Document - Etiopía. Presos de conciencia procesados por traición: dirigentes de partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas

Resumen

Índice AI: AFR 25/013/2006

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que miembros del Parlamento de partidos de la oposición democráticamente elegidos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes están siendo procesados por traición y otros delitos graves, la mayoría de los cuales pueden acarrear la pena de muerte. Amnistía internacional ha pedido su libertad como presos de conciencia que no han recurrido a la violencia ni han propugnado su uso. La organización teme que no reciban un juicio justo.

El inicio del proceso está previsto para el 2 de mayo de 2006 ante el Tribunal Superior Federal de la capital de Etiopía, Addis Abeba. Se espera que el juicio se prolongue varios meses.

Se presentan ante el tribunal para ser procesadas 76 personas, tras los procedimientos preliminares. Fueron detenidas en noviembre de 2005 en relación con las manifestaciones de la oposición contra el gobierno. Además se juzga in absentia a 25 etíopes que residen en el extranjero. Cuatro partidos políticos y seis editoriales de periódicos están siendo también procesados, con lo que el total asciende a 111 acusados. Los principales donantes de Etiopía, entre los que se incluye el Banco Mundial, han pedido la liberación de los acusados. La Unión Europea, preocupada por la equidad del juicio, ha nombrado un observador judicial internacional.

Entre los acusados se encuentran Hailu Shawel, Birtukan Mideksa (mujer), el Dr. Berhanu Negga, alcalde electo de Addis Abeba, y otros dirigentes del partido de oposición Coalición por la Unidad y la Democracia, 14 periodistas de periódicos independientes y tres activistas de la sociedad civil. Todos los acusados, con excepción de los tres activistas civiles, se han negado a participar en el juicio o presentar una defensa, alegando que no creen que vayan a tener un juicio justo.

A Amnistía Internacional le preocupa que entre los acusados se incluyan defensores de derechos humanos, en contravención de la obligación del gobierno de respetar su función legítima de defensores de derechos humanos, como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Son el profesor Mesfin Woldemariam, fundador y ex presidente del Consejo Etíope de Derechos Humanos, y tres activistas de la sociedad civil: Daniel Bekele de la oficina etíope de Ayuda en Acción, una organización internacional de desarrollo con base en Sudáfrica; Netsanet Demissie de la Organización por la Justicia Social en Etiopía; y Kassahun Kebede de la Asociación de Profesores de Etiopía.

En el juicio se incluye a 14 periodistas de medios de comunicación independientes, aparentemente a causa de artículos que han publicado, lo cual contradice las garantías de libertad de los medios recogidas en la Constitución etíope y en las normas internacionales.

Amnistía Internacional siente preocupación por el trato y las condiciones de los acusados en la prisión de Kaliti, en Addis Abeba, incluido el acceso restringido a sus familias y representantes legales, la atención médica, la negación de material para escribir y la restricción de material de lectura.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo el mundo y pide la supresión de esta pena en este juicio.

El informe incluye información general sobre los comicios de mayo de 2005 y la crisis postelectoral provocada por un presunto fraude en las elecciones y las manifestaciones de la oposición en las que las fuerzas de seguridad mataron a más de 80 personas, en junio y noviembre de 2005. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó un informe muy crítico de las elecciones, en el que se cita la generalización de abusos contra los derechos humanos.

Se ofrecen detalles de los cargos formulados contra los acusados y se renueva la petición de supresión del cargo de genocidio calificándolo de "absurdo" en este juicio. Se describe al conjunto de acusados, entre los que se incluyen dirigentes de la oposición, varios abogados y académicos, Yakob Hailemariam (ex enviado especial de las Naciones Unidas) y cinco mujeres, una de ellas embarazada de siete meses. Hay una sección dedicada a la represión de los medios de comunicación en Etiopía, con un total de 20 periodistas en prisión, y varias condenas nuevas en aplicación de la Ley de Prensa dictadas en los últimos meses. Se mencionan otros juicios políticos pendientes por cargos similares y otras cuestiones graves relacionadas con los derechos humanos, como son los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en los largos conflictos armados en las regiones de Oromia y Somali, así como en Gambela y en otras partes de la Región Meridional. Se exponen aspectos de posibles injusticias en el juicio por traición.

El informe concluye con las recomendaciones de Amnistía internacional. La organización insta al gobierno de Etiopía a liberar de forma inmediata e incondicional, sin cargos, a los dirigentes de la oposición política, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, que son presos de conciencia que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen que se ofrecen todos los elementos de un juicio justo a los acusados y que se excluye la aplicación de la pena de muerte. Los acusados deberán recibir un trato humano en custodia, de acuerdo con las normas internacionales y regionales. El gobierno deberá aplicar el derecho a la libertad de opinión y asociación para los partidos políticos y grupos de la sociedad civil, incluida la libertad de los medios de comunicación, como establece la Constitución etíope y los tratados de derechos humanos internacionales y regionales en los que Etiopía es Estado Parte. Asimismo, deberá proteger la función legítima de los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil.

Amnistía Internacional también pide a la comunidad internacional que continúe trabajando para conseguir la liberación de los presos de conciencia que están siendo procesados y que presione al gobierno de Etiopía para que cumpla sus obligaciones en el contexto de los derechos humanos internacionales. Además, la organización pide que garantice la protección de los derechos de los refugiados etíopes, en particular, los de los miembros de la oposición política, los activistas de la sociedad civil y los periodistas conocidos por sus críticas al gobierno, los cuales no deben ser devueltos a Etiopía, donde podrían enfrentarse a procesos judiciales, detenciones o arrestos arbitrarios, juicios injustos, tortura u otros malos tratos.

Este texto resume el documento titulado Etiopía. Presos de conciencia procesados por traición: dirigentes de partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas (Índice AI: AFR 25/013/2006) publicado por Amnistía Internacional en mayo de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

2. Información general 2

2.1 Las elecciones de mayo de 2005 2

2.2 Los homicidios de manifestantes y las detenciones masivas 3

2.3 Defensores de los derechos humanos procesados 5

2.4 Detención de periodistas 8

2.5 Otros simpatizantes de la oposición que se enfrentan a cargos políticos similares 10

2.6 La respuesta internacional a la crisis postelectoral 11

2.7 Refugiados 13

2.8 Otros motivos de preocupación sobre los derechos humanos 14

3.1 Los acusados 16

3.2 Exiliados juzgados in absentia 18

3.3 Los cargos 19

5. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a la equidad del juicio 22

5.1 Presunción de inocencia 23

5.2 Los derechos de defensa legal y la "igualdad de armas" 23

5.3 Prohibición de las pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos 24

5.4 Independencia e imparcialidad del poder judicial 24

6.1 Para el gobierno etíope 25

6.2 Para la comunidad internacional 26

Tabla 2: Grupos de acusados y cargos en su contra 27

1. Introducción

Amnistía Internacional siente honda preocupación por este juicio por traición que, según está previsto, comenzará formalmente el 2 de mayo de 2006 con la presentación de los argumentos de la acusación ante el Tribunal Superior Federal, en la capital de Etiopía, Addis Abeba. Los imputados son miembros del Parlamento recién elegidos de partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas, que Amnistía Internacional considera presos de conciencia, a quienes se acusa de cargos punibles con la pena de muerte.

Tras los procedimientos preliminares, se procesa a 76 personas ante el tribunal. Fueron detenidas en noviembre de 2005, y se les negó la libertad bajo fianza, en relación con manifestaciones de oposición al gobierno. También se juzga a otros 25 defensores in absentia, además de cuatro partidos políticos y seis editoriales de periódicos, con lo que el número asciende a un total de 111 acusados. En un principio fueron 131, pero se retiraron los cargos formulados contra 20 de ellos. Es probable que el juicio se prolongue varios meses. La Unión Europea ha pedido la liberación de los acusados y siente preocupación por la imparcialidad del juicio, por lo que ha nombrado un observador internacional para el juicio.

Los acusados, entre los que se incluyen dirigentes del partido de la oposición Coalición por la Unidad y la Democracia, 14 periodistas de periódicos independientes y tres activistas de la sociedad civil, están acusados, en diferentes grupos, de traición, "ultraje a la Constitución", conspiración armada o "genocidio", cargos que pueden acarrear la pena de muerte en casos graves. Todos los acusados excepto los activistas de la sociedad civil se niegan a participar en el juicio y a presentar una defensa argumentando que no esperan tener un juicio justo.

Amnistía Internacional considera que los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, los defensores de los derechos humanos y los periodistas a los que se juzga son presos de conciencia que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso. La organización ha pedido que sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional.(1) Además, cree que otros acusados, sobre los cuales posee menos información, podrían también ser presos de conciencia. Amnistía Internacional está siguiendo de cerca los procedimientos judiciales para valorar si el tribunal respeta las normas reconocidas internacionalmente para juicios justos, tal como definen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ambos ratificados por Etiopía.

A Amnistía Internacional le preocupa que entre los acusados se encuentran cuatro defensores de los derechos humanos, contraviniendo así la obligación del gobierno de respetar la labor legítima de los defensores de los derechos humanos, tal como se establece en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Son el profesor Mesfin Woldemariam, fundador y ex presidente del Consejo Etíope de Derechos Humanos, y tres activistas de la sociedad civil, que son: Daniel Bekele, director de política de la oficina etíope de Ayuda en Acción, una organización internacional no gubernamental que tiene su base en Sudáfrica; Netsanet Demissie, presidente de la Organización por la Justicia Social en Etiopía; y Kassahun Kebede, jefe de la sección de la Asociación de Profesores de Etiopía (APE) en Addis Abeba.

La inclusión de los 14 periodistas en el juicio a causa de artículos que han publicado contraviene las garantías de libertad de los medios de comunicación que prevé la Constitución etíope, así como las normas internacionales definidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

A Amnistía Internacional le preocupa el trato que reciban los acusados estando bajo custodia, en lo que respecta al trato y a las condiciones generales, al acceso a sus familias y a representantes legales, a la atención médica y al acceso a materiales de lectura y escritura.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo el mundo y pide que se suprima la pena de muerte en este juicio. Etiopía es un país retencionista en lo referente a la pena de muerte. Sin embargo, aunque quizás más de 100 personas han sido condenadas a muerte desde 1991, sólo se ha sabido de una ejecución tras el fallo condenatorio de un tribunal.

Este informe incluye información general sobre el juicio y detalles sobre los cargos y los acusados, entre los que se incluyen varios abogados y profesores de universidad, y pone de manifiesto la preocupación de Amnistía Internacional por que los acusados puedan no recibir un juicio justo en relación con las normas reconocidas internacional y regionalmente. El informe termina con recomendaciones de Amnistía Internacional dirigidas al gobierno de Etiopía y a la comunidad internacional.

2. Información general

2.1 Las elecciones de mayo de 2005

Las terceras elecciones generales de Etiopía celebradas bajo el gobierno y la Constitución (1995) actuales para el Parlamento nacional (la Cámara de Representantes del Pueblo), los consejos municipales de Addis Abeba y Dire Dawa, y las siete asambleas de los estados regionales, tuvieron lugar en mayo de 2005, si bien, las elecciones de la región de Somali se celebraron en septiembre de 2005. Estas elecciones fueron observadas por la Unión Europea, la Unión Africana, el Centro Carter, radicado en Estados Unidos, y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) etíopes.(2) Dos coaliciones de oposición, la Coalición por la Unidad y la Democracia y el Frente Democrático Unido Etíope, se enfrentaron a la coalición gobernante del primer ministro Meles Zenawi, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, encabezado por su partido, el Frente Popular de Liberación de Tigré. La coalición del primer ministro gobierna desde 1991, cuando derrocó al anterior gobierno, el de Mengistu Hailemariam, conocido como El Dergue, tras un largo conflicto armado.

Con anterioridad a las elecciones de 2005 y poco después de una visita al país, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las noticias de violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de la oposición, en especial, la Coalición por la Unidad y la Democracia, incluidos varios homicidios, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento e intimidación por parte de la policía y de la milicia local. En un informe publicado en abril de 2005(3), Amnistía Internacional pidió al gobierno y a todos los partidos políticos que respetaran los derechos humanos durante el proceso electoral y, a los observadores de las elecciones, que vigilaran y denunciaran las violaciones de derechos humanos.

Inmediatamente después de los comicios del 15 de mayo, la oposición denunció que el gobierno y el partido gobernante habían amañado las elecciones. El primer ministro prohibió las manifestaciones y asumió personalmente el control de las fuerzas de seguridad en Addis Abeba.(4)

2.2 Los homicidios de manifestantes y las detenciones masivas

A principios de junio de 2005, la Junta Electoral Nacional hizo públicos los resultados provisionales que concedían la victoria, por estrecho margen, al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Posteriormente, los seguidores de la Coalición por la Unidad y la Democracia (CUD) se manifestaron en Addis Abeba, acusando al gobierno y al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope de fraude, y a la Junta Electoral Nacional, de favorecer al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Las manifestaciones pacíficas desembocaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Según informes, una unidad especial del ejército, conocida como Agaazi, abatió a tiros a, al menos, 36 manifestantes e hirió a otros muchos en Addis Abeba, el día 8 de junio. Unos 9.000 simpatizantes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, entre los que se cuentan 2.000 estudiantes universitarios y seis empleados del Consejo Etíope de Derechos Humanos (que no pertenecían a ningún partido político), fueron detenidos por la policía pero fueron provisionalmente puestos en libertad bajo fianza a finales de julio de 2005 sin ser acusados de ningún delito. En la mayoría de los casos, los simpatizantes de la Coalición por la Unidad y la Democracia fueron detenidos arbitrariamente y no comparecieron ante un tribunal en un plazo de 48 horas, tal como prescribe la legislación etíope. Al parecer, muchos fueron sometidos a palizas o malos tratos.

La dirección de la Coalición por la Unidad y la Democracia decidió boicotear el nuevo Parlamento en protesta por los resultados finales oficiales de las elecciones y porque el Parlamento saliente dominado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope había cambiado los procedimientos de modo que fuera prácticamente imposible que los miembros de la oposición iniciaran un debate. El Frente Democrático Unido Etíope, miembros independientes del Parlamento, una sección del Partido por la Unidad Democrática Etíope-Medhin que había abandonado la Coalición y, finalmente, varios de los miembros electos de la Coalición que no habían sido detenidos, ocuparon sus escaños en el nuevo Parlamento. Los mencionados miembros del Parlamento criticaron que se reprimiera a la Coalición y que se hubiera detenido a sus principales parlamentarios electos, así como las detenciones y el hostigamiento que sufrían miembros del Congreso Nacional Oromo(5), integrado en la coalición Frente Democrático Unido Etíope, y del Movimiento Democrático Federal Oromo. El nuevo consejo municipal de Addis Abeba, boicoteado igualmente por muchos de los miembros electos de la Coalición (también se cree que alrededor de 30 de ellos fueron detenidos y que podrían estar acusados de traición y otros cargos en casos distintos), no se ha reunido hasta la fecha. El primer ministro ha propuesto crear una administración provisional si el boicot continúa y la asistencia de miembros no es suficiente.

En una segunda serie de manifestaciones en favor de la Coalición celebradas a principios de noviembre de 2005, la policía abatió a tiros al menos a 42 manifestantes en Addis Abeba, hirió a alrededor de 200 personas más y detuvo a la mayoría de los dirigentes de la Coalición, quienes habían pedido que las manifestaciones fueran pacíficas. Las protestas, que comenzaron pacíficamente y que consistieron en que los conductores hicieron sonar el claxon de sus automóviles y los trabajadores permanecieron en sus casas en señal de huelga, desembocaron en violencia y la policía realizó tiroteos generalizados. Siete agentes de policía resultaron muertos a manos de los manifestantes y se registraron daños considerables en propiedades del gobierno. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 10.000 simpatizantes y funcionarios de la Coalición en Addis Abeba, la región de Amhara y algunas otras regiones, incluidos muchos de los que habían sido detenidos en junio y fotografiados para las fichas policiales. A finales de diciembre de 2005, se iniciaron otras protestas en favor de la Coalición que se prolongaron hasta principios de 2006. Los estudiantes boicotearon las clases de colegios y universidades, dando lugar al cierre generalizado de centros de enseñanza, se realizaron numerosas detenciones y se propinaron palizas a estudiantes y profesores sospechosos de instigar a los boicots.(6) Muchos de estos detenidos han sido puestos en libertad provisionalmente bajo fianza pero, según informes, varios miles continúan detenidos. No se han dado a conocer los detalles de las detenciones a las familias de los detenidos ni al público y la mayoría de los detenidos no han comparecido ante un tribunal.

Los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia detenidos y otras personas recluidas con ellos iniciaron en noviembre de 2005 una huelga de hambre en protesta por sus detenciones que se prolongó hasta mediados de diciembre. Ese mes, se presentaron cargos contra 131 personas, entre dirigentes de la Coalición y personas de otras condiciones, tal como se describe más adelante. El tribunal rechazó conceder libertad bajo fianza, aduciendo la gravedad de los cargos. Los dirigentes de la Coalición negaron haber convocado manifestaciones violentas.

La mayoría de las oficinas de la Coalición por la Unidad y la Democracia se encuentran cerradas actualmente a consecuencia de las detenciones y de la intimidación que han sufrido los funcionarios. Los cuatro partidos que constituyen la Coalición han sido incluidos en los listados como acusados en el juicio.

Tras las manifestaciones de noviembre de 2005, el primer ministro Meles Zenawi acusó públicamente a la Coalición de traición y de organizar un levantamiento violento con el fin de derrocar al gobierno. Poco antes de las elecciones, el primer ministro acusó a la Coalición de fomentar conflictos y odio racial lo que, según dijo, podría desencadenar un "genocidio similar al de Ruanda".(7) Posteriormente, se ha negado a poner en libertar a los detenidos a pesar de las peticiones de la Unión Europea y otras autoridades. El primer ministro Meles Zenawi ha dicho también a miembros de la comunidad internacional, que han ejercido presión para lograr la reconciliación política entre el gobierno y los partidos de la oposición para resolver la crisis postelectoral, que no pondría en libertad a los detenidos, pero que recibirían un juicio justo, que sería inmediato, rápido y transparente.

El 25 de abril de 2006, el Parlamento, controlado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, creó una comisión de investigación para los actos violentos postelectorales de junio y noviembre de 2005. Según informes, su objetivo es determinar el número de personas que murieron, las propiedades que fueron destruidas y si hubo o no violaciones de los derechos humanos y constitucionales.(8) Hasta la fecha, no hay disponibles detalles sobre la composición, el ámbito y el alcance o los métodos de trabajo. Otras investigaciones parlamentarias realizadas anteriormente sobre incidentes como éste en el que agentes de las fuerzas de seguridad mataron a civiles que no estaban armados no han sido ni independientes ni imparciales. Amnistía Internacional insta al Parlamento etíope a que garantice que esta investigación cumpla estrictamente las normas internacionales reconocidas para las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales.(9)

2.3 Defensores de los derechos humanos procesados
Entre las personas acusadas en el juicio por traición, se encuentran cuatro defensores de los derechos humanos; como ya se ha mencionado, son: el profesor Mesfin Woldemariam, ex director del Consejo Etíope de Derechos Humanos; Daniel Bekele, de Ayuda en Acción; Netsanet Demissie, de la Organización por la Justicia Social en Etiopía; y Kassahun Kebede, de la Asociación de Profesores de Etiopía.

Kassahun Kebede, maestro y director de la sección de Addis Abeba de la Asociación de Profesores de Etiopía (APE), también está acusado de "ultraje a la Constitución". La APE, que está afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y a la Internacional de la Educación, es el sindicato más antiguo de Etiopía y cuenta con medio millón de miembros docentes de centros de primaria, secundaria y de educación superior. La APE ha hecho declaraciones criticando al gobierno en relación con la crisis postelectoral. El doctor Taye Woldesemayat, ex preso de conciencia que fue reelegido como secretario general de la APE después de salir de prisión en 2002, también ha sido acusado in absentia mientras se encontraba de visita en Estados Unidos. Se le conoce por ser un destacado crítico del gobierno, aunque no es miembro de ningún partido político y no ha utilizado la violencia ni ha propugnado su uso.(11)

La APE ha llevado a cabo una pugna legal de 13 años de duración para preservar su existencia e independencia, y ha estado amenazada por una organización progubernamental del mismo nombre, que el Ministerio de Justicia (desde donde se controla el registro de las ONG) ha reconocido formalmente, a pesar de no haber prohibido a la APE original. Las autoridades clausuraron la oficina central de la asociación original en Addis Abeba hace algunos años, no obstante, la organización continúa funcionando de forma efectiva para sus miembros. El día 1 de abril de 2006, el Tribunal Superior ordenó a la APE transferir sus activos a la APE progubernamental. La APE original ha apelado esta nueva decisión judicial.

Cientos de maestros y profesores de diferentes regiones han estado detenidos durante cierto tiempo o han sido despedidos arbitrariamente en los últimos años, según informes, por no apoyar al gobierno del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Actualmente, seis docentes que pertenecen a la APE se encuentran, desde noviembre de 2005, entre los detenidos en el contexto de las manifestaciones postelectorales en apoyo a la Coalición o las manifestaciones de estudiantes de etnia oromo, a pesar de que el gobierno no ha acusado específicamente a la APE de haber instigado estas protestas políticas.

2.4 Detención de periodistas
Además de los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, 14 directores y periodistas de periódicos independientes y de propiedad privada fueron detenidos y acusados de traición, ultraje a la Constitución e incitación a conspiración armada. Son: Andualem Ayele (director de Etiop), Dawit Fasil (subdirector de Satenaw), Dawit Kebede (director de Hadar), Dereje Hailewold (subdirector de Menilik y Netsanet), Eskinder Negga(12) (director de Satenaw), Fasil Yenealem (editor de Addis Zena), Feleke Tibebu (subdirector de Hadar), Mesfin Tesfaye (director de Abay), Nardos Meaza (director de Satenaw), Serkalem Fasil (coeditora de Asqual, Menilik y Satenaw), Sisay Agena (editor y director de Etiop), Wonakseged Zeleke (director de Asqual),Wossenseged Gebrekidan (director de Addis Zena) y Zekarias Tesfaye (editor de Netsanet).(13)

Según informes, los cargos presentados contra los periodistas se basan en artículos publicados, pero están también relacionados con los cargos presentados contra los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia. Por lo que se sabe, los periodistas no eran miembros de la Coalición, pero habían publicado entrevistas con dirigentes de la oposición y habían criticado al gobierno y al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope durante el proceso electoral. Según informes, algunos de estos artículos publicados constituyen las pruebas principales en su contra. Seis editoriales propiedad de algunos de los periodistas también fueron acusadas como entidades corporativas. Amnistía Internacional considera que los 14 periodistas son presos de conciencia, encarcelados por sus opiniones y por el ejercicio de sus actividades profesionales legítimas de periodistas.

La mayoría de los periodistas detenidos ya habían sido arrestados varias veces antes en aplicación de la Ley de Prensa (1992) en la larga campaña de represión de la libertad de prensa que ha llevado a cabo el gobierno, y muchos han sido presos de conciencia.(14) Alrededor de 300 periodistas han sido detenidos y muchos, juzgados y encarcelados desde 1992. A partir de 2003 se ha observado una reducción gradual de las detenciones y los juicios de periodistas como resultado de la crítica internacional. Sin embargo, varios periodistas fueron detenidos por sus publicaciones durante la campaña electoral y la crisis posterior a los comicios, pero fueron puestos en libertad provisional, algunos de ellos con cargos. Ha habido noticias de que la policía también estaba investigando a decenas de periodistas más, aunque no se han confirmado nuevas detenciones.

Desde diciembre de 2005, se han llevado a cabo algunos juicios nuevos de periodistas con cargos pendientes desde hacía tiempo en virtud de la Ley de Prensa y que habían sido puestos en libertad provisionalmente. El 6 de diciembre, Wossenseged Gebrekidan (procesado también con los dirigentes de la Coalición) fue condenado a ocho meses de prisión en un juicio aparte por un artículo que data de 2002 en el que, al parecer, difamaba a un diplomático extranjero. Ese mismo mes, Getachew Simie, del periódico Agere, fue encarcelado para cumplir una pena de tres meses por difamación en un artículo de 1998 y Leykum Engeded, del periódico Wonchif, ingresó en prisión para cumplir una pena de 15 meses por un artículo de 1999, a pesar de que posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza pendiente de apelación. El 10 de febrero de 2006, otros dos periodistas fueron multados por imprimir presuntamente información falsa. El 8 de marzo, Abraham Gebrekidan, de la revista Politika, fue encarcelado durante un periodo de un año por publicar presuntamente información falsa. El 18 de abril, se amplió la condena de Wossenseged Gebrekidan en 18 meses por un cargo diferente basado en un artículo de 2002 y Abraham Reta, un reportero independiente, fue encarcelado para cumplir una pena de un año. El 19 de abril, Goshu Moges, del periódico Lissane Hezeb, que había sido detenido el 19 de febrero, fue acusado de traición.

Dos periodistas oromos que trabajaban para el servicio de televisión del Estado, Dabassa Wakjira y Shifferaw Insarmu continúan siendo procesados y bajo custodia desde 2004 en relación con el caso Asociación Mecha Tulema por presunta conspiración armada y por pertenecer al Frente de Liberación Oromo (véase la página 15).

Otros nueve periodistas fueron acusados en el juicio por traición de la Coalición in absentia. Cinco de ellos trabajan para la emisora de radio internacional Voz de América radicada en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses. Esta emisora emitió entrevistas a una serie de opositores al gobierno y funcionarios. La emisora negó rotundamente todo sesgo político y pidió que se retiraran los cargos contra sus empleados. En marzo de 2006 se retiraron los cargos contra los cinco periodistas de la Voz de América. Dos directores de sitios web etíopes radicados en Estados Unidos, Elias Kifle de Ethiopian Review y Abraha Belay de Ethiomedia, siguen acusados in absentia. Además, el ex presidente y el presidente actual de la Asociación de Periodistas de la Prensa Libre de Etiopía, que ha documentado la represión que sufre la prensa, están acusados in absentia. Cuando se hicieron públicos los cargos, Kifle Mulat se encontraba en el extranjero, asistiendo a una conferencia sobre defensores de derechos humanos celebrada en Uganda y coorganizada por Amnistía Internacional. El ex presidente de la Asociación de Periodistas de la Prensa Libre, Kefalegne Mammo, huyó del país en 1997.

Otros dos periodistas fueron arrestados por separado. Frezer Negash, periodista para el sitio web Ethiopian Review, radicado en Estados Unidos, cuyo director está acusado in absentia (véase supra), fue detenida el 27 de enero de 2006 cuando estaba embarazada de tres meses; un tribunal la puso en libertad provisional el 7 de marzo, aunque los funcionarios de la prisión retrasaron su liberación tres días. Solomon Aregawi, periodista del periódico Hadar, fue detenido en noviembre de 2005 y después acusado en un juicio diferente por traición (véase la página 11).

Por tanto, actualmente hay en Etiopía un total de 20 periodistas en prisión, la mayoría, si no todos, presos de conciencia. Amnistía Internacional está investigando si algunos de ellos podrían ser defensores de los derechos humanos encarcelados por sacar a la luz violaciones de derechos humanos.

Hasta la fecha no se ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Prensa, muy criticado por las organizaciones de medios de comunicación internacionales desde que el gobierno lo redactó en 2003.(15) Sin embargo, nuevas disposiciones del Código Penal (2005)(16) reducen notablemente la libertad de los medios de comunicación. El capítulo IV sobre "La participación en delitos en relación con los medios de comunicación" (artículos 42-47) define el principio de "garantizar la libertad de expresión al tiempo que se evitan los abusos" (artículo 42.1), pero las nuevas disposiciones establecen un tratamiento más duro para los así llamados "delitos de medios de comunicación" que no se atienen a las normas internacionales con rango de tratado relativas a la libertad de expresión y los medios de comunicación.

La libertad de expresión, incluido el derecho a pedir y recibir información, se ha visto fuertemente limitada en Etiopía como resultado de la detención de periodistas y directores de periódicos y la clausura por parte de la policía de sus oficinas. A pesar de que hasta el momento no se ha prohibido formalmente ningún periódico, sólo unos cuantos periódicos independientes, como The Reporter y Addis Tribune, continúan publicándose, pero practican la autocensura y evitan hacer críticas fuertes contra el gobierno.

En marzo de 2006, una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas, radicado en Estados Unidos, visitó Etiopía y se reunió con el primer ministro, quien dijo que los periodistas tendrían juicios justos. El primer ministro Meles Zenawi accedió a que se permitiera a los periodistas tener libros en la prisión, a lo que en un principio se habían opuesto los funcionarios de prisiones. Asimismo, declaró que reconsideraría la medida de procesar a periodistas por presuntos delitos pendientes en relación con la Ley de Prensa cometidos años antes. Los delegados del Comité para la Protección de los Periodistas pudieron visitar a todos los periodistas detenidos y presenciaron el primer encuentro permitido en la prisión de Kaliti entre Eskinder Negga y su compañera Serkalem Fasil, entonces embarazada de cinco meses, ambos recluidos en secciones separadas de la prisión. Frezer Negash (véase supra) fue puesta en libertad provisional poco después de la visita del Comité para la Protección de los Periodistas, pero sigue enfrentándose a posibles cargos y juicio.(17)

2.5 Otros simpatizantes de la oposición que se enfrentan a cargos políticos similares

A Amnistía Internacional le preocupa que, además del juicio de los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, algunos otros funcionarios y miembros de este grupo que fueron detenidos el mes de noviembre de 2005 o posteriormente se enfrentan a un juicio o podrían ser procesados por cargos políticos similares en tribunales federales o regionales en los próximos meses. Algunos son o podrían ser presos de conciencia y pueden no recibir juicios justos. Entre ellos se incluyen los siguientes:

Kifle Tigeneh, parlamentario elegido democráticamente por la Coalición por la Unidad y la Democracia, que se encuentra detenido en Addis Abeba desde noviembre de 2005 y que está siendo investigado por un tribunal inferior, fue acusado el 21 de marzo de 2006 de traición, "ultraje a la Constitución" y "genocidio", junto con otras 32 personas, incluidos seis miembros electos del consejo municipal de Addis Abeba y el periodista Solomon Aregawi. Ocho de las personas acusadas el 21 de marzo se quejaron al juez de que habían sido torturadas y de que se les había negado tratamiento médico. Dijeron que habían sido sometidas a palizas, que se les había negado el alimento durante largos periodos y que habían sufrido descargas eléctricas. Una de estas personas afirmó haber sido forzada a firmar una declaración que no fue capaz de leer a causa de las heridas provocadas por la tortura. El tribunal ordenó que se ofreciera tratamiento médico a los ocho acusados pero no ordenó investigación alguna sobre las denuncias de torturas.(18) El inicio del juicio está previsto para el 8 de mayo de 2006.

2.6 La respuesta internacional a la crisis postelectoral

La comunidad internacional ha mostrado una considerable preocupación por las violaciones de derechos humanos desencadenadas a partir de las elecciones de mayo de 2005. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su informe provisional de agosto de 2005, expresaba honda preocupación por la equidad de las elecciones. Además informaba de que la generalización de las violaciones de derechos humanos "menoscabó la posibilidad de que la oposición participara de forma efectiva en el proceso [de investigación de denuncias supervisado por la UE], independientemente de su capacidad para defender su postura: no se pudieron conseguir pruebas materiales porque los testigos, detenidos o temerosos, no pudieron testificar y, en un caso, un testigo importante murió víctima de homicidio ". Según informes, el primer ministro Meles Zenawi, rechazó el informe provisional calificándolo de "basura".(19)

El informe final sobre las elecciones, publicado en marzo de 2006, concluye que "ante todo [...] las elecciones no se han ceñido a los principios internacionales para unas elecciones democráticas genuinas". El informe afirmaba que "a pesar de que en el periodo preelectoral se apreciaron una serie de avances positivos y que la votación del 15 de mayo se llevó a cabo pacíficamente y en su mayor parte de forma ordenada, el proceso de recuento y suma de votos se enturbió con prácticas irregulares, confusión y falta de transparencia. El mecanismo posterior de quejas y apelaciones no constituyó un recurso efectivo. La situación de los derechos humanos se deterioró rápidamente en el periodo postelectoral, en el que decenas de ciudadanos murieron a manos de la policía y miles fueron arrestados."(20) El gobierno no ha reaccionado hasta la fecha.

En su 38 periodo ordinario de sesiones celebradas en Banjul (Gambia) entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2005, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía, en la que se condenaba "la muerte de civiles durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad" y pedía "que las autoridades etíopes pongan en libertad a los presos políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas que hayan sido detenidos arbitrariamente". También pedía al gobierno de Etiopía que garantizara el derecho a un juicio justo, a la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a celebrar manifestaciones pacíficas y reuniones políticas, y que respetara los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

En enero de 2006, el gobierno británico retiró la ayuda económica al gobierno etíope, que constituye una forma privilegiada de ayuda al desarrollo, como resultado de la preocupación por la gobernanza y las violaciones de los derechos humanos surgidas a raíz de las polémicas elecciones. El gobierno británico dijo que la ayuda, valorada en 88 millones de dólares estadounidenses, se redirigiría a programas de desarrollo específicos.

El comisario para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, Louis Michel, visitó Etiopía en marzo de 2006 para reunirse con el gobierno, funcionarios y detenidos de la Coalición por la Unidad y la Democracia, miembros de la comunidad internacional y otros grupos etíopes. El comisario pidió que hubiera diálogo político entre el gobierno y la oposición, así como que los acusados fueran puestos en libertad bajo fianza. El primer ministro denegó ambas peticiones, afirmando que los acusados serían procesados y que tendrían un juicio justo.

El 24 de abril de 2006, el grupo de donantes más importante para Etiopía, el Grupo de Embajadores de Países Donantes, que engloba donantes bilaterales, el Banco Africano de Desarrollo, la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, pidió la liberación de los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia y de los representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil, y dijo que "todos los dirigentes electos deben tener la oportunidad de participar en el proceso de reconciliación política".(21)

El 27 de abril de 2006, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una visita a Etiopía, criticó duramente la situación de derechos humanos en este país.(22)

En tanto que cuestiones de seguridad internacional y regional en el Cuerno de África constituyen un motivo de especial preocupación para la comunidad internacional, como lograr una solución permanente para el conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea y ciertos aspectos de la así llamada "guerra contra el terror" que afectan a países que comparten frontera con Somalia (país que todavía no tiene un gobierno nacional efectivo desde que hace 15 años se derrumbara el Estado), es necesario actuar con firmeza para promover y proteger los derechos humanos básicos en todos los países del Cuerno con el fin de conseguir una paz duradera y seguridad en toda la región.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a aumentar sus esfuerzos en lo que respecta al gobierno etíope para asegurar que el gobierno cumple las obligaciones que definen los tratados internacionales de derechos humanos garantizando y protegiendo los derechos humanos de sus ciudadanos.

2.7 Refugiados

A raíz de las elecciones, a consecuencia de las violaciones de derechos humanos tan extendidas contra miembros de partidos de oposición, incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y juicios injustos, se ha iniciado un nuevo flujo de refugiados etíopes hacia países vecinos y otras partes del mundo, consistente en miembros y simpatizantes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, además de defensores de los derechos humanos y periodistas.

Amnistía Internacional cree que los activistas de la Coalición y los sospechosos de serlo en el ámbito nacional o local, además de los activistas de la sociedad civil y los periodistas que hayan criticado al gobierno, huidos del país por haber sufrido violaciones de derechos humanos o por haber recibido amenazas de sufrirlas, son personas que corren riesgo de ser sometidas a detención arbitraria e indefinida, posibles torturas o malos tratos, juicios injustos o, incluso, ejecución extrajudicial, si son devueltas a Etiopía. Por estos motivos, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que los identifiquen como personas que necesitan protección internacional contra la devolución (refoulement) a Etiopía, de acuerdo con el derecho internacional y regional de refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos.

2.8 Otros motivos de preocupación sobre los derechos humanos

En los últimos años se han cometido otras muchas violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, en el contexto de los conflictos armados en el país, especialmente, a causa de fallos del sistema judicial y del hecho de que no se hace rendir cuentas a las fuerzas de seguridad, las cuales han cometido violaciones de derechos humanos con impunidad. El gobierno se enfrenta a conflictos armados de larga duración con el Frente de Liberación Oromo y el Frente Nacional de Liberación de Ogadén, ambos apoyados por Eritrea, país con el que Etiopía libró una guerra de fronteras entre 1998 y 2000. Algunos otros grupos armados de oposición más pequeños afirman continuar operativos en ciertas partes del país. Desde febrero de 2006, ha habido varias explosiones en Addis Abeba y otras ciudades que se han saldado con varias bajas y que ningún grupo ha reivindicado. La policía ha realizado diversas detenciones pero no ha hecho pública ninguna información.

A continuación se enumeran algunos de los motivos de preocupación sobre los derechos humanos que Amnistía Internacional ha documentado:

*Manifestaciones y detenciones en la región de Oromia: al mismo tiempo que tuvieron lugar las manifestaciones en favor de la Coalición por la Unidad y la Democracia en noviembre de 2005, aunque de forma independiente, hubo otras manifestaciones en contra del gobierno en numerosas ciudades de la región de Oromia, principalmente en escuelas y universidades, en respuesta a la llamada al "levantamiento popular" que hizo el Frente de Liberación Oromo en su sitio web. Estas manifestaciones, que continúan celebrándose, han girado en torno a cuestiones políticas de la comunidad oromo e incluyen las peticiones por la libertad de los presos políticos oromos que han sido detenidos sin juicio en los últimos años, principalmente por presuntos vínculos con el Frente de Liberación Oromo. Los manifestantes han pedido concretamente la liberación de Diribi Demissie y Gemechu Fayera, ambos empresarios, y Sintayehu Workneh, contable de la embajada estadounidense. Estos tres hombres son altos cargos de la principal organización para el bienestar de la comunidad oromo, la Asociación Mecha Tulema, una asociación de larga tradición y registrada oficialmente. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia que no han utilizado la violencia ni abogado por ella y le preocupa que no tengan un juicio justo.(23)

En las manifestaciones de noviembre-diciembre de 2005 que tuvieron lugar en Oromia, mayormente pacíficas, varios miles de estudiantes y otras personas fueron detenidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Se cree que algunos miles continúan detenidos en diferentes prisiones y comisarías de policía y sólo un número reducido ha comparecido ante un tribunal y ha sido acusado. Según informes, las fuerzas de seguridad abatieron a tiros a varios manifestantes y, al parecer, muchos han sufrido torturas o malos tratos, en especial en la prisión Ambo Palace y en el centro de formación policial de Senkele, próximo a la ciudad de Ambo, a 35 kilómetros al oeste de Addis Abeba.(24)

* Región de Somali (región 5 de Etiopía): ha habido detenciones arbitrarias y muertes en relación con el largo conflicto armado en la región de Somali, aquejada de sequías. Cientos de personas, quizás más, han sido detenidas sin juicio en los últimos años y, según informes, muchas han sido ejecutadas extrajudicialmente o torturadas por sospecharse que estaban relacionadas con el grupo armado de la oposición Frente Nacional de Liberación de Ogadén, grupo radicado en Eritrea y aliado del Frente de Liberación Oromo.

* Región de Gambela: se han producido constantes y nuevas detenciones de opositores al gobierno en la región sudoccidental de Gambela, donde cientos de miembros del grupo étnico anuak (o anywaa) resultaron muertos por parte de soldados y bandas de civiles en diciembre de 2003.(25) Alrededor de 900 presuntos opositores al gobierno han sido detenidos sin juicio desde entonces, aunque 15 ex altos cargos regionales que se encontraban entre ellos fueron absueltos de los cargos y puestos en libertad en diciembre de 2005.

*Detenciones en las manifestaciones de Sidama: en marzo de 2006 se detuvo a unos 60 manifestantes pacíficos que pertenecían al grupo étnico sidama en la Región Meridional, en Awassa y otras ciudades meridionales; se manifestaban para pedir que la zona administrativa de Sidama fuera equiparada a un estado regional.(26)

*Conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea: ante la posibilidad de un nuevo conflicto armado, Amnistía Internacional ha advertido que se podrían repetir las violaciones de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario que ambas partes perpetraron en el conflicto que tuvo lugar entre 1998 y 2000, en el que se calcula que murieron más de 100.000 combatientes de ambos bandos. El legado del conflicto, caracterizado por el aumento del gasto militar, fueron daños incalculables para los esfuerzos por el desarrollo de dos de los países menos desarrollados del mundo. Ambos dependen enormemente de la ayuda internacional para la alimentación y la asistencia humanitaria, especialmente durante la sequía que actualmente asola la región. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado en los dos últimos años sus temores de que estalle un nuevo conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea y ha amenazado con imponer sanciones a la parte que inicie un nuevo conflicto. El Consejo de Seguridad ha renovado recientemente por un mes más, hasta el 15 de mayo de 2006, el mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desplegadas a lo largo de la frontera (la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea, MINUEE, que administra una "zona tapón" situada entre los dos países). Eritrea continúa pidiendo que Etiopía le entregue la ciudad fronteriza de Badme en aplicación de la decisión de la Comisión Internacional de Fronteras. Etiopía acepta la decisión en principio y ofrece dialogar sobre la demarcación y los ajustes de la frontera, oferta que Eritrea rechaza. Las cuestiones relativas a indemnizaciones evaluadas por la Comisión Internacional de Fronteras siguen sin resolverse.

*Los juicios del Dergue: los juicios de unos 2.000 ex miembros y cargos del gobierno de Mengistu Hailemariam, detenidos en su mayoría en 1991, acusados de "genocidio" y "crímenes de lesa humanidad", incluidas ejecuciones extrajudiciales, se aproximan a su fin. A Amnistía Internacional le preocupa que se apliquen penas de muerte en estos juicios, en los que ya se ha condenado a muerte a varios acusados aunque hasta el momento no se haya ejecutado la pena, y también le preocupa la excesiva duración de los juicios.

3. El juicio, los acusados y los cargos

Se ha acusado a un total de 111 personas, de las cuales 76 han comparecido ante un tribunal. El juicio se celebra a puertas abiertas ante un tribunal compuesto por tres jueces y un presidente. Además del observador judicial de la Unión Europea, diplomáticos extranjeros y periodistas locales y extranjeros(27) han asistido con regularidad a los procedimientos, para los que el tribunal ha ofrecido servicios de interpretación amhárico-inglés.

En caso de ser hallados culpables, los acusados tendrán derecho a apelar al Tribunal Supremo. Si fueran condenados a muerte, tendrán derecho a pedir el indulto al jefe del Estado (el presidente). De acuerdo con la Constitución, el presidente puede conmutar una condena a muerte, salvo que el condenado haya sido acusado de crímenes de lesa humanidad.

Los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia y los periodistas decidieron, con anterioridad al inicio del juicio, boicotear el juicio argumentado que en su opinión sería intrínsecamente injusto y que el tribunal no era independiente. Afirmaban que ya habían sido declarados culpables de antemano. Al negarse a declarar, el tribunal presentó declaraciones de inocencia en su nombre.

Los tres activistas de la sociedad civil, Daniel Bekele, Netsanet Demissie y Kassahun Kebede, que no forman parte de la oposición política, se declararon inocentes y están impugnando los cargos, con su representante legal.

3.1 Los acusados

Entre los 76 acusados que han comparecido ante el tribunal se encuentran la mayoría de los miembros del consejo central de la Coalición por la Unidad y la Democracia (Kinjit en lengua amhárica) y sus principales líderes, mayormente de sus dos partidos más importantes, es decir, el Partido de la Unidad Pan-Etíope, formado a partir de la anterior Organización Popular Pan-Amhara, y el recién formado Movimiento Arco Iris por la Democracia y la Justicia Social en Etiopía (Kestedemena en amhárico).

Entre los acusados también se encuentran, clasificados en diferentes categorías (algunas de las cuales se solapan):

· Cinco abogados: Anteneh Mulugeta (que también fue juez), Birtukan Mideksa (anteriormente fue jueza), Daniel Bekele (funcionario de una ONG internacional y abogado de derechos humanos), Netsanet Demissie (funcionario de una ONG local y abogado de los derechos humanos y medioambientales) y Yakob Hailemariam (ex fiscal de las Naciones Unidas para el caso de genocidio visto en el tribunal para Ruanda y ex enviado especial de la ONU para el conflicto fronterizo entre Camerún y Nigeria);
· Cinco profesores de universidad: el Dr. Berhanu Negga, Gizachew Shifferaw, el Dr. Hailu Araya, el profesor Mesfin Woldemariam y el Dr. Yakob Hailemariam(28);
· Nueve miembros electos del Parlamento nacional(29): Abayneh Berhanu, Bedru Adem, Befekadu Degifie, Getachew Mengiste, Gizachew Shifferaw, Hailu Araya, Hailu Shawel, Mamushet Amare, Yakob Hailemariam;
· Dos miembros electos del consejo municipal de Addis Abeba: Berhanu Negga, alcalde electo de Addis Abeba, y Anteneh Mulugeta;
· Cinco mujeres: Birtukan Mideksa (antes mencionada), Nigist Gebrehiwot (secretaria de una oficina de la Coalición), Seblework Tadesse (funcionaria de la Coalición), Serkalem Fasil (periodista) y Kidist Bekele (miembro de la Coalición);
· Catorce periodistas (véase la sección 2.4);
· Tres activistas de la sociedad civil y de ONG: Daniel Bekele, Netsanet Demissie y Kassahun Kebede de la Asociación de Profesores de Etiopía (véase la página 7). El tribunal se negó a separar sus casos de los de los miembros de la Coalición y los periodistas o a concederles la posibilidad de fianza (el Tribunal Supremo rechazó sus apelaciones), argumentando que los cargos eran muy graves, que no podían beneficiarse de la libertad bajo fianza, y que estaban relacionados con los formulados contra otros acusados, hasta el punto de que en algunos casos los testigos de la acusación eran los mismos;
· Diez "personas jurídicas" o "personas legales": los cuatro partidos políticos que constituyen la Coalición por la Unidad y la Democracia y seis editoriales. Da la impresión de que el hecho de incluir a estas entidades allana el camino para la prohibición de los partidos políticos de oposición y la clausura de los medios de comunicación que han sido críticos con el gobierno.

3.2 Exiliados juzgados in absentia

Se juzga a otros 25 acusados más in absentia por "ultraje a la Constitución". Se trata de etíopes notables exiliados que son o se sospecha que son simpatizantes activos de los partidos de oposición. Otros nueve exiliados fueron acusados originalmente, incluidos los cinco periodistas de la Voz de América ya citados, y Kassa Kebede, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Mengistu Hailemariam, contra los que el tribunal retiró los cargos a petición de la acusación sin dar explicación en marzo de 2006.

Entre las personas a las que se juzga in absentia se encuentran Elias Kifle, editor del sitio web Ethiopian Review, radicado en Estados Unidos; Abraha Belay, director del sitio web Ethiomedia, también radicado en Estados Unidos; el profesor Getachew Haile de la Universidad de St John (Minnesota, Estados Unidos); el profesor Mammo Muchie de la Universidad de Aalborg (Dinamarca); el Dr. Negede Gobezie, dirigente del partido político Me’isone que apoyó originalmente a El Dergue pero que luego se opuso a él, y actual miembro del Frente Democrático Unido Etíope; Andargachew Tsege, ex teniente de alcalde de Addis Abeba y ex funcionario del Frente Popular de Liberación de Tigré, que volvió a Etiopía para trabajar en la campaña electoral de la Coalición por la Unidad y la Democracia, pero fue detenido en Addis Abeba en junio de 2005 y torturado, aunque fue puesto en libertad sin cargos en septiembre de 2005 y se le permitió que volviera al Reino Unido; y Kefalegne Mammo, ex presidente de la Asociación de Periodistas de la Prensa Libre de Etiopía, que huyó del país en 1997. Son desde hace tiempo ciudadanos o residentes (como ex refugiados) de Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, entre otros países.

También se juzga in absentia a otros dos acusados que casualmente se encontraban en el extranjero en noviembre de 2005. Son el Dr. Taye Woldesemayat, secretario general de la Asociación de Profesores de Etiopía, y Kifle Mulat, presidente de la Asociación de Periodistas de la Prensa Libre de Etiopía y director del periódico Lissane Hezeb.

Estos 25 acusados juzgados in absentia, que han rechazado las citaciones del tribunal para volver a Etiopía a ser juzgados, engloban diferentes elementos de la diáspora etíope, especialmente hacia Estados Unidos. Los cargos se consideran comúnmente una amenaza para intentar silenciar a otros simpatizantes de la oposición que se encuentran en el extranjero, los cuales pueden ser detenidos y acusados de delitos políticos similares si vuelven a Etiopía. La diáspora etíope se compuso inicialmente de los refugiados de El Dergue después de la revolución de 1974. A ellos se unieron después de 1991 refugiados del gobierno actual. Muchos miembros de la diáspora etíope se han involucrado en el activismo pacífico de partidos de la oposición etíopes desde el extranjero o a través de sitios web afines a la oposición, como son Ethiopian Review y Ethiomedia. Especialmente durante el año pasado, se han llevado a cabo numerosas manifestaciones pacíficas en el extranjero contra el gobierno de Etiopía y funcionarios etíopes durante sus visitas a países extranjeros, pidiendo concretamente la liberación de los presos políticos en Etiopía.

3.3 Los cargos

Entre los cargos que recoge el Código Civil, aprobado en 2004 pero que entró en vigor con la firma del presidente el día 9 de mayo de 2005, se incluyen: la alta traición; el "ultraje a la Constitución"; la incitación, la organización y el encabezamiento de una rebelión armada; la obstrucción al ejercicio de los poderes constitucionales; la obstaculización del poder de defensa del Estado y el genocidio.

Para los cargos más graves se contempla la posibilidad de imponer la pena de prisión perpetua o la pena de muerte. En los casos de gravedad excepcional, se aplicaría la condena a muerte.

El argumento de la acusación es a grandes rasgos que la violencia dirigida contra el gobierno que estalló en las manifestaciones postelectorales fue planeada por la Coalición por la Unidad y la Democracia y apoyada por los medios de comunicación privados.

El cargo de "genocidio" que se formuló contra los funcionarios de la Coalición y los periodistas está relacionado, como se indica en la hoja de cargos, con "las palizas que causaron daños corporales a una persona de etnia tigriña […], el incendio provocado en la casa y la propiedad de dos personas de etnia tigriña [...]; actos que provocaron miedo y que hirieron la salud mental de miembros de un grupo étnico por su mera pertenencia a él; y actos directos e indirectos que causaron daños a miembros y simpatizantes del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope al excluirlos de las interacciones sociales e impedirles asistir a funerales". El delito de genocidio en el Código Penal (artículo 269) incluye la intención de destruir, en parte o en su totalidad, una "nación, nacionalidad, grupo étnico, racial, nacional, de color, religioso o político" ordenando o llevando a cabo, entre otros, "homicidios, daños corporales o daños graves a la salud física o mental de miembros del grupo".(30)

Amnistía Internacional ha calificado el uso del cargo de genocidio en este juicio de "absurdo".(31)

Los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia han mantenido constantemente que la Coalición es un partido de oposición pacífico que trabaja en el marco de la Constitución y la legislación de Etiopía y que ni han recurrido a la violencia ni han propugnado su uso. Han rechazado enérgicamente la acusación de conspiración o intento de derrocamiento del gobierno mediante violencia. Mantienen que su oposición al gobierno, sus llamamientos a manifestaciones contra el presunto fraude en las elecciones cometido por el gobierno y el partido gobernante y sus críticas hacia la Junta Electoral Nacional han sido pacíficos, legales y desde el respeto a la Constitución. Niegan ser responsables de la violencia que estalló durante las protestas.

Las pruebas documentales de la acusación contra los líderes de la Coalición y los periodistas han sido presentadas por anticipado, pero parece que no existen tales pruebas contra los tres activistas de la sociedad civil. Según informes, la acusación pretende llamar a más de 300 testigos, lo que prolongaría la duración del juicio. El tribunal aceptó la solicitud de la acusación de no desvelar los nombres de sus testigos argumentando que ello supondría un riesgo para su seguridad personal.

4. El trato a los presos

A Amnistía Internacional le preocupa el trato que reciban los acusados y su estado de salud en prisión, que dista mucho de las normas reconocidas internacionalmente, incluidas las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Los motivos de preocupación son la negación de comunicación por escrito con familiares y los abogados defensores, los retrasos en el tratamiento médico, las denuncias de atención médica no adecuada durante el embarazo de Serkalem Fasil (que se encuentra ahora en el séptimo mes de gestación) y las restricciones en los materiales de lectura. También ha habido algunas denuncias de palizas a los presos, temores por la seguridad de los internos que se encuentran detenidos en régimen de incomunicación y denuncias de tortura a los acusados en el juicio por traición de Kifle Tigeneh y otros (véase la página 11).

Inicialmente, los acusados permanecieron recluidos en la Dirección Central de Investigaciones de la policía en Addis Abeba, conocida como la Tercera Comisaría de Policía (o Maikelawi en amhárico). Hubo algunas denuncias de malos tratos e intimidación de acusados, entre ellos Hailu Shawel, durante el primer periodo después de la detención.

Tras algunas semanas bajo custodia, la mayoría de los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia (salvo los que no gozaban de buena salud, como Hailu Shawel, que es diabético) y otros detenidos con ellos, incluidos periodistas, iniciaron una huelga de hambre en protesta contra su detención. La huelga de hambre duró varias semanas y se suspendió cuando pensaron que el público y la comunidad internacional se habían hecho eco de su protesta.

A Amnistía Internacional le preocupa, especialmente, la salud del profesor Mesfin Woldemariam, de 76 años de edad, que estuvo enfermo en cama durante tres meses antes de su detención con problemas graves relacionados con las piernas y la espalda. Se le permitió que tuviera su propio colchón en prisión, pero no permitieron que su fisioterapeuta lo tratara. Contra todo pronóstico, logró caminar con un bastón y parece que se mejoró de su enfermad. No obstante, Mesfin Woldemariam comenzó (él solo) el día 8 de febrero de 2006 una segunda huelga de hambre de varias semanas de duración que lo debilitó y ha hecho aumentar los motivos de preocupación por su salud.

Amnistía Internacional ha sentido también honda preocupación por Hailu Shawel, que sufría una retinopatía diabética que amenazaba con dejarle ciego. Durante algunas semanas, mientras su vista se deterioraba, las autoridades rechazaron dejarle viajar al extranjero, aunque finalmente permitieron que cirujanos chinos lo intervinieran en un hospital de Addis Abeba para restaurarle la vista y, al parecer, se está recuperando correctamente.

Después de que se presentaran formalmente los cargos en diciembre de 2005, todos los acusados fueron trasladados a la prisión de Kaliti, situada a las afueras de Addis Abeba, debido a que la Prisión Central (conocida como Karchele) estaba en proceso de ser clausurada para su demolición y para traspasar los terrenos a las oficinas centrales adyacentes de la Unión Africana y reurbarnizarlos.

En la prisión de Kaliti, los internos varones permanecen recluidos en tres secciones y no están permitidas las visitas entre distintas zonas: por ejemplo, entre Eskinder Negga y su compañera Serkalem Fasil, que está embarazada (hasta que se les autorizó durante la visita del Comité para la Protección de los Periodistas, véase la página 8). Por la noche, se encierra a los presos en celdas de paredes de zinc, que son calientes durante el día y frías por la noche. Según informes, las celdas estás superpobladas, y una de ellas alberga a 30 presos y otra, a unos 300. Las instalaciones sanitarias y los baños son deficientes. Durante el día, los presos pueden reunirse libremente en su zona de la prisión. Se mantiene separados a los internos de las internas. Según informes, Serkalem Fasil, embarazada ahora de siete meses, ha protestado por la carencia de atención médica y prenatal.

A los presos se les permiten visitas los fines de semana que no son privadas, sino que se realizan en grupo y supervisadas por guardias de la prisión, y se permiten visitas ocasionales de diplomáticos extranjeros y otras personas, medios de comunicación internacionales y familiares. Las familias pueden enviar comida, ropa de cama, mudas de ropa y artículos pequeños. Los presos disponen de tratamiento médico e ingresos en el hospital cuando es necesario, si bien, a menudo tras retrasos que pueden exacerbar la enfermedad. No se permite la comunicación por escrito, ni siquiera con el abogado defensor. El material de lectura está autorizado, pero restringido.

En la vista ante el tribunal, el 22 de marzo de 2006, Birtukan Mideksa dijo que había sido golpeada estando en prisión, pero el juez impidió que siguiera hablando y no tomó ninguna medida para investigar la denuncia de la acusada.

El 9 de abril de 2006, Muluneh Eyeul fue trasladado a la Prisión Central, según informes, tras discutir con los funcionarios de la prisión sobre si podía llevar puesta una camiseta de la Coalición y otras cuestiones. Actualmente se encuentra recluido allí en régimen de incomunicación y aislamiento, lo que suscita temores sobre el trato que esté recibiendo, asunto que Amnistía Internacional está investigando. Se dice que está haciendo huelga de hambre.

5. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a la equidad del juicio

Amnistía Internacional ha estado siguiendo de cerca los informes de los procedimientos judiciales preliminares y continuará vigilando los informes del juicio desde el inicio del proceso previsto para el 2 de mayo de 2006, con la finalidad de evaluar si los acusados reciben un juicio justo por parte de un tribunal independiente e imparcial de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente para un juicio justo.

Etiopía está obligada, en aplicación de las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que ha ratificado, a garantizar el derecho a un juicio justo que poseen las personas acusadas de un delito. Las disposiciones de los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y los artículos 6 y 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos estipulan las normas mínimas para que un juicio sea justo, las cuales deben proporcionarse a los acusados.

El hecho de que la mayoría de los acusados hayan decidido boicotear el juicio no significa, por sí mismo, que los jueces o la acusación puedan pasar por alto estos principios fundamentales para un juicio justo. Este principio cobra especial importancia porque la mayoría de los delitos formulados contra los acusados son potencialmente punibles con la pena de muerte, a discreción de los jueces, si ellos establecen que los delitos cometidos son de gravedad excepcional (véase la Tabla 1).

Los juicios de los casos de pena capital, como en este caso, que afecta a 76 personas acusadas de seis de los delitos más graves contemplados en el Código Civil, cinco de los cuales pueden acarrear condenas a muerte, requieren que los jueces demuestren la más alta integridad y la formación y experiencia pertinentes para que puedan observar escrupulosamente todas las normas internacionales y regionales que protegen el derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos ha declarado que en los casos de pena de muerte, "deben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él [el PIDCP], incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior".(32)

5.1 Presunción de inocencia

De acuerdo con la legislación, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, como estipula el artículo 14.2 del PIDCP y el artículo 7.1.b de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La carga de la prueba recae sobre la acusación. Por su parte, una de las interpretaciones de la práctica de la prueba es que "no puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable".(33) En los juicios en los que se pueda imponer la pena de muerte, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que: "Se presumirá la inocencia de los acusados hasta que se haya demostrado su culpabilidad sin que quede lugar a ninguna duda razonable, procediéndose con el máximo rigor al acopio y la valoración de las pruebas".(34)
A Amnistía Internacional le preocupa que la presunción de inocencia se haya visto afectada por las declaraciones del primer ministro, el ministro de Información y los comentaristas de los medios estatales que acusan a la Coalición por la Unidad y la Democracia de fomentar la violencia y el odio racial, de cometer traición y planear un genocidio similar al de Ruanda.

5.2 Los derechos de defensa legal y la "igualdad de armas"(35)

En Etiopía, el abogado defensor no puede comunicarse con sus clientes con total confidencialidad, sino que normalmente se requiere que agentes de policía o de seguridad estén presentes durante la reunión,(36) el intercambio de comunicaciones y documentos con sus clientes está prohibido y las consultas deben realizarse en amhárico, incluso cuando no sea la lengua materna del cliente.

Dichas prácticas violan el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa.(37) El principio 8 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establece claramente que: "A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación"

También se debe garantizar a todos los acusados el derecho a examinar, o hacer que alguien examine, a los testigos presentados por la acusación en su contra. En este respecto, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha declarado que "la acusación deberá proporcionar a la defensa los nombres de los testigos a los que pretende llamar en el juicio con un plazo razonable antes del juicio para que el acusado disponga del tiempo suficiente para preparar su defensa."(38)

Aunque hay excepciones a esta norma, entre otras razones para garantizar la protección de los testigos, estas excepciones no deberán infringir el derecho que posee la defensa a la igualdad de armas.

5.3 Prohibición de las pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos

Las pruebas obtenidas como resultado de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes no se deberán utilizar en ningún procedimiento que no sea en contra de los presuntos perpetradores.(39) Las autoridades competentes, incluidos los jueces, deberán investigar sin demora e imparcialmente las denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los agentes de los que se sospeche que hayan cometido actos de tortura o malos tratos deberán comparecer ante un tribunal en procedimientos que garanticen las normas internacionales para un juicio justo.

5.4 Independencia e imparcialidad del poder judicial

Amnistía Internacional ha recibido informes que aseguran que numerosos jueces han sido despedidos en los últimos años, algunos, al parecer, por haber dictado decisiones contra el gobierno (como Birtukan Mideksa alega, por ejemplo, en relación con su propia destitución del cargo de jueza debido a una sentencia que dictó desfavorable para el gobierno) y otros, al parecer, han sido ascendidos por dictar sentencias favorables al gobierno.

Amnistía Internacional considera que varios de los juicios políticos celebrados en los últimos años han sido injustos, en particular, los siguientes:

· el anterior juicio de Taye Woldesemayat (acusado in absentia en el juicio actual);(40)
· los juicios del fallecido profesor Asrat Woldeyes, profesor de medicina, cirujano y dirigente de la Organización Popular Pan-Amhara, en 1994 y 1995;(41)
· el juicio de siete líderes de la Liga de Derechos Humanos, una organización oromo independiente, que permanecieron encarcelados como presos de conciencia entre 1997 y 2001, cuando fueron finalmente absueltos de los cargos de conspiración armada y de secundar al Frente de Liberación Oromo;(42)
· el caso Asociación Mecha Tulema en curso (página 15);
· otro juicio pendiente del profesor Mesfin Woldemariam y Berhanu Negga, que fueron detenidos tras las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad de Addis Abeba en 2001 y recluidos durante dos semanas para investigar su presunta incitación a la violencia, acusación que ellos negaron. El caso se ha estado suspendiendo continuamente, aunque no se ha fijado fecha para el juicio;
· hasta 200 o más juicios sumarios de periodistas desde 1992 en virtud de la Ley de Prensa, en los que numerosos acusados fueron condenados y encarcelados sin disponer de representación legal.
Si este juicio por traición no se lleva a cabo cumpliendo totalmente las normas internacionales de justicia procesal pertinentes, las consecuencias para el progreso de los derechos humanos en Etiopía podrían ser muy graves.

6. Recomendaciones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional, basándose en la información que ha recibido y estudiado sobre las circunstancias que han dado lugar al juicio y su valoración de los procedimientos preliminares anteriores al proceso, hace las siguientes recomendaciones:

6.1 Para el gobierno etíope

· Poner en libertad inmediata e incondicional a los líderes de la oposición política, a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, que son presos de conciencia y que no han utilizado la violencia ni propugnado su uso, y retirar los cargos que se les imputan;
· Garantizar que se proporcionan todos los elementos de un juicio justo a los acusados, incluido el derecho a ser juzgados por un tribunal competente e independiente; garantizar la presunción de inocencia, así como garantizar que la carga de la prueba recae sobre la acusación; y garantizar la "igualdad de armas" entre la acusación y la defensa, incluido que se proporcione a la defensa el tiempo y los medios suficientes para preparar una defensa plena y que pueda examinar de forma efectiva a los testigos;
· Excluir la aplicación de la pena de muerte, lo que constituye una violación del derecho a la vida y una pena cruel, inhumana y degradante;
· Establecer investigaciones independientes e imparciales de las denuncias de tortura o malos tratos que realizan los acusados y garantizar que las pruebas obtenidas como resultado de la tortura o malos tratos no se admiten en los procesos, además de garantizar que los funcionarios sospechosos de haber cometido actos de tortura o malos tratos comparecen ante la justicia;
· Garantizar que los acusados reciben un trato humano bajo custodia de acuerdo con las normas internacionales y regionales para el trato de presos, como son las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU; en concreto, en relación con el tratamiento médico, las visitas de familiares y las comunicaciones, y los materiales de lectura y escritura para la comunicación con la familia y los representantes legales;
· Reconocer y poner en práctica el derecho a la libertad de opinión y asociación para los partidos políticos y grupos de la sociedad, incluida la libertad de los medios de comunicación, tal como define la Constitución etíope y los tratados de derechos humanos internacionales y regionales en los que Etiopía es Estado Parte, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;
· Respetar y proteger la función legítima de los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil, de conformidad con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

6.2 Para la comunidad internacional

· Continuar presionando al gobierno de Etiopía para que observe las normas internacionales sobre la libertad de expresión y asociación y para que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que están siendo procesados, incluidos los defensores de los derechos humanos;
· Presionar para que los acusados tengan un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales y regionales;
· Oponerse al uso de la pena de muerte y evitar que se produzcan ejecuciones;
· Presionar al gobierno de Etiopía para garantizar que los acusados reciben un trato humano en prisión y vigilar el trato que reciben;
· Presionar al gobierno de Etiopía para que cumpla sus obligaciones de aplicar los derechos a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de los medios de comunicación y para que proteja los derechos de los defensores de los derechos humanos;
· Garantizar la protección de los derechos de los refugiados etíopes y, en particular, conceder protección internacional o asilo a los activistas de los partidos de oposición y a personas que pudieran ser activistas en ámbitos nacionales y locales, así como a activistas de la sociedad civil y periodistas conocidos por sus críticas al gobierno: lo que es más importante, estas personas no deben ser devueltas a Etiopía donde podrían enfrentarse a procesos judiciales, detenciones o arrestos arbitrarios, juicios injustos, tortura u otros malos tratos.

Tabla 1: Los cargos

Cargos (Numerados de acuerdo con la hoja de cargos del tribunal)	Artículo del Código Penal (2005)	Pena
1. Ultraje a la Constitución	238.1 y 238.2	Entre 3 y 25 años de prisión o, "cuando el delito haya acarreado una crisis grave contra la seguridad o la vida pública", cadena perpetua o muerte
2. Obstrucción del ejercicio de los poderes constitucionales	239	Hasta 15 años de prisión
3. Organización o liderazgo de una rebelión armada o incitación a ella	240.2, 258*	Cadena perpetua o muerte
4. Poner en peligro la integridad del Estado	241	Entre 10 y 25 años o, "en casos de excepcional gravedad", cadena perpetua o muerte
5. Obstaculizar la capacidad de defensa del Estado	247.a y c, 258*	Entre 5 y 25 años o, "en casos de excepcional gravedad", cadena perpetua o muerte
6. Alta traición	248.b, 258*	Entre 5 y 25 años de prisión o, "en casos de excepcional gravedad", cadena perpetua o muerte
7. Genocidio	269.a	Entre 5 y 25 años de prisión o, "en casos más graves", cadena perpetua o muerte
* En caso de agravantes en un delito en el que la legislación prevea la cadena perpetua o muerte, el tribunal dictará condena de muerte.

Acusados	Cargos (véanse las descripciones en la Tabla 1)
Enumerados de acuerdo con la hoja de cargos del tribunal	1234*567**
1-39 dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia	XXXXXXX
40-69 Exiliados	X
70-90 Periodistas	XXXX
91-95 Activistas de la sociedad civil	X
96-120 Otros funcionarios de la Coalición por la Unidad y la Democracia	XXXX
121-127 Otros miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia	XXXX
128-131 Partidos de la Coalición por la Unidad y la Democracia	XXXXXXX
* La acusación retiró este cargo en marzo de 2006. ** El fiscal solicitó al tribunal en marzo de 2006 cambiarlo por "intento de comisión de genocidio", pero, según informes, el tribunal no emitió ningún fallo en aquel momento.