y reforma del ejército y sobre el futuro de la situación de los derechos humanos en la región. Según parece, muchas personas de Kivu Septentrional y de Ituri, como es el caso en muchas otras partes del país, temen perder la protección de "su" fuerza militar local –la proveniente de sus propias ciudades y pueblos y con la que les unen fuertes lazos étnicos–, y verla posiblemente reemplazada por soldados de otro grupo étnico. Marie-Claire, una tendera hema de Iga Barrière, suburbio del norte de Bunia considerado un bastión de la UPC de Thomas Lubanga, dudaba de que el ejército fuera capaz de proteger a la población civil:
