Document - PAKISTAN. Preocupación legal / Desaparición forzada / Temor de tortura y malos tratos

PÚBLICO Índice AI: ASA 33/037/2007

13 de noviembre de 2007

AU 304/07 Preocupación legal / Desaparición forzada / Temor de tortura y malos tratos

PAKISTÁN

Al menos 485 personas sometidas a desaparición forzada

El 13 de noviembre, el Tribunal Supremo de Pakistán debía ver los casos de hasta 485 personas sometidas a desaparición forzada. Tras la declaración del estado de emergencia en Pakistán por el general Musharraf el 3 de noviembre, el presidente del Supremo y otros magistrados fueron destituidos sumariamente, con la consiguiente desorganización del Tribunal. Como consecuencia, todas las vistas de casos de desaparición forzada fueron suspendidas. Sigue sin conocerse la suerte y el paradero de las personas cuyos casos debían verse hoy, así como de centenares más de quienes no se sabe nada y que corren grave peligro de sufrir torturas y otros malos tratos.

La inmensa mayoría de estas personas, algunas de las cuales han sido calificadas de terroristas o amenazas para la seguridad nacional, no han sido acusadas de ningún delito y al parecer están recluidas arbitrariamente, en régimen de incomunicación y en secreto, en lugares que no se han revelado, o bien han sido trasladadas ilegalmente bajo la custodia de otros gobiernos, como el estadounidense. La cifra de 485 representa una mínima parte del verdadero número de desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio de la "guerra contra el terror" hace seis años. El carácter clandestino de la "guerra contra el terror" hace imposible saber exactamente cuántas desapariciones forzadas ha habido, pero Amnistía Internacional cree que desde 2001 la cifra supera las 2.000.

La postura del Tribunal Supremo sobre las desapariciones forzadas había sido enérgica, exigiendo que el gobierno y los servicios de información presentaran ante él a las personas desaparecidas. El Tribunal Supremo trabajaba a partir de una lista proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y el grupo Defence of Human Rights, formado por familias de personas desaparecidas.

A comienzos de noviembre, el Tribunal Supremo agrupó todos los casos de desaparición forzada presentados ante él y suspendió su vista hasta el 13 de noviembre, fecha en que el alto tribunal debía examinar los avances del gobierno en la comprobación de las listas de las personas cuya desaparición forzada bajo custodia gubernamental se había denunciado y su presentación ante el tribunal. El presidente del Tribunal Supremo, Iftitkar Choudhry, ahora destituido y bajo detención domiciliaria no declarada, había afirmado previamente que había "pruebas irrefutables de que las personas desaparecidas estaban bajo la custodia de organismos secretos" y que el Tribunal Supremo iniciaría actuaciones judiciales contra los responsables.

En vistas anteriores, el fiscal general de Pakistán, Malik Quyyam, declaró que se había "seguido el rastro" de 181 de los casos de la lista del Tribunal Supremo, y que se estaba intentando localizar a los demás. En una vista celebrada el 29 de octubre, la fiscal general adjunta, Nahida Mahboob Elahi, presentó una lista actualizada de 186 personas que se creía que habían desaparecido. La información recogida en los periódicos sugiere que han quedado en libertad varias personas, pero no se sabe si entre ellas está alguna de las que figuraban en esta lista actualizada.

El 11 de noviembre, el gobierno de Pakistán modificó la Ley del Ejército de 1952, otorgando a los tribunales militares la facultad de juzgar a civiles sospechosos de diversos delitos, entre ellos actividades "terroristas", traición o sedición, con carácter retroactivo desde 2003. Esta modificación, de hecho, pone aún más en peligro la suerte de las personas desaparecidas y su derecho a que se haga justicia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La participación de Pakistán en la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos se ha caracterizado por numerosas violaciones de derechos humanos. La detención masiva de personas en este contexto –a menudo a cambio de miles de dólares de recompensa– ha desembocado en su traslado al campo de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), su transferencia a centros de detención secretos de la CIA, a su transferencia ilegal a otros países o su reclusión bajo custodia, arbitrariamente y a menudo en secreto, en el propio Pakistán. Muchas de estas personas, si no la mayoría, han sido torturadas o maltratadas de alguna otra forma.

En Pakistán prácticamente no había desapariciones forzadas antes de 2001. Desde entonces se viene utilizando esta práctica, fundamentalmente contra detenidos en el contexto de la "guerra contra el terror", pero también contra otras personas consideradas opositoras políticas, como nacionalistas y periodistas de etnia baloche y sindh.

Las leyes internacionales de derechos humanos prohíben estrictamente y en toda circunstancia las desapariciones forzadas. Éstas constituyen, entre otras cosas, violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, del derecho a no ser víctima de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del derecho de toda persona privada de libertad a impugnar la legalidad de su detención y a ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, además de violar el derecho a la vida o amenazarlo gravemente. En ciertas circunstancias, las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad. También pueden equivaler a malos tratos hacia los familiares y amigos de las personas desaparecidas, pues la incertidumbre sobre la suerte y el paradero de éstas, consecuencia directa de la negación deliberada de las autoridades a facilitar información, puede causar angustia y temor extremos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en urdu, pastún, inglés o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que desvelen de inmediato a los familiares de las personas incluidas en las listas presentadas al Tribunal Supremo, y del resto de las víctimas de desaparición forzada en Pakistán, el paradero de estas personas;
- pidiendo a las autoridades que restablezcan de inmediato el Tribunal Supremo tal como se encontraba constituido antes del estado de emergencia, entre otras cosas para ver los casos de desaparición forzada;
- pidiendo a las autoridades que abandonen inmediatamente la práctica de la desaparición forzada y se aseguren de que todas las personas detenidas en Pakistán son puestas en libertad, salvo que sean acusadas sin demora de algún delito común reconocible, juzgadas con garantías y puestas bajo custodia por un tribunal independiente, en cuyo caso deberían tener acceso a abogados, familiares, personal médico y tribunales independientes;
- pidiendo a las autoridades que anulen de inmediato la modificación de la Ley del Ejército de 1952 que permite que los civiles sean juzgados por tribunales militares.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente
General Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat, Islamabad, Pakistán
Fax: +92 51 9221422
Correo e: a través de página web: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/WTPresidentMessage.aspx
Tratamiento: Dear General Musharraf / General

Ministro del Interior
Mr Aftab Ahmed Khan Sherpao
Minister for the Interior
Ministry for the Interior
Room 404, 4th Floor, Block R, Federal Secretariat, Islamabad, Pakistán
Fax: +92 51 9202624
Correo e: minister@interior.gov.pk

secretary@interior.gov

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Mr Zahid Hamid
Minister of Law, Justice and Human Rights
Room 305, S-Block, Pakistan Secretariat, Islamabad, Pakistán
Fax: +92 51 9202628/ +92 51 9201631
E-Mail: minister@molaw.gov.pk
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIA A: Los representantes diplomáticos de Pakistán acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 25 de diciembre de 2007.
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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.